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viernes, 23 de septiembre de 2016

TIGRE – Vecinos de Tigre se reúnen para tratar situación ambiental de la Incineradora PELCO.

Vecinos de Ricardo Rojas, Tigre, se reúnen el sábado 24/9/2016 a las 16hs. en la plaza José María Paz, a fin de tratar la situación de la planta industrial dedicada al tratamiento de residuos peligrosos que opera bajo la responsabilidad del Grupo Pelco, ubicada en la calle Saavedra N° 2875.
Respecto a la situación ambiental generada por la empresa PELCO, dejo constancia que el pasado 1° de agosto del corriente año, quién suscribe, presentó una denuncia formal por ante el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y otra relacionada con la existencia de 5 basurales clandestinos “oficiales” en la zona. Según información oficial las denuncias fueron caratuladas y enviadas al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Exptes. 2439-329/2016 y 2439-328/2016).
La cuestionada planta de PELCO en Ricardo Rojas, opera sobre un terreno de 12.500 metros cuadrados, cuyo rubro es Centro de Tratamiento de Residuos y Efluentes (Industriales, patogénicos u otros) y Despacho de Residuos Patogénicos. En su planta realiza la termo destrucción de los residuos y funciona una planta de tratamiento físico-químico biológico para los residuos líquidos. Cuenta con una flota de camiones propios, habilitados para el transporte de residuos industriales y especiales.
La incineración, como tecnología de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, está siendo cuestionada cada vez más por la creciente evidencia científica que vincula algunas de sus emisiones, con graves efectos sobre la salud humana: defectos en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, distintos tipos de cáncer, problemas en el sistema nervioso, etcétera.
La planta en cuestión resulta particularmente peligrosa, dada su proximidad a una zona densamente poblada de los barrios Ricardo Rojas, Parque San Lorenzo y La Paloma. Efectivamente, Pelco se encuentra ubicada a escasos 120 metros de una zona densamente poblada. Los efectos de este incinerador sobre esta franja poblacional, nunca fueron analizados ni estudiados.
Como agravante de lo anterior, debo mencionar en este punto, el defectuoso e irregular funcionamiento de esta planta, lo cual agrava el permanente riesgo sanitario y ambiental que sufren los operarios de la planta, los operarios de las industrias circundantes y fundamentalmente la franja poblacional que ocupa la zona contigua. Efectivamente, según la información que figura en la página Web del OPDS, esta planta de la empresa PELCO, fue clausurada prácticamente todas las veces que fue inspeccionada.
La última de las clausuras de que tenemos conocimiento, ocurrió a fines de junio de 2015  por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tras determinar que en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad. La compañía presentó una medida cautelar ante el juez Luis Arias, quien la rechazó y reafirmó la clausura.
En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hacía más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconoce su origen, lo cual incumplía toda la normativa que regula la actividad y generando un grave peligro para la salud de los vecinos, dado que en el material decomisado se encontró plomo, mercurio y residuos halogenados.



También se encontraron más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.
El 02/07/2015, es decir durante la jornada siguiente la empresa PELCO violó la clausura. Efectivamente, no obstante la gravedad e importancia de las medidas que se tomaron en su contra, la planta al otro día, se encontraba abierta y trabajando a full. 
No obstante lo comentado, según la información de la página Web de PELCO,  para asegurar la calidad de las operaciones, la salud de sus trabajadores y el cumplimiento de toda la reglamentación medioambiental, la empresa, que realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales, certificó su procedimientos de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS 18.000.
No obstante todas estas cucardas, el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 19 horas, se produjo en una fosa dedicada al tratamiento de residuos líquidos,  una violenta explosión en el interior de la planta, que produjo la voladura de los techos de los galpones de la Empresa y la explosión de la cisterna de un camión tanque. Según la información de prensa de la empresa, tres operarios fueron internados en el Hospital de Pacheco en forma preventiva. La empresa quedó inoperante. La onda expansiva del estallido, afecto a más de cinco cuadras a la redonda de la industria siniestrada.
Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.
Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada.
En definitiva, en el municipio de Tigre, estamos ante una amenaza muy grave, que afecta tanto al personal de la incineradora, a la población y el medio ambiente, frente a la cual la comunidad se encuentra totalmente inerme, desprotegida y desinformada.
La falta de control, el abandono, el incumplimiento de las normas vigentes, la desatención de las medidas de seguridad y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, sitúan a los habitantes de una zona densamente poblada de Tigre, en un escenario de máxima emergencia sanitaria y ambiental. 

