Mostrando entradas con la etiqueta Judiciales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Judiciales. Mostrar todas las entradas

jueves, 1 de diciembre de 2016

Se aprobó la Ley de Humedales a medida de los gobiernos provinciales.

El Senado de la Nación finalmente le dio sanción a la Ley de Protección de Humedales. A pesar de tratarse de una legislación nacional de presupuestos mínimos de carácter federal, varios artículos fueron modificados incluso durante la misma votación para darle una mayor injerencia a las Provincias, con gobiernos que quieren continuar profundizando el modelo extractivo. Algunos senadores impusieron así la posibilidad de decidir las áreas que serán explotadas con fines productivos, con criterios laxos en el ordenamiento territorial de humedales, y sin moratoria.
La coyuntura no resultaba favorable. A pesar de que las organizaciones sociales y ambientales llevan trabajando tres años en la discusión específica de la Ley, algunos senadores expresaron hasta ayer mismo desconocer de qué se trata el proyecto. En ese marco, la semana pasada el recinto votó que se volviera a discutir en comisiones, a pesar que sólo restaba una sesión ordinaria. Algunas voces advirtieron que la Ley estaba "herida de muerte", pues corría grave peligro de perder estado parlamentario. En este contexto, debieron aceptarse negociaciones de último momento, que le restan poder a la iniciativa legislativa como herramienta para proteger los humedales.
Así, el futuro de estos ecosistemas que tienen gran responsabilidad en regular los ciclos hidrológicos, incluyendo la posibilidad de mitigar las inundaciones severas, estuvo signado por una dinámica parlamentaria particular. En el debate previo, el senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) -autor principal del dictamen de mayoría- intentó enfatizar que "lo siento como un proyecto de todos". Aclaró que "promovimos un gran debate desde mayo", convocando a dos audiencias públicas. Aun así, "no fue suficiente" y a pedido de senadores "se hicieron 26 modificaciones", incluyendo cambios en 18 de los 20 artículos de lo que fuera presentado como el proyecto de consenso.
En esa instancia, como en los días previos fue el senador Alfredo De Angeli (PRO - Cambiemos) el encargado de sembrar dudas: "Nosotros estamos muy preocupados, porque tenemos que volver a las provincias y contarles a los productores por qué se votó la Ley de Humedales". También advirtió que con la Ley no se podrían realizar obras de infraestructura de defensa de las inundaciones porque se harían sobre humedales, cuando justamente son estos ecosistemas los que naturalmente previenen de las inundaciones severas. En los días previos, se conoció que el Ministro Rogelio Frigerio tiene interés en construir un barrio náutico en Villa Paranasito, sobre humedales entrerrianos. De Angeli  se mostró preocupado porque "no se podrían construir caminos".



La letra achica

A la hora de la letra chica de la Ley de Humedales, sin embargo, fue la senadora Graciela De la Rosa (FpV), de Formosa, quien se encargó de corregir el llamado "proyecto de consenso", incorporando algunos cambios considerables con el argumento de defender a las provincias. Así por caso en la discusión del artículo 5°, la senadora incluyó  la potestad de las provincias como "autoridades competentes" de la Ley, y extendió de dos a tres años el plazo para confeccionar el Inventario de Humedales. Este último punto ya había sido presentado por el propio gobierno nacional, cuando lanzó su iniciativa de hacer el Inventario, expresó que "tomará al menos tres años". Resulta un dato importante, porque recién luego de esta tarea, las Provincias tendrán dos años más para hacer su "Ordenamiento Territorial de Humedales", según el artículo 12.
Este punto se conecta con otra cuestión clave: el proyecto resultante de la negociación y el consenso no incluye una cláusula precisa de moratoria respecto al avance sobre los humedales hasta tanto no se cuente con el inventario y el ordenamiento. Resulta así una Ley sin poder de acción efectivo, porque habrá al menos 5 años (3 de Inventario nacional, 2 de Ordenamiento provincial) para que se negocie la ocupación extractiva sobre los humedales. La herramienta de la moratoria resultó fundamental en la Ley de Bosques, sancionada en 2006, como recuerda María Eugenia Testa, ex integrante de Greenpeace. Sin moratoria, hay riesgo de mayor "corrupción y el otorgamiento especulativo de permisos".
Otro aspecto regresivo del debate final en el recinto fue la exclusión explícita de los salares como ámbito de aplicación de la Ley, por pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR) de Jujuy, con el fin confeso de no afectar los intereses de la minería de litio. Lo había intentado desde el principio la senadora Inés Blas (FpV), quien pidió alterar el objeto mismo de la Ley, pero en ese momento Pino Solanas logró que no se modificara. Sin embargo, con la excusa de que se incorporó un nuevo artículo más adelante, Giacoppo volvió a sacar el tema y se incluyó como artículo 14 -sin correlación alguna con los otros artículos- la excepción de los salares, agregando que "serán objeto de una regulación específica".



¿Una cuota de optimismo?

La sanción definitiva de la Ley de Humedales, no obstante todas las falencias señaladas, aún puede resultar una herramienta útil para el movimiento ambientalista. Si tomamos los casos de las Leyes de Bosques y de Glaciares, que son antecedentes directos, como señaló la senadora Magdalena Odarda -otra de las impulsoras de esta Ley-, entonces se debe aprender de estas experiencias. Ninguna de esas legislaciones tuvo una aplicación efectiva en toda su magnitud, porque tal vez se descuidó el seguimiento de la normativa luego de conseguida la sanción. En el caso de Bosques tuvo cierta incidencia, ayudada por la moratoria, aunque la pelea fue desigual en las distintas provincias que hicieron su ordenamiento. En el caso de Glaciares, la tarea del Inventario recayó en la Nación, pero todavía su avance es muy lento y sin seguir las prioridades pautadas.
También el año pasado, cuando la Ley de Humedales corría riesgo de no ser tratada en Diputados, existieron voces críticas desde algunas organizaciones ambientalistas porque la legislación no representaría ningún punto concreto. Pero otras organizaciones, sobre todo con base en el Litoral, argumentaron la importancia de que existiera una Ley, y en ese sentido aún en el peor de los casos obliga a los gobiernos provinciales a tener que tratar la cuestión. De aquí entonces se abre una agenda a mediano plazo que debe seguirse en cada territorio, además de solicitar el Inventario a nivel nacional, pidiendo también incluso que haya legislaciones provinciales, que algunos senadores expresaron como la solución. 
Por cierto que los graves problemas ecológicos, y en particular con el caso de las inundaciones severas, no admiten tiempos dilatados en tomar medidas concretas. La realización efectiva del Inventario de Humedales, en este punto, debe ser también otra herramienta para seguir poniendo el tema en agenda, a la vez que recordando su importancia ante eventos concretos como las inundaciones. Y mientras que la Ley les dio un lugar relevante a los gobiernos provinciales -como puerta para seguir con el extractivismo- debe señalarse el carácter federal e incluso interjurisdiccional de muchos humedales. Con todo ello, los dirigentes ambientalistas -provenientes de ONGs- involucrados en el gobierno nacional también deberían tomar partido definitivo por los humedales en la reglamentación y aplicación de la Ley.

jueves, 27 de octubre de 2016

TIGRE: Justicia procesó al Fiscal Julio Novo por encubrimiento al narcotráfico.

