TIGRE - DELTA - Denuncian la destrucción de la forma de vida isleña.

Isleños de la primera sección del Delta del Paraná, en el partido de Tigre, denunciaron que está en riesgo su particular forma de vida porque en los últimos años empresas con el aval del municipio atentan contra el trabajo de los que habitan esas tierras.
Los problemas comenzaron hace más de cuatro años, cuando fueron desalojados pobladores de la primera sección de las islas para construir el complejo de barrios privados Colony Park, planeado en el sector más próximo al continente, frente al puerto de frutos y a la estación fluvial del partido bonaerense de Tigre. "Esa estrategia quedó frenada en 2011 durante una audiencia pública en el Concejo Deliberante local, pero desde el 7 de marzo de este año una ordenanza prohibió el trabajo isleño, lo que impacta directamente en nosotros", dijo a Télam Diego Domínguez, integrante de la Cooperativa La Esperanza.
Domínguez se refiere al plan de manejo de las islas, presentado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, aprobado por el Concejo Deliberante, que si bien "inhibe la avanzada del Colony Park" también prohíbe "la autoconstrucción de muelles, estacadas y casas y limita algunos materiales que hacen a nuestros usos y costumbres", explicó el cooperativista. "Cuestionamos ese plan porque si bien había incluido parte de la propuesta de la Asamblea del Delta y Rio de la Plata, que históricamente peleó por el isleño y sus derechos, lo que hizo también fue agregar algunas modificaciones que atentan contra nuestra forma de vida", sostuvo Domínguez, que es docente e isleño.
Además, la nueva ordenanza "habilita la superpoblación de las islas, y aunque contempla algunos criterios "ambientalistas", llamativamente no dedica ni un renglón a las escuelas, la frecuencia de lanchas o el servicio de ambulancias, temas que necesitan mejoras urgentes", dijo Domínguez. "Todo lo contrario: la ordenanza transforma en ilegal lo que el isleño sabe hacer y no contempla lo que necesita o es su derecho", resumió.
En 2008, los empresarios inmobiliarios desalojaron a las familias que vivían en el arroyo Anguilas y La Paloma, en la primera sección del Delta, para construir el complejo Colony Park, "y como no pudieron, ahora atentan contra el trabajo isleño a través de la nueva legislación", denunció Domínguez.
En rechazo a esa ordenanza, albañiles, carpinteros, barqueros, fleteros, comerciantes, gente relacionada al turismo, docentes, marineros, mimbreros, productores forestales y junqueros se concentraron en agosto frente al municipio preocupados por las clausuras y multas que vienen recibiendo cuando realizan las tareas propias de la isla.
Jorge Peimer, otro de los integrantes de la cooperativa La Esperanza, describió "al isleño como una persona que se vincula de una manera directa con la naturaleza. Hay que conocer ese vínculo para entender por qué sabe -y lo hace con total eficiencia- construir su propia casa. Nunca un isleño agrede a la naturaleza". Peimer reflexionó que "el rico quiere la isla para venir en auto, por eso necesita hacer caminos y puentes, lo que pone en riesgo la insularidad, que es lo que nosotros defendemos".
El Boletín Isleño, un medio de comunicación de los pobladores del Delta, denunció que "en el marco de esa nueva norma, el municipio ordena clausuras, multas, intimaciones y demás sanciones a las tareas y trabajos propios de la isla". Lo que en otras palabras significa que por esa legislación el isleño parecería estar "fuera de la ley". Un hombre que toda la vida vivió trabajando el junco, Juan Derganz, lamentó ser testigo de "cómo mienten los empresarios y los políticos, para ocultar lo que verdaderamente vienen a hacer". "Vienen, agrandan el arroyo y dicen que es para que podamos remar en un lugar más extenso. Sabemos que lo hacen para poder marcar bien los terrenos que van a vender", dijo Derganz. El isleño dijo que se siente "desprotegido" porque la justicia bonaerense a la que acudieron hace cuatro años dictó un fallo "que no contempló totalmente nuestra vida". "Si bien obligó a los empresarios de Colony Park a remediar los daños causados a los isleños (rellenos de arroyos y otras obras en función de los negocios que se habían iniciado en 2008), no falló en favor de los derechos posesorios de las familias que desalojaron en Anguilas y La Paloma", explicó Domínguez.
Referencia: Telam

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