La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, ordenó a la Provincia de Buenos Aires a incluir a unas 30 familias que habían sido desalojas en General Pacheco, Partido de Tigre, en los programas existentes de acceso a la vivienda.
El jueves 17 de junio de 2010, a las 5,30 de la madrugada, la policía desalojó a empujones, gritos, patadas y violencia verbal a 32 familias, y más de 40 niños, de un predio municipal del barrio Las Tunas. A continuación, las autoridades actuantes, prendieron fuego a todas las pertenencias de los ocupantes, que no pudieron ser retiradas sobre la marcha.
Rápidamente, se acudió a la justicia a través de un amparo por medio del cual se exigía al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tome medidas a fin de responder sobre el destino de dichas familias, garantizando el acceso a una vivienda digna.
A partir de este proceso excepcional, el día miércoles 7 de Julio de 2010, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Juez Luís Arias, dispuso la inmediata reubicación de estas familias en un lugar cercano al sector de sus actuales viviendas, que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente. A su vez, el fallo indica que en caso de incumplimiento, se impondrá una multa diaria al funcionario responsable y a favor de las familias, con la posibilidad de iniciar denuncia penal por desobediencia. La medida fue oportunamente apelada.
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| Arroyo Las Tunas Tigre - Foto Ricardo Barbieri |
Ya en marzo de 2011, la Cámara en lo contencioso Administrativo de la Plata, condenó al gobierno de Scioli, a cumplir con las medidas positivas que garanticen el acceso a una vivienda digna para estos sectores de bajos recursos económicos. En este sentido, citó como respaldo normativo de su decisión, el Art. 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la ley 13.298, considerando además que “el estado de necesidad de los amparistas acreditado en la causa, imponen al Estado conductas positivas en resguardo de los derechos invocados, que obligan a la demandada a otorgar prestaciones de asistencia, sobre todo hallándose involucrados los derechos de numerosos menores integrantes de los núcleos familiares identificados”.
Al respecto la diputada Liliana Piani, la cual junto al concejal Luis Cancelo del partido Coalición Cívica, llevaron adelante estas acciones, expresó: “Si bien estamos satisfechos con la sentencia que obliga al estado a garantizar el derecho a la vivienda, entendemos que la misma deja en evidencia la carencia y la necesidad de políticas públicas serias en materia de vivienda en la provincia, ya que de existir una política de estado de este tipo, disminuirían las demandas judiciales de contenido social”.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.
Referencia: http://www.168horas.com.ar/
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