La Justicia procesó hoy al suspendido fiscal de San Isidro, Julio Novo, por encubrimiento al narcotráfico. La decisión la tomó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una causa en la que Novo fue acusado de otorgar protección judicial a una banda de narcotraficantes colombianos que operaban en Argentina y está vinculada con los asesinatos cometidos en 2008 y 2009, el más paradigmático el del Unicenter.
La Justicia, también procesó a sus adjuntos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y a sus secretarias Melisa Rey y Mariana Busse.
La causa abierta contra Novo es la 3468 y en esa se investigan la participación que el representante de Ministerio Público tuvo en casos resonantes como los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de efedrina, la detención del narco colombiano “Mi Sangre” y el lavado de dinero en barrios privados de Tigre.


Efectivamente, en el año 2014, con el objeto de asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas, el juez Alberto Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA.
Walter Mosca, al parecer era el nexo argentino de la banda para la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado Nordelta.


Ese proceso se inició a raíz de una denuncia del fiscal de San Isidro Luis Angelini, quien investigaba las muertes de Unicenter, y de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, registradas en 2009 frente a un local de venta de motos de agua, en San Fernando.
Lo preocupante del caso es que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas involucran, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor, por parte de sus superiores jerárquicos. Lo que se tradujo en un grave perjuicio para la administración de la Justicia, y hace temer y presumir una conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la Fiscalía General. 
Un mes después, en noviembre, la Corte Suprema Bonaerense lo suspendió a raíz de esta causa en la que ahora se lo procesó. 

lunes, 19 de septiembre de 2016

TIGRE – Barrios privados – Colony Park – Justicia procesó a directivos de Colony Park y funcionarios públicos municipales trabándoles embargos por cifras que van de los 5 a los 35 millones de pesos.

El pasado 15/09/2016, la Jueza Federal Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, dictó en la causa que lleva el número FSM 439/13 (ex nro. 8951/11), caratulada “SCHWARTZ Adrián Gabriel y otros s/ denuncia” del registro de este Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, Secretaría n° 2, a cargo de Juan Cruz Schillizzi, una resolución en la cual, da por probado que la firma “Colony Park S.A.” realizó trabajos de dragado y relleno en el Canal Vinculación y el Río San Antonio; al tiempo que la firma “Parque de la Isla” además de hacer lo propio en aquel Canal y en el Río Luján, dragó y ensanchó la boca de entrada del arroyo Pacú, circunstancias estas que acreditan que los responsables de las firmas alteraron vías navegables de jurisdicción nacional y Provincial; lo relevante de estos hechos es que dichos trabajos de dragado nunca se podrían haber llevado delante de acuerdo a las normas que regulan la gestión y desarrollo sustentable del medio ambiente; ninguna de las firmas recabó la declaratoria de impacto ambiental y, por tanto, culminó los trámites inherentes a la habilitación; los trabajos de dragado provocaron modificaciones sobre los ríos, arroyos y cursos de agua que el Estado, en definitiva, no había consentido; Siendo ello así, toda vez que los ríos, arroyos y cursos de agua son bienes de uso público, se impone concluir que aquellas modificaciones constituyeron un daño agravado en los términos del artículo 184 inc. 5° del Código Penal.  
En función de lo expuesto, la Juez Federal resolvió:


1.      EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE HUGO DAMIAN SCHWARTZ, por encontrarlo prima facie autor mediato de los delitos de daño agravado y estrago los cuales concurren realmente entre sí, MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 35.000.000) treinta y cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN).
2.      AMPLIAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, RESPECTO DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ y EDUARDO HÉCTOR CARRASCO, por encontrarlos prima facie autores mediatos del delito de estrago, el cual concurre en forma real con el hecho por el cual fueran procesados el 15 de noviembre de 2012 (arts. 45, 55 y 187 en función del art. 186 inc. 1° del CP; y art. 310 del CPPN).
3.      AMPLIAR EL EMBARGO SOBRE LOS BIENES DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ y EDUARDO HÉCTOR CARRASCO hasta cubrir la suma total de ($ 35.000.000), treinta y cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN), respecto de cada uno de ellos.
4.      DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE FRANCISCO JOSÉ BILLOCH, por encontrarlo prima facie autor mediato del delito de daño agravado (arts. 45, 184 inc. 5° del CP; y art. 310 del CPPN), MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 25.000.000) veinticinco millones de pesos (art. 518 y cctes. del CPPN).
5.      DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DE JOSÉ MANUEL MOLINA (ex Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), ANA MARÍA CORBI(ex Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), ANTONIO GRANDONI (ex Secretario de Inversión Pública de la Municipalidad de Tigre), CARLOS ALFREDO VITTOR (Secretario de Control Urbano y Ambiental del Municipio de Tigre) Y EDUARDO MARIO CERGNUL (ex Secretario de Gobierno del municipio de Tigre), por encontrarlos autores del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 45 y 248 del CP; y 310 del CPPN), MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de ($ 5.000.000), cinco millones de pesos (art. 518 y cctes. Del CPPN), respecto de cada uno de ellos.
6.      DISPONER EL SOBRESEIMIENTO DE CARLOS MARIO BENI, SERGIO MANUEL RAPOSEIRAS, DIEGO MARTIN DOUSDEBES, NORBERTO NELIO NINI, JOSÉ JAVIER CEBALLOS Y EDUARDO GABRIEL CUTROPÍA, en orden a los hechos por los cuales fueran indagados, con expresa mención que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor del que hubieren gozado (art. 334 y 336 inc. 4° del CPPN).
7.      DISPIONER EL SOBRESEIMIENTO DE ADOLFO VOLODI BERESTAVOY en virtud de que la acción penal se ha extinguido a su respecto por muerte, debiéndose proveer lo que corresponda en el respectivo incidente de embargo (art. 336 inc. 1° del C.P.P.N. en función del inc. 1° del art. 59 del C.P.N.).
8.      RECHAZAR LOS PLANTEOS DE NULIDAD FORMULADOS POR JOSÉ MANUEL MOLINA, NORBERTO NELIO NINI, JOSÉ JAVIER CEBALLOS Y EDUARDO GABRIEL CUTROPÍA, de conformidad con lo dispuesto en el considerando X, adjuntado copia de esta pieza en cada incidente para que, en su caso, siga el trámite por separado (art. 340 CPPN).
9.      CITAR A HUGO DAMIAN SCHWARTZ, FRANCISCO JOSÉ BILLOCH, JOSÉ MANUEL MOLINA, ANA MARÍA CORBI, ANTONIO GRANDONI, CARLOS ALFREDO VITTOR Y EDUARDO MARIO CERGNUL, para que concurran dentro de los tres (3) días de notificados, con el propósito de imponerlos de la obligación de no mudarse o ausentarse de su domicilio por más de 48 hs. sin dar noticia previa a este tribunal y como así también de comparecer a este Tribunal en toda oportunidad que se lo convoque.

