La desigualdad social, ambiental y cultural en el proceso urbanístico de Tigre

Escrito por Maribel Carrasco   

Análisis. Desde este mismo medio hace siete años se publicaron una serie de notas sobre el avance de las urbanizaciones privadas en Tigre, y advertíamos sobre la forma de ocupación del territorio de este modelo, así como de sus riesgos y desafíos. Aunque los años han pasado y ha cambiado el gobierno municipal, la lógica de uso del suelo no sólo no ha cambiado sino que se ha profundizado con la incorporación de nuevas tierras al mercado inmobiliario hasta en la porción insular. La planificación urbana sigue estando a merced de los llamados “desarrolladores” y el Municipio acompaña este crecimiento asumiendo un rol de “partner”. Continúa ausente la regulación estatal que contemple la integración social y el fenómeno de la segregación social – espacial se sigue plasmando, dado por la desigual distribución de los costos y beneficios de este tipo de desarrollo, la falta de mejoramiento del hábitat de los sectores más postergados y las dificultades en el acceso a la tierra para los sectores medios por la alta valorización de la misma.

Introducción

El proceso de expansión urbanística actual que se impulsa en el Área Metropolitana de Buenos Aires rompe con el modelo tradicional basado en la gestión estatal y la consolidación de infraestructuras públicas que fue característico en nuestro país durante la mayor parte del siglo XX. A partir de los años 90, las reformas estructurales redujeron la capacidad de gestión del Estado y la lógica del libre mercado fue implementada con la mayor crudeza. Ese "laissez faire", también se hizo eco en el mercado inmobiliario que va a intervenir con un nuevo concepto de urbanización, dirigido a los sectores de altos ingresos y que estará basado en enclaves insulares y cerrados, que orientados hacia adentro, están separados del espacio público por medidas de seguridad y control. La pobreza y la marginalidad crecientes que generó el mismo modelo económico junto con el aumento de la inseguridad urbana, llevó a muchas familias a optar por trasladarse a estos emprendimientos (barrios cerrados, clubes de campo, etc.).

Por lo tanto, este proceso de urbanización se inicia en el marco de un Estado desmantelado y reducido en su rol de regulador, con insuficiente capacidad técnica, con áreas clave de su estructura cooptadas por intereses empresariales y en un proceso de descentralización que provocó la descoordinación de los distintos niveles del Estado - nacional, provincial y municipal -, a la hora de implementar políticas públicas que orienten las transformaciones territoriales. A esto hay que sumarle la insuficiencia del marco regulatorio en materia de derecho urbanístico.

Cómo se inició en Tigre

En Tigre, el crecimiento urbanístico se registra desde fines de los 80 y su impulso se debió a diversos factores. El abaratamiento de los terrenos, las grandes vías de acceso que comunican a sus distintas localidades con la Capital Federal y su ubicación geográfica privilegiada son algunos de ellos. Posee 271 km2 de tierras insulares en la Primera Sección de Islas y constituye la entrada principal al entorno natural del Delta del Paraná, lo que le añade a las urbanizaciones la posibilidad de ofrecer un importante frente costero y una amplia gama de servicios náuticos, además del valor paisajístico y natural.

Estas características, junto con el orden y la seguridad jurídica y urbana que ofrecería la actual administración local, así como la presencia de una política de marketing, hacen de Tigre uno de los distritos más apreciados para las inversiones inmobiliarias.

La gestión municipal de Ricardo Ubieto (1979-1983 / 1987-2006) tuvo una activa participación en la promoción de este tipo de desarrollo y adhirió con fervor al discurso que lo visualizaba como símbolo de progreso y, como una estrategia excluyente que impediría el surgimiento de villas miseria, tal como lo manifestaban abiertamente los funcionarios municipales. Incluso la elite municipal se vio beneficiada en forma personal por el nuevo proceso urbanístico a través de los servicios prestados en sus escribanías, empresas constructoras y por servicios profesionales. También se decía que este proceso urbanístico implicaba la ventaja de incorporar al partido una población de alto poder adquisitivo que tenía la capacidad de solucionar sus propios problemas de infraestructura, en principio, sin la necesidad del financiamiento público. (ver en este mismo número, “Se pavimenta el Boulevard de Todos los Santos”)

La urbanización de tierras inundables y el impacto social y ambiental

En el caso de Tigre, los emprendimientos se instalaron principalmente en áreas bajas e inundables, especialmente en zonas costeras que corresponden al área de amortiguación del Delta del Paraná, y que tuvieron que ser urbanizadas con el uso de nuevas tecnologías y fuertes inversiones "... que modificaron casi totalmente la topografía del terreno y aumentaron los riesgos de inundación del entorno..." (Perahia, Raquel, 2005). La realización de lagunas de agua salobre en los planes permitió, además del valor paisajístico, extraer tierras para rellenar los lotes. Es decir, en Tigre, esta expansión hacia las zonas bajas ha cambiado el patrón de ocupación del territorio que se ubicaba habitualmente en las tierras altas. De esta manera han surgido nuevos centros urbanos distribuidos a lo largo de los corredores viales y de las zonas costeras.