La otra PELCO
Corresponde dejar aclarado en este punto que el Grupo Pelco, tal cual figura informado en su página Web, tiene a su cargo una segunda planta en el Distrito de Tigre, en la localidad de Benavidez. Según la Empresa, la planta fue montada en función un convenio suscrito con el Municipio de Tigre, para la contratación de mano de obra local y cooperativista a fin de llevar adelante la actividad llamada minería urbana.
La implementación de este centro de tratamiento de RAEE, permite la recuperación de metales y componentes metálicos, a partir del desarme y la clasificación de residuos, como teléfonos celulares o computadoras, para su posterior reutilización.
La planta en cuestión, opera en un predio de 11.000 m2, ubicado con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavídez. El predio fue tomado en posesión por el Municipio de Tigre, en el marco de los artículos 2351 y 2352, del Código Civil, a título de dueña por DECRETO 897/12  (EXPTE. 4112-50362/12) de fecha 05 de julio de 2012.
El 10 de julio de 2012, por RESOLUCIÓN 1372/12, el Municipio de Tigre, Designó a PELCO S.A.  cuidador honorario de los inmuebles en cuestión, dejando constancia, que la designación, se la concede en nombre de la municipalidad, motivo por el cual no cuenta con un mayor o mejor derecho sobre el inmueble, no pudiendo construir ni hacer mejoras en el mismo.
En función de lo expuesto, en este punto estimo que existen elementos de juicio e indicios suficientes como para afirmar que nos encontramos frente a una planta de residuos peligrosos, creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría.
 
En función de lo expuesto, y considerando que la incineradora Pelco, situada en la localidad de Ricardo Rojas, supuestamente cuenta con permiso de vuelco en el arroyo Darragueira, afluente del arroyo Las Tunas, el cual según lo informado por la Sra. Directora Ejecutiva del COMIREC, será considerado en el Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Reconquista, solicite:

  • Se participe oficialmente de la presente elevación, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a la Autoridad del Agua.
  • Se realice una inspección integral de la planta que la empresa PELCO S.A. posee en la localidad de Ricardo Rojas, Tigre, en la calle Saavedra N° 2875 (B1618ACN) a fin de proceder en caso de que corresponda, a su inmediata clausura.
  • Se realice, si es posible en acción conjunta con el OPDS y la ADA, un diagnóstico ambiental, que sirva como base para el proceso de remediación ambiental del predio con cargo a la empresa PELCO S.A.
  • Atento la amenaza ambiental y sanitaria que genera la planta en cuestión, solicito se considere su cierre definitivo y/o traslado.
  • En caso de verificarse un daño ambiental, se inicien las acciones jurídicas que correspondan.
  • Se determine por quién corresponda, si la planta de la Empresa PELCO S.A. ubicada con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavidez, cuenta con las certificaciones técnicas y administrativas para funcionar como tal.
  • En caso de verificarse irregularidades relacionadas con la utilización del terreno, en  el convenio suscrito con el Municipio de Tigre y/o en las certificaciones técnicas y administrativas se proceda a la inmediata clausura de la planta.
  • En caso de determinarse que la Planta fue  creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría, solicito que por donde corresponda, se inicien las acciones jurídicas a fin de determinar las responsabilidades que pudieran caberles tanto a los directivos de la empresa PELCO como a los funcionarios públicos actuantes.

martes, 6 de septiembre de 2016

Un juez ordenó la clausura de la planta de Atanor de San Nicolás.

La medida preventiva la tomó el magistrado Facundo Puente, tras realizar un allanamiento con Gendarmería y Prefectura.
      
El juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor posee en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional (GN) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Por tal razón ordenó la clausura de las instalaciones por considerar que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente.
La medida es el corolario de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 12 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.
En el trámite judicial, , el juez dispuso la clausura provisoria de la planta de síntesis de atrazina de Atanor, medida que estará en vigencia hasta que por disposición judicial quede sin efecto.
También prohibió el ingreso a la planta de camiones que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en el conducto de efluentes. La empresa demandada deberá denunciar y solicitar autorización con antelación suficiente de todo vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, y además declarar los productos que se transporten.