De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.

jueves, 15 de septiembre de 2016

TIGRE Resolución de Cámara Federal beneficia la situación de Venice Ciudad Navegable.

El 8 de septiembre de 2016, la Cámara Federal de san Martín – Sala II, resolvió en los autos caratulados Querellante: Ferreccio Altube, enrique Carlos y Otro denunciado: Gómez Prieto, Marcelo Rodolfo s/Legajo de apelación:
1.      Rechazar por improcedente el recurso de la Querella.
2.      Declarar la incompetencia de la justicia federal para seguir entendiendo en el presente expediente, y Remitirlo al Juzgado de 1era Instancia en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro que por turno corresponda, para que siga conociendo en el mismo.
3.      Confirmar la clausura preventiva de la obra denominada “Venice Ciudad Navegable” de “Marina Río Luján S.A.” pero disponiendo la caducidad de pleno derecho de esta medida cautelar al cumplirse el plazo de sesenta (60) días hábiles a computar desde su imposición el 1° de julio por el juzgado “a-quo”, salvo que antes la justicia provincial adopte otro temperamento.



De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde. 

martes, 6 de septiembre de 2016

Un juez ordenó la clausura de la planta de Atanor de San Nicolás.

La medida preventiva la tomó el magistrado Facundo Puente, tras realizar un allanamiento con Gendarmería y Prefectura.
      
El juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor posee en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional (GN) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Por tal razón ordenó la clausura de las instalaciones por considerar que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente.
La medida es el corolario de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 12 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.
En el trámite judicial, , el juez dispuso la clausura provisoria de la planta de síntesis de atrazina de Atanor, medida que estará en vigencia hasta que por disposición judicial quede sin efecto.
También prohibió el ingreso a la planta de camiones que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en el conducto de efluentes. La empresa demandada deberá denunciar y solicitar autorización con antelación suficiente de todo vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, y además declarar los productos que se transporten.


Corroboraciones. En ese sentido, el juez ordenó librar oficios a PNA y GN a fin de corroborar el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina. También pidió a la policía departamental que diariamente corrobore que se acata la clausura y en forma semanal que informe al Juzgado sobre el cabal cumplimiento de la medida.
El juez Puente confirmó que la anterior disposición cautelar, que impedía el volcado de aguas industriales y servidas al río y el uso de agua de napa a gran escala, no era cumplida por Atanor. Esa conducta pone en grave riesgo al ambiente y a la salud pública por lo que la clausura efectuada corresponde por derecho.
También sostuvo que el expediente se encontraba demorado por las intervenciones poco efectivas de los anteriores jueces que llevaron la causa. "Es loable la actitud de un magistrado que viene de otros pagos, y eso parece darle independencia de criterio, ajustada a derecho, nos permitió acceder a una resolución que concuerda con la actuación esperada de la administración de Justicia", indicó el secretario de la organización Protección Ambiental del Río Paraná, Walter Ibarra, un ex empleado de la compañía e impulsor de los reclamos.
"También se permitió que la población se siga enfermando y en algunos casos perdieron la vida. Todo por funcionarios cómplices de la ambición desmedida de los empresarios y sus patrocinadores. Tarde pero, de a poco, conseguimos algo de Justicia", dijo Ibarra, y añadió que "en este momento nos sentimos enormemente agradecidos con todos los que colaboraron con esta causa".
La planta de Atanor en San Nicolás es la única productora y formuladora de atrazinas del Mercosur. Permite satisfacer la demanda del mercado doméstico y genera saldos exportables. Las atrazinas son herbicidas de amplio espectro, usados para el control de malezas de hoja ancha como de gramíneas. En la década del 70 los usuarios y ciudadanos afectados de EEUU, Canadá y Europa lograron restricciones de uso preocupados por la rápida resistencia de algunas hierbas, la escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas.
Antecedentes. Atanor registra hechos de conflictos por contaminación ambiental en esta y otras plantas ubicadas en otras regiones del país. En el caso de una sede emplazada en Vicente López la fábrica estuvo clausurada preventivamente por el municipio.
En 2014, la empresa fue denunciada por un episodio ocurrido en San José de la Esquina en el que el accidente y vuelco de un camión ocasionó el derrame de 18 mil litros de 2,4-D, un poderoso herbicida que Atanor sintetiza en la planta de Río Tercero.


viernes, 26 de agosto de 2016

TIGRE – Con complicidad Municipal, continúan desarrollándose Mega emprendimientos inmobiliarios clandestinos en el Delta del Paraná.

En el Delta de Tigre las obras de megaemprendimientos no están frenadas. Avanzan con la impunidad empresarial y la complicidad municipal.
Saliendo del río Tigre, cruzando el Luján y entrando en el A° Gambado, justo en una curva que supo ser muy arbolada y daba la bienvenida a quién entrara en los ríos del Delta, está el Arroyo “Cruz del Gambado”. Más conocido como “Leber” apellido de su propietario. En esa hermosa confluencia con el Arroyo Gambado, a unos 10 minutos de Tigre continente, se lleva adelante un emprendimiento al estilo Colony Park.
Detrás de esa arboleda, en los últimos años, los vecinos, biólogos y naturalistas han avistado en el área la presencia de gran biodiversidad representada en más de 100 especies de aves deltaicas, lobitos de río, tortugas, cuises, nutrias... Todas especies de difícil observación en ámbitos tan cercanos al continente. Era un área de visita de muchos kayakistas y amantes del delta.
En Febrero de 2016, desembarcan allí dos máquinas retroexcavadoras que inician su trabajo rellenando la isla y los pajones del centro, tumbando especies de árboles, desalojando aves y al bichaje isleño. La Chata IMPACTO, con su pala mecánica abre un canal artificial clandestino. El desastre ambiental avanzó impunemente.
Los vecinos denuncian el emprendimiento clandestino, el 17 de febrero inspectores de la Municipalidad de Tigre desde la unidad ejecutora del “Plan de manejo del delta”, a cargo de Leticia Villalba CLAUSURAN LA OBRA e informan a vecinos que la única autorización que tienen de obra en la “Quinta Leber” es de DESMONTE SIN MÁQUINAS.
El 18 de Febrero de 2016, se viola la faja de clausura y comienzan los trabajos de las dos retroexcavadoras. Hoy solo queda una cortina de árboles que esconden el desastre ambiental que han decido hacer los pequeños emprendedores con aspiraciones a grandes proyectos rentables. Los socios del proyecto son German Leber y Martin Rivas, diseñador de la web turística “Welcome Tigre”: http://welcometigre.com
Este pequeño emprendimiento además de desmontar el área, rellenar el centro de isla y destruir el hábitat de infinidad de especies, no ha realizado los trámites legales acorde a su envergadura. Por ley (N° 11.723), en aquellos emprendimientos que realicen movimientos de suelos, canalizaciones y desmontes deben presentar el proyecto al OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable) con su debido Informe de Impacto ambiental. Para ser aprobado tienen que realizar una audiencia pública donde participe la comunidad, luego ser revisado por los organismos competentes, mientras hacer trámites en otras dependencias provinciales. Nada de esto se realizó. Razón que hizo que la obra sea clausurada por la municipalidad. Pero allí siguen las máquinas trabajando.





