viernes, 23 de septiembre de 2016

TIGRE – Vecinos de Tigre se reúnen para tratar situación ambiental de la Incineradora PELCO.

Vecinos de Ricardo Rojas, Tigre, se reúnen el sábado 24/9/2016 a las 16hs. en la plaza José María Paz, a fin de tratar la situación de la planta industrial dedicada al tratamiento de residuos peligrosos que opera bajo la responsabilidad del Grupo Pelco, ubicada en la calle Saavedra N° 2875.
Respecto a la situación ambiental generada por la empresa PELCO, dejo constancia que el pasado 1° de agosto del corriente año, quién suscribe, presentó una denuncia formal por ante el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y otra relacionada con la existencia de 5 basurales clandestinos “oficiales” en la zona. Según información oficial las denuncias fueron caratuladas y enviadas al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Exptes. 2439-329/2016 y 2439-328/2016).
La cuestionada planta de PELCO en Ricardo Rojas, opera sobre un terreno de 12.500 metros cuadrados, cuyo rubro es Centro de Tratamiento de Residuos y Efluentes (Industriales, patogénicos u otros) y Despacho de Residuos Patogénicos. En su planta realiza la termo destrucción de los residuos y funciona una planta de tratamiento físico-químico biológico para los residuos líquidos. Cuenta con una flota de camiones propios, habilitados para el transporte de residuos industriales y especiales.
La incineración, como tecnología de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, está siendo cuestionada cada vez más por la creciente evidencia científica que vincula algunas de sus emisiones, con graves efectos sobre la salud humana: defectos en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, distintos tipos de cáncer, problemas en el sistema nervioso, etcétera.
La planta en cuestión resulta particularmente peligrosa, dada su proximidad a una zona densamente poblada de los barrios Ricardo Rojas, Parque San Lorenzo y La Paloma. Efectivamente, Pelco se encuentra ubicada a escasos 120 metros de una zona densamente poblada. Los efectos de este incinerador sobre esta franja poblacional, nunca fueron analizados ni estudiados.
Como agravante de lo anterior, debo mencionar en este punto, el defectuoso e irregular funcionamiento de esta planta, lo cual agrava el permanente riesgo sanitario y ambiental que sufren los operarios de la planta, los operarios de las industrias circundantes y fundamentalmente la franja poblacional que ocupa la zona contigua. Efectivamente, según la información que figura en la página Web del OPDS, esta planta de la empresa PELCO, fue clausurada prácticamente todas las veces que fue inspeccionada.
La última de las clausuras de que tenemos conocimiento, ocurrió a fines de junio de 2015  por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tras determinar que en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad. La compañía presentó una medida cautelar ante el juez Luis Arias, quien la rechazó y reafirmó la clausura.
En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hacía más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconoce su origen, lo cual incumplía toda la normativa que regula la actividad y generando un grave peligro para la salud de los vecinos, dado que en el material decomisado se encontró plomo, mercurio y residuos halogenados.



También se encontraron más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.
El 02/07/2015, es decir durante la jornada siguiente la empresa PELCO violó la clausura. Efectivamente, no obstante la gravedad e importancia de las medidas que se tomaron en su contra, la planta al otro día, se encontraba abierta y trabajando a full. 
No obstante lo comentado, según la información de la página Web de PELCO,  para asegurar la calidad de las operaciones, la salud de sus trabajadores y el cumplimiento de toda la reglamentación medioambiental, la empresa, que realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales, certificó su procedimientos de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS 18.000.
No obstante todas estas cucardas, el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 19 horas, se produjo en una fosa dedicada al tratamiento de residuos líquidos,  una violenta explosión en el interior de la planta, que produjo la voladura de los techos de los galpones de la Empresa y la explosión de la cisterna de un camión tanque. Según la información de prensa de la empresa, tres operarios fueron internados en el Hospital de Pacheco en forma preventiva. La empresa quedó inoperante. La onda expansiva del estallido, afecto a más de cinco cuadras a la redonda de la industria siniestrada.
Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.
Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada.
En definitiva, en el municipio de Tigre, estamos ante una amenaza muy grave, que afecta tanto al personal de la incineradora, a la población y el medio ambiente, frente a la cual la comunidad se encuentra totalmente inerme, desprotegida y desinformada.
La falta de control, el abandono, el incumplimiento de las normas vigentes, la desatención de las medidas de seguridad y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, sitúan a los habitantes de una zona densamente poblada de Tigre, en un escenario de máxima emergencia sanitaria y ambiental. 

La otra PELCO
Corresponde dejar aclarado en este punto que el Grupo Pelco, tal cual figura informado en su página Web, tiene a su cargo una segunda planta en el Distrito de Tigre, en la localidad de Benavidez. Según la Empresa, la planta fue montada en función un convenio suscrito con el Municipio de Tigre, para la contratación de mano de obra local y cooperativista a fin de llevar adelante la actividad llamada minería urbana.
La implementación de este centro de tratamiento de RAEE, permite la recuperación de metales y componentes metálicos, a partir del desarme y la clasificación de residuos, como teléfonos celulares o computadoras, para su posterior reutilización.
La planta en cuestión, opera en un predio de 11.000 m2, ubicado con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavídez. El predio fue tomado en posesión por el Municipio de Tigre, en el marco de los artículos 2351 y 2352, del Código Civil, a título de dueña por DECRETO 897/12  (EXPTE. 4112-50362/12) de fecha 05 de julio de 2012.
El 10 de julio de 2012, por RESOLUCIÓN 1372/12, el Municipio de Tigre, Designó a PELCO S.A.  cuidador honorario de los inmuebles en cuestión, dejando constancia, que la designación, se la concede en nombre de la municipalidad, motivo por el cual no cuenta con un mayor o mejor derecho sobre el inmueble, no pudiendo construir ni hacer mejoras en el mismo.
En función de lo expuesto, en este punto estimo que existen elementos de juicio e indicios suficientes como para afirmar que nos encontramos frente a una planta de residuos peligrosos, creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría.
 