Cabe preguntarse cómo el fenomenal relleno de tierras inundables y la alteración de las características físico - naturales del ecosistema va a impactar en los servicios ambientales que ofrece, sobre todo en relación a la mitigación de las inundaciones. Hay que recordar que la última inundación importante en Tigre fue la de 1.989, - en la Av. Cazón hubo un metro de agua-. Luego ha habido numerosas crecidas, pero ninguna llegó al nivel de aquélla. Por lo tanto considerando que el proceso urbanístico en Tigre se inicia a fines de la década del 80 y principios del 90, todavía no se han puesto en evidencia las consecuencias de los rellenos de miles de hectáreas en tierras de drenaje y de escurrimiento. Sin ser apocalípticos, en caso de una fuerte inundación, surge el interrogante de cuál será la altura que alcanzará la marea en los barrios tradicionales de Tigre cuando el agua no pueda escurrir con normalidad como lo hacía antes.

Por otro lado, los nuevos pobladores de Tigre que han llegado en los últimos 20 años no tienen ningún tipo de experiencia a la hora de actuar en un caso de emergencia por inundaciones como sí es el caso de los habitantes de siempre que saben cómo desenvolverse, a quién llamar, qué medidas de urgencia tomar, etc. Si bien las ventajas de las urbanizaciones privadas son exclusivas de un sector, los perjuicios que pueden generar son para toda la comunidad. Se distribuyen en forma desigual los costos y beneficios ambientales.

Hay casos en donde el avance de las urbanizaciones cerradas se ha producido sobre tierras públicas y a través de artimañas muy sofisticadas e imponiéndose con atropello y violencia además de incurrir en irregularidades y hasta en fraudes contra el Estado. El caso paradigmático es el del barrio Santa Bárbara a cargo de EIDICO en el que se han usurpado 241 hectáreas al Estado donde se construyó un barrio privado. Otro de los casos involucra nuevamente a EIDICO en Dique Luján con el Complejo Villanueva que ha adquirido tierras de Ferrocarriles Argentinos con dudosa legalidad y que ha avanzado con la construcción de varios barrios expulsando a vecinos del lugar y arrasando con numerosos cementerios indígenas que estaban asentados en toda el área (ver “Punta Querandí: atropello sobre el espacio público…”).

Otro caso ejemplar es el de Colony Park que, asentándose sobre 300 hectáreas en el frente deltaico del Río de La Plata – el área más sensible y de más reciente formación del Delta del Paraná - pretendió introducir un modelo urbano sin ningún tipo de criterio ambiental sustentable. Se realizó con la expulsión violenta de los isleños que allí vivían, destruyeron sus casas, alteraron los cursos de agua, y realizaron dragados, movimientos de suelo y rellenos artificiales, y si bien las obras fueron paralizadas, resta ver las posibilidades de remediación del daño ocasionado. Por último, el caso más actual, el de “Venice”, en las tierras de lo que fue Astarsa, y al lado de la Villa Garrote, es el símbolo más grosero de la polarización social en Tigre y de la concepción excluyente del actual modelo de ocupación del suelo: por un lado un asentamiento precario en condiciones paupérrimas y del otro lado, un barrio náutico exclusivo que se presenta como “Ciudad navegable”, pisoteando la memoria histórica de la represión de la dictadura en Astarsa.

La Villa Garrote, con una población de cuatro mil personas aproximadamente, carece de agua potable y de cloacas y “se eliminan los residuos cloacales a través de una precaria e improvisada red que desemboca directamente en el canal de San Fernando. Esta situación, provoca permanentes obstrucciones y rebalsados de la red, hecho que convierte a la zona en una permanente bomba sanitaria”. Asimismo cuando llueve o sube el río, el barrio se inunda. Por su parte, “Venice” se emplazaría sobre 32 hectáreas con un frente de 500 metros sobre el río Luján. En su página web se señala: “su planificación urbana (…)  incluye un extenso programa residencial, con locales comerciales y una marina propia. En sus áreas comunes se encuentran canales, espacios verdes, y una amplia red de servicios y amenities vinculados a un estilo de vida sustentable”. “Venice” es un desarrollo urbanístico típico de Miami o la Costa Azul mediterránea, mientras que la Villa Garrote es la estrategia de sobrevivencia que han encontrado los sectores excluidos en las grandes urbes del mundo subdesarrollado. Y la permanencia del barrio - instalado a sólo 10 minutos del Palacio Municipal - en las mismas condiciones durante los últimos 50 años indica la falta de voluntad política para brindar soluciones habitacionales y, también, el uso político que las distintas gestiones han hecho de este barrio en un Municipio considerado “rico” por los grandes medios.

