CANAL DE SAN FERNANDO - Hoy...

La contaminación de las aguas que el Canal de San Fernando, vuelca en el río Luján, ya ha alcanzado niveles inauditos. A continuación publico una serie de fotos que testimonian la situación planteada. RAB

Río Reconquista - Nueva reunión del directorio del Comité de Cuenca.

El titular de Infraestructura, Alejandro Arlía, encabezó, en carácter de presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista –Comirec-, una nueva reunión de directorio en la que se trató la orden del día, a partir de la cual avanzaron sobre distintos puntos.

En primer lugar se firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, cuyo objetivo es intensificar una mesa bilateral entre la región de Calabria (Italia) y el Comité de Cuenca del Reconquista, para el trabajo del manejo de residuos.

"La idea de este Comité, que tiene un gran trabajo por delante, es dotar al Consejo Consultivo de más especialistas e instituciones que puedan aportar conocimientos y herramientas" señaló Arlía.

En ese sentido además afirmó: "Por eso estamos firmando Cartas de Intención y convenios que nos asesoren para llevar adelante un trabajo institucional y profesional muy fuerte, en áreas específicas que hacen al saneamiento socio-ambiental, al manejo de residuos y a la creación de espacios verdes, entre otros ámbitos".

También se trabajó en autorizar al Presidente del Directorio a suscribir convenios con Universidades Nacionales con asiento en la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, los presentes acordaron una nueva reunión pautada para el próximo 29 de octubre, en Tigre.

Participaron de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón de Intendentes de Infraestructura, el secretario del Comirec, Oscar Bitz; el representante del OPDS Nahuel Paradela; el representante de la Cuenca Media, Daniel Navarro, de la Cuenca Baja, Julio Zamora; la directora general Ejecutiva; Mara Anselmi  y los responsables legales, Fernando Calvo y Fabian Caro.

Por Prensa Ministerio de Infraestructura

TIGRE - Organismo oficial reconoce la importancia cultural y arqueológica de Punta Querandí.

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas respondió a una solicitud del Municipio de Tigre por el conflicto que enfrenta a indígenas y a diversos sectores sociales con la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei.

Recordemos que el 10 de mayo el Consejo Deliberante de Tigre votó por unanimidad una resolución donde se le pedía informes sobre la valoración cultural y arqueológica de las tierras en conflicto al organismo indigenista provincial y a su par nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que aún no respondió.

En un documento girado al Municipio de Tigre hace dos semanas, que hoy ingresó al Consejo Deliberante local, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas consideró que "Punta Querandí tiene interés cultural y arqueológico", destacando su importancia no sólo para los pueblos indígenas sino para toda la comunidad, al ser un espacio utilizado por las escuelas y las familias de pescadores de la zona, entre otros sectores sociales.

La respuesta enviada al Gobierno de Tigre incluye un informe realizado por arqueólogos y una recopilación de las leyes nacionales e internacionales que avalan los derechos de los pueblos originarios.

EIDICO cuenta a su favor con un informe contratado al equipo de arqueólogos que coordinan Daniel Loponte y Alejandro Acosta (CONICET-INAPL), en el que se concluye que el sitio arqueológico está "agotado" y se recomienda liberar el terreno al "propietario". Dicho informe fue aprobado por el Centro de Registro Arqueológico, del Instituto Cultural Bonaerense.

En tanto, el Movimiento en Defensa de la Pacha logró durante el 2010 el reconocimiento de un fragmento de cráneo en el Museo Etnográfico de la UBA y la certificación de restos arqueológicos por parte de un especialista independiente. Pero el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas es el primer organismo gubernamental en respaldar sus reclamos sobre el lugar.

El 19 de febrero de 2010, el Movimiento en Defensa de la Pacha inició un campamento para defender Punta Querandí luego de que la empresa destruyera con maquinarias casi toda la vegetación del lugar. La protesta de mantiene todavía hoy en el terreno con actividades culturales, talleres, visitas de escuelas, encuentros y ceremonias, garantizando el acceso público al predio por parte de familias de pescadores de toda la región.

Sobre la respuesta del organismo del Gobierno bonaerense, Valentín Palma Callamullo, vecino del paraje Punta Canal y uno de los integrantes de la protesta, manifestó: "Esta es una herramienta muy importante que puede permitir al Municipio destrabar este conflicto en favor de las voluntades populares".