Desde entonces los vecinos venimos denunciando a la municipalidad que las obras avanzan pese a la clausura. Leticia Villalba nos respondió en marzo por mail y por teléfono que la obra estaba clausurada. En la primera semana de julio tuvimos audiencia con ella y representantes de otras organizaciones sociales donde nuevamente aseguró que estaba clausurada. Ante nuestras pruebas de que el emprendimiento avanzaba, nos contestó que eso ya está tramitado en la Secretaría de Obras Particulares y que debían clausurarla una cierta cantidad de veces para luego poder iniciar una causa legal por romper la faja de clausura. La secretaria aseguró que la municipalidad no cuenta con instrumentos legales para ejercer su poder de policía frente a estos hechos.
Sin embargo, los daños a los bienes de dominio público son argumento suficiente para iniciar causas legales y para la intervención municipal, que ahora, a partir del Fallo de la jueza Arroyo Salgado cuenta con la legitimidad legal para intervenir directamente.
Lo cierto es que esta “incapacidad” municipal es cómplice del desastre ya que mientras van y vienen los papeles de la clausura las obras van avanzando. Esto sucedió con Colony Park y con todos los barrios cerrados. La flexibilidad municipal y la política de hechos consumados de los megaemprendedores, van de la mano. Y si no hay dinero dando vueltas, hay un consenso en que el modelo de desarrollo es el del capital inmobiliario financiero, que depreda y desplaza a las poblaciones locales. Modelo de desarrollo inmobiliario que destruye el humedal y despoja a la comunidad isleña. Al destruir el humedal se destruye el modo de vida isleña.
Este no es el único emprendimiento en el Delta. A metros en el Canal Buenos Aires, en enero y febrero se desmontaron, canalizaron y rellenaron varias hectáreas con el objetivo de ser loteadas. En el A° Toro se vende en Facebook un loteo “Puertos del Toro” donde han canalizado y rellenado los lotes vendiéndose con la estética de un barrio cerrado. Todos han sido denunciados y L. Villalba  asegura que todos están clausurados, pero las obras siguen y siguen… 
En el marco de la causa penal contra todos los barrios cerrados de la Cuenca del Luján, la jueza Arroyo Salgado ha resuelto que la Municipalidad de Tigre sigue aprobando proyectos sin las condiciones debidas y ya no puede seguir haciéndolo, instando al municipio a que cumpla sus deberes de funcionarios públicos en efectivizar las clausuras. Qué esperan?

martes, 23 de agosto de 2016

TIGRE: Delta del Paraná - Incendian Cooperativa de Junqueros del Delta

El lunes 22 de agosto de 2016, fue incendiado el galpón de la cooperativa ubicada en el arroyo Anguila y Paloma, en la primera Sección de las Islas del Delta del Paraná. Los pobladores isleños vieron salir una lancha a toda velocidad de la cooperativa y una gran llama detrás. El galpón quedo en cenizas, perdiéndose la totalidad de las maquinarias, las herramientas y los materiales de trabajo que estaban dentro, como también los materiales de formación y difusión.
La cooperativa Isla Esperanza nace en el año 2010 en respuesta a los desalojos violentos e ilegales, en los que la empresa Colony Park S.A, atropelló los derechos de las familias isleñas.



La cooperativa Isla Esperanza se fue organizando en pos de defensa del territorio, de la generación de trabajo digno para las familias isleñas y en defensa de los humedales. 
Como consecuencia de la creciente especulación inmobiliaria, la comunidad ha recibido todo tipo de amenazas y ataques, situación está que tuvo como desenlace el incendio de las instalaciones de la Cooperativa. Pero este ataque se encuadra en una serie de hechos violentos que se han ido sucediendo. La empresa interesada en apropiarse del territorio para la construcción de countries es Colony Park S.A, empresa vinculada a funcionarios del actual gobierno, empresa que ha llevado a cabo una infinidad de acciones para imposibilitar la permanencia en el territorio de las 10 familias nucleadas en la organización.

viernes, 29 de julio de 2016

Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo

Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.

El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al ex intendente de Malvinas Argentinas (Córdoba), Daniel Arzani, y al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera, la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.


Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los ex concejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores. La misma acusación recayó para la ex edil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba. Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.


Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.

En detalle

La investigación del fiscal 
Amayusco describe cinco hechos:
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los ex funcionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los ex funcionarios Jorge Ferrari, ex director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas. 
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.

miércoles, 27 de julio de 2016

TIGRE – Venice Ciudad Navegable – Justicia rechazó recurso de reposición y concedió recurso de apelación.

En atención al incidente originado con motivo del recurso de reposición deducido por la defensa de Marcelo Rodolfo Gomez Prieto, en representación de “Marina Río Luján S.A. Dres. Martín Maschwitz y Esteban R. Vergara, contra la resolución del pasado 1° de julio, en la que se dispuso preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes al emprendimiento denominado “VENICE CIUDAD NAVEGABLE”, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto y CONCEDER el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por los citados  letrados, conforme lo normado por el art. 450 C.P.P.N.

De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.



viernes, 15 de julio de 2016

BARRIOS PRIVADOS - Publico Fallo del Juzgado Federal de Campana

Hoy publico el Fallo del Juzgado Federal de Campana, que impide la aprobación de nuevos proyectos de construcción de barrios privados en Escobar y Pilar.
Ricardo Barbieri.


JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA
FSM 21740/2015
//pana, 5 de julio de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el presente expediente nro. FSM 21740/2015 caratulado “N.N. S/ Incendio u otro estrago con peligro de muerte”, del registro de la Secretaría Penal nro. 1 de este Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que en el marco del expediente nro. FSM 75001619/2011 del registro de la Secretaría Penal Nro. 1 de este Tribunal, iniciado con fecha 23 de mayo del año 2011, en razón de la denuncia interpuesta por un grupo de vecinos de la ciudad bonaerense de Belén de Escobar de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Viviana Raquel Rebasa con el patrocino letrado del Dr. Ferrecio Altube; se denunció, en cuanto a lo que aquí importa, una sucesión de eventos en orden al delito de estrago ambiental doloso seguido de muerte, provocado por las inundaciones que tuvieron lugar a causa de las fuertes precipitaciones de los últimos años, como consecuencia de la construcción de distintas urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en las jurisdicciones de Escobar y Pilar de la provincia de Buenos Aires.
Luego de ello, con la ampliación de denuncia realizada el pasado 24 de abril del año 2015, por el grupo de vecinos mencionados –quienes además se constituyeron como parte querellante- obrante a fojas 1/104; y por razones de economía de trámite, es que se formó el presente expediente, que lleva el nro. FSM 21740/2015, a los efectos de que en el mismo se investigue por separado la comisión de los delitos precedentemente descriptos.
II.- Que luego de las diversas medidas de instrucción que fueran practicadas por este Tribunal (Ver fojas 114/122; 126/195; 195/197; 200/204; 207; 209/262; 263/460; 483/513; 514/591; 594; 599/604; 605/612; 614/618; 621/624; 733/735; 737/756; 758; 760/813 y 814/898), es que el objeto procesal de este expediente, al menos por el momento, quedó circunscripto a establecer si efectivamente dichas urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en las jurisdicciones de Escobar y Pilar de la provincia de Buenos Aires, han afectado el escurrimiento natural del agua de lluvia, si dicha circunstancia tuvo o no influencia en las fuertes inundaciones que se vieron en la zona mencionada en los últimos años y si a su vez ello fue la causa del deceso de los vecinos de la zona -Ayrton Rubén Francisquello y Laureano Rodríguez- producidos en las fechas en las que se observarontales inundaciones.
Además, también se intenta determinar si las construcciones mencionadas han afectado el ecosistema de la cuenca, influyendo de manera negativa en el medio ambiente.
Que entre las medidas a destacar resultó relevante la realización de tareas investigativas, que se ordenó por intermedio de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, tendientes a determinar respecto de los emprendimientos urbanísticos situados en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Escobar (Ciudad del Lago, San
Sebastián, El Cantón, San Matías, El Nuevo Escobar Centro Urbano, El Cazal, El Naudir, Santa Isabel, Parque Loma Verde y Hormental SA), como así también en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Pilar (La Cañada, La Ranita, Estaciones del Pilar, Lago de Manzanares, Estancias del Pilar, Medal, Pilara, Carmel, Los Olivares y Verazul), cuáles de ellos se encuentran habilitados, construidos y habitados; habilitados en construcción, parcialmente habitados o no; en proceso de habilitación para el comienzo de las obras de construcción.
Al mismo tiempo se debía detallar respecto de dichos emprendimientos, cuales se encuentran ubicados sobre la vera del Rió Luján, y cuáles sobre la vera del Río Paraná; indicando además cuáles de ellos se encuentran situados sobre terrenos conformados por humedales, y determinando si existen otras obras de emprendimientos urbanísticos cerrados, asociados a suelos donde existan humedales, ubicados en las veras de las cuencas de los ríos Luján y/o Paraná, en el territorio correspondiente a los partidos de Pilar y/o Escobar; debiendo precisarse las mismas circunstancias de las requeridas respecto de los otros emprendimientos.
Que del resultado de tal medida se desprende, en relación al Municipio de Pilar, que el barrio “San Sebastián” se encuentra próximo al Río Luján cercano a la zona de humedales, encontrándose construido pero con varios terrenos aún deshabitados. El barrio “Carmel”, se encuentra construido, habilitado y totalmente ocupado, situado a varias cuadras del Río Luján. El barrio “La Cañada de Pilar” subdividido en tres barrios internos “Los Tilos, Los Robles y unos Dormys” que se encuentran construidos, consolidados y ocupados.
El barrio “Olivares” el cual se encuentra habilitado y en construcción, encontrándose el mismo alejado del Río Luján. El country “Pilará” el cual se encuentra al lado del barrio “Estancias del Pilar”, siendo que ambos se situarían también en lejanías del Río Luján, encontrándose ambos terminados, pero todavía con terrenos para edificar viviendas particulares.
Por otro lado, el barrio “Medal C.C.” se encuentra en etapa de construcción ya que aún no ha sido loteado, encontrándose solamente construida su entrada principal. El barrio “Lago de Manzanares” se encuentra alejado del Río Luján. El emprendimiento “La Ranita” el que se encuentra construido, habilitado y consolidado, resulta ser lindante con el Río Luján. El barrio “Verazul” el que tiene 320 hectáreas de las cuales 66 resultan ser lagunas artificiales, encontrándose muy urbanizado ya que casi la totalidad de sus terrenos han sido edificados y se encuentran habitados, situados en las inmediaciones del Río Luján en la zona de humedales.
En cuanto al Municipio de Escobar, es que en el mismo existe el barrio “San Matías” el cual se encuentra situado en las inmediaciones del Río Luján, encontrándose casi totalmente ocupado, con todos sus terrenos con edificaciones. El barrio “El Cantón” se encuentra cercano al Río Luján y en la zona comprendida por humedales, encontrándose construido, habilitado y habitado, aunque aún posee terrenos para edificar. El barrio “El Naudir” el que se encuentra en desarrollo y en construcción, en su etapa inicial encontrándose en las inmediaciones del Río Luján, teniendo porción de partes de humedales. El barrio “Santa Isabel” no tratándose de un barrio cerrado, sino de uno urbano, habitado en su mayoría. El barrio “El Cazal” el que se encuentra a pocos metros del Río Luján, estando finalizada su construcción, aunque aún posee algunos lotes para la venta, sin perjuicio de que los restantes se hallan construidos y habitados.
Por otro lado, el “Club Privado Loma Verde”, no resultaría ser un barrio, sino un club privado y deportivo de la zona encontrándose situado en las inmediaciones del Río Luján (Ver fojas 760/814).
Por otro lado, se ha requerido también a la Autoridad del Agua del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que remita a estos estrados todos los registros que posean, respecto de inundaciones acaecidas a causa del desborde de los ríos y riachos que conforman la Cuenca del Río Luján desde el año 2014 en adelante, informando dicho organismo que luego de haber redirigido la solitud a la “División Estudios Hidrológicos y Red Hidrometeorológica,
Departamento de Catastro Registro y Estudios Básicos”, informando que no cuentan con la información requerida por este Tribunal, ya que dichos datos no han sido registrados (Ver fojas 814/898).
III.- Con ello, teniendo en cuenta la entidad de los episodios investigados en autos, es que se impone la realización de un amplio estudio pericial interdisciplinario, tendiente a determinar, detallar y delimitar los diferentes humedales que existan en la zona comprendida por la cuenca del Rió Lujan específicamente en los Municipios de Pilar y
