Scioli, entre la
subejecución y el endeudamiento.
Mientras Daniel Scioli apura la firma de un crédito por U$D
280 millones para el “saneamiento” del Reconquista, proliferan las dudas por la
inacción y el vaciamiento presupuestario del Comité de Cuenca que tiene a cargo
la preservación del recurso.
Mientras el Gobierno bonaerense intenta reflotar una línea
de crédito a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometida
al saneamiento de la cuenca del Río Reconquista, la segunda más contaminada del
país, crecen los cuestionamientos por la virtual inacción del Comité de Cuenca
que debe velar por el recurso hídrico.
El COMIREC, para el cual se destinan desde hace 4 años en promedio 20 millones
de pesos, de los cuales se ejecutan inexorablemente menos de dos, no ejercería,
según denuncias de ONG, el poder de policía que le otorga la ley. Además del
"congelamiento" presupuestario, el organismo no controlaría el vuelco
de químicos en las aguas, cuya continuidad pone en peligro cualquier acción
tendiente a la "sanación" de los ríos que componen la cuenca.
De acuerdo a lo votado por las cámaras legislativas, el
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) tiene para 2013 un
presupuesto de 19.521.160 pesos, de los cuales lleva devengados, al 30 de
abril, y según los datos de Contaduría General de la Provincia, apenas
286.190,13 pesos, es decir, el 1.45% del presupuesto anual, cuando va
transcurrido el primer tercio del año.
Un análisis más detallado de la composición de ese gasto,
revela que sólo la partida Gastos en personal se lleva el más del 95% de lo
devengado a la fecha; el 5% restante corresponde a “Servicios no personales” ($
8.582,10), cuyo crédito total supera los 11 millones de pesos, es decir que la
partida tiene una subejecución por encima del 99%.
En rigor, estos datos no son nuevos. En 2012, con un
presupuesto similar –está en franco descenso desde 2010-, la ejecución se
detuvo por debajo de los 1.2 millones de pesos, es decir rondando el 5.8% de la
partida original del presupuesto. Claro que esta gestión se “emprolijó”,
mediante la reasignación de recursos, que terminaron vaciando el presupuesto
original para que la ejecución final sea del 100%.
Prueba de ello es que, al 30 de noviembre, es decir, un mes
antes del cierre del ejercicio, la ejecución mostraba el ritmo que terminó llevando
hasta el final, pero los fondos disponibles eran los originales: 19.685.160,00.
En 2008, el presupuesto del Comité de Cuenca era similar al
monto de la ejecución actual. Según la Ley de Presupuesto de ese año, tenía
asignados para funcionar $1.275.100. Al año siguiente, con el primer Proyecto
elaborado por la gestión de Scioli, trepó a 27 millones de pesos; en 2010,
descendió a 24.824.700 pesos; en 2011 quedó congelado en idéntica cifra; en
2012, descendió otro escalón y totalizó 19.685.160. Para 2013, como ya fue
reseñado, se estancó apenas por debajo de esa cifra: $ 19.521.160.
Ahora, pese a que destina 20 millones de pesos que luego
transfiere a otras áreas, Scioli busca endeudar a la Provincia por un monto de
280 millones de dólares, de los cuales 230 son un aporte Banco Interamericano
de Desarrollo, más un aporte local de 50 millones.
Detrás de los números, más dudas
El Río Reconquista es considerado el segundo más contaminado
del país, sólo superado por el Riachuelo, y atraviesa los partidos de General
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo,
Moreno, Morón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero,
Vicente López, Las Heras, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz, que suman más
de 4 millones de habitantes.
Para paliar la crisis ambiental que lo envuelve, existe en
el ámbito del Ministerio de Infraestructura un “Comité de Cuenca”, creado por
la ley 12.653, que tiene la responsabilidad la “planificación y ejecución del
Plan de Saneamiento”.
Entre los objetivos que se enumeran en su articulado, se encuentran los de
“Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la
Cuenca”, “coordinar con la Nación, otras provincias, Municipalidades y
organismos no gubernamentales acciones y medidas vinculadas con su objeto”,
“ejecutar las obras necesarias para la gestión integral del recurso hídrico de
la Cuenca”, “formular la política ambiental tendiente a la preservación del
recurso hídrico de la Cuenca, en coordinación con los órganos competentes en la
materia, a cuyos efectos podrá celebrar los convenios pertinentes” y “Ejercer
el poder de policía de la Cuenca, conforme lo determine la reglamentación”.
Si bien tiene entre sus atribuciones la de clausurar
empresas que contaminen, los vecinos de la cuenca, organizados en ONG’s,
denuncian que no lo hace. “Todas las clausuras que hemos visto han sido
parciales y en muchos casos por cosas ínfimas”, sostuvo Adriana Córdoba, titular de COEPSA.
No sería éste el único incumplimiento del organismo: “Hasta
el día de hoy no nos han dado el registro de las industrias que vuelcan”,
asegura Córdoba, aunque reparte responsabilidades con el OPDS, organismo ante
el cual, asegura, “nos hemos cansado de hacer denuncias; nunca ha contestado y
los análisis que hemos visto son vergonzosos”.
Según Córdoba, esta situación, sumada a deficiencias sobre
el plan presentado al BID para financiar el saneamiento del río, ha despertado
preocupación de los vecinos, y ha motivado comunicaciones con esa entidad
financiera. “El BID ha estado preocupado por esta situación”, relató, “llamó a
una consultora para que haga un plan de manejo integral de la cuenca, para
nosotros no lo hay; eso que se publica en la página es un paper, con algunas
líneas de intención, pero el plan de manejo no está ahí”.
Concretamente, las dudas de COEPSA radican en que los 280
millones de dólares serán destinados a “un proyecto de urbanización”, con el
“traslado de barrios”, lo cual no es, en sí, objetado por la ONG. “Lo que
siempre hemos discutido es la otra mitad: ¿Dónde están las consignas que nos
hagan pensar que van a actuar para hacer más sano el río? No los vemos y lo
hemos planteado”, explicó.
Las respuestas que COEPSA y otras ONG esperan son,
concretamente, en torno a tres ejes primordiales: qué pasa con los vuelcos
industriales, con los vuelcos de deshechos cloacales y, por último, con los
residuos que se vuelcan en la cuenca de manera legal y también de manera
clandestina.