En función de lo expuesto, y considerando que la incineradora Pelco, situada en la localidad de Ricardo Rojas, supuestamente cuenta con permiso de vuelco en el arroyo Darragueira, afluente del arroyo Las Tunas, el cual según lo informado por la Sra. Directora Ejecutiva del COMIREC, será considerado en el Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Reconquista, solicite:

  • Se participe oficialmente de la presente elevación, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a la Autoridad del Agua.
  • Se realice una inspección integral de la planta que la empresa PELCO S.A. posee en la localidad de Ricardo Rojas, Tigre, en la calle Saavedra N° 2875 (B1618ACN) a fin de proceder en caso de que corresponda, a su inmediata clausura.
  • Se realice, si es posible en acción conjunta con el OPDS y la ADA, un diagnóstico ambiental, que sirva como base para el proceso de remediación ambiental del predio con cargo a la empresa PELCO S.A.
  • Atento la amenaza ambiental y sanitaria que genera la planta en cuestión, solicito se considere su cierre definitivo y/o traslado.
  • En caso de verificarse un daño ambiental, se inicien las acciones jurídicas que correspondan.
  • Se determine por quién corresponda, si la planta de la Empresa PELCO S.A. ubicada con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavidez, cuenta con las certificaciones técnicas y administrativas para funcionar como tal.
  • En caso de verificarse irregularidades relacionadas con la utilización del terreno, en  el convenio suscrito con el Municipio de Tigre y/o en las certificaciones técnicas y administrativas se proceda a la inmediata clausura de la planta.
  • En caso de determinarse que la Planta fue  creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría, solicito que por donde corresponda, se inicien las acciones jurídicas a fin de determinar las responsabilidades que pudieran caberles tanto a los directivos de la empresa PELCO como a los funcionarios públicos actuantes.

jueves, 22 de septiembre de 2016

EL REAL ESTADO DE TIGRE

Queremos nuestro Tigre. Y para que todos podamos vivir bien, la principal condición es que crezcamos equitativamente todos los tigrenses, decidiendo colectivamente el Tigre que queremos habitar.
Ante la próxima realización del evento “Salón Inmobiliario Real Estate”, en el que los desarrolladores inmobiliarios y funcionarios municipales y nacionales se juntan a definir su Tigre; queremos compartir con la comunidad el Real Estado de Tigre y nuestros deseos, que NO son los de convertir a nuestro distrito en tierra de negocios inmobiliarios exclusivos y excluyentes que degradan la calidad de vida y el ambiente de las mayorías y que al día de hoy ya se ha se han construido barrios cerrados en la mitad del suelo continental con la consiguiente pérdida de la soberanía territorial.
Tigre ha crecido pero de manera muy desigual y este es su Estado Real:



• La gestión municipal piensa más en el turismo y en los inversores inmobiliarios que en los vecinos y contribuyentes de Tigre.
• No existen políticas de planificación urbana que integren e incluyan a los tigrenses. Solo para generar negocios. Esto se observa al llegar al centro de Tigre que aparenta ser Miami y cuando recorremos el distrito la infraestructura urbana es deficiente e insuficiente para las necesidades sociales.
• No se usaron las partidas presupuestarias municipales para Mejoras Habitacionales ni para el cuidado del Ambiente. En su lugar se utiliza el presupuesto para propaganda política partidaria y para el financiamiento de una fuerza de seguridad municipal (COT) que realiza detenciones arbitrarias, discriminatorias y abusivas.
• No se concretan las obras de cloacas y agua potable prometidas y menos aún en las islas donde el 100% carece de ambos servicios.
• Avanzan los negocios inmobiliarios que generan daños y desmejoran las condiciones de vida de las familias de Tigre, y hasta las dejan sin tierra y vivienda, además de los pasivos ambientales por falta de planificación urbanística y ambiental.
• No hay solución para los vecinos que se inundan por efecto de los Barrios Cerrados Privados. No se realizan obras para minimizar los efectos de las lluvias intensas, ni existe un Plan Hidráulico de escurrimiento para el distrito. Más bien, la política ha sido permitir y facilitar el relleno del humedal, que justamente regula esos efectos.
• Los concejales del oficialismo se niegan a tratar desde el 2014 el proyecto de ordenanza presentado para prohibir los barrios privados en el distrito.
• Siguen manteniendo aislado, a partir de la destrucción del único puente de acceso, a Punta Querandí, declarado espacio de la memoria por el Concejo Deliberante y espacio cultural, arqueológico y sagrado por los pueblos originarios, codiciado por el empresario Jorge
O'Reilly. Continúan permitiendo la construcción de barrios privados en campos con enterratorios indígenas como es el proyecto Santa Ana de EIDICO. Así como en los '90 se permitió a Nordelta edificar sobre el cementerio ancestral 'Arroyo Sarandí.
• Los sectores productivos del Delta sufren persecución y abandono ante los avances de los negocios inmobiliarios. Incluso ataques y destrucción de propiedades. Tal es así que el mega emprendimiento Colony Park avanzó con las construcciones de manera ilegal. En el mes de agosto de 2016 los isleños de la Cooperativa Isla Esperanza que resisten a los embates de dicho emprendimiento sufrieron la quema de su galpón, sin recibir apoyo ni protección gubernamental.
• La gestión para mejorar las cuencas de los Ríos Reconquista y Luján, no ataca las cuestiones de fondo que tienen que ver con la contaminación industrial y el avance de los barrios cerrados, sino que son un maquillaje verde.
• La subsecretaria de medio ambiente municipal no recorre las islas, ni cuenta con embarcación para ejercer su función gubernamental de controlar a los emprendimientos que infringen las normativas y rompen las fajas de clausura. Tampoco realiza esa tarea en continente donde dispone de los medios necesarios.
• Existen más de 10 basurales clandestinos municipales. Hasta la separación de basuras es una falacia, ya que la misma se junta en el mismo lugar de destino.
• Vecinos de nuestra comunidad no están pudiendo acceder a sus viviendas adjudicadas del Programa PROCREAR.
• Se cerró el histórico Hospital de Tigre absolutamente necesario para la comunidad de Tigre centro, Rincón de Milberg y el Delta; no se invierte en Atención Primaria y colapsa el servicio de salud en el Hospital de Pacheco. (Único Hospital General para una población de más de 400 mil habitantes).
• Han nombrado como representante de la delegación municipal de islas al contratista de la recolección de basura, que además no reside en el Delta y cuya condición de contratista es incompatible con la función. Es evidente que su interés no es el del Isleño.
• No hay voluntad política gubernamental para solucionar el deficiente estado del Transporte fluvial del que dependen los habitantes del Delta para realizar sus actividades vitales. Siendo este monopólico, de altas tarifas para la población, ineficiente y generador de trabajo precario.
• No existen las instancias de participación ciudadana para poder debatir y decidir entre las personas del Pueblo y el gobierno qué Tigre y qué Delta queremos.
Tigre es la casa de todas y todos, debemos respetarla, disfrutarla y cuidarla. El crecimiento debe estar atado a las posibilidades de bienestar del conjunto de la comunidad y al cuidado de la naturaleza que es el mayor patrimonio de Tigre.
Invitamos a participar, compartir y debatir el próximo lunes 26 de septiembre desde las 15:30hs en la puerta del Museo de Arte de Tigre para repudiar a quienes vienen sólo a hacer negocios con nuestra tierra y para hacerle saber a los participantes del SIT el Estado Real de Tigre.

