La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
determinó rescindir un convenio rubricado en 2005 con San Isidro, San Fernando
y Tigre que obligaba a los municipios a inscribir y controlar las barcas
amarradas en aguas de su jurisdicción.
Sin embargo, durante un operativo de fiscalización
encabezado por el titular de Arba, Iván Budassi, se detectó que el 80 por
ciento de las embarcaciones de los distritos no figuraban en los registros.
Por ello, el organismo intimó a 29.818 propietarios de yates
y lanchas, de los cuales 14 mil estaban amarrados en la localidad de San
Fernando.
En este sentido, el responsable de las relaciones
institucionales de Arba, Ariel Notta, descartó que la medida "sea
arbitraria" tal como lo manifestó el intendente de San Fernando, Luis
Andreotti, y funcionarios de la municipalidad de Tigre, a cargo de Julio
Zamora.
"La realidad indica que el acuerdo concretado durante
el gobierno de Felipe Solá fracasó por impericia de las administraciones
municipales, si no miremos la gran cantidad de yates y barcos que amarrados a
pocas cuadras de esos municipios no paga impuestos".
A modo de ejemplo, Notta afirmó que "la ineficiencia en
la administración del impuesto es tan absurda que no sólo había lanchas sin
declarar, sino que también develamos la existencia de 43 guarderías náuticas
que funcionaban sin ningún tipo de control en las propias narices de los
funcionarios de Tigre y San Fernando".
Asimismo, Notta advirtió que "incluso en
las guarderías náuticas que administra el municipio de San Fernando es alta la
evasión, ya que hasta en el Parque Náutico San Fernando S.A. –el municipio
tiene 51 por ciento de las acciones de este consorcio- descubrimos en amarre
361 embarcaciones fantasmas que no pagaban impuestos".
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