sábado, 16 de enero de 2016

Malestar ante el rechazo del amparo contra el country que inundará parte de Gualeguaychú.

La justicia resolvió hacer lugar a los recursos de apelación interpuesta por la municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos de Unzue, por lo que rechazó la acción de amparo promovida por Julio Jesús Majul y dio el visto bueno para que siga la construcción del barrio privado que inundará parte de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano. “Otra vez la justicia es funcional a los grandes capitales dejando indefensos a los que no tienen forma de protegerse”, dijo a AIM Natacha Crimella, integrante de Salvemos el río Gualeguaychú.
El proyecto inmobiliario Amarras de Gualeguaychú, que se erige en Pueblo Belgrano, construyó terraplenes y destruyó el humedal de la zona.
La nefasta resolución firmada por  Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Susana Medina de Rizzo da marcha atrás en la lucha contra el emprendimiento privado que afecta el ecosistema y generará terribles consecuencias ecológicas en la ribera.


La decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue rechazada por activistas, quienes consideraron que “la justicia funcional a los grandes capitales”, ya que “deja indefensos a los que no tienen forma de protegerse”, dijo a esta Agencia Crimella.
Amarras “es ilegal y si quieren que el pueblo se levante contra esta ilegalidad atroz no van a tener paz”, aseguró la activista, quien remarcó que sin licencia social no van a tener paz”, ya que el barrio privado ‘Amarras de Gualeguaychú’ que se erige en General Belgrano levanta terraplenes que generarán constantes inundaciones la parte más baja del pueblo y en Gualeguaychú, que llevará la crecida a zonas que antes no se inundaban de manera constante y pondrá en riesgo el turismo en la zona y su economía. 
Cabe recordar que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Marcelo Arnolfi, hizo lugar al amparo colectivo ambiental en contra de la firma Altos de Unzué y los gobiernos de Entre Ríos y de Pueblo Belgrano, y ordenó “el cese definitivo de las obras civiles”, pero la empresa recurrió porque la normativa por la que se hizo el procedimiento no estaba vigente por lo que el STJ ordenó un nuevo proceso que ahora salió en favor de los poderosos.

viernes, 15 de enero de 2016

Con desmonte incluido, autorizan el emprendimiento “La Deseada”, el mayor country de Córdoba.

La empresa Canteras Natal Crespo S.A. obtuvo autorización para construir un barrio cerrado en La Calera dentro de una zona roja de la Ley de Bosques, donde se encuentra prohibida toda intervención sobre el bosque nativo. Este emprendimiento sería el mayor country de las Sierras Chicas, con 426 hectáreas.
La avidez de la especulación inmobiliaria es ahora responsable de la destrucción de bosques nativos en zonas cercanas a la ciudad de Córdoba. El desmonte avanza en la provincia por la desidia y la complicidad de las autoridades provinciales y municipales. Este es el caso de Canteras Crespo.
El barrio cerrado es comercializado como La Deseada Country Vistas & Naturaleza y está emplazado en una zona que rodea la conocida Laguna Azul de La Calera. Este emprendimiento cuenta con la autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de La Calera, a pesar de estar ubicado mayoritariamente en área roja (categoría de máximo valor de conservación según la ley provincial 9814/10).
El 8 de julio de este año se realizó una audiencia pública en la sede de la Municipalidad de La Calera con el fin de obtener la “licencia social”, último paso de la aprobación de este desarrollo inmobiliario. Este paso, puramente formal ya que la audiencia no fue vinculante, permitió comenzar con los trabajos de construcción de este barrio cerrado. Sin embargo, según el expediente, varias irregularidades marcaron su aprobación. De parte de la Municipalidad de La Calera, el proyecto fue aprobado por la ordenanza 094 del año 2013, a pesar de encontrarse dentro de la Reserva Bamba, creada por la misma Municipalidad en 2001. 


Por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, ni el dictamen técnico de la Secretaría ni la evaluación de impacto ambiental aportada por la empresa mencionan en qué área de conservación del bosque nativo se encontraría el emprendimiento. En la evaluación de impacto indican que “la proximidad a la zona urbana y periurbana fomentó la desaparición del bosque nativo, disponiéndose en la actualidad de un monte con distinto niveles de densidad”, y además que “Potencialmente este suelo se perfila para cualquier modalidad de urbanización”. En la misma línea, el informe habla de áreas de bosque degradado por la actividad minera, que si bien existen en algunas partes del predio, de todas formas corresponden a zonas de mediano valor de conservación (amarillas), donde el cambio de uso de suelo se encuentra restringido. Por otra parte, la publicidad en internet de este country asegura que el 50% de su superficie se destinará a reservas naturales y espacios verdes. El informe de impacto ambiental precisa que esta superficie es en realidad del 12%. Como se puede apreciar en la misma página web del Country La Deseada, en la imagen satelital (coordenadas 31°20’10.81’’S, 64°19’33.36’’W o en Google Maps) y en las fotografías que acompañan este artículo, dentro de este predio se encuentran claramente zonas de bosque nativo en buen estado de conservación.

A pesar de las irregularidades la construcción avanza

A la fecha, la empresa comenzó la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, la cual se encuentra clausurada por no contar con las autorizaciones correspondientes. Pero ya se ha comenzado con los trabajos de desmonte, poniendo en riesgo el patrimonio ambiental. El futuro barrio cerrado incluye 1750 lotes residenciales, áreas comerciales y recreativas, lo que incrementará la presión demográfica en la zona, el consumo de agua y energía eléctrica. Este será el mayor barrio cerrado del Gran Córdoba, continuación de los ya existentes asociados a la “ruta intercountries” y su misma construcción pone en duda el futuro de los espacios naturales alrededor de la ciudad de La Calera. 


Las irregularidades que muestra su aprobación se suman a recientes denuncias sobre los desmontes realizados en el oeste de la provincia sobre zonas de máxima protección, autorizados por la misma Secretaría de Ambiente provincial a cargo de Germán Pratto y que motivaron un pedido de informe por parte de la Legisladora Laura Vilches en la Legislatura cordobesa.
Las tormentas de febrero pasado en las Sierras Chicas de Córdoba mostraron las terribles consecuencias que produce un intensivo cambio del uso del suelo. A pesar de esto, los barrios cerrados para ricos continúan avanzando, y muchos en zonas de máxima protección bajo la responsabilidad de los directivos de la Secretaría de Ambiente y el Gobierno de De La Sota, que favorecen a sus constructoras amigas.