Escobar de la provincia de Buenos Aires.
Dicho estudio interdisciplinario, deberá ser efectuado con la participación de diferentes profesionales en las materias de hidrología, geología, geomorfología, ecología, sociología, biología, antropología y todas aquellas disciplinas que puedan aportar para la realización de un examen más exhaustivo de la cuestión.
El estudio a realizar, deberá especificar pormenorizadamente, los beneficios, tanto ecosistémicos como sociales, que dichos humedales naturalmente generan, estableciendo si la acción del hombre por sobre los mismos, específicamente la cimentación de dichas urbanizaciones
Fecha de firma: 07/07/2016 cerradas, construcciones y emprendimientos en general analizadas en conjunto, han disminuido, deteriorado y/o anulado sus funciones propias, debiendo indicar sus consecuencias negativas actuales y las que podrían verse en un futuro.
Por otro lado, dicho estudio también deberá especificar si la construcción de las diferentes urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general ubicados sobre los márgenes del Rió Luján en la zona específica de la jurisdicción antes indicada –Escobar y Pilar- ; han afectado el régimen hídrico del rió, es decir si las mismas han modificado el movimiento de las aguas del río en tiempos normales, debiendo detallar además, si en épocas de precipitaciones, el movimiento del agua se ve afectado o no por dichas construcciones en cuanto al drenaje que naturalmente el río realiza dada su hidromorfologia.
Así y para el caso de determinar el estudio, que efectivamente la construcción de las diferentes urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general, modifican el régimen hídrico y de desagüe del rió, deberán proponerse distintas medidas paliativas para zanjar la cuestión, posibles de realización, tendientes a mejorar las defensas de la zona ante posibles inundaciones causadas por las lluvias.
Al mismo tiempo, la medida solicitada también deberá establecer, si las obras de dragado y refulado que se realizaron para la construcción de esos emprendimientos, como así también la construcción de las lagunas artificiales que algunos de los mismos poseen, han afectado tanto el agua como la recarga, de los acuíferos que se encuentran por debajo de la zona a estudiar.
Por otro lado, pero en idéntica inteligencia, y para el caso de establecer el estudio que la construcción de los emprendimientos  urbanísticos, también ha afectado los beneficios ecosistémicos brindados por los humedales; se deberá proponer posibles planes de obra para paliar los daños ocasionados a ese ecosistema, como así también morigerar o eliminar sus consecuencias negativas (Arts. 253 y 260 del C.P.P.N.).
A los efectos de proceder a la debida realización de tal medida, dada la complejidad, integralidad e interdisciplinariedad es que se efectuaron averiguaciones por secretaría, con la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), informando el primero de ellos que dicha la Dirección Pericial de la Corte solamente cuenta con el Cuerpo Médico Forense, con la Morgue Forense, y con las direcciones de Peritos Contadores, Tasadores y Calígrafos, no contando con los profesionales requeridos para dicho estudio en particular, haciendo saber además que los profesionales que se encuentran inscriptos como peritos oficiales ante la Corte, no conforman equipos realizando su labor de manera individual.
Por su parte el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), informó por intermedio del coordinador del Programa Ciencia y Justicia, Gustavo Stalker, que dicho organismo cuenta con profesionales en las áreas requeridas para el estudio (hidrología, geología, geomorfología, ecología, sociología, biología y antropología), encontrándose capacitados para afrontar la complejidad, integralidad e interdisciplinariedad que requiere el estudio pericial en cuestión, agregando que ya han realizados medidas de tal calibre y complejidad.
IV.- En ese estado de cosas, teniendo en consideración la etapa embrionaria de investigación en la que se encuentra el presente expediente, y al haberse ordenado la realización de un amplio estudio pericial integral e interdisciplinario, es que hasta tanto sus conclusiones sean arribadas al Tribunal, urge la imposición de una medida de carácter cautelar con prohibición de innovar en relación a la situación inmobiliaria actual de la zona geográfica investigada comprendida por la Cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y de Pilar de la provincia de Buenos Aires.
En primer lugar cabe señalar que la medida precautoria tiene por objeto asegurar las consecuencias del proceso definitivo mediante el mantenimiento de un estado de hecho o derecho, o prevenir las repercusiones, posiblemente perjudiciales, de la demora en el pronunciamiento de las resoluciones judiciales, de modo tal que se torne ilusorio el derecho que se pretende proteger.
Por su parte, la medida innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado pues configura un adelanto de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad.
Es así que, para su procedencia debe ser analizada con estrictez la existencia de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora de un daño irreparable en virtud de la demora y la imposibilidad de obtener la cautela por otra medida precautoria, todos ellos previstos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Ahora bien, centrándonos específicamente en torno a la medida que habrá de adoptarse, corresponde señalar que el presente es un sumario penal en el que han sido denunciadas gravosas circunstancias, las cuales están siendo investigadas por el suscripto, entendiendo que si bien aún no existen personas formalmente imputadas en autos, la gravedad de los delitos denunciados con los elementos reunidos en la etapa preparatoria de investigación en la que se encuentra el expediente, en sí mismos configuran la verosimilitud en el derecho que tal instituto requiere para su aplicación; haciendo la salvedad en este punto, en que la medida innovativa no importa una decisión definitiva, sino que lleva ínsita la evaluación del peligro de permanencia en la situación actual, como la existente en la zona en estudio.
Por otro lado, en cuanto al peligro en la demora se refiere he de indicar que de continuarse otorgando convalidaciones técnicas finales o bien factibilidades conforme el Decreto nro. 27/98 PBA (habilitaciones) por parte del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, para la construcción de nuevos emprendimientos urbanísticos cerrados, construcciones y/o emprendimientos en general, como así también ampliaciones de los ya existentes en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y Pilar de la provincia de Buenos Aires; en caso de luego corroborarse la real existencia de todos o bien de alguno de los delitos que fueran denunciados en autos, nos encontraríamos ante una situación mucho más gravosa que la verificada hoy en día, ya que habría más construcciones sobre la cuenca.
Por último, no existe la posibilidad de aplicación de una medida precautoria distinta que resguarde la situación actual de la zona, es decir el mantenimiento de la situación fáctica de hecho verificada hasta la actualidad en el territorio en estudio con la existencia de los emprendimientos o construcciones que ya se encuentran realizadas o bien habilitadas para su construcción, y que a la vez prohíba el otorgamiento de habilitaciones para nuevos emprendimientos o ampliaciones de los existentes en dicho territorio.
Aclarando vale decir que la aplicación de una medida innovativa no implica en si misma adelantar opinión sobre la resolución final que deberá adoptarse en el presente caso.
Por lo expuesto, y por las consideraciones aquí vertidas, corresponde y así;

