viernes, 23 de enero de 2009

Crean una comisión para investigar agroquímicos

La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó esta semana el decreto 21/09 mediante el cual se crea una comisión investigadora en el ámbito del Ministerio de Salud para esclarecer casos de contaminación humana y ambiental por el uso de agroquímicos.

La presidente firmó esta semana el decreto 21/09 mediante el cual se crea una comisión investigadora en el ámbito del Ministerio de Salud para esclarecer casos de contaminación humana y ambiental por el uso de agroquímicos.
Sobre la contaminación por el uso de pesticidas y herbicidas la jefa de Estado había señalado que "hemos tomado conocimiento en estos días porque ha sido profusamente publicado por muchos medios, inclusive hay una medida de la Justicia de Córdoba respecto de la fumigación en la que utilizan determinados agroquímicos en cuanto a las prohibiciones de no hacerlo cerca de poblados por lo que esto significa en impacto a la salud de la población".
La presidenta aclaró que será un tema "que vamos a seguir de cerca", ya que se trata de "casos de contaminación”, por productos de que contienen "agentes cancerígenos”. La investigación, según trascendió recaería sobre dos productos de masiva aplicación en el cultivo de soja como el herbicida, glifosato, y el pesticida, endosulfán.
Mientras tanto en el Senado se sigue trabajando en una ley nacional de Agroquímicos que hasta la fecha no existe. A ellos se suman varios pedidos de informe que en el Congreso de la Nación se han elevado en reiteradas ocasiones para esclarecer hechos de contaminación en distintos poblados del país.
El caso más extremo de las iniciativas parlamentarias es el del diputado kirchnerista Raúl Solanas que hace más de dos años presentó dos proyectos de ley relacionados con el paquete tecnológico vinculado a la soja RR.
En el primero de ellos directamente se prohibía la comercialización de soja transgénica en el territorio nacional, mientras que con el segundo de sus proyectos se prohibía la comercialización del endosulfán, por sus efectos contaminantes, aunque las iniciativas nunca despertaron el interés del bloque oficialista.

Fuente: El Enfiteuta (www.elenfiteuta.com)

Glifosato, parte de un modelo.

El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años. Todos los gobiernos, sin diferencia de signo político, avalaron e impulsaron que Argentina hoy sea el tercer productor mundial de grano de soja y el primer exportador mundial de aceite de la oleaginosa. También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de agronegocios. No comenzaron con la Resolución 125 los desalojos compulsivos de campesinos y pueblos originarios. No nació en marzo pasado la judicialización y represión indiscriminada que se padece a diario en los ranchos rurales. Tampoco es nueva la expulsión violenta de familias numerosas, siempre de la mano de empresarios sojeros (muchos de ellos miembros de la Mesa de Enlace). Y mucho menos es nueva la contaminación ambiental y los desastres en la salud que ocasiona el modelo agropecuario vigente, donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de la multinacional Monsanto) es sólo su cara más famosa.
No es necesario ser científico para comprobar el efecto tóxico de los agroquímicos. En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa y en todos los ranchos campesinos se pueden observar los efectos del agrotóxico. Puede ser en los ojos rojos y llorosos de una niña, en la piel en carne viva de una abuela, en las malformaciones prenatales, en los embarazos que no llegan a término o en la muerte de chicos fumigados. El Movimiento Nacional Campesino Indígena lo resumió en tres palabras: “Un desastre sanitario”.

Durante los últimos cinco años, las hectáreas dedicadas a la soja transgénica no pararon de crecer, al igual que el uso de glifosato y también las denuncias de pueblos originarios y familias campesinas. Ningún gobierno (ni provincial ni nacional) tomó nota. El Ministerio de Salud nunca aceptó hablar sobre el tema. En mayo último, este redactor detectó un relevamiento sanitario en el sitio web de la cartera. Las conclusiones confirmaban efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Apuntaba al glifosato. Ante la consulta periodística, desde el Ministerio de Salud no aceptaron hablar y retiraron el estudio del sitio oficial. Tampoco quisieron referirse al tema el Senasa, el INTA y la Secretaría de Agricultura, todos organismos del Estado. Por ello, que la Presidenta solicite estudios no puede menos que provocar escepticismo.
Tampoco se debe creer que el glifosato y Monsanto sean los únicos males del país. El reciente veto presidencial a la Ley de Glaciares y la muy demorada reglamentación de la Ley que Bosques confirman que –por más estudios que se realicen– agronegocios, pasteras, agrocombustibles y minería obedecen a un mismo modelo extractivo que es hoy política de Estado.
Referencia: Darío Aranda - www.pagina12.com.ar