Consideraciones finales

A diferencia de las pautas tradicionales de la ciudad abierta, hoy la planificación urbana y el uso del suelo son ordenados por agentes privados que no tienen en sus objetivos, por su propia naturaleza, propender al bien común, sino satisfacer las demandas del mercado y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta manera se "agudiza el fenómeno de fragmentación: física, cultural, ambiental y social, incrementado por la falta de una planificación urbano territorial adecuada y por la presión ejercida por agentes del mercado inmobiliario" (Perahia, Raquel, 2005).

Por su parte, el Estado, el actor llamado a promover el bien común, ha sido cooptado en algunas de sus áreas por los propios desarrolladores urbanísticos, asumiendo un rol más cercano al de facilitador de este tipo de desarrollo desigual que de regulador del mismo. Además, éste es uno de los negocios que habilitó el modelo neoliberal y que se ha mantenido inalterable en el Conurbano Bonaerense, en donde Tigre, tan sólo superado por Pilar, es un ejemplo paradigmático, y aún más preocupante por la fragilidad del ecosistema en el que se asienta: tierras bajas e inundables. La prepotencia del negocio no respeta la funcionalidad del ecosistema del humedal el que, al fin y al cabo, terminará imponiéndose como lo saben todos aquellos que han nacido y aman estas tierras.

En medio del contexto señalado y como medidas alentadoras en función de favorecer a los sectores populares y medios, se puede mencionar la recientemente aprobada “Ley de Acceso Justo al Hábitat” en la Provincia de Buenos Aires que, impulsada por un foro de organizaciones sociales, contempla la complejidad integral del hábitat y aporta herramientas para desalentar la especulación sobre la tierra; y el Programa Procrear que, en la búsqueda de tierras públicas para su implementación, se ha encontrado con ocupaciones ilegales por parte de los barrios privados como es el caso de Santa Bárbara. Por otro lado, este hecho también indica la desidia y la ausencia de una política nacional que intervenga en la problemática del ordenamiento territorial.

Volviendo al pago, la urbanización excluyente en el Partido de Tigre no es materia de interés en la clase política local, es decir para el oficialismo, es decir para el Intendente. Este tema no ha sido problematizado no sólo porque se lo considera como algo natural e irreversible, propio de estos tiempos, sino porque este fenómeno al Intendente de Tigre le aporta vinculaciones con grandes grupos empresariales, cadenas de hoteles y una llegada a todos los actores con poder económico que giran alrededor de este gran negocio. No discrimina a nadie a la hora de acumular poder – como es su relación con O`Reilly - y actuará a favor de los sectores excluidos siempre y cuando la no intervención le pueda generar un costo político.

Es más, la problemática urbana, al implicar un abordaje complejo, no ha logrado instalarse en la agenda pública en forma integral sino que se fragmenta en reclamos puntuales (como puede ser el caso de Punta Querandí o Colony Park) y no gana adeptos más allá de los círculos académicos, blogs, ambientalistas, ONG´s y algún interesado en estas cuestiones. Este dato de la realidad y la alta intención de voto del Intendente de Tigre explican la limitada trascendencia pública y política que adquieren estas temáticas. Tal como dice el Arq. Janoschka Michael, "... la privatización del espacio público y la separación consiguiente de clases no es un tema que conmueve a la población local y menos en las áreas donde vive la población de menor ingreso. En el lenguaje político se puede afirmar que no se ganan votos por la pelea por el acceso público a espacio urbanizado"

En síntesis, la producción del espacio urbano continúa a expensas del deterioro socio-ambiental, de la destrucción del patrimonio cultural y del avance sobre espacios públicos, afectando a los sectores más humildes que, en general, se ubican en las zonas bajas del distrito y, también, a los sectores medios que viven en barrios tradicionales y a aquellos que, por la revalorización de la tierra - que genera la misma urbanización privada - no pueden acceder ni siquiera a un lote de terreno en el barrio en el que nacieron.

Referencia: http://www.actualidaddetigre.com