Por Indymedia Pueblos Originarios.

Polémico proyecto del Municipio de Tigre para la entrega de tierras al Club Tigre.

Los beneficiarios de los créditos de viviendas Procrear reclamaron una política habitacional social a Julio Zamora tras la decisión del Ejecutivo local de entregar seis hectáreas de tierras a ese club, vinculado al diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Durante la sesión de ayer en el Concejo Deliberante de Tigre, se aprobó un proyecto de ordenanza presentado por Zamora que otorgará seis hectáreas a ese Club en la localidad de Benavídez, a pesar de que los beneficiarios del Procrear “todavía no pudieron conseguir terrenos para construir vivienda única”, informaron fuentes legislativas locales.

Los ánimos de los beneficiarios del crédito de vivienda se alteraron al conocer que el Intendente le donó tierras al Club que preside Rodrigo Molinos, quien es jefe de bloque de los concejales del Frente Renovador.

Al respecto, Emiliano Solá, uno de los beneficiarios del Procrear, afirmó: “El municipio prioriza entregar tierras a un club que tiene otros centros de deportes, un estadio y dinero suficiente para comprar su terreno, y no dispone de terrenos municipales para la construcción de viviendas sociales”.

En ese sentido, contó que “existen reclamos de más de 400 vecinos que todavía están buscando una solución a la falta de terrenos en Tigre”.

“Presentamos una carta ante el Instituto de la Vivienda municipal pidiendo explicaciones acerca del expediente (85/2014) y demandando respuesta al proyecto que nosotros habíamos presentado para gestionar lotes que pagaremos con el crédito Procrear del cual somos beneficiarios”, dijo Solá.

Con respecto a la falta de tierras desocupadas en el distrito, Sergio Bacigalupo, otro de los beneficiarios, recordó que cuando el reemplazante de Massa en el municipio asumió como intendente dijo que “en Tigre no había tierras”.

A su turno, el titular de Anses en Tigre, Martín Gianella, consideró que “el Procrear es clave porque reactiva la industria, genera empleo y le cumple el sueño de la casa propia a muchas familias”.

“Es una vergüenza y una falta de sentido que el Municipio no colabore con un programa de estas dimensiones. Se ve que no quieren que haya más fuentes de trabajo en el distrito y no les importa que las familias de los trabajadores busquen terrenos en otros distritos, se ve que quieren un Tigre para algunos y no un Tigre para todos”.

El proyecto se aprobó con el voto positivo de la amplia mayoría con la que cuenta el Frente Renovador en el Concejo Deliberante de Tigre, pese a la negativa del Frente para la Victoria y ante la presencia de toda la comisión directiva del club.

Al cierre del debate en el recinto, la concejala Roxana López fue enérgica sobre el asunto: “Nosotros no estamos en contra de éste ni de ningún club; estamos en contra de la vergonzosa escala de prioridades del Ejecutivo municipal”. 

Entre sus reclamos, López expresó que “el massismo le resuelve el pedido al Club Tigre en un mes y medio y no es capaz siquiera de recibir a los vecinos que ya le han presentado notas y solicitado entrevistas hace casi un año por algo tan importante como es la construcción de la casa propia”.

Solicitan la intervención de la AGN para controlar los Puertos Regasificadores de Escobar y Bahía Blanca.

Así lo solicitaron diversas organizaciones bonaerenses al ser recibidas por el Presidente de la Auditoria General de La Nación (AGN), Leandro Despouy.

Diversas organizaciones de la provincia de Buenos Aires fueron recibidas por el presidente de la Auditoria General de La Nación (AGN), Leandro Despouy. En una extensa reunión se expusieron los aspectos negativos que provocan las incorrectas localizaciones de buques regasificadores de Gas Natural Licuado (GNL) y las operatorias “ship to ship” en Argentina.

Como principal argumentó se explicó que, según las normas internacionales, este tipo de instalaciones y operatorias deben realizarse mar adentro.  En cambio el buque regasificador Exemplar de Escobar se encuentra a más de 200 km de alta mar, lo cual vuelve imposible concretar una zarpada de emergencia.