Corroboraciones. En ese sentido, el juez ordenó librar oficios a PNA y GN a fin de corroborar el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina. También pidió a la policía departamental que diariamente corrobore que se acata la clausura y en forma semanal que informe al Juzgado sobre el cabal cumplimiento de la medida.
El juez Puente confirmó que la anterior disposición cautelar, que impedía el volcado de aguas industriales y servidas al río y el uso de agua de napa a gran escala, no era cumplida por Atanor. Esa conducta pone en grave riesgo al ambiente y a la salud pública por lo que la clausura efectuada corresponde por derecho.
También sostuvo que el expediente se encontraba demorado por las intervenciones poco efectivas de los anteriores jueces que llevaron la causa. "Es loable la actitud de un magistrado que viene de otros pagos, y eso parece darle independencia de criterio, ajustada a derecho, nos permitió acceder a una resolución que concuerda con la actuación esperada de la administración de Justicia", indicó el secretario de la organización Protección Ambiental del Río Paraná, Walter Ibarra, un ex empleado de la compañía e impulsor de los reclamos.
"También se permitió que la población se siga enfermando y en algunos casos perdieron la vida. Todo por funcionarios cómplices de la ambición desmedida de los empresarios y sus patrocinadores. Tarde pero, de a poco, conseguimos algo de Justicia", dijo Ibarra, y añadió que "en este momento nos sentimos enormemente agradecidos con todos los que colaboraron con esta causa".
La planta de Atanor en San Nicolás es la única productora y formuladora de atrazinas del Mercosur. Permite satisfacer la demanda del mercado doméstico y genera saldos exportables. Las atrazinas son herbicidas de amplio espectro, usados para el control de malezas de hoja ancha como de gramíneas. En la década del 70 los usuarios y ciudadanos afectados de EEUU, Canadá y Europa lograron restricciones de uso preocupados por la rápida resistencia de algunas hierbas, la escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas.
Antecedentes. Atanor registra hechos de conflictos por contaminación ambiental en esta y otras plantas ubicadas en otras regiones del país. En el caso de una sede emplazada en Vicente López la fábrica estuvo clausurada preventivamente por el municipio.
En 2014, la empresa fue denunciada por un episodio ocurrido en San José de la Esquina en el que el accidente y vuelco de un camión ocasionó el derrame de 18 mil litros de 2,4-D, un poderoso herbicida que Atanor sintetiza en la planta de Río Tercero.


viernes, 29 de julio de 2016

TIGRE – Incineradora PELCO – A menos de 7 días de su estallido, a la planta la ataron con alambre y reinició tareas.

A menos de 7 días del estallido producido en la Incineradora PELCO, ubicada en Saavedra 2875, Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, en un marco de total abandono e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, la empresa reinició tareas en la planta siniestrada.


En este punto corresponde recordar que el pasado 21 de julio de 2016, se produjo una violenta explosión en la Empresa en cuestión, la cual  realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales peligrosos.
Según me informaron de prensa de PELCO, la explosión se produjo en el pozo del sector de tratamiento de líquidos acuosos, como consecuencia de un residuo mal categorizado por parte del generador. Siempre según la Empresa, el incidente no produjo heridos pero sí cuantiosos daños materiales en la planta y sus alrededores. A ello debe sumársele el estallido de la cisterna de un camión que se encontraba estacionado dentro de la empresa. Tres operarios que se encontraban en el lugar fueron atendidos precautoriamente en el Hospital de Pacheco.


Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.


Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada. (Las fotografías expuestas fueron tomadas el día 29/07/2016 a las 12,30 horas)  

De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.

Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo

Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.

El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al ex intendente de Malvinas Argentinas (Córdoba), Daniel Arzani, y al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera, la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.


Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los ex concejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores. La misma acusación recayó para la ex edil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba. Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.


Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.

En detalle

La investigación del fiscal 
Amayusco describe cinco hechos:
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los ex funcionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los ex funcionarios Jorge Ferrari, ex director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas. 
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.

viernes, 22 de julio de 2016

TIGRE – Incineración – Grave explosión en la Incineradora Pelco en Ricardo Rojas.

El 21 de julio de 2016, se produjo una violenta explosión en la Incineradora PELCO, ubicada en Saavedra 2.875, Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, la cual  realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales.
Siempre según la información de su página Web,  para asegurar la calidad de las operaciones, la salud de sus trabajadores y el cumplimiento de toda la reglamentación medioambiental, la empresa certificó su procedimientos de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS 18.000.
No obstante todas estas cucardas, el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 19 horas, se produjo en una fosa dedicada al tratamiento de residuos líquidos,  una violenta explosión en el interior de la planta ubicada en Ricardo Rojas, que produjo la voladura de los techos de los galpones de la Empresa. En principio por efecto de la explosión habría dos víctimas por quemaduras. La empresa quedó inoperante. La onda expansiva del estallido, afecto a más de cinco cuadras a la redonda la industria siniestrada.

Foto exclusiva de "El Tigre Verde"
Corresponde aquí apuntar, que la sucursal PELCO de la localidad de Ricardo Rojas, en junio del año pasado, fue clausurada por Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tras descubrir que en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad. La compañía presentó una medida cautelar ante el juez Luis Arias, quien la rechazó y reafirmó la clausura.
En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hace más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconocía su origen, lo cual incumple toda la normativa que regula la actividad y generando un grave peligro para la salud de los vecinos, dado que en el material decomisado se encontró plomo, mercurio y residuos halogenados. También se encontraron más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.

