Lo resolvió el juez federal Santa Marina por pedido de la
Unidad de Información Financiera (UIF). Es la mayor inhibición de bienes por
lavado en la historia del país. Pesa sobre cinco personas y tres empresas.
Mientras avanza la investigación por tráfico de drogas y
lavado de dinero en torno a la banda de narcos colombianos y argentinos
radicados en la zona de Nordelta, Tigre, Benavidez y Talar de Pacheco, la
justicia ya trabó embargos sobre los bienes de los acusados por un valor que
supera los 100 millones de dólares, según surge del expediente 10.801 que
tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de
Zamora.
El material embargado, según la justicia y los organismos de
control, configura el mayor embargo de bienes en delitos de este tipo en el
país. El embargo alcanza a cinco personas físicas y tres jurídicas (empresas y fideicomisos)
y abarca propiedades, autos y fondos depositados en cuentas corrientes. Lo más
relevante de la orden judicial reciente es que dentro de las inhibiciones
oficializadas se incluyen bienes de la presunta pata empresaria argentina,
supuestamente asociada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La causa se activó el 27 de octubre pasado, día de las
últimas elecciones legislativas nacionales.
Los últimos embargos que se publican en esta edición fueron
solicitados por la Unidad de Información Financiera (UIF) una vez que el
juzgado de Lomas de Zamora aceptó la intervención del organismo como
querellante en la causa, y se suman a los que el propio magistrado ya había
establecido previamente.
El 16 de junio pasado, con el objeto de "asegurar la
custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y
dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas", el juez Alberto
Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos
Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos
Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las
firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de
Bahía Grande SA.
De la lista, el nombre más sobresaliente es el de Martínez
Grajales. Hace poco más de dos meses, la justicia allanó 15 domicilios, todos
en el municipio de Tigre, operación que concluyó en el procesamiento de 19
colombianos, once de los cuales quedaron detenidos. Uno de estos domicilios
(Parcela 90, Fracción 13 Benavídez y Complejo Benavídez 1, Nordelta),
corresponde a Grajales, que junto a buena parte de su familia son parte activa
de la banda narco que comanda Jesús Antonio Yépez Gaviria. De hecho, otro de
los Martínez Grajales, John Eduardo, fue detenido el año pasado en el barrio
Santa Catalina en un golpe a una cueva de drogas. Se lo vinculó a grupos narcos
de Colombia, como los "Urabeños" y "Los Machos", que operan
desde el Valle del Cauca, en Cali.
El patrimonio embargado está conformado principalmente por
fideicomisos para el desarrollo inmobiliario –algunos de ellos al interior de
Nordelta–, campos y estancias y 17 vehículos de alta gama. "Una vez que el
dinero ingresa al circuito formal contamina todo, el objetivo final es el decomiso",
indicó una fuente oficial.
Además, el magistrado Santa Marina ordenó en los últimos
días un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario Walter
Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de
Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle
Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di
Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del
Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a ODA Desarrollos SA, que llevó a cabo
la construcción de Nordelta.
¿Quién es Walter Mosca? El nexo argentino de la banda para
la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y
empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel
Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado
Nordelta.
Según consta en los autos de procesamiento de la causa,
Mosca y Colombini, otro de los "inhibidos", tienen vínculos con los
colombianos Yépez Gaviria y su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, ambos
domiciliados en Tigre y dueños de varias sociedades, actualmente presos y
sospechados de liderar la banda de narcolavadores.
La solidez de las pesquisas judiciales y las
tareas de los organismos de control sobre la ruta del narcolavado de activos,
tuvo además impacto en el accionar de la banda en Colombia. Cuando en 2008
comenzaron los allanamientos en el marco de la causa que terminó extraditando a
Estados Unidos al capo Ignacio Álvarez Meyendorff, la Unidad de Información
Financiera (UIF) de Colombia se puso en contacto con el organismo que en
Argentina conduce José Sbatella. Empezó un intercambio de datos de la banda que
derivó en una inhibición histórica para el país caribeño: en total se
decomisaron hasta el momento unos U$S 500 millones en bienes y cuentas,
investigación que fue premiada internacionalmente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario