Según el informe presentado por la AGN ante la Corte Suprema
de Justicia, seis empresas
contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios
tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el
fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
"Se trata de una situación de mucha gravedad ante la
posibilidad de un fraude a los bienes del Estado, a los fondos públicos
destinados al programa de saneamiento", señaló a Noticias
Argentinas el titular de la AGN, Leandro Despouy, y agregó que la situación de Armella "es complicada y
deberá ser examinada por los canales pertinentes", no sólo en
el Consejo de la Magistratura, donde ya fue denunciado, sino también por la
Corte Suprema.
En el documento se menciona a las empresas San Martín 264
Bernal S.A, Gildin S.A, Tierras Provinciales S.A, Vial Rogo Constructora S.A,
Compañía Constructora M&T S.A y Kartonsec S.A, todas ellas vinculadas al
matrimonio de Francisco González y Graciela Pizzera y sus cinco hijos, que
participan alternadamente las seis sociedades.
El dato que sobresale es que la empresa San Martín 264
Bernal S.A es presidida por Francisco Groba, "suegro del juez a cargo del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Luis Armella".
Además, una de las socias que forman parte de esta empresa
es Marina Groba, "hija de Francisco Groba y esposa del juez Luis
Armella", según detalla el informe de la AGN, organismo que preside
Leandro Despouy.
El resto de la sociedad está conformado por "Gabriela
Aparicio, integrante del primer directorio de Compañía Constructora M&T
S.A; Lorena González, directora de Kartonsec S.A y socia de Vial Rogo Constructora
S.A; y Romina González, directora suplente de Kartonsec S.A. y socia de Vial
Rogo S.A".
Las empresas "se encuentran vinculadas por la
composición de sus órganos de administración y fiscalización; la identidad de
sus socios; la coincidencia de sus domicilios; sus integrantes presentan
relaciones familiares entre sí y cuatro de ellas fueron instrumentadas por el
mismo escribano", indica el informe de la AGN.
Señala además que "ACUMAR tenía conocimiento de las
contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T
S.A.", una empresa que -señaló Despouy- "se creó en 2008 y tenía como
capital suscrito 15 mil pesos y capital integrado 3 mil, pero que logró obtener
contrataciones del Estado por 130 millones de pesos en obras".
El documento remarca que, en todos los casos, "los
requerimientos del juez Armella en los que AySA y CEAMSE fundan la
urgencia/emergencia para las contrataciones directas" de las empresas
mencionadas para realizar obras del Plan Integral de Saneamiento elaborado por
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Además, la AGN
advirtió irregularidades en la ejecución del plan de saneamiento, al
señalar "la falta de criterios objetivos con relación a la inclusión de
gastos en el PISA (plan de saneamiento) habiéndose advertido casos donde los
mismos se refieren a obras fuera del ámbito territorial de la Cuenca Matanza
Riachuelo".
En este sentido, el informe reportó también que la autoridad
de la cuenca ACUMAR canalizaba obras a través de las empresas estatales CEAMSE
y AySA, que "los plazos contractuales de las obras presentan atrasos
significativos" y que "las rendiciones de cuentas no cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa vigente".
Respecto de la responsabilidad de ACUMAR, Despouy sostuvo
que "es algo que deberá determinar la Justicia", aunque remarcó que
en su presentación ante la Corte el secretario de Ambiente y el titular del
organismo, Juan José Mussi, "fue muy impreciso y ambiguo sobre la
responsabilidad que le pudieran caber por falta de control de las
contrataciones".
"Y el informe muestra que el presidente de ACUMAR tiene
facultades de control que vienen de la ley y de los convenios", subrayó
Despouy en diálogo con NA.
La AGN, además, señaló "inconsistencias en el armado y
la documentación de los expedientes verificados" y "faltantes de
documentación de respaldo (contratos de obra pública, certificados de obras,
entre otros)".
La Corte Suprema encomendó a la AGN que verificara los
vínculos entre las empresas contratadas y el juez Armella, quien ya fue
denunciado al Consejo de la Magistratura por los representantes del Frente para
la Victoria Marcelo Fuentes y Carlos Moreno.
A raíz de este informe presentado por Despouy en el marco de
una audiencia pública, el máximo tribunal quedó ahora en condiciones de emitir
decisiones vinculadas no sólo con el desarrollo de las obras, sino también con
el futuro del juez Armella.
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