viernes, 16 de enero de 2009

Tigre – Arroyo Darragueira RECARGADO

El jueves 15 de enero, realice la primera visita del 2009, a los arroyos Darragueira, Las Tunas y Basualdo. Al Arroyo Darragueira lo encontré “recargado”. Recargado de caca. Efectivamente, se nota que en la noche del día 14 o en la madrugada del día 15 de enero de 2009, un camión atmosférico volcó entre 20.000 y 30.000 litros de materia fecal en el interior del arroyo Darragueira, en el descampado ubicado entre las calles Saavedra y José Ingenieros del barrio Ricardo Rojas, El Talar, Tigre. El vuelco volvió a repetirse en la madrugada del día 16. Corresponde dejar aclarado aquí que tanto el arroyo Darragueira como Las Tunas recorre en esta zona los barrios Ricardo Rojas, López Camelo y Las Tunas todos ellos, densamente poblados. En la misma mañana del día 16, pude comprobar que la materia fecal estaba llegando al obturamiento que sufre el arroyo Las Tunas, por acumulación de basura domiciliaria y residuos urbanos e industriales, a la altura del puente ubicado sobre la calle Sacristi, en el barrio del mismo nombre, a cuatro kilómetros del lugar de vuelco.
A continuación publico cuatro testimonios fotográficos del arroyo Darragueira.
A continuación publico cuatro testimonios fotográficos de la contaminación llegando al puente de la calle Sacristi en el barrio Las Tunas.


Notas relacionadas:Las Tunas: Caiga quién caiga.
Arroyo Las Tunas Cuatro Fotos.
Arroyo Darragueira Tres Fotos.
Las Tunas. El arroyo de Cartón.
La Liga grabó en Las Tunas.
Son sucios, fétidos, feos y amenazantes.

jueves, 15 de enero de 2009

El Gobierno bonaerense, durante el año 2008, presentó 46 denuncias penales por contaminación

El dato surge de la autoridad ambiental provincial e indica que durante el año pasado se efectuaron 3.557 inspecciones y hubo 102 firmas clausuradas
El gobierno bonaerense presentó durante el año pasado 46 denuncias penales contra empresas que funcionan en la provincia, acusadas de daño ambiental y contaminación. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), destacó en un resumen que en 2008 se realizaron tres mil inspecciones y fiscalizaciones para "controlar el impacto ambiental de la actividad industrial".
La titular del ente, Ana Corbi, resaltó que las fiscalizaciones se realizaron con el objetivo de que "las empresas sean también partícipes y tratando de generar aquellos esquemas de conversión en los casos que sea necesario".
Eduardo Conghos, Coordinador Ejecutivo de Fiscalización del OPDS, aseguró que "hasta el momento se realizaron 46 denuncias penales que ya tramitan la vía judicial para responsabilizar penalmente a los industriales que violan la ley y dañan el ambiente".

El funcionario recalcó que "cada vez que le quepa al infractor ambiental ser pasible de una denuncia penal, seremos los primeros en hacerlo efectivo, como lo hicimos desde el inicio de la gestión". Conghos confirmó que de los datos surge que en 2008 se efectuaron 3.557 inspecciones, contra menos de 1.500 de 2007, que dieron como resultado "un total de 102 empresas clausuradas y 73 que ingresaron en planes de reconversión y adecuación para dejar de contaminar".
Además, se indicó que en 2008 "se clausuraron 20 basurales a cielo abierto", 8 de los cuales "funcionaban en terrenos públicos, donde la Provincia ya realizó las obras de erradicación de basura y los transformó en espacios públicos".
En el marco de la reconversión de esos terrenos, ubicados en Quilmes, Ensenada, Tigre, Lomas de Zamora y Florencio Varela, entre otros, ya se tramitan también 12 causas penales contra sus propietarios. Finalmente, el organismo destacó que 9 de las 20 clausuras "fueron sobre la cuenca del Reconquista", mientras que también se limpiaron los arroyos afluentes Darragueira, Claro, Torres, Gregorio de Laferrere, Morón, Las Catonas, Luján, Basualdo y Los Berros.

martes, 6 de enero de 2009

Estudio del actual Secretario de Medio Ambiente, presentó recurso extraordinario por arbitrariedad e inaplicabilidad de la ley en el Caso Diacrom.

En 1997, María Luz Ledesma, una vecina de Carapachay, empezó la pelea judicial cuando ella y su marido se enfermaron de cáncer. El Estudio Bibiloni, perteneciente al secretario de ambiente de la Nación, quedó en medio de la polémica.
El estudio jurídico del actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, aparece involucrado en la apelación –planteada a fines de agosto del 2008– de un fallo que condena a la empresa Diacrom (dedicada al cromado de metales en Carapachay) por contaminación en el agua de la zona norte del conurbano, ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. “El secretario de Ambiente no defiende a los vecinos contaminados, sino a las empresas contaminantes”, lo acusa Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y patrocinante de la Fundación Eco Sur en la causa del agua turbia que podría afectar a más de un millón de personas en Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó, el 25 de julio de 2008, que Diacrom y la Provincia de Buenos Aires realicen –en un plazo de 180 días– un plan de re sanación ambiental. Si esa sentencia se hubiera cumplido, a más tardar a fines de este mes tendrían que comenzar las obras para evitar la filtración de cromo en el río subterráneo de Vicente López y zonas aledañas. Pero las canillas con cromo siguen chorreando y las obras para poner fin a la contaminación del agua están frenadas.
El 27 de agosto pasado la Fundación Eco Sur se notificó de que Fernando Javier Cornejo, el abogado apoderado de Diacrom, “constituyendo domicilio en Plaza Olazábal 133 de La Plata (estudio Bibiloni-Cornejo) presentó ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires un recurso extraordinario por arbitrariedad e inaplicabilidad de la ley. En ese escrito pidió que la sentencia (que obligaba a realizar el saneamiento del agua) sea dejada “sin efecto en todo cuanto ha sido materia recursiva”. En otras palabras, reclamó que la empresa fuera liberada de culpa y cargo.