Trabajo exclusivo para "El Tigre Verde"
La empresa Pelco resulta particularmente peligrosa, dada su proximidad a una zona densamente poblada de los barrios Ricardo Rojas, Parque San Lorenzo y La Paloma. Efectivamente, Pelco se encuentra ubicada a escasos 120 metros de una zona densamente poblada. Los efectos de este incinerador sobre esta franja poblacional, nunca fueron analizados ni estudiados.
La operación "normal" de una planta de esta naturaleza, produce tres tipos principales de "outputs" o salidas de riesgo: (a) Efluentes aerodispersables desde la chimenea; (b) Efluentes gaseosos y particulados por pérdidas en los procesos dentro de la planta, y (c) Cenizas tóxicas que siguen teniendo el carácter de tal aunque se entierren, aíslen o vitrifiquen. En función de lo comentado y a más de un año de la última clausura, hoy vecinos de Ricardo Rojas se han organizado para juntar firmas a fin de solicitar el traslado de  esta sucursal de la incineradora PELCO.
Como antecedente de esta explosión podemos mencionar el incendio y grandes explosiones ocurridas en la Empresa Braunco S.A. el 18 de marzo de 2008, dedicada también a la incineración de residuos industriales, ubicada a no más de 60 metros de la hoy siniestrada PELCO.  

De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde. 

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Río Reconquista – Defensoría del Pueblo reclama por contaminación del arroyo “El Durazno.

La Defensoría del Pueblo, solicitó a la Justicia que intime a empresa que arroja líquidos contaminantes en ese curso de agua. Se trata de una acción sumarísima presentada ante el fuero civil de Mercedes.

La Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó a la Justicia que intime a una empresa de cría de cerdos a que cese de arrojar líquidos contaminantes al Río Reconquista. Se trata de una acción sumarísima ambiental presentada en el Fuero Civil de Mercedes contra Eduvipa S.A., señalada por los vecinos de la zona de contaminar el arroyo El Durazno de Marcos Paz, que desemboca en el Lago San Francisco, donde nace el río Reconquista.
La Defensoría le reclama a la firma “abstenerse de continuar con el vertido de los efluentes líquidos, evitando de este modo la agresión al medio ambiente que va en desmedro de todos los habitantes de la Provincia”, bajo apercibimiento de sufrir sanciones económicas.
La presentación judicial se da luego de la actuación de personal del Área de Medio Ambiente de la Defensoría, quienes concurrieron a reuniones del Consejo Consultivo de Cuenca Media del Río Reconquista, para promover acciones relacionadas con los planes o programas en curso para la preservación de esa región.


El secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, indicó que “en la medida en que se atente contra el medio ambiente se configura el daño con total prescindencia de la actividad industrial que se desarrolle en el establecimiento y de la autorización administrativa que eventualmente pudiera tener para su funcionamiento, por la simple razón de que nadie tiene capacidad para realizar hechos o actos contrarios al ordenamiento jurídico”.
Además, la demanda se basó en las actuaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua y el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, quienes determinaron una serie de irregularidades de la empresa contaminante. 
Los organismos habían señalado que el establecimiento no se encuentra habilitado, y que sus vertidos también están en infracción en relación a las sustancias que emite como la falta de tratamiento o la deficiencia de sus instalaciones.

jueves, 2 de julio de 2015

¿La incineradora PELCO está violando su clausura?

Cumplo en informar que no obstante la clausura sufrida por la Incineradora PELCO, medida esta que fue ratificada por el Juez Luis Arias, la empresa se encontraba en el día de la fecha (02/07/2015) trabajando “normalmente”.
Efectivamente, el OPDS clausuró oportunamente a la Incineradora PELCO, ubicada en Ricardo Rojas, Tigre, en la calle Saavedra a metros del arroyo Darragueira. La inspección determinó la existencia de graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicida.
Se detectaron residuos sin tratar de hace más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconoce su origen; más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.
Como fruto de estas inspecciones, también se detectó que la cooperativa de reciclaje ProEconor, vinculada a Pelco S.A.,  la cual debería dedicarse exclusivamente a la recuperación de materiales como papel, cartón, telgopor o vidrio, y no al tratamiento de residuos peligrosos,  tenía en sus instalaciones residuos altamente tóxicos provenientes de Pelco S.A., motivo por el cual también fue clausurada por el OPDS y el CEAMSE le revocó el contrato para funcionar dentro de su predio.
Ante la clausura, la empresa Pelco S.A., intento obtener una medida cautelar que le permita seguir funcionado,  la cual fue desestimada por el Juez Luis Arias aduciendo que dicha solicitud no podía ser otorgada ante “la gravedad de las imputaciones consignadas en el acta de clausura”.  Además Arias consideró que “las actuaciones dan cuenta de la existencia en la planta de tratamiento de Pelco S.A., de residuos peligrosos almacenados sin su debido tratamiento ni identificación, y presentando en algunos casos derrames debido a su incorrecta disposición, circunstancia que evidencia un potencial peligro de contaminación”.
Resulta dable recordar que esta noticia fue publicada oficialmente por el OPDS en su página oficial en fecha 1/7/2015.
Todo esto viene al caso, atento que en el día de la fecha 02/07/2015, he podido comprobar personalmente que la empresa PELCO, no obstante la gravedad e importancia de las medidas que se tomaron en su contra, se encontraba abierta y trabajando a full. En forma adjunta envío dos fotografías que dan testimonio de mis dichos anteriores.