RESUELVO:

I.-DISPÓNGASE la realización de un estudio pericial integral e interdisciplinario por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), tendiente a determinar, detallar y delimitar los diferentes humedales que existan en la zona comprendida por la cuenca del Rió Lujan específicamente en los Municipios de Pilar y Escobar de la provincia de Buenos Aires.
Dicho estudio interdisciplinario, deberá ser efectuado con la participación de diferentes profesionales en las materias de hidrología, geología, geomorfología, ecología, sociología, biología, antropología y todas aquellas disciplinas que puedan aportar para la realización de un examen más exhaustivo de la cuestión.
El estudio a realizar, deberá especificar pormenorizadamente, los beneficios, tanto ecosistémicos como sociales, que dichos humedales naturalmente generan, estableciendo si la acción del hombre por sobre los mismos, específicamente las construcción de urbanizaciones cerradas y emprendimientos en general analizadas en conjunto, han disminuido, deteriorado y/o anulado sus funciones propias, debiendo indicar sus consecuencias negativas actuales y las que podrían verse en un futuro.
Por otro lado, dicho estudio también deberá especificar si la construcción de las diferentes urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general ubicados sobre los márgenes del Rió Luján en la zona específica de la jurisdicción antes indicada –Escobar y Pilar- ; han afectado el régimen hídrico del río, es decir si las mismas han modificado el movimiento de las aguas del río en tiempos normales, debiendo detallar además, si en épocas de precipitaciones, el movimiento del agua se ve afectado o no por dichas construcciones en cuanto al drenaje que naturalmente el río realiza dada su hidromorfología.
Así y para el caso de determinar el estudio, que efectivamente la construcción de las diferentes urbanizaciones cerradas, construcciones y emprendimientos en general en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y de Pilar de la provincia de Buenos Aires, modifican el régimen hídrico y de desagüe del río, deberán proponerse distintas medidas paliativas para zanjar la cuestión, posibles de realización, tendientes a mejorar las defensas de la zona ante posible inundaciones causadas por las lluvias.
Al mismo también, la medida solicitada también deberá establecer, si las obras de dragado y refulado que se realizaron para la construcción de esos emprendimientos, como así también la construcción de las lagunas artificiales que algunos de los mismos poseen, han afectado tanto el agua como la recarga de los acuíferos que se encuentran por debajo de la zona a estudiar.
Por otro lado, pero en idéntica inteligencia, y para el caso de establecer el estudio que la construcción de los emprendimientos urbanísticos, también ha afectado los beneficios ecosistémicos brindados por los humedales; se deberá proponer posibles planes de obra para paliar los daños ocasionados a ese ecosistema, como así también morigerar o eliminar sus consecuencias negativas (Arts. 253 y 260 del C.P.P.N.).
Ofíciese a dicho organismo a efectos de notificarlos de la realización de tal medida, requiriéndoles que procedan a realizar un presupuesto de gastos del estudio pericial, el cual deberá ser remitido al Tribunal a los efectos de solicitar a la Dirección de Administración
Financiera del Consejo de la Magistratura la partida presupuestaria especial para afrontarlo.
Notifíquese a la parte querellante en los términos de los Arts. 258 y 259 del C.P.P.N.
II.- HÁGASELE SABER al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Buenos Aire, el estudio pericial integral e interdisciplinario que fuera ordenado en el dispositivo 1ero, comunicándole a dicho ministerio bonaerense, que hasta su conclusión DEBERÁ ABSTENERSE de otorgar convalidaciones técnicas finales o bien factibilidades conforme el Decreto nro. 27/98 de la provincia de Buenos Aires, para la construcción de nuevos emprendimientos urbanísticos cerrados, construcciones y/o emprendimientos en general, como así también ampliaciones de los ya existentes en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y Pilar de la provincia de Buenos Aires (Articulo 230 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación).
Asimismo, deberán comunicar tal decisión al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, a los municipios de Escobar y Pilar, como así también a todo organismo gubernamental, ya sea a nivel municipal o provincial que intervenga en el proceso administrativo de otorgamiento de convalidaciones técnicas finales o factibilidades conforme el decreto precedentemente indicado.

miércoles, 13 de julio de 2016

Justicia prohíbe otorgar factibilidades a proyectos de barrios privados en los partidos de Escobar y Pilar.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez Federal Adrián González Charvay, en el marco de la causa 21740/2015 (N.N. s/incendio u otro estrago con peligro de muerte querellante: Rebasa, Viviana Raquel) dispuso la realización de un estudio pericial integral e interdisciplinario por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), tendiente a determinar, detallar y delimitar los diferentes humedales que existan en la zona comprendida por la cuenca del Río Luján específicamente en los Municipios de Pilar y Escobar de la Provincia de Buenos Aires.


Como segundo punto, el Juez actuante, dispuso hacerle saber al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, que hasta la conclusión del estudio pericial, deberá abstenerse de otorgar convalidaciones técnicas finales o bien factibilidades conforme el Decreto Nro. 27/98 de la provincia de Buenos Aires, para la construcción de nuevos emprendimientos urbanísticos cerrados, construcciones y/o emprendimientos en general, como así también ampliaciones de los ya existentes en la zona comprendida por la cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y Pilar de la Provincia de Buenos Aires (Artículo 230 del código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Asimismo, deberán comunicar tal decisión al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aies, a lo municipios de Escobar y Pilar, como así también a todo organismo gubernamental, ya sea a nivel municipal o provincia que intervenga en el proceso administrativo de otorgamiento de convalidaciones técnicas finales o factibilidades conforme el decreto precedentemente indicado. 
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.

sábado, 9 de julio de 2016

TIGRE: Barrios Privados - Una a favor de los humedales.

La Juez Sandra Arroyo Salgado prohibió la continuación de la obra de Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach, en el Tigre, por carecer de la evaluación ambiental. Criticó severamente a los municipios y provincia por la falta de control.

La Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. En un duro traspié de las megaempresas inmobiliarias, el fallo clausuró dos countries (llamados Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach) y exigió que la provincia cumpla con sus funciones y verifique las irregularidades de los emprendimientos. La causa fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries en humedales y las inundaciones en la región. El fallo cuestiona el accionar de los municipios y resalta el valor del principio precautorio (ante riesgo de que algo impacte en el ambiente y la salud, se deben tomar medidas preventivas).


Los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco no pueden autorizar nuevos emprendimientos ni ampliaciones de los ya existentes. Así lo determinó la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro.
La medida había sido impulsada por organizaciones sociales, vecinales y ambientales en 2012, cuando denunciaron el accionar de empresas inmobiliarias sobre humedales, que modificaron el caudal hídrico e hicieron frecuentes (y más graves) las inundaciones. El fiscal Fernando Domínguez solicitó en febrero la paralización de todas las obras. “Se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados no sólo ha afectado al medio ambiente, sino que ha producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”, afirmó el fiscal.

Foto de archivo de "El Tigre"
El reciente fallo, del 1º de julio, puntualiza que el megaemprendimiento Venice Ciudad Navegable (de la empresa Marinas Río Luján) obtuvo la declaratoria de impacto ambiental de la municipalidad de Tigre, pero no contó con la evaluación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). “Venice Ciudad Navegable se encuentra en plena construcción y no cuenta con la declaración de impacto ambiental; es decir no cuenta con el principal estudio que otorga la habilitación para iniciar las obras”, cuestiona la jueza Arroyo Salgado y clausuró el emprendimiento.
También solicitó al OPDS (presidido por Ricardo Pagola) que detalle qué obras se realizaron en el country y qué daños ocasionó al aire, napas de agua y ambiente. E instó al organismo a controlar que no se realice ninguna obra en otros emprendimientos.
Martín Nunziata, de la Asamblea del Delta, señaló que el fallo es un “precedente jurídico muy importante”, resultado de años de trabajo de un amplio conjunto de organizaciones, académicos y abogados. “La resolución es muy clara en cuanto a la cantidad de violaciones a leyes vigentes en las que han incurrido tanto el municipio de Tigre como otros municipios y el organismo del estado provincial (OPDS)”, subrayó.