Las organizaciones subrayaron la gran preocupación por el peligro al que se encuentra expuesta de manera permanente la vida de millones de personas en un radio de 50 kilómetros a la redonda de acuerdo a los estudios  internacionales de análisis de riesgos y los accidentes catastróficos ya ocurridos en todo el mundo.

Situación que se presenta desde que los buques metaneros ingresan al Río de La Plata para el caso de Escobar y para el caso de Bahía Blanca las consecuencias se intensificarían si alcanzan a las sustancias inflamables almacenadas en el cercano Polo Petroquímico.

El personal de la Auditoría General se la Nación identificó en la afectación del medio ambiente una problemática importante para el caso de Escobar por tratarse de una región de distribución de bosques nativos, humedales y reservas (Otamendi, Río Lujan, Biósfera de Campana, Delta del Paraná, etc.) donde el agua que consumen diariamente millones de argentinos es almacenada y purificada naturalmente y en el caso de Bahía por su afectación de la riqueza pesquera, entre otros.

La localización del buque Exemplar en el mismo río Paraná de Las Palmas sumado a su elevado tránsito incrementa la posibilidad de choques con otras embarcaciones. Las   dimensiones inapropiadas de la hidrovía y las características hidrometeorológicas desfavorables –bajantes, sudestadas, bancos de niebla-  vuelven las operatorias aún más peligrosas. 

El amplio marco jurídico vulnerado por los distintos órganos de aplicación fue destacado , especialmente en las irregularidades de la Resolución 338/12 de la Secretaria de Energía y en las omisiones del debido proceso de evaluación de impacto ambiental que exige la participación ciudadana a través de la Convocatoria a Audiencias Públicas acorde lo establece la ley General del Ambiente.

El Peligro de los Transgénicos en 3 Minutos (Video).

El Peligro de los Transgénicos Este video de 3 minutos, es la manera perfecta de introducir a gente nueva al tema de los OGM. El video revela de donde vienen los transgénicos, por qué se usan y por qué producen daños.

Arba rescindió convenio con San Isidro San Fernando y Tigre por impericia administrativa.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires determinó rescindir un convenio rubricado en 2005 con San Isidro, San Fernando y Tigre que obligaba a los municipios a inscribir y controlar las barcas amarradas en aguas de su jurisdicción.

Sin embargo, durante un operativo de fiscalización encabezado por el titular de Arba, Iván Budassi, se detectó que el 80 por ciento de las embarcaciones de los distritos no figuraban en los registros.

Por ello, el organismo intimó a 29.818 propietarios de yates y lanchas, de los cuales 14 mil estaban amarrados en la localidad de San Fernando.

En este sentido, el responsable de las relaciones institucionales de Arba, Ariel Notta, descartó que la medida "sea arbitraria" tal como lo manifestó el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y funcionarios de la municipalidad de Tigre, a cargo de Julio Zamora.

"La realidad indica que el acuerdo concretado durante el gobierno de Felipe Solá fracasó por impericia de las administraciones municipales, si no miremos la gran cantidad de yates y barcos que amarrados a pocas cuadras de esos municipios no paga impuestos".

A modo de ejemplo, Notta afirmó que "la ineficiencia en la administración del impuesto es tan absurda que no sólo había lanchas sin declarar, sino que también develamos la existencia de 43 guarderías náuticas que funcionaban sin ningún tipo de control en las propias narices de los funcionarios de Tigre y San Fernando".

Asimismo, Notta advirtió que "incluso en las guarderías náuticas que administra el municipio de San Fernando es alta la evasión, ya que hasta en el Parque Náutico San Fernando S.A. –el municipio tiene 51 por ciento de las acciones de este consorcio- descubrimos en amarre 361 embarcaciones fantasmas que no pagaban impuestos".

ARBA intimará a 25 mil propietarios de embarcaciones por millonaria evasión.

Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos. Aquellos que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros del fisco y los propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos.

Luego de cruzar datos con AFIP y analizar las imágenes que aporta el programa de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), la Agencia de Recaudación bonaerense detectó irregularidades en la situación fiscal de 25 mil yates y, en los próximos días, comenzará a intimar a sus propietarios para que los inscriban en la Provincia y cumplan con el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos, y por ese motivo la Agencia de Recaudación les reclama una deuda conjunta de $ 60 millones.