De Ricardo Barbieri para el TIGRE VERDE.
   

martes, 30 de junio de 2015

TIGRE – Ricardo Rojas – El OPDS clausuró a la “incineradora” PELCO por irregularidades en el tratamiento de residuos peligrosos.

En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hace más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible clausuró la empresa Pelco SA, ubicada en Tigre, tras descubrir que en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad. La compañía presentó una medida cautelar ante el juez Luis Arias, quien la rechazó y reafirmó la clausura.
En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hace más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconoce su origen, lo cual incumple toda la normativa que regula la actividad y generando un grave peligro para la salud de los vecinos, dado que en el material decomisado se encontró plomo, mercurio y residuos halogenados.





También se encontraron más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.
Ahora será la Justicia la que investigará para establecer con exactitud cuáles fueron los motivos que llevaron a la empresa Pelco a cometer estas irregularidades. Para eso, será fundamental desentrañar cuáles fueron los materiales incinerados.
Por su parte, la Cámara Argentina de Industrias para el Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPBA), se despegó del caso y respaldó la clausura de Pelco, al asegurar que “debe ser tomada como un episodio único y aislado, por lo cual vemos oportuna y eficiente la intervención efectuada por el organismo provincial, quien debe velar es su carácter de autoridad de aplicación, por el cuidado del medioambiente y la preservación de los recursos naturales”. Además, CAITPBA mostró su preocupación por los motivos que generaron la clausura de Pelco. 
Además de lo dicho, a continuación publico una serie de fotografías que muestran la manera en que la empresa PELCO, contamina impunemente el arroyo Darragueira.









Notas relacionadas:


martes, 17 de marzo de 2015

Ecuador califica de victoria el fallo de La Haya sobre litigio con Chevron.

Ecuador calificó de victoria el fallo de un tribunal arbitral de La Haya que desestimó la demanda presentada por la petrolera estadounidense Chevron para evitar una multimillonaria condena de la Justicia ecuatoriana por daños ambientales y sociales en la Amazonía.
La Procuraduría General del Estado, informó de que el tribunal internacional falló en concordancia con los argumentos presentados por Ecuador en el caso conocido como “Chevron III”.
Dicho tribunal aceptó la legalidad de un proceso seguido por cientos de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que demandaron a la petrolera por los graves daños ambientales causados entre 1962 y 1990, tiempo en el que Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001, operó en Ecuador.
La Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, pero la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia por considerar que ese fallo fue producto de un fraude en su contra, apoyado por el Gobierno.
Un portavoz de la compañía dijo que la decisión del tribunal de La Haya “no cambia” ese hecho.


Según la Procuraduría, el tribunal internacional no aceptó el argumento de Chevron, que planteaba un supuesto impedimento de ser demandada por terceros porque le protegía un “acuerdo de liberación” de responsabilidades suscrito en 1995 con el Gobierno de entonces.
El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, resaltó el hecho de que el tribunal expresamente concluyera que el acuerdo de 1995 no exoneraba a Chevron de ser demandada por personas a título privado.
“La decisión de hoy significa un paso importante en la dirección correcta y reivindica adecuadamente la posición adoptada por la defensa del Estado en cuanto a que, las cortes ecuatorianas constituyen el foro adecuado para conocer y resolver” los reclamos de los demandantes.
García aclaró, no obstante, que el país “se reserva todos sus derechos con respecto a las decisiones del tribunal, particularmente por haber actuado sin competencia”, entre otros motivos.
Por su parte, James Craig, portavoz de Chevron, recordó, a través de un comunicado, que una corte federal de EEUU., dictaminó hace algunos meses que la sentencia contra la petrolera en Ecuador “fue producto de fraude, corrupción y cohecho”.
Por ello, Craig sostuvo que “la decisión provisional dictada hoy por el tribunal (en La Haya) no cambia este hecho” y “simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, al dictar esa sentencia, violó sus compromisos contractuales” con la petrolera. 
Chevron presentará sus argumentos sobre estos puntos a medida que el arbitraje continúe progresando” y emprenderá acciones para “establecer la responsabilidad del Gobierno de Ecuador, por el papel que ha jugado en la promoción de este caso fraudulento.

martes, 17 de junio de 2014

Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo sigue sin oxígeno.