“Es grave que el estudio de Bibiloni firme esa presentación que dilató la posibilidad de sanear el agua y evitar potenciales enfermos de cáncer”, remarca Aguilar. Por su parte, el funcionario se defiende: Bibiloni niega que Diacrom haya sido cliente de su estudio. Pero admite una esporádica intervención en la disputa entre la Fundación Eco Sur y la empresa de cromado para que se llegara a un acuerdo monitoreado por la Universidad de La Plata. El sucesor de Romina Picolotti asegura que ésa fue su única actuación en la contienda judicial por la contaminación del agua de zona norte.
Sin embargo, el Estudio Bibiloni aparece mencionado en la presentación hecha ante la Suprema Corte para que el máximo tribunal bonaerense frene la orden de reparar los daños causados por la contaminación. El secretario de Ambiente afirma que el nombre de su estudio aparece en el escrito ya que, por reglas de cortesía entre abogados, le prestó su domicilio procesal a Fernando Cornejo.
Bibiloni no era funcionario del Poder Ejecutivo en el momento de esa apelación. Pero tampoco era un abogado improvisado. En ese momento, se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la municipalidad de La Plata y tenía experiencia en gestión ecológica: entre 2003 y 2004 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Biodiversidad y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente de la Nación. También había sido asesor de diversos municipios bonaerenses y agente judicial de Obras Sanitarias y cuenta con un máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco.
Sus actuaciones como abogado no son imputables como faltas a la ley. Pero sí hay una polémica ética. ¿Un renombrado abogado ambientalista presta su dirección procesal sin conocer que el nombre de su estudio va a respaldar un escrito, ante la Suprema Corte bonaerense, para intentar tirar abajo un caso testigo de contaminación?
Referencia: www.criticadigital.com

Arsénico y el agua de consumo

La diputada bonaerense, Maricel Etchecoin Moro, se mostró preocupada por la problemática que afecta a la Provincia y por ese motivo presentó un proyecto de Ley mediante el cual se crea el Programa Provincial de la Lucha Contra la Contaminación Crónica de Arsénico, que entre otras cuestiones contempla "confeccionar el registro provincial de las áreas con contenido de arsénico en agua superiores a 0.01 mg/l considerada zonas de riesgo”.
Al respecto, la legisladora de la Coalición Cívica precisó que "con el objeto de prevenir enfermedades derivadas, reducir los riesgos de intoxicación, disminuir los daños producidos por la exposición al arsénico en aguas de consumo humano y asistir a todos los ciudadanos que fueran afectados por esta enfermedad".
El arsénico es un elemento tóxico, que se encuentra en el agua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la mayoría de las aguas en el mundo tienen concentraciones arsenicales naturales de menos de 10 microgramos por litro. Si el agua destinada al consumo presenta contenidos mayores que las proporciones recomendadas, trae como consecuencia problemas para la salud de la población.
Si se produce el consumo de agua con arsénico durante un período largo, se termina en un tipo de envenenamiento denominado arsenicismo. El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) es una enfermedad producida por exposición de la población a la ingestión prolongada (crónico) de agua que contenga sales de arsénico (hidro-arsenicismo), que afecta a gran parte de la población (endémico) de una región (regional).

Alrededor de 1,5 a 2 millones de personas que habitan pequeñas comunidades rurales de Argentina ingieren agua con contenidos de arsénico superiores a 50 µg L. La diputada se mostró preocupada por la problemática que afecta a la Provincia y señaló la importancia de "comenzar a desarrollar políticas de estado para resolver el problema". Para Etchecoin "uno de esos pasos es contar con estadísticas reales para conocer los alcances de esta problemática".
El programa se fija como objetivos "confeccionar el registro provincial de las áreas con contenido de arsénico en agua superiores a 0.01 mg/l considerada zonas de riesgo. Este registro deberá ser actualizado semestralmente". Busca, además, contar con "estudios estadísticos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a fin de recabar información sobre el impacto del arsénico en el sistema de salud".
Referencia. http://www.agencialaprovincia.info/