En rigor, se trata de una primera etapa en el proceso de intimaciones, que continuará en los próximos meses hasta alcanzar a todos los evasores, ya que según estimaciones del organismo el 80 % de los dueños de embarcaciones deportivas evita inscribirlas ante el fisco bonaerense para no tributar en la Provincia.

El director de ARBA, Iván Budassi, aseguró que “para detectar a los propietarios de las embarcaciones sin declarar fue fundamental el cruce de datos que instrumentamos con AFIP”, y subrayó que “con esa información, sumada a los controles presenciales y las imágenes satelitales, podemos individualizar los yates, conocer de qué tipo son, calcular su valor y localizar a los dueños”.

Asimismo, destacó que “las embarcaciones de aquellos contribuyentes que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros de la Provincia y sus propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos”.

De acuerdo a lo que establecen las normas fiscales, los dueños de embarcaciones con motor, que sean utilizadas para recreación y actividades deportivas, y posean amarre o guardería habitual en territorio de la provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de pagar el tributo correspondiente en esa jurisdicción.

En los últimos meses, ARBA inició una ofensiva para regularizar la situación sobre este sector de contribuyentes que registra un alto índice de evasión. Para ello, y por primera vez en lo que refiere a embarcaciones, utilizó la tecnología satelital que provee el MESI para detectar yates, amarraderos y guarderías náuticas no declaradas.

Además, con esa información, y el complemento que significaron las imágenes de alta definición que aporta el drone fiscalizador, la Agencia pudo conocer con precisión la existencia de embarcaciones que se encuentran en el delta, islas, áreas ribereñas y costa atlántica, así como también en guarderías de countries y lagunas del territorio provincial.

Los datos permitieron potenciar el alcance de los controles presenciales y todo ese volumen de información se cruzó con bases de AFIP. A partir de allí, fue posible detectar a los propietarios que registraron sus yates a nivel nacional, pero no cumplieron con la obligación de declararlos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tenían amarre en esa jurisdicción.

Luego de ser intimados, los dueños de las embarcaciones tendrán quince días para regularizar su situación. Pasado ese plazo, la Provincia inscribirá los barcos de oficio en los registros bonaerenses y los contribuyentes tendrán que hacerse cargo no sólo de los impuestos, sino también de las multas e intereses que correspondan.

Cabe recordar que en los últimos operativos presenciales que los inspectores de ARBA realizaron en Olivos y San Isidro, se detectaron altos niveles de evasión. En el primer caso, el 75% de las embarcaciones controladas registraba irregularidades. En el segundo, de los 14 clubes náuticos y guarderías fiscalizadas, sólo 3 estaban en regla y cumplían con todas sus obligaciones tributarias.

Científicos dan por extinguidas tres especies de aves únicas de Brasil.

Científicos de la Universidad de Sao Paulo anunciaron la extinción de tres especies de aves del país tras no haberse visto ningún ejemplar en los últimos años.

Según los científicos, las tres especies extintas son el mochuelo pernambucano "Glaucidium mooreorum", el chillón del noreste "Cichlocolaptes mazarbarnetti" y el ticotico de Alagoas o limpiador de hojas "Philydor novaesi", que tenían como hábitat las selvas del litoral atlántico en la parte noreste de Brasil.

En los últimos tres años, los científicos de la Universidad de Sao Paulo, e investigadores de la Fundación Grupo Boticario de Protección a la Naturaleza, no se detectó la presencia de ninguna de las tres aves en los últimos años, lo que lleva a considerarlas extintas.

En el caso de otra de las especies, mochuelo pernambucano, el último registro oficial que existe fue un "canto grabado en 1990", mientras que las otras dos aves tampoco han sido observadas en los últimos diez años, con lo que se consideran extintas.

La degradación y deforestación del Bosque Atlántico, un ecosistema selvático que se extiende por el litoral brasileño y del que cual sólo se conserva cerca de un 12 por ciento de su vegetación original, se considera la principal razón para la extinción de las aves.

Los científicos alertaron sobre el riesgo que pueden sufrir otras especies en la zona por el desarrollo de las industrias de caña de azúcar y por los niveles de contaminación que ha destruido parte de las selvas. 

"Una de las salidas para evitar la extinción de otras especies es proteger lo que resta del Bosque Atlántico, mediante la creación de nuevas áreas protegidas y corredores ecológicos" que garanticen su supervivencia.