El proceso de saneamiento del Riachuelo no se refleja en el agua: a pesar de las tareas de limpieza, sigue sin oxígeno; y lo hecho no alcanza para que se empiece a notar una mejora en la calidad del hediondo líquido.
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa bonaerense del río. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas y las discontinuas mediciones de contaminación del río.
En tanto, sobre el varias veces anunciado préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal en la margen izquierda todavía no hubo novedades. Hace más de dos años se licitó la construcción de ese ducto, del desvío bajo Costanera y del Emisario Planta Riachuelo. La función de estos tubos (similares a los que se construyeron para aliviar la carga del arroyo Maldonado) es la de transportar los millones de metros cúbicos diarios de deshechos cloacales hacia las plantas de tratamiento.
Eso sí, se sumó una consultoría para debitar de ese préstamo, por medio millón de dólares, para hacer un "relevamiento patrimonial de la cuenca". La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Ciudad mostraron preocupación por este tema y presentarán un pedido de informes en los próximos días.
"No creemos que sea un tema prioritario. Prioritario es brindar agua segura, relocalizar a las personas de Villa Inflamable, en Dock Sud, concretar los estudios epidemiológicos... Tal vez más adelante, pero no creemos que esta cuestión sea urgente", dijo Andrés Nápoli, de FARN.


Las ONG -a las que se sumó Greenpeace-, que forman parte del cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del fallo que ordena la limpieza del Riachuelo, también reclaman el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo.
"Esto afecta de manera muy directa el proceso. El cuerpo colegiado es un organismo nombrado por la Corte y el defensor es el coordinador del cuerpo; por otro lado, ante la Justicia, y por una resolución, es el único facultado para obrar en el expediente. Siendo que la defensoría es un organismo unipersonal, hoy no hay un coordinador del cuerpo. Entonces, tampoco podría la Corte pedir la opinión del defensor. A eso se agrega que no existe una persona con facultades para requerir pedidos de informes a los organismos públicos", explicó Nápoli.
La obra del colector cloacal sigue negociándose. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo el eje de la avenida Juan B. Justo. La obra del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La construcción debería estar lista en 2019.
Aunque el préstamo del Banco Mundial está aprobado, las empresas piden el mismo trato que tuvo YPF con Chevron respecto del manejo de divisas. Al parecer, sólo se destrabaría luego de nuevas redefiniciones a cargo del Ministerio de Planificación Federal.
En tanto, un informe realizado por Greenpeace sobre la calidad de agua alerta: "Los cursos de agua del Matanza-Riachuelo mantienen niveles de contaminación medios y altos en toda su extensión, tal como ocurría hace seis años".

El informe

Las mediciones incluidas en el informe, se realizaron en dos estaciones: en otoño, de los 45 puntos de monitoreo 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media. Los contaminantes que se midieron son los industriales; es decir, presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.
"No podemos decir que esté peor, pero tampoco se puede evaluar si está mejor. Algunos parámetros mejoraron un poco, aunque hay que tener en cuenta que 2012 fue un año muy malo. Por ejemplo, los puntos en donde mejoraron ya habían tenido ese resultado y luego volvieron a empeorar. Hay que avanzar para que las mejoras se sostengan en el corto, mediano y largo plazo", indicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.


Dudas sobre los contaminantes que soporta.

Los parámetros a tener en cuenta para determinar si un material es contaminante es una discusión que se generó tras el fallo del saneamiento de la Corte. Sin embargo, a casi seis años de aquella decisión judicial, todavía no se sabe qué carga contaminante soporta el Riachuelo.
Esto significa que, por ejemplo, la reconversión industrial que está en marcha podría ser insuficiente. "El sistema de reconversión está creado desde las fuentes hacia el cuerpo receptor, y con las características del Riachuelo no servirá para nada", indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Los límites se fijaron por resolución judicial, pero los estudios para saber cuánta contaminación soporta el río no están listos.
"Según la Acumar, hay 500 empresas reconvertidas en la Cuenca, pero eso no se refleja en la calidad del agua. Lo más afectado es la parte baja, donde está la mayor cantidad de industrias", dijo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.

jueves, 22 de mayo de 2014

Continúa la inscripción al Seminario “Tigre 2050, de la Visión a la Acción” (¿?)

Gestionar responsablemente nuestros desechos es una forma de cuidar nuestro presente y futuro como sociedad.

Se realizará el próximo 28 de mayo con la presencia de importantes especialistas en la materia, funcionarios municipales y nacionales, para conformar una plataforma de diálogo que permita generar acciones concretas de cuidado del medio ambiente.
El Municipio de Tigre, la Unión Empresaria de Tigre (UET) y el Consejo Empresario de Desarrollo Sostenible (CEADS), proponen esta iniciativa que se realizará el próximo 28 de mayo en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, ubicado en Paseo Victorica 902.
“La conciencia social solo se legitima a partir de las acciones concretas y más allá de los obstáculos que se presentan. El objetivo consiste en transmitir la disposición, apoyo y liderazgo, e invitar a todos los grupos de interés, empresas, gobiernos y sociedad civil a sumarse a este a este análisis y esfuerzo” indicó Claudia Kalinec, presidente de la UET.