MÁS HUMEDALES, MENOS INUNDADOS
TIGRE CRECE SI CRECEMOS LOS TIGRENSES
POR UN TIGRE CON EQUIDAD PARA TODOS Y PENSADO Y ELEGIDO POR TODOS

ADHIEREN
Asamblea Delta y Río de La Plata- Blog El Tigre Verde - Movimiento en Defensa de la Pacha Punta Querandi - Casa Puente Centro Cultural y Comunitario, Arroyo Gambado y Nvo. Fulminante Islas delta de Tigre - ONG Proyectar - Unidad Isleña – Asamblea en defensa del humedal (Escobar) - Vía Campesina - Vecinos Autoconvocados Isleños - Vecinos del Humedal (Campana)
Asamblea Dique Lujan y Villa la Ñata – Unidad Isleña - Centro Comunitario Abra Vieja - Vecinos Inundados de Tigre - Vecinos Organizados de Parque San Lorenzo - Vecinos De Garrote - Vecinos Autoconvocados de Don Torcuato – Raíces - Fundación Fipca - Vecinos Por el viejo Hospital - Vecinos por el DU Procrear - Multi Sectorial Tigre – Grupo de Curas de opción por los pobres – Dialogo por Tigre CTEP - Peronismo 26 de Julio - Movimiento Mayo - Corriente Nacional Martin Fierro - Corriente CP Descamisados - Nuevo Encuentro - Frente Grande –Frente Transversal - Corriente 17 de Agosto - PC Tigre – Kolina - La Campora - Movimiento Andresito - Movimiento Evita – CTA Tigre – Movimiento Mayo Tigre - Consejeros Escolares FPV Tigre - Marta Mesa , Martin López , Juan Manuel Reboredo - Concejales FPV Tigre y Peronismo Para La Victoria, Carmen Salcedo , Florencia Mosqueda , Martín Gianella, Roxana López , Sergio Romano , Federico Ugo.

lunes, 19 de septiembre de 2016

TIGRE – Barrios privados – Colony Park – Justicia procesó a directivos de Colony Park y funcionarios públicos municipales trabándoles embargos por cifras que van de los 5 a los 35 millones de pesos.

El pasado 15/09/2016, la Jueza Federal Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, dictó en la causa que lleva el número FSM 439/13 (ex nro. 8951/11), caratulada “SCHWARTZ Adrián Gabriel y otros s/ denuncia” del registro de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, Secretaría n° 2, a cargo de Juan Cruz Schillizzi, una resolución en la cual, da por probado que la firma “Colony Park S.A.” realizó trabajos de dragado y relleno en el Canal Vinculación y el Río San Antonio; al tiempo que la firma “Parque de la Isla” además de hacer lo propio en aquel Canal y en el Río Luján, dragó y ensanchó la boca de entrada del arroyo Pacú, circunstancias estas que acreditan que los responsables de las firmas alteraron vías navegables de jurisdicción nacional y Provincial; lo relevante de estos hechos es que dichos trabajos de dragado nunca se podrían haber llevado delante de acuerdo a las normas que regulan la gestión y desarrollo sustentable del medio ambiente; ninguna de las firmas recabó la declaratoria de impacto ambiental y, por tanto, culminó los trámites inherentes a la habilitación; los trabajos de dragado provocaron modificaciones sobre los ríos, arroyos y cursos de agua que el Estado, en definitiva, no había consentido; Siendo ello así, toda vez que los ríos, arroyos y cursos de agua son bienes de uso público, se impone concluir que aquellas modificaciones constituyeron un daño agravado en los términos del artículo 184 inc. 5° del Código Penal.  
En función de lo expuesto, la Juez Federal resolvió:


1.      EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE HUGO DAMIAN SCHWARTZ, por encontrarlo prima facie autor mediato de los delitos de daño agravado y estrago los cuales concurren realmente entre sí, MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 35.000.000) treinta y cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN).
2.      AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, RESPECTO DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ y EDUARDO HÉCTOR CARRASCO, por encontrarlos prima facie autores mediatos del delito de estrago, el cual concurre en forma real con el hecho por el cual fueran procesados el 15 de noviembre de 2012 (arts. 45, 55 y 187 en función del art. 186 inc. 1° del CP; y art. 310 del CPPN).
3.      AMPLIAR EL EMBARGO SOBRE LOS BIENES DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ y EDUARDO HÉCTOR CARRASCO hasta cubrir la suma total de ($ 35.000.000), treinta y cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN), respecto de cada uno de ellos.
4.      DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE FRANCISCO JOSÉ BILLOCH, por encontrarlo prima facie autor mediato del delito de daño agravado (arts. 45, 184 inc. 5° del CP; y art. 310 del CPPN), MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 25.000.000) veinticinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN).
5.      DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DE JOSÉ MANUEL MOLINA (ex Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), ANA MARÍA CORBI(ex Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), ANTONIO GRANDONI (ex Secretario de Inversión Pública de la Municipalidad de Tigre), CARLOS ALFREDO VITTOR (Secretario de Control Urbano y Ambiental del Municipio de Tigre) Y EDUARDO MARIO CERGNUL (ex Secretario de Gobierno del municipio de Tigre), por encontrarlos autores del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 45 y 248 del CP; y 310 del CPPN), MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 5.000.000), cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. Del CPPN), respecto de cada uno de ellos.
6.      DISPONER EL SOBRESEIMIENTO DE CARLOS MARIO BENI, SERGIO MANUEL RAPOSEIRAS, DIEGO MARTIN DOUSDEBES, NORBERTO NELIO NINI, JOSÉ JAVIER CEBALLOS Y EDUARDO GABRIEL CUTROPÍA, en orden a los hechos por los cuales fueran indagados, con expresa mención que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor del que hubieren gozado (art. 334 y 336 inc. 4° del CPPN).
7.      DISPIONER EL SOBRESEIMIENTO DE ADOLFO VOLODI BERESTAVOY en virtud de que la acción penal se ha extinguido a su respecto por muerte, debiéndose proveer lo que corresponda en el respectivo incidente de embargo (art. 336 inc. 1° del C.P.P.N. en función del inc. 1° del art. 59 del C.P.N.).
8.      RECHAZAR LOS PLANTEOS DE NULIDAD FORMULADOS POR JOSÉ MANUEL MOLINA, NORBERTO NELIO NINI, JOSÉ JAVIER CEBALLOS Y EDUARDO GABRIEL CUTROPÍA, de conformidad con lo dispuesto en el considerando X, adjuntado copia de esta pieza en cada incidente para que, en su caso, siga el trámite por separado (art. 340 CPPN).
9.      CITAR A HUGO DAMIAN SCHWARTZ, FRANCISCO JOSÉ BILLOCH, JOSÉ MANUEL MOLINA, ANA MARÍA CORBI, ANTONIO GRANDONI, CARLOS ALFREDO VITTOR Y EDUARDO MARIO CERGNUL, para que concurran dentro de los tres (3) días de notificados, con el propósito de imponerlos de la obligación de no mudarse o ausentarse de su domicilio por más de 48 hs. sin dar noticia previa a este tribunal y como así también de comparecer a este Tribunal en toda oportunidad que se lo convoque.