SAN ISIDRO – Bosque Alegre - Vecinos acusan al CASI y al municipio por actuar fuera de la ley.

Se inició en el Concejo Deliberante de San Isidro, el debate sobre lo que muchos consideran una maniobra ilegal, del Municipio y el Club Atlético San Isidro (CASI), ya que los fines de semana, el club ocupa la parte talada y rellenada de “Bosque Alegre” (reserva natural y pública) para sus prácticas de rugby infantil y, en los momentos en que no usan el predio, tienen apostados allí personal de seguridad privada con perros para impedir que cualquiera pueda ingresar a este lugar.

El concejal Fabián Brest, presentó un Pedido de Informes solicitándole a la Municipalidad que explique la situación generada por esta aparente ocupación.

Por su parte, vecinos agrupados en la Asamblea “Bosque Alegre” expresaron a través de una carta que la Municipalidad y el club actuaron por fuera del marco de la regulación ambiental. Con este interés vecinal, después de marchas y de golpear puerta por puerta, llegó el decreto que permitió la derogación parcial del convenio. El lugar volvía a tener carácter público, pero no pasó del todo…

Haciendo historia, el predio fue cedido por 20 años al Club Atlético San Isidro que es tradición en los torneos de rugby, allá por 2011, pero esa cesión fue derogada en noviembre del 2012 luego de la airada protesta social despertada por la tala, relleno y privatización parcial de uno de los últimos bosques ribereños del conurbano bonaerense.

“A meses de haber dictado un decreto que le revocó la cesión de tierras, el club reaparece en escena, como si nada hubiera pasado, sin que se sepa si un nuevo convenio fue firmado ni razón que explique por qué se lo hizo salir por una puerta y luego reingresar por otra diferente en el mayor de los silencios”, afirman los vecinos organizados en la carta.

La comunidad ve a este espacio como lugar de contemplación, esparcimiento y educación", se lee en la carta. Por eso, el concejal Brest, manifestó que “le pedimos al municipio que nos envíe un amplio informe sobre qué tipo de actividades deportivas, culturales, sociales, escolares y/o programas municipales se desarrollan en el lugar, cuál es el cronograma y la planificación anual, semanal, días y horarios en el que se desarrollan las mismas y de realizar actividades Clubes y/o Escuelas del distrito detalle si son públicos o privados y el listado de cuáles están autorizadas”.

Cabe remarcar también que oportunamente en pleno conflicto, hubo una brutal represión de la policía del Programa Municipal de Cuidado Comunitario, contra los vecinos y los asambleístas ambientales, hecho lamentable que sucedió en abril de 2012.

Notas relacionadas:

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Tigre – Barrios Privados - Evasión fiscal de $ 12.000.000.

Luego de detectar y notificar un importante número de irregularidades, entre lo realmente construido y lo presentado al fisco, el Municipio de Tigre comenzó a enviar intimaciones a 700 propietarios en countries para que normalicen sus situaciones.

A través de la Secretaría de Ingresos Públicos, el Municipio de Tigre localizó anomalías entre lo que algunos vecinos de barrios cerrados habían declarado como obra en construcción y lo verdaderamente edificado. 

Tras haber hecho la notificación correspondiente el mes pasado, ahora la comuna envía intimaciones con un plazo de dos semanas para regularizar cada caso. De no hacerlo, se les cobrará una multa mensual en la Tasa de Servicios Generales.

Ya son 694 los inmuebles intimados, pertenecientes a siete barrios privados: Santa Catalina, Laguna del Sol, Santa Bárbara, Isla del Sol, Rincón de la Costa, San Isidro Labrador, Talar del Lago I y II. En los próximos tres meses, se continuarán con los operativos para constatar si existen más irregularidades de este tipo.

“Se los intimó por no presentar los planos constructivos en Obras Particulares. Entre todas las viviendas, se encontraron 140 mil metros cuadrados construidos y otros 1.500 de piletas que no registrados, lo que equivale a una evasión fiscal de $ 12.000.000”, indicó Daniel Chillo, secretario de Ingresos Públicos. 

Y Chillo concluyó: “Ya hay vecinos que se acercaron al Municipio para ponerse al día. Mientras otros se les está por aplicar la multa, que será permanente hasta tanto el contribuyente no normalice la cuestión”.

