El juez responsable de la causa del saneamiento del
Riachuelo, Jorge Rodríguez, dictó una medida cautelar que frenó los
trabajos de dragado en la desembocadura del Riachuelo. La misma se tomó por un
recurso de amparo que indica que los barros extraídos, son arrojados al sector
denominado Cuatro Bocas sin tratamiento alguno. Es sabido que desde la
Universidad de Buenos Aires (UBA), existen variados informes que indican que
los sedimentos están contaminados con metales pesados, y representan una
amenaza a la salud de la población y que esos barros no pueden ser dragados y
mucho menos volcados sin tratamiento alguno en aguas abiertas del río de la
Plata.
Esta obra comenzó el 4 de marzo y se estaba realizando en
Cuatro Bocas, que es el punto donde se conectan la desembocadura del Riachuelo,
el Río de la Plata, Dock Sud y los diques de Puerto Madero. La encargó la
terminal de contenedores Exolgan, con el objetivo de que puedan ingresar
barcos de más de 300 metros de eslora. Para esto hace falta recortar una
de las cabeceras y mover 1.300.000 metros cúbicos de sedimentos del lecho
del Riachuelo. De esta manera, se duplicaría la profundidad actual del
curso de agua, que es de apenas un metro. Pese a la magnitud de la tarea
no se conocen estudios complementarios de los suelos a dragar.
Las empresas que impulsan la obra, son Exolgan S.A., Dyopsa
S.A. y Trevi S.A. Según todas las normas internacionales que rigen en esta
materia, las acciones en cuestión, se encuentran expresamente prohibidas.
El juez tomó en cuenta un informe realizado en febrero por
la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA, en base
a muestras de sedimentos del fondo del cauce tomados en noviembre en cinco
puntos de Cuatro Bocas. El mismo revela que tienen una contaminación entre
moderada y alta de cobre, cromo y plomo, que ofrecen una altísima
probabilidad de tener efectos tóxicos.
En función de ello, ordenó la inmediata detención de la obra
de dragado que está realizando Exolgan. Además, le pidió a la ACUMAR que haga
cumplir la medida y le ordenó que inspeccione el predio cada diez días, que
verifique que la empresa haya realizado un informe de impacto ambiental, y que
realice un informe sobre el estado del dragado junto al Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Desde la ACUMAR ayer dijeron que acatarán
el fallo.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.
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