De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.

jueves, 15 de septiembre de 2016

TIGRE Resolución de Cámara Federal beneficia la situación de Venice Ciudad Navegable.

El 8 de septiembre de 2016, la Cámara Federal de san Martín – Sala II, resolvió en los autos caratulados Querellante: Ferreccio Altube, enrique Carlos y Otro denunciado: Gómez Prieto, Marcelo Rodolfo s/Legajo de apelación:
1.      Rechazar por improcedente el recurso de la Querella.
2.      Declarar la incompetencia de la justicia federal para seguir entendiendo en el presente expediente, y Remitirlo al Juzgado de 1era Instancia en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro que por turno corresponda, para que siga conociendo en el mismo.
3.      Confirmar la clausura preventiva de la obra denominada “Venice Ciudad Navegable” de “Marina Río Luján S.A.” pero disponiendo la caducidad de pleno derecho de esta medida cautelar al cumplirse el plazo de sesenta (60) días hábiles a computar desde su imposición el 1° de julio por el juzgado “a-quo”, salvo que antes la justicia provincial adopte otro temperamento.



De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde. 

martes, 13 de septiembre de 2016

TIGRE – Basurales - La diferencia que no fue.

Los vecinos de Don Torcuato siguen padeciendo al CEAMSE. Puesta en funcionamiento lejos del centro de Tigre, la recolección diferenciada de residuos es un fracaso. A esto se suma la existencia de un basural clandestino en un predio gestionado por el Municipio. Mientras tanto, los vecinos mueren de cáncer, hay un brote de granos y una invasión de ratas.
Después de la expectativa que generó el plan piloto SEPARA tus residuos, los vecinos de Don Torcuato ahora transitan por la frustración y la indignación.
Frustración porque la separación diferenciada “es una mentira, hay vecinos que han visto que los camiones levantan cualquier cosa, cualquier día. La distribución de las bolsas fue siempre muy deficiente, yo tuve que hacer la denuncia varias veces porque por mi barrio no llegaban. Se lo dije a Leticia Villalva, al delegado municipal. Ahora ya ni siquiera las reparten, uno tiene que ir con la boleta municipal PAGA a la delegación y ahí se las dan”, explicó Juan José Roth, vecino de Don Torcuato, integrante de Vecinos contra el CEAMSE.
Por su parte, su esposa, Luciana, sostuvo: “Hay gente que todavía no sabe cómo tiene que hacer la separación, la campaña informativa duró sólo una semana y fue por teléfono. Esto involuciona porque tener que ir a buscar las bolsas es una molestia para el vecino. El mismo recolector podría dejar las bolsas o podría haber varios puntos para retirarlas, esos locales que dicen ‘+massa’ están por todos lados, ¿por qué no se los utiliza para esto? Todas las personas no pueden ir hasta la delegación, pero igualmente no funciona de ninguna manera”.


El aspecto indignante surge cuando aparece en el relato de esa macabra experiencia, la existencia de un basural clandestino: “Frente al CEAMSE, cruzando las vías del ferrocarril, hay un predio donde quisieron hacer un cementerio y todos los vecinos se opusieron. Ahora, clandestinamente, el Municipio está tirando la basura ahí. Hay máquinas haciendo pozos, donde enseguida aflora el agua. Todas las bolsas del barrido municipal están tiradas ahí. Los vecinos ven entrar los camiones municipales y también camiones atmosféricos”.
El basural clandestino está en Santa María de Oro y Alberdi, zona donde hay dos escuelas secundarias y un jardín de infantes. Allí se encuentra de todo: caballos muertos, comida, bolsas de basura, coches incendiados, gomas y muchísimas ratas. “Desde hace 3 meses hay una invasión de ratas gigantes. Todas provienen de ese lugar”, aseveró Juan José y contó: “Nosotros hicimos una denuncia por las ratas, juntamos firmas y presentamos la denuncia a Malena Massa y al Concejo Deliberante. La respuesta fue enviarnos al delegado municipal a nuestro domicilio, nos aseguró que iban a desratizar y que toda la culpa era del CEAMSE. Yo lo quise llevar a casa de otros vecinos, pero no quiso, parece que no quiere hablar con los vecinos. Dijo que en una semana volvía, nunca más tuve noticias de él. Ya nos han mentido en varias oportunidades”.
Cercados por las ratas y los olores pestilentes, han buscado en varias oportunidades encuentros con funcionarios: “A fines del año pasado nos quisimos reunir con Zamora y debe ser que le tiene un poco de miedo a los vecinos porque no quería reunirse con mucha gente, quería que fuéramos pocos. Aceptamos, entonces nos pidió que le mandáramos por mail el nombre y apellido de cada uno. Éramos 6, le mandamos los datos que nos pidió y aun así no nos quiso recibir. Le dimos todos los datos porque nosotros no tenemos nada que ocultar, podía quedarse tranquilo porque no somos terroristas ni nada raro, y no nos quiso recibir”.