RÍO RECONQUISTA - Iniciarán obras de saneamiento en la cuenca.

Beneficiarán a 18 municipios del norte y oeste del Gran Buenos Aires; se harán con un crédito del BID por $ 230 millones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires iniciará obras de drenaje, saneamiento, infraestructura vial y provisión de agua potable que beneficiarán a 18 municipios, casi todos en las zonas norte y oeste del conurbano, gracias a un crédito aprobado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la recuperación ambiental de la cuenca del río Reconquista.

Así lo anunció la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, en un comunicado en el que se detallaba el alcance del Programa de Manejo Urbano Ambiental Sostenible, que tiene previsto implementar el gobierno en esa cuenca, que abarca una superficie de 1670 kilómetros cuadrados (ocho veces el área de la ciudad de Buenos Aires) y en la que vive cerca del 13% de la población argentina.

La región se divide en tres partes. La cuenca alta se extiende entre los partidos de Merlo, Moreno, Luján, General Rodríguez, General Las Heras y Marcos Paz; la media, entre Malvinas Argentinas, San Miguel, General San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, José C. Paz y Hurlingham; y la baja pasa por los municipios de Tigre, Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Alejandro Arlia - Ministro de Infraestructura.

El crédito del BID tiene un monto de 230 millones de dólares y es el más importante (en términos de monto) de un paquete de 410 millones que incluye otros dos préstamos destinados al Estado nacional para obras en la misma región.

El dinero que se prestará a la provincia deberá ser devuelto en un período de 30 años con un interés cercano al 5% anual y con un período de gracia inicial de seis años y medio. Como contrapartida, el Estado bonaerense deberá aportar un 20% del monto, del que se podrían descontar obras que ya están en curso.

Entre las obras más importantes contempladas en el proyecto figura la relocalización de familias que viven en zonas inundables aledañas a los arroyos de la cuenca, la construcción de cuatro estaciones de bombeo para el suministro de agua potable y la erradicación de basurales clandestinos.

Según el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Alejandro Arlía, el programa "dará una solución integral a los problemas ambientales que aquejan" a esa región. Para el ministro, el otorgamiento del crédito "marca un antes y un después en materia ambiental".

Aunque parte de la inversión a realizar depende de los proyectos ejecutivos presentados por cada uno de los municipios involucrados, en general se trata de obras de saneamiento ambiental y destinadas a prevenir inundaciones. También se realizarán conexiones a las redes de agua y cloacas y se abrirán nuevas calles. "En esos municipios viven más de cuatro millones y medio de personas. Y el impacto directo va a ser por lo menos sobre tres millones de ellos", dijo Arlía.

Batakis, en tanto, consideró que el préstamo es importante "porque su ejecución permite avanzar por la senda del desarrollo". Tras la aprobación del préstamo, los ministerios de Economía e Infraestructura se disponen a elaborar los pliegos de licitación para las distintas obras, que se iniciarían el año próximo.

RÍO RECONQUISTA - El BID aprobó un crédito para recuperar la cuenca.

El crédito de 230 millones de dólares será para recuperar la calidad ambiental de la cuenca del río, que se complementará con una partida de 57,5 millones de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 

El plan priorizará inversiones dirigidas a poblaciones que viven en áreas de riesgo sanitario, a fin de "aumentar la cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales", informó el organismo multilateral.

Del mismo modo, se busca mejorar la gestión integrada de los residuos sólidos, principalmente mediante el cierre de basurales a cielo abierto; mejorar la conectividad y acceso a barrios periféricos asentados en áreas de difícil acceso; y fortalecer la gestión del Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec).

Comprende 134 cursos de agua en un área de aproximadamente 1.670 kilómetros cuadrados y comprende 18 municipios en los que residen más de 4,6 millones de habitantes Esa cuenca fluvial del territorio bonaerense comprende 134 cursos de agua en un área de aproximadamente 1.670 kilómetros cuadrados y comprende 18 municipios en los que residen más de 4,6 millones de habitantes (aproximadamente 12% de la población del país).

El Producto Bruto Geográfico en el ámbito de la cuenca es del orden de 17.880 millones de pesos, aproximadamente. 15% de la producción provincial.

Según la documentación del préstamo que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cuenca del río Reconquista "experimentó una urbanización acelerada y desordenada a partir de la década de los noventa".

