viernes, 29 de agosto de 2014

ARBA intimará a 25 mil propietarios de embarcaciones por millonaria evasión.

Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos. Aquellos que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros del fisco y los propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos.

Luego de cruzar datos con AFIP y analizar las imágenes que aporta el programa de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), la Agencia de Recaudación bonaerense detectó irregularidades en la situación fiscal de 25 mil yates y, en los próximos días, comenzará a intimar a sus propietarios para que los inscriban en la Provincia y cumplan con el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos, y por ese motivo la Agencia de Recaudación les reclama una deuda conjunta de $ 60 millones.
En rigor, se trata de una primera etapa en el proceso de intimaciones, que continuará en los próximos meses hasta alcanzar a todos los evasores, ya que según estimaciones del organismo el 80 % de los dueños de embarcaciones deportivas evita inscribirlas ante el fisco bonaerense para no tributar en la Provincia.


El director de ARBA, Iván Budassi, aseguró que “para detectar a los propietarios de las embarcaciones sin declarar fue fundamental el cruce de datos que instrumentamos con AFIP”, y subrayó que “con esa información, sumada a los controles presenciales y las imágenes satelitales, podemos individualizar los yates, conocer de qué tipo son, calcular su valor y localizar a los dueños”.
Asimismo, destacó que “las embarcaciones de aquellos contribuyentes que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros de la Provincia y sus propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos”.
De acuerdo a lo que establecen las normas fiscales, los dueños de embarcaciones con motor, que sean utilizadas para recreación y actividades deportivas, y posean amarre o guardería habitual en territorio de la provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de pagar el tributo correspondiente en esa jurisdicción.


En los últimos meses, ARBA inició una ofensiva para regularizar la situación sobre este sector de contribuyentes que registra un alto índice de evasión. Para ello, y por primera vez en lo que refiere a embarcaciones, utilizó la tecnología satelital que provee el MESI para detectar yates, amarraderos y guarderías náuticas no declaradas.
Además, con esa información, y el complemento que significaron las imágenes de alta definición que aporta el drone fiscalizador, la Agencia pudo conocer con precisión la existencia de embarcaciones que se encuentran en el delta, islas, áreas ribereñas y costa atlántica, así como también en guarderías de countries y lagunas del territorio provincial.
Los datos permitieron potenciar el alcance de los controles presenciales y todo ese volumen de información se cruzó con bases de AFIP. A partir de allí, fue posible detectar a los propietarios que registraron sus yates a nivel nacional, pero no cumplieron con la obligación de declararlos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tenían amarre en esa jurisdicción.


Luego de ser intimados, los dueños de las embarcaciones tendrán quince días para regularizar su situación. Pasado ese plazo, la Provincia inscribirá los barcos de oficio en los registros bonaerenses y los contribuyentes tendrán que hacerse cargo no sólo de los impuestos, sino también de las multas e intereses que correspondan.
Cabe recordar que en los últimos operativos presenciales que los inspectores de ARBA realizaron en Olivos y San Isidro, se detectaron altos niveles de evasión. En el primer caso, el 75% de las embarcaciones controladas registraba irregularidades. En el segundo, de los 14 clubes náuticos y guarderías fiscalizadas, sólo 3 estaban en regla y cumplían con todas sus obligaciones tributarias.

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