Otro tema candente en la comunidad de Don Torcuato es el cáncer: “El año pasado murieron 3 o 4 en la cuadra donde están las vías. Uno camina por el barrio y los vecinos van contando que hay gente con cáncer. Otra cosa que aumentó son los granos, porque uno puede tomar agua mineral, pero no se puede bañar con agua mineral. Nosotros tenemos la suerte de comprar bidones, pero en el barrio hay familias humildes que toman agua de pozo. Y encima, ahora, el basural clandestino”, dijo Luciana con su beba en brazos, a la cual no puede sacar a pasear con frecuencia debido a los olores del CEAMSE. “Irritan la nariz, los ojos, el último verano fue de terror”.
El intendente Massa dijo que en junio se cerraba el CEAMSE, para esto se tendrían que haber hecho plantas de tratamiento: “El delegado me dijo que estaban haciendo una planta de tratamiento de pet sobre la 202. La llamé a Leticia Villalva y me dijo que no sabía nada. Cómo puede ser que ella esté en medioambiente y no sepa nada. O es mentira o ella está muy desinformada. Pero es mentira, porque si fuera verdad tendríamos toda la ciudad empapelada con publicidad. Así nos vienen mintiendo desde hace más de un año”.
Escrito por Mónica Carinchi 
Referencia: http://www.actualidaddetigre.com/


martes, 6 de septiembre de 2016

Un juez ordenó la clausura de la planta de Atanor de San Nicolás.

La medida preventiva la tomó el magistrado Facundo Puente, tras realizar un allanamiento con Gendarmería y Prefectura.
      
El juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor posee en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional (GN) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Por tal razón ordenó la clausura de las instalaciones por considerar que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente.
La medida es el corolario de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 12 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.
En el trámite judicial, , el juez dispuso la clausura provisoria de la planta de síntesis de atrazina de Atanor, medida que estará en vigencia hasta que por disposición judicial quede sin efecto.
También prohibió el ingreso a la planta de camiones que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en el conducto de efluentes. La empresa demandada deberá denunciar y solicitar autorización con antelación suficiente de todo vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, y además declarar los productos que se transporten.


Corroboraciones. En ese sentido, el juez ordenó librar oficios a PNA y GN a fin de corroborar el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina. También pidió a la policía departamental que diariamente corrobore que se acata la clausura y en forma semanal que informe al Juzgado sobre el cabal cumplimiento de la medida.
El juez Puente confirmó que la anterior disposición cautelar, que impedía el volcado de aguas industriales y servidas al río y el uso de agua de napa a gran escala, no era cumplida por Atanor. Esa conducta pone en grave riesgo al ambiente y a la salud pública por lo que la clausura efectuada corresponde por derecho.
También sostuvo que el expediente se encontraba demorado por las intervenciones poco efectivas de los anteriores jueces que llevaron la causa. "Es loable la actitud de un magistrado que viene de otros pagos, y eso parece darle independencia de criterio, ajustada a derecho, nos permitió acceder a una resolución que concuerda con la actuación esperada de la administración de Justicia", indicó el secretario de la organización Protección Ambiental del Río Paraná, Walter Ibarra, un ex empleado de la compañía e impulsor de los reclamos.
"También se permitió que la población se siga enfermando y en algunos casos perdieron la vida. Todo por funcionarios cómplices de la ambición desmedida de los empresarios y sus patrocinadores. Tarde pero, de a poco, conseguimos algo de Justicia", dijo Ibarra, y añadió que "en este momento nos sentimos enormemente agradecidos con todos los que colaboraron con esta causa".
La planta de Atanor en San Nicolás es la única productora y formuladora de atrazinas del Mercosur. Permite satisfacer la demanda del mercado doméstico y genera saldos exportables. Las atrazinas son herbicidas de amplio espectro, usados para el control de malezas de hoja ancha como de gramíneas. En la década del 70 los usuarios y ciudadanos afectados de EEUU, Canadá y Europa lograron restricciones de uso preocupados por la rápida resistencia de algunas hierbas, la escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas.
Antecedentes. Atanor registra hechos de conflictos por contaminación ambiental en esta y otras plantas ubicadas en otras regiones del país. En el caso de una sede emplazada en Vicente López la fábrica estuvo clausurada preventivamente por el municipio.
En 2014, la empresa fue denunciada por un episodio ocurrido en San José de la Esquina en el que el accidente y vuelco de un camión ocasionó el derrame de 18 mil litros de 2,4-D, un poderoso herbicida que Atanor sintetiza en la planta de Río Tercero.


viernes, 26 de agosto de 2016

TIGRE – Con complicidad Municipal, continúan desarrollándose Mega emprendimientos inmobiliarios clandestinos en el Delta del Paraná.

En el Delta de Tigre las obras de megaemprendimientos no están frenadas. Avanzan con la impunidad empresarial y la complicidad municipal.
Saliendo del río Tigre, cruzando el Luján y entrando en el A° Gambado, justo en una curva que supo ser muy arbolada y daba la bienvenida a quién entrara en los ríos del Delta, está el Arroyo “Cruz del Gambado”. Más conocido como “Leber” apellido de su propietario. En esa hermosa confluencia con el Arroyo Gambado, a unos 10 minutos de Tigre continente, se lleva adelante un emprendimiento al estilo Colony Park.
Detrás de esa arboleda, en los últimos años, los vecinos, biólogos y naturalistas han avistado en el área la presencia de gran biodiversidad representada en más de 100 especies de aves deltaicas, lobitos de río, tortugas, cuises, nutrias... Todas especies de difícil observación en ámbitos tan cercanos al continente. Era un área de visita de muchos kayakistas y amantes del delta.
En Febrero de 2016, desembarcan allí dos máquinas retroexcavadoras que inician su trabajo rellenando la isla y los pajones del centro, tumbando especies de árboles, desalojando aves y al bichaje isleño. La Chata IMPACTO, con su pala mecánica abre un canal artificial clandestino. El desastre ambiental avanzó impunemente.
Los vecinos denuncian el emprendimiento clandestino, el 17 de febrero inspectores de la Municipalidad de Tigre desde la unidad ejecutora del “Plan de manejo del delta”, a cargo de Leticia Villalba CLAUSURAN LA OBRA e informan a vecinos que la única autorización que tienen de obra en la “Quinta Leber” es de DESMONTE SIN MÁQUINAS.
El 18 de Febrero de 2016, se viola la faja de clausura y comienzan los trabajos de las dos retroexcavadoras. Hoy solo queda una cortina de árboles que esconden el desastre ambiental que han decido hacer los pequeños emprendedores con aspiraciones a grandes proyectos rentables. Los socios del proyecto son German Leber y Martin Rivas, diseñador de la web turística “Welcome Tigre”: http://welcometigre.com
Este pequeño emprendimiento además de desmontar el área, rellenar el centro de isla y destruir el hábitat de infinidad de especies, no ha realizado los trámites legales acorde a su envergadura. Por ley (N° 11.723), en aquellos emprendimientos que realicen movimientos de suelos, canalizaciones y desmontes deben presentar el proyecto al OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable) con su debido Informe de Impacto ambiental. Para ser aprobado tienen que realizar una audiencia pública donde participe la comunidad, luego ser revisado por los organismos competentes, mientras hacer trámites en otras dependencias provinciales. Nada de esto se realizó. Razón que hizo que la obra sea clausurada por la municipalidad. Pero allí siguen las máquinas trabajando.





Desde entonces los vecinos venimos denunciando a la municipalidad que las obras avanzan pese a la clausura. Leticia Villalba nos respondió en marzo por mail y por teléfono que la obra estaba clausurada. En la primera semana de julio tuvimos audiencia con ella y representantes de otras organizaciones sociales donde nuevamente aseguró que estaba clausurada. Ante nuestras pruebas de que el emprendimiento avanzaba, nos contestó que eso ya está tramitado en la Secretaría de Obras Particulares y que debían clausurarla una cierta cantidad de veces para luego poder iniciar una causa legal por romper la faja de clausura. La secretaria aseguró que la municipalidad no cuenta con instrumentos legales para ejercer su poder de policía frente a estos hechos.
Sin embargo, los daños a los bienes de dominio público son argumento suficiente para iniciar causas legales y para la intervención municipal, que ahora, a partir del Fallo de la jueza Arroyo Salgado cuenta con la legitimidad legal para intervenir directamente.
Lo cierto es que esta “incapacidad” municipal es cómplice del desastre ya que mientras van y vienen los papeles de la clausura las obras van avanzando. Esto sucedió con Colony Park y con todos los barrios cerrados. La flexibilidad municipal y la política de hechos consumados de los megaemprendedores, van de la mano. Y si no hay dinero dando vueltas, hay un consenso en que el modelo de desarrollo es el del capital inmobiliario financiero, que depreda y desplaza a las poblaciones locales. Modelo de desarrollo inmobiliario que destruye el humedal y despoja a la comunidad isleña. Al destruir el humedal se destruye el modo de vida isleña.
Este no es el único emprendimiento en el Delta. A metros en el Canal Buenos Aires, en enero y febrero se desmontaron, canalizaron y rellenaron varias hectáreas con el objetivo de ser loteadas. En el A° Toro se vende en Facebook un loteo “Puertos del Toro” donde han canalizado y rellenado los lotes vendiéndose con la estética de un barrio cerrado. Todos han sido denunciados y L. Villalba  asegura que todos están clausurados, pero las obras siguen y siguen… 
En el marco de la causa penal contra todos los barrios cerrados de la Cuenca del Luján, la jueza Arroyo Salgado ha resuelto que la Municipalidad de Tigre sigue aprobando proyectos sin las condiciones debidas y ya no puede seguir haciéndolo, instando al municipio a que cumpla sus deberes de funcionarios públicos en efectivizar las clausuras. Qué esperan?

martes, 23 de agosto de 2016

TIGRE: Delta del Paraná - Incendian Cooperativa de Junqueros del Delta

El lunes 22 de agosto de 2016, fue incendiado el galpón de la cooperativa ubicada en el arroyo Anguila y Paloma, en la primera Sección de las Islas del Delta del Paraná. Los pobladores isleños vieron salir una lancha a toda velocidad de la cooperativa y una gran llama detrás. El galpón quedo en cenizas, perdiéndose la totalidad de las maquinarias, las herramientas y los materiales de trabajo que estaban dentro, como también los materiales de formación y difusión.
La cooperativa Isla Esperanza nace en el año 2010 en respuesta a los desalojos violentos e ilegales, en los que la empresa Colony Park S.A, atropelló los derechos de las familias isleñas.



La cooperativa Isla Esperanza se fue organizando en pos de defensa del territorio, de la generación de trabajo digno para las familias isleñas y en defensa de los humedales. 
Como consecuencia de la creciente especulación inmobiliaria, la comunidad ha recibido todo tipo de amenazas y ataques, situación está que tuvo como desenlace el incendio de las instalaciones de la Cooperativa. Pero este ataque se encuadra en una serie de hechos violentos que se han ido sucediendo. La empresa interesada en apropiarse del territorio para la construcción de countries es Colony Park S.A, empresa vinculada a funcionarios del actual gobierno, empresa que ha llevado a cabo una infinidad de acciones para imposibilitar la permanencia en el territorio de las 10 familias nucleadas en la organización.

jueves, 11 de agosto de 2016

Pilar, el primer municipio que arranca con el control de los drenajes de agua de lluvia en los countries.

La Secretaría de Medio Ambiente convocó a 41 emprendimientos para regular el flujo hídrico y evitar inundaciones en zonas carenciadas.

Doce countries de Pilar ya aceptaron la convocatoria de la Secretaría de Medio Ambiente de esa ciudad para instrumentar estrategias que reduzcan el nivel de inundación desde esas grandes urbanizaciones hacia barrios vulnerables vecinos.
Entre éstos, el country club Pilará está cerca de poner en marcha pequeñas represas capaces de retener excesos hídricos durante eventos extraordinarios de inundación y evitar que se aneguen poblaciones cercanas donde viven sectores carenciados. El exclusivo campo de golf del barrio se inundaría como parte de esa estrategia, pero sólo momentáneamente, durante el momento del mayor impacto hídrico.