Contaminación industrial en el arroyo Darragueira, en Ricardo Rojas, Tigre.


Respecto a la convocatoria Kalinec sostuvo que “Estamos ante una oportunidad única y tal vez una de las últimas de evitar una pérdida irreparable para las futuras generaciones. Gestionar responsablemente nuestros desechos es una forma de cuidar nuestro presente y futuro como sociedad. Cada uno desde su lugar puede hacer algo, y es preciso comenzar ahora mismo.”
Asimismo destacó: “lo que buscamos es trabajar juntos desde lo privado, las empresas, con el Consejo Empresario de Desarrollo Sostenible, y el Estado, en este caso el Municipio de Tigre, que nos brinda la posibilidad de llevar a cabo esta iniciativa para pensar juntos y así poder pasar a la acción”.
El programa Tigre 2050 incluye conferencias, mesas de diálogo y paneles de debate en torno a políticas de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Esta actividad se encuentra auspiciada por distintas instituciones del ámbito privado y público, aspirando a convertirse en un espacio de información, actualización y debate en la materia.
Los interesados en participar pueden inscribirse o recabar mayor información a través del correo electrónico de la Unión Empresaria de Tigre: info@uet.org.ar.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Ya son 442 las empresas reconvertidas de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.


El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI).  Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar. 
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.

miércoles, 30 de octubre de 2013

En octubre ACUMAR clausuró 9 empresas y declaró otras 25 reconvertidas.

La Coordinación de Fiscalización de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo continúa realizando clausuras a empresas que no cumplen con las normas ambientales vigentes y declarando reconvertidas a las empresas que concluyeron su Plan de Reconversión Industrial.
Durante el mes de octubre, la ACUMAR realizó clausuras de vuelco a las empresas Automóviles San Jorge S.A., Curtiembre Ángel Giordano S.R.L, Isis Cuero S.A., Patricia Elizabet Baccari, L.F.L.L SRL y Cueva Burga Marco Antonio. Araujo Giménez Edilberto y Ojeda Roberto Néstor y O Meplaq recibieron clausuras totales y Gómez Jorge Paulino clausura correspondiente a la zona de calderas.


Estas medidas continuarán vigentes hasta que las empresas acrediten ante el organismo que el vuelco cumple con los parámetros ambientales establecidos.
También se declararon reconvertidas a 25 empresas, entre las que se encuentran Tambores del Sur, La Fuente Combustibles, Biotenk y Nuevos Rumbos. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR. 
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar. 
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 409 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.

N de la R: Respecto al río Reconquista, cabe recordar que el COMIREC, todavía no pudo determinar las características, cantidad y ubicación de industrias que existen en esta cuenca. RAB 

martes, 29 de octubre de 2013

ABRIRÁN UNA PASTERA GIGANTE A 48KM DE LA COSTA DE SAN ISIDRO.

Será en el primer trimestre de 2014. Ya están haciendo pruebas de producción. Fabricará 1.300.000 toneladas de pasta de celulosa.

Mientras se reaviva el conflicto binacional por Botnia-UPM, Uruguay está a punto de concretar su proyecto más ambicioso: Montes del Plata, a 48 km de San Isidro. Una de las pasteras más grandes del mundo está prácticamente terminada entre bellos montes sobre el Río de la Plata en Punta Pereyra, Conchillas.
Según el último censo, Conchillas tiene 1.060 habitantes. Pertenece al departamento de Colonia del Sacramento, y ganó el premio “Pueblo turístico del año” otorgado por el Ministerio de Turismo uruguayo.
La alianza entre la empresa chilena Arauco y la sueco–finlandesa Stora Enso, invirtió 1.900 millones de dólares para producir 1.300.000 toneladas de celulosa por año, y así superar a UPM. Fuentes de la empresa dijeron que “se está en etapa de pruebas y puesta a punto de las diferentes áreas”, y que en las obras “trabajan 4.650 obreros, de los cuales el 70% son uruguayos”.
Confirmaron que “el avance del proyecto es del 93%”. El vicepresidente ejecutivo de Arauco, Matías Domeyko, informó que la puesta en marcha será en el primer trimestre de 2014. Creen que el nuevo año traerá el anhelado “start up”, cuando caigan los primeros chips al digestor. El proyecto integral es de 500 hectáreas, con puerto, zona franca y planta propia de energía, cuyo excedente se venderá al Uruguay.