Esa evolución resultó en problemas como la baja cobertura de los servicios de agua potable (45% de la población no es abastecida por red) y de alcantarillado sanitario (sólo 24% tiene los efluentes recolectados y tratados); deficiente drenaje pluvial; contaminación de los cursos de agua; y proliferación de asentamientos informales.

Referencia: Telam.

TIGRE – NARCO LAVADO - Embargaron bienes por más de U$S 100 millones en la causa Nordelta.

Lo resolvió el juez federal Santa Marina por pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es la mayor inhibición de bienes por lavado en la historia del país. Pesa sobre cinco personas y tres empresas.

Mientras avanza la investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero en torno a la banda de narcos colombianos y argentinos radicados en la zona de Nordelta, Tigre, Benavidez y Talar de Pacheco, la justicia ya trabó embargos sobre los bienes de los acusados por un valor que supera los 100 millones de dólares, según surge del expediente 10.801 que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.

El material embargado, según la justicia y los organismos de control, configura el mayor embargo de bienes en delitos de este tipo en el país. El embargo alcanza a cinco personas físicas y tres jurídicas (empresas y fideicomisos) y abarca propiedades, autos y fondos depositados en cuentas corrientes. Lo más relevante de la orden judicial reciente es que dentro de las inhibiciones oficializadas se incluyen bienes de la presunta pata empresaria argentina, supuestamente asociada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La causa se activó el 27 de octubre pasado, día de las últimas elecciones legislativas nacionales.

Los últimos embargos que se publican en esta edición fueron solicitados por la Unidad de Información Financiera (UIF) una vez que el juzgado de Lomas de Zamora aceptó la intervención del organismo como querellante en la causa, y se suman a los que el propio magistrado ya había establecido previamente.

El 16 de junio pasado, con el objeto de "asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas", el juez Alberto Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA.

De la lista, el nombre más sobresaliente es el de Martínez Grajales. Hace poco más de dos meses, la justicia allanó 15 domicilios, todos en el municipio de Tigre, operación que concluyó en el procesamiento de 19 colombianos, once de los cuales quedaron detenidos. Uno de estos domicilios (Parcela 90, Fracción 13 Benavídez y Complejo Benavídez 1, Nordelta), corresponde a Grajales, que junto a buena parte de su familia son parte activa de la banda narco que comanda Jesús Antonio Yépez Gaviria. De hecho, otro de los Martínez Grajales, John Eduardo, fue detenido el año pasado en el barrio Santa Catalina en un golpe a una cueva de drogas. Se lo vinculó a grupos narcos de Colombia, como los "Urabeños" y "Los Machos", que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.

El patrimonio embargado está conformado principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario –algunos de ellos al interior de Nordelta–, campos y estancias y 17 vehículos de alta gama. "Una vez que el dinero ingresa al circuito formal contamina todo, el objetivo final es el decomiso", indicó una fuente oficial.

Además, el magistrado Santa Marina ordenó en los últimos días un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a ODA Desarrollos SA, que llevó a cabo la construcción de Nordelta.

¿Quién es Walter Mosca? El nexo argentino de la banda para la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado Nordelta.

Según consta en los autos de procesamiento de la causa, Mosca y Colombini, otro de los "inhibidos", tienen vínculos con los colombianos Yépez Gaviria y su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, ambos domiciliados en Tigre y dueños de varias sociedades, actualmente presos y sospechados de liderar la banda de narcolavadores.

La solidez de las pesquisas judiciales y las tareas de los organismos de control sobre la ruta del narcolavado de activos, tuvo además impacto en el accionar de la banda en Colombia. Cuando en 2008 comenzaron los allanamientos en el marco de la causa que terminó extraditando a Estados Unidos al capo Ignacio Álvarez Meyendorff, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Colombia se puso en contacto con el organismo que en Argentina conduce José Sbatella. Empezó un intercambio de datos de la banda que derivó en una inhibición histórica para el país caribeño: en total se decomisaron hasta el momento unos U$S 500 millones en bienes y cuentas, investigación que fue premiada internacionalmente.

TIGRE - Piden la indagatoria del arquitecto Mosca, investigado por lavado en la causa Nordelta.

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Santa Marina que convoque al empresario y a otras 13 personas. Investigan también a sus socios en la construcción.