Recientemente, un fallo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado determinó que 15 municipios ubicados en la cuenca del río Luján -entre éstos, varios con alta concentración de countries, como Pilar, Tigre, Campana, Escobar- "se abstengan de autorizar la construcción de nuevos emprendimientos o ampliaciones de los ya existentes".
Los fundamentos de la medida judicial no son difíciles de entender: los movimientos de suelo y el crecimiento en altura de los terrenos típicos de este tipo de emprendimientos alteran el funcionamiento natural de los humedales, que actúan como una suerte de "esponjas" frente al caudal hídrico.
"Un humedal - explica Javier Corcuera, biólogo y Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar- no sirve solamente para que el río desborde naturalmente y aumentar la diversidad biológica en sus márgenes, sino que también tiene muchas otras funciones. Entre las más importantes, la recarga de los acuíferos: el agua drena hacia abajo y recarga las napas de agua de las cuales gran parte de la población obtiene el precioso líquido, ya sea para beber o uso industrial".
Según el funcionario, la medida judicial reemplaza la inacción de muchas décadas del Poder Ejecutivo en esos municipios, que, explica "deberían ordenar los emprendimientos de todo tipo (no sólo los countries) que eleven su cota, porque eso puede alterar el flujo hídrico si crece el Luján. Sin embargo, no ocurrió así: se fueron dando habilitaciones hidráulicas en muchos casos 'descuidadamente...'"
Corcuera añade que no sólo los countries sino también el avance urbano ("que trae más y más cemento", dice) son los factores que dificultan el drenaje de los humedales. Desde su gestión, "hemos puesto en marcha los 'Diálogos Hídricos', una estrategia que convoca a los barrios cerrados para trabajar juntos con el objetivo de reducir el nivel de inundación en situación de eventos extraordinarios".


En Pilar, la medida de la jueza Arroyo Salgado afecta a 105 countries, que ocupan el 96% de la superficie total de urbanizaciones cerrados de esa localidad y el 25% de la superficie del municipio.
"Pilar es uno de los municipios que tiene una alta proporción de barrios cerrados sobre la Cuenca del río Luján -agrega Corcuera-. Sobre las márgenes del río específicamente no son 105 sino menos. Hemos identificado 41 countries que son clave para regular el flujo hídrico, de los que ya hemos convocado a 12, entre éstos Pilará, Sociedad Hebraica y Martindale, con respuestas positivas".
Javier Corcuera dijo que los cambios a instrumentar podrán ser estructurales o también funcionales, como por ejemplo sistemas de esclusas "que existen en varios emprendimientos pero que no son correctamente manejados en períodos de inundación y en lugar de retener agua la rebota sobre poblaciones más vulnerables", explicó.

Referencia: http://arq.clarin.com/

sábado, 30 de julio de 2016

A continuación publico, en forma textual, la declaración de la Red de Organizaciones y Vecinos de la Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná, que fue leía como cierre de la concentración en defensa de los humedales, ocurrida el 30 de julio, en la estación terminal de Tigre. Las fotografías adjuntas, corresponden a ese evento

¡SÍ A LOS HUMEDALES!
¡NO A LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS QUE INUNDAN Y DESTRUYEN!

Frente al avance de emprendimientos inmobiliarios e industriales privados, asentados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Rio Luján y Delta del Paraná, que provocan daños calamitosos a dichos ecosistemas y gravísimas inundaciones, afectando vidas y bienes, nos manifestamos por la detención definitiva de este Modelo de Desarrollo de Alto Impacto Socioambiental Negativo. Los humedales y planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y Bs. As. nos abastecemos del agua potable proveniente de los humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen. Es imperioso que se respete la ley vigente así como los derechos humanos fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional. Por lo tanto exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios. Hemos asistido en estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables. En estas zonas sólo se puede poblar apelando a técnicas constructivas como las palafíticas, tradicionales en el delta, que no alteran la hidrología, y se adaptan al medio naturalmente inundable. Lo que se levanta es la vivienda y no el suelo, y siempre en una densidad que no afecta la preservación del ecosistema natural que sirve de soporte. Por otro lado cabe mencionar que este proceso de desarrollo urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las necesidades de toda la comunidad, conduce a una privatización de los paisajes que promueve la segregación y marginación social y la desigualdad, una de las fuentes que alimentan la violencia creciente en nuestra sociedad. Además en esta región se localizan numerosos sitios arqueológicos ancestrales con enterratorios de los pueblos originarios muchos de los cuales ya han sido arrasados por estos megaemprendimientos. Lamentablemente el Estado, tanto en sus niveles municipal, como provincial y nacional, no han jugado el papel que les corresponde, tratando de velar por el bien común y la aplicación de las leyes. Hoy vemos como la gran mayoría de estos emprendimientos
avanzan con permisos precarios muy irregulares y por hecho consumado; luego van llenando los huecos legales con autorizaciones ad hoc o modificaciones al uso de suelo a medida, que otorgan algunos funcionarios a espaldas de las comunidades afectadas, que en principio incurrirían en incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Numerosos vecinos, organizaciones sociales, etc. hemos venido denunciando desde hace muchos años y ante todos los medios y estamentos posibles estas problemáticas, inclusive en la justicia. Recientemente un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro y otro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana han ordenado la paralización precautoria de todos estos emprendimientos y la prohibición de otorgar permisos para nuevos proyectos, convocando a expertos para un peritaje de impactos ambientales individuales y acumulativos para que se expidan sobre el tema. Pedimos que dicho Comité de Peritos funcione de cara a la sociedad y con puertas abiertas para escuchar las voces de los vecinos y especialmente los miles de damnificados por las inundaciones y expulsión y marginalización ocasionados por el desarrollo urbanístico privatizado. Requerimos que se estudie si se han cumplimentado todos los requisitos legales para la autorización de los emprendimientos privados en toda la Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná. Se ha comprobado en Tigre, Escobar, Pilar, etc. casos de incumplimientos flagrantes. Los responsables de avanzar ilegalmente con obras, deberán ser procesados y juzgados como así también los funcionarios que los autorizaron u omitieron intervenir incumpliendo leyes vigentes y los debidos procedimientos. Una vez más, pedimos que se sancione cuanto antes la ley de Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales que sigue sin ser tratada en el Parlamento, así como también la aprobación en los Concejos Deliberantes de Tigre, Escobar y Pilar de los distintos proyectos de ordenanza presentados los cuales se encuentran cajoneados. Exigimos por último, la detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense.
Julio 2016

RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIÓ LUJAN Y DELTA DEL PARANA




















viernes, 29 de julio de 2016

TIGRE – Incineradora PELCO – A menos de 7 días de su estallido, a la planta la ataron con alambre y reinició tareas.