Un puerto con dos muelles. La geografía fue determinante. Desde la empresa, el ingeniero Luis Ceiter dijo en el mes de agosto, según la agencia AFP, que la zona se eligió “por su provisión de agua dulce, la existencia de un caudal adecuado para enviar el efluente, y una justa vinculación –cercanía y lejanía– con los centros poblados”. El transporte se repartirá entre rutas y ríos. A sólo 800 metros se ubica el canal Martín García, Río de la Plata. Por eso el puerto tendrá dos muelles. Por el mayor, saldrá la producción hacia Europa, Estados Unidos y Asia. Por el menor, ingresarán barcazas con materia prima de las plantaciones forestales que Montes del Plata tiene en 155 mil hectáreas del mapa uruguayo.
Desde aguas arriba del río Uruguay, en Fray Bentos, una de las proveedoras de rollizos será Mbopicuá, que funciona en el predio donde se iba a ubicar la española ENCE, y pertenece a Montes del Plata. El proyecto encontró algunos problemas con gremios y rechazo de grupos ambientalistas que objetan el modelo forestal. Facebook reúne el grupo “No queremos a Montes del Plata en Punta Pereyra”.
Ríos de conflictos. Montes del Plata avanza a paso firme, pero quizás sufra algunos escollos impensados, coletazos del renovado conflicto binacional. El ingeniero Ceiter advirtió que “una condición básica era que el proyecto estuviera sobre el Río de la Plata y no sobre el río Uruguay”.


¿Por qué el río Uruguay trae más problemas limítrofes que el Río de la Plata? Así como para el río Uruguay funciona la compartida Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con sede en Paysandú, también existe la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), con sede en la isla Martín García, que suele sesionar en una oficina porteña, en Paraguay y Lavalle.
La CARP, creada según acuerdos binacionales de 1973-1974, tiene un estatuto de funcionamiento muy similar a la CARU, pero una diferencia sustancial: no contempla “mecanismos de consulta previa” para obras sobre el río.
Frente al vacío normativo, el gobierno argentino no puede reprochar esa omisión, tal como lo hizo en el caso Botnia. De todos modos, el conflicto irresuelto puede salpicar algunos planes de Montes del Plata y Uruguay para los próximos meses.
El proyecto pastero necesita del dragado del río Uruguay para el mejor tránsito de las barcazas desde Mbopicuá hacia Conchillas. Y a la vez, requiere del dragado del canal Martín García para la salida de la exportación. La CARU debe resolver el dragado del río Uruguay. La CARP tiene que decidir sobre el Río de la Plata.

Fuente: Diario Perfil

viernes, 4 de octubre de 2013

Otro peritaje científico ratifica a la Justicia el daño que causa Minera Alumbrera.

La Justicia Federal cuenta con otro estudio surgido desde la órbita del Conicet y la UBA que confirma el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera. "Gran negligencia en el tratamiento de efluentes".
El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán cuenta con un nuevo estudio científico que ratifica el daño que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca Salí-Dulce. Se trata de nuevas pruebas que acercan a directivos de la empresa a su procesamiento en el marco de una causa impune que ya lleva 14 años.
El Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal, Fernando Luis Poviña, un informe en el que se asevera la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”.


El informe, cuya fecha es del 12 de agosto, también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.

La tercera prueba en un año que allana el camino a un posible juicio.

El informe al que se hace mención tiene su origen en el allanamiento realizado en septiembre de 2012 a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta). Desde aquí se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, a partir de tomas de muestras, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “eco tóxicos”.
A estas pruebas, se le suma la consulta realizada en julio por Poviña a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes manifestaron al magistrado que “no existen concentraciones mínimas seguras, ante la exposición de dichas sustancias”.
“Con todos estos elementos, exigimos como querellantes, el inmediato procesamiento de los directivos responsables de Minera Alumbrera y de autoridades de la Dirección de Minería de la provincia, por ser cómplices de este delito de lesa humanidad y ecocidio”, afirmó Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa.
“No hace falta que se pruebe que existe más de una sustancia que viole las normas vigentes. Pese a que se determinó que hay varios metales pesados contaminantes en el agua, sólo con la excedida presencia del cobre ratificada por el IEGEBA, ya se comprobó claramente que hay una afectación a la salud pública y, por ende, un delito”, agregó Iván Berkman de la organización Conciencia Solidaria.


Un dato no menor se desprendió a partir de esta suma de pruebas que comenzaron a apilarse en el despacho del Juzgado Federal Nº 2: semanas atrás Poviña a remitió oficios a la Dirección de Minería, al Registro Público de Comercio, a AFIP y a la Inspección de Persona Jurídica para que se le informe cuál es la composición societaria y nombres de los directivos de la minera desde el año 2000. También se requirió datos sobre en cuáles cargos se desempeñaban cada uno de los empresarios.
Se especula que esta medida apunta a determinar los responsables del delito de violación de la ley 24.051 para su citación a declaración indagatoria.

Más de una década en busca de Justicia.

La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente. 
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se afirmó que se cumple con la totalidad de los parámetros establecidos por resolución N° 030 del Siprosa (mucho más permisiva que la ley federal 24.051) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.