La Corte Suprema de Justicia de la Nación, convocó a una Audiencia pública en la Causa Mendoza, por el saneamiento del Riachuelo. La misma contó con la presencia de todos los ministros del Máximo Tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni.
La Audiencia es la primera que se realiza durante la etapa de ejecución de la sentencia (ya que las tres anteriores se realizaron antes de que el tribunal emitiera el fallo), y cumplió claramente con la finalidad para la que había sido convocada, en tanto permitió que el Tribunal tome conocimiento directo de todas las circunstancias concernientes al estado del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el fallo, hasta el 31 de diciembre de 2010.
Es importante destacar que la Corte no dio por concluida la audiencia sino que decidió pasar a un cuarto intermedio, en tanto advirtió la necesidad de profundizar el tratamiento de algunos de los aspectos que no obtuvieron respuestas.
La audiencia dejó en claro que si bien existen una serie de acciones que el Estado se encuentra desarrollando y que se orientan a dar cumplimiento a algunos de los puntos indicados en el fallo, la mayor parte de las obligaciones impuestas por el Máximo Tribunal, se encuentran incumplidas y con sus plazos largamente vencidos, todas las cuales fueron señaladas por el Dr. Anselmo Sella, Defensor del Pueblo Adjunto.
En tal sentido quedó claramente demostrado que:
• No se ha dado cumplimiento al mandato de controlar a las industrias existentes en la cuenca. Algunos datos resultan reveladores de dicha situación:
• Se han inspeccionado tan sólo el 30% de las 13.500 industrias radicadas en la cuenca.
• Sólo el 8% inició un proceso reconversión industrial, pero ninguna lo ha culminado.
• No se han establecido metas intermedias tendientes a lograr la reducción de los vertidos de líquidos contaminantes, principalmente de aquellos componentes tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo, todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos.
• En materia de basurales a cielo abierto, no se ha dado cumplimiento a la mayor parte de las obligaciones impuestas en el fallo.
• El relevamiento de basurales en la Cuenca indica que su número aumentó desde 141 en marzo 2009, a 348 en Diciembre de 2010.
• Sólo se ha iniciado el saneamiento del 15% de los basurales existentes en la cuenca.
• No se han dispuesto medidas de seguridad y control suficiente para prevenir la formación de nuevos basurales.
• No se han adoptado medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales.
• No se ha implementado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática.
• Tampoco se ha brindado asistencia sanitaria urgente que demandan los afectados por la contaminación y en especial a la población en situación de riesgo. De hecho todavía no se conoce el número de personas que integran el grupo de población afectada.
• No se ha dado inicio a la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud.
• No se han realizado mediciones sobre la calidad del aire en la cuenca.
• No se ha concretado e implementado un sistema internacional de medición, que permita conocer de manera objetiva el grado de avance y los resultados de las acciones destinadas a cumplir con los objetivos impuestos en el fallo.
• Por otra parte, el organismo de cuenca continúa mostrando un serio déficit en materia de acceso a la información pública, en tanto no se proyectó la liberación del Camino de Sirga, la remoción de residuos de los márgenes de la cuenca y el incremento de las acciones de fiscalización industrial, entre los principales. Tampoco se ha instrumentado un sistema de información accesible para el ciudadano, tal como lo ordenada la Corte en su fallo.
Asimismo, el Presidente de la Auditoría General de la Nación, destacó que sólo fue posible auditar 581 millones de los 7400 millones de pesos presupuestados para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, y el bajo nivel de ejecución presupuestaria existente en el ACUMAR, que entre los años 2009 y 2010 alcanzó al 70% y 61,6% respectivamente.
Las falencias mencionadas vieron profundizadas por la notoria debilidad institucional que ha caracterizado el accionar del ACUMAR en sus tres años de existencia, que sumado a los permanentes cambios de funcionarios2 y la inconsistencia de sus políticas, le impidieron conformarse como una verdadera instancia de coordinación y articulación interjurisdiccional e interinstitucional, lo cual queda evidenciado por los magros resultados de su gestión.
Referencia: www.farn.org.ar/riachuelo/
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