Las oficinas a las que se había mudado Walter Mosca, antes de ser investigado por lavado de dinero, pronosticaban el declive del arquitecto. Un edificio a medio terminar, producto de uno de sus tantos fideicomisos, sin aire acondicionado ni revoque, pero ubicado frente al lujoso Hotel Intercontinental de Nordelta, era el nuevo escenario en el que recibía a sus clientes, entre ellos, los colombianos Antonio Yepes Gaviria y a su mujer, Claudia Celis. Ambos están presos, acusados de lavar dinero producto del narcotráfico.

La caída del matrimonio terminó de derrumbar a Mosca, quien ya tenía problemas con los fideicomisos que no lograba terminar. Las demandas, deudas y los pedidos de quiebra se acumularon en poco tiempo. Investigado por la AFIP y la Justicia federal, a Mosca se le sumó un problema en los últimos días: la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió su indagatoria al juez federal Alberto Santa Marina, que investiga a una presunta banda narco que operaba desde Nordelta.

Yepes Gaviria, con quien realizó numerosas operaciones comerciales, se habría convertido en una importante fuente de ingreso del arquitecto oriundo de Ramos Mejía. Así lo revelan las escuchas incorporadas en el expediente. Celis admitió la relación: “Walter construyó muchas de las propiedades que vendimos en Nordelta”, dijo en esa oportunidad, pero negó que el capital invertido fuera producto del lavado.

Junto a Mosca, el organismo precedido por José Sbatella pidió la indagatoria de otras trece personas. Entre ellos, dos socios del constructor. Se trata del abogado Diego Colombini y el contador Juan Carlos Di Filippo, que acompañaron a Mosca en varios emprendimientos. Quizás el más exitoso haya sido la construcción del Hotel Intercontinental, lofts, oficinas y plazas de estacionamiento en la Bahía Grande de Nordelta, a través de Complejo de la Bahía SA.

El contador y el abogado están vinculados a Obras de Arquitectura y Oda Desarrollos, e integraron otras sociedades junto a Mosca. El 19 de diciembre de 2011, Colombini y el arquitecto crearon Hotel Pilar SA para la construcción de un hotel cinco estrellas en esa localidad. Los tres fueron inhibidos a pedido de la UIF.

En un comunicado de prensa, emitido en septiembre de 2013, Oda Desarrollos declaraba “más de 400 empleados propios y más de 400 contratados”, y se adjudicaba la construcción de “más de mil unidades en Nordelta”, donde Mosca trabajaba “desde 2001”. En sus oficinas no se encontraron registros de empleados, pero sí centenas de boletos de compra-venta que están siendo analizados por la UIF y la AFIP.

Voceros de Nordelta aclararon que el arquitecto “construía casas para particulares que contrataban su servicio de manera independiente. Es uno de los más de 500 arquitectos que construyeron o están construyendo casas en Nordelta. En este sentido, lo que Walter Mosca realizó no supera el 2% de las casas unifamiliares que hay construidas y en obra. Con respecto a los desarrolladores de edificios, Mosca es uno más de los aproximadamente treinta que trabajan en Nordelta. Además, no sólo desarrollaba su actividad en esta CiudadPueblo, sino que también tenía emprendimientos en Vicente López, Caballito y Pilar, entre otros”.

Hasta hace poco, las dos empresas de Mosca promocionaban en la web las millonarias obras que había ejecutado. Las páginas ya no pueden verse en internet. Fueron eliminadas.

La investigación que desembocó en la aprehensión de once personas se inició a partir de una llamada anónima recibida el 15 de agosto de 2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora. Esta daba cuenta de la existencia de una banda que se dedicaría al tráfico de cocaína al extranjero. La droga era ingresada al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionada en Argentina y luego exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia. La banda estaría liderada por los colombianos Fabián Andrés Martínez Grajales y John Eduard Martínez Grajales. Mientras que para el juez de Lomas de Zamora, Yepes Gaviria y Celis, serían los encargados de lavar el dinero.

A partir de informes de la UIF y el Banco Central se pudo determinar una reiterada intervención de varias empresas vinculadas a Mosca en las operaciones comerciales de Yepes Gaviria y su mujer. 

En el juzgado de Lomas de Zamora se preguntan si el arquitecto conocía el origen de los fondos.