A menos de 7 días del estallido producido en la Incineradora PELCO, ubicada en Saavedra 2875, Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, en un marco de total abandono e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, la empresa reinició tareas en la planta siniestrada.


En este punto corresponde recordar que el pasado 21 de julio de 2016, se produjo una violenta explosión en la Empresa en cuestión, la cual  realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales peligrosos.
Según me informaron de prensa de PELCO, la explosión se produjo en el pozo del sector de tratamiento de líquidos acuosos, como consecuencia de un residuo mal categorizado por parte del generador. Siempre según la Empresa, el incidente no produjo heridos pero sí cuantiosos daños materiales en la planta y sus alrededores. A ello debe sumársele el estallido de la cisterna de un camión que se encontraba estacionado dentro de la empresa. Tres operarios que se encontraban en el lugar fueron atendidos precautoriamente en el Hospital de Pacheco.


Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.


Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada. (Las fotografías expuestas fueron tomadas el día 29/07/2016 a las 12,30 horas)  

De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.

Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo

Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.

El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al ex intendente de Malvinas Argentinas (Córdoba), Daniel Arzani, y al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera, la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.


Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los ex concejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores. La misma acusación recayó para la ex edil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba. Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.


Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.

En detalle

La investigación del fiscal Amayusco describe cinco hechos:
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los ex funcionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los ex funcionarios Jorge Ferrari, ex director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas. 
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.

miércoles, 27 de julio de 2016

TIGRE – Venice Ciudad Navegable – Justicia rechazó recurso de reposición y concedió recurso de apelación.

En atención al incidente originado con motivo del recurso de reposición deducido por la defensa de Marcelo Rodolfo Gomez Prieto, en representación de “Marina Río Luján S.A. Dres. Martín Maschwitz y Esteban R. Vergara, contra la resolución del pasado 1° de julio, en la que se dispuso preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes al emprendimiento denominado “VENICE CIUDAD NAVEGABLE”, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto y CONCEDER el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por los citados  letrados, conforme lo normado por el art. 450 C.P.P.N.

De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.



martes, 26 de julio de 2016

Primer juicio por homicidio con agrotóxicos de Argentina abrirá en noviembre de este año.

El Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya confirmó que el juicio por el homicidio con agrotóxicos, por intoxicación con el insecticida Endosulfan, el primero de su tipo en el país, abierto ante el deceso del niño Santiago Nicolás Arévalo en 2011, se desarrollará en su despacho entre el 21 y 25 de septiembre de este año. Citan a declarar a 19 testigos. 
La fecha fue confirmada a mediados de este mes, julio, por el Tribunal Penal Oral de Goya a la familia querellante. El Tribunal confirmó que el juicio se llevará a cabo entre el 21 y 25 de noviembre de este año y convocó a declarar a 19 testigos del hecho que culminó con la muerte del niño Santiago Nicolás Arévalo el 4 de abril de 2011.


Santiago Nicolás Arévalo tenía 4 de años y falleció en el hospital Pediátrico “Juan Pablo II” a donde llegó en gravísimo estado derivado desde el Hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos.
Era oriundo de Lavalle, pueblo de 3 mil habitantes situado a 10 kilómetros de Goya. La segunda ciudad en importancia de Corrientes. La zona rural llega hasta el frente de la casa la familia Arévalo, lindante con una chacra ubicada en el paraje Puerto Viejo. Nicolás presentó un cuadro de intoxicación que habría sido provocado por el uso indebido de un plaguicida altamente peligroso en una chacra ubicada en el Paraje Puerto Viejo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación con el insecticida Endosulfan. Falleció el 4 de abril de 2011.

El veneno fue absorbido a través de la piel de sus pies y por inhalación,  según el procesamiento dictado por el juez. Durante el procesamiento también se tratará por la intoxicación de la prima de Santiago Nicolás, Celeste Estévez, quien estuvo tres meses internada en el Hospital Garraham de Buenos Aires por la misma causa.
Para este juicio hay 19 testigos convocados, uno de ellos será Emilio Spataro, miembro fundador de Guardianes del Iberá, quien estuvo cerca de la familia desde un inicio. La carátula del expediente es: “Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal.” Se trata del primer juicio a llevarse a cabo en Argentina por muerte por intoxicación con agrotóxicos. 
En 2011, Emilio Spataro, integrante de la Campaña Salvemos al Iberá había señalado: “Inmediatamente la familia de Nicolás señaló a las fumigaciones de la plantación de tomates del lugar. Los nenes tomaron contacto con el veneno que había chorreado hacia la calle, al pisar unos charcos".

TIGRE – Más sobre el basural clandestino oficial en Ricardo Rojas.

El pasado jueves 21 de julio, tuve oportunidad de visitar acompañado por dos Concejales de Tigre, el basural clandestino “oficial” que existe en la localidad de Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires. Acompaño este escrito con una serie de fotografías exclusivas del lugar.
El sitio en cuestión se encuentra ubicado sobre un terreno privado, de aproximadamente 18670 m2 en la calle José Ingenieros, entre Marcos Sastre y Panamericana a la vera del arroyo Bibiloni. Se trata de un basural clandestino, operado por el Municipio de Tigre y empresas privadas, constituido fundamentalmente por residuos de poda, residuos domiciliarios, residuos producto del barrido de calles, residuos industriales áridos, todo ello mezclado y revuelto.
En este punto, corresponde aclarar que esta situación, fue puesta oportunamente en conocimiento del Sr. Intendente de Tigre Julio Zamora, del Delegado Municipal de Ricardo Rojas, de autoridades del OPDS, ADA y COMIREC, durante la reunión del Consejo Consultivo de la Cuenca Baja del Río Reconquista, ocurrida el 7 de julio de 2016, en la ciudad de San Isidro.  
La Municipalidad de Tigre, no solo arroja basura en el sitio, sino que también está a cargo del manejo integral del basural, utilizando para ello personal y maquinaria de la Delegación Ricardo Rojas para el transporte, vuelco, quema, disposición y cubierta de tierra. Demás está aclarar, que el sitio no está debidamente certificado y las operatorias se realizan sin tomar las medidas mínimas de protección del suelo que el caso exige.
Del análisis de la Ley N° 13592 de Gestión integral de los residuos sólidos urbanos, surge que las Autoridades Municipales quedan obligadas a clausurar los basurales, conforme a los principios establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, la Ley N° 11.723. Queda prohibida la quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado por la Autoridad Ambiental Provincial.

De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.