El fallo remarca la importancia del principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), que estipula que cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la carencia de información o certidumbre científica no deberá utilizarse como excusa para postergar medidas que impidan la degradación del medio ambiente. La sentencia señala: “(El barrio privado) Podría traer aparejado consecuencias dañosas para su entorno y para las generaciones actuales y futuras. Los efectos negativos podrían ser irreversibles con lo cual deviene necesario detener las obras.”
También aborda la situación del emprendimiento Remeros Beach (del Banco Macro, propiedad de Jorge Brito). Señala que aún no tuvo aprobación del municipio y no fue remitido al organismo provincial (OPDS). Y prohibió cualquier avance del emprendimiento.
“Lo cierto es que existen indicios como para sospechar que podrían (los barrios cerrados) haber sido un factor fundamental en la degradación que se habría generado. Motivo por el cual permitir que se continúen habilitando nuevos emprendimientos de este tipo resultaría ilógico”, explica la sentencia.
El fallo es muy duro con las autoridades municipales y provinciales: “Los municipios y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible son quienes deberían haber dispuesto en el ámbito de sus jurisdicciones una medida de este tenor (frenar los emprendimientos)”.

Foto de archivo de "El Tigre Verde"
La suspensión de nuevos barrios cerrados es temporal, hasta la realización de un estudio interdisciplinario que dé cuenta del efecto “acumulativo” que han ocasionado los countries en el ambiente. El fiscal Domínguez solicitó un plazo de 90 días para el estudio y propuso una lista de investigadores independientes de las empresas. La jueza confirmó lo indispensable de ese estudio, pero no fijó plazos ni precisó quiénes estarán a cargo del mismo.
Martín Nunziata explicó que las organizaciones sociales consideran que el peritaje judicial confirmará los impactos en el ambiente y definirá la “prohibición total y definitiva de los desarrollos urbanos privados sobre humedales y valles de inundación”. Señaló que están alerta porque saben de la influencia de intereses políticos y empresarios en juego. Hizo especial hincapié en Sergio Massa, el banquero Jorge Brito y los dos principales empresarios del sector: Eduardo Constantini (empresa Consultatio) y Jorge O’Reilly (compañía Eidico).
Las organizaciones de Tigre y Escobar se reunirán este fin de semana para evaluar los detalles del fallo y consensuar los pasos a seguir para obtener la clausura definitiva de los countries en humedales.

Referencia: http://www.pagina12.com.ar/

viernes, 1 de julio de 2016

TIGRE: Barrios Privados – Justicia clausuró VENICE Ciudad Navegable, indicó que REMEROS BEACH no puede construir y suspende autorizaciones de nuevas urbanizaciones en la cuenca del río Luján.

La Juez titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1, Dra. Sandra Arroyo Salgado, resolvió en la Causa N.N. y Otro s/Infracción Ley 24.051, disponer preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes al emprendimiento denominado VENICE CIUDAD NAVEGABLE, explotado por la firma “Marinas Río Luján S.A.”, ubicado en la intersección de la calle Solís y las Vías del Tren de la Costa, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, con el fin de garantizar la paralización de las obras que respecto de ese emprendimiento allí se llevan a cabo; ello de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 4 y 32 de la ley 25.675 – Ley General del Ambiente-, Art. 23 penúltimo y último párrafo del C.P., Arts. 183 y 193 del C.P.P.N. y Art. 41 de la Constitución Nacional, medida ésta que comenzará a regir a partir del día de la fecha (1/7/2016).


Además de lo comentado, la Juez actuante, “impuso” al organismo provincial para el Desarrollo sostenible, como Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, con poder de policía, en cabeza de su Director Ejecutivo, Dr. Ricardo Pagola, el estricto contralor y supervisión periódica del emprendimiento mientras dure su clausura preventiva con el fin de verificar que no se continúe con la ejecución de las obras hasta tanto se adecue el emprendimiento al cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
La Dra. Arroyo Salgado, dispuso también que se haga saber a la Municipalidad de Tigre que por los fundamentos vertidos en el considerando IV. B), de conformidad con lo normado por la ley provincial N° 11.723, el emprendimiento “Remeros Beach” no podrá comenzar su ejecución hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes.
La Juez también ordena a las Municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno José C. Paz y San Antonio de Areco, que abarcan la planicie de inundación del Río Luján y del Delta del Paraná y al Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible – respecto de esa zona delimitada- que hasta tanto el Tribunal cuente con las conclusiones del estudio pericial acumulativo ordenado y además se disponga lo contrario, se abstengan de autorizar la construcción de nuevos emprendimientos o ampliaciones de los ya existentes que impliquen una o más tareas de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños.
También se ordena al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que en uso de las atribuciones de poder de policía con las que cuenta, verifique en el territorio comprendido por la Municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, si existen barrios o emprendimientos urbanísticos que hayan iniciado cualquier tipo de obra –ya sea ampliación de los ya construidos  y/o desarrollo de nuevos emprendimientos- que para su construcción ha sido necesario realizar trabajos de dragado, rellenado, terraplenado, perfilado de costa por tablestacado, excavaciones, desmontes de vegetación, cierres de desagües naturales y apertura de nuevos cursos de agua y que a la fecha no cuenten con la totalidad de las autorizaciones necesarias para ello, debiendo detallar en su caso el lugar donde se encuentran, obras que realizan y las medidas que se han adoptado al respecto.

De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde. 

lunes, 20 de junio de 2016

TIGRE – Delta del Paraná – Tarifazo y manifestación Isleña.

El pasado  sábado 18/6/2016, isleños de Tigre, realizaron una manifestación en el puerto fluvial de Tigre. La manifestación tuvo como razón,  el brutal aumento aplicado al transporte el 1° de junio pasado, como así también por la precariedad e irregularidades del mismo.  
A un día de concretarse el piquete en el río Tigre, funcionarios provinciales anunciaron la disminución del boleto de lanchas colectivas, que fue aumentada por el mismo gobierno hasta un 100% a comienzos de junio. El anuncio fue realizado por el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell, quien aseguró en un comunicado que habrá una disminución del 60% de las tarifas para residentes de las islas del Delta, y destacó que el Ministerio de Transporte de Nación subsidiará el servicio e implementará el sistema de tarjeta SUBE en 120 días.








Los Isleños desmintieron que la baja del boleto alcance un 60%, y destacaron que la medida aún no fue oficializada en el Boletín Oficial, y recalcaron que la decisión de implementar la SUBE ya había sido anunciada y publicada oficialmente por el gobierno anterior, en marzo del año pasado. Señalaron, además, que el gobierno provincial tomó la decisión de forma unilateral sin hacer participar a los isleños de los debates sobre las tarifas.
Por otra parte, los manifestantes cuestionaron que esta disminución sea sólo para los residentes, sobre todo porque los isleños viven también de las visitas y del turismo, sector que pasó de pagar 38 pesos a 70 por un viaje de ida. Según ellos los funcionarios no aclaran que esta disminución sólo alcanza a los residentes de las islas, o sea que sigue afectando a los visitantes de fin de semana y a los turistas, lo cual afecta enormemente la economía de los isleños.







La protesta sucedio, además, después de haberse conocido la noticia de que el juez de Garantías de San Isidro, Diego Efrain Martinez, rechazó la cautelar que presentaron los isleños para retrotraer el precio de los pasajes al 31 de mayo pasado. Esta resolución ya fue apelada.
La manifestación se realizó entre las 11 a 13hs del sábado 18/06/2016, y consistió en un corte en el río Tigre y un bloqueo en las rampas de embarque, que afectaron la navegación en pleno fin de semana largo.

De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.