Es por una denuncia que publicó Página/12, que la Corte
Suprema le dio al juez de los Tribunales Federales de Quilmes, quien supervisa
la limpieza del Riachuelo, un plazo de cinco días para aclarar si ordenó obras
complejas en plazos tan perentorios que impidieron hacerse por licitación y
fueron adjudicadas directamente a empresas vinculadas con el propio magistrado.
Mientras, se colará un pedido de informes por las acciones de Acumar en el
Senado Bonaerense.
La Corte Suprema de Justicia, dio intervención a la
Auditoría General de la Nación (AGN) para que “dentro de la brevedad posible”
realice una investigación y se busquen revelar detalles de las supuestas
“anomalías” que se reflejan en la nota “Nieblas del Riachuelo”, publicada en
Página/12, en la que el periodista Horacio Verbitsky vincula al Juez Luis
Armella, con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras.
Fuentes judiciales agregaron que “sólo la complejidad del
expediente”, impidió que se aprobara la iniciativa de un ministro de la Corte
que ayer propuso suspender a Armella en el trámite de la causa, que lo tiene
como juez de ejecución del fallo del máximo tribunal desde 8 de julio de 2008.
“No podemos ignorar estas cosas y quedarnos con la
incertidumbre” y, por eso, “es necesario que (el juez) explique e informe”,
dijo uno de los jueces de la Corte, quien afirmó que Armella “hasta ahora llevó
muy bien la causa y nunca tuvimos ninguna queja”.
En su artículo del 26 de agosto, Verbitsky sostuvo que “el
enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de
Quilmes Luis Antonio Armella, para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del
Riachuelo, ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio
magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan
integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue
elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que
participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto
con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar, muestran un
modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo
apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos
perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las
obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena”.
En la misma nota, Verbitsky afirmó que “una reconstrucción
incompleta, indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de
empresas, ascienden a 250 millones de pesos”.
Por su parte, el Senador Santiago Nino (UCR), presentó un
proyecto en la Cámara Alta bonaerense mediante el cual reclama precisiones en
torno al funcionamiento de ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo).
Como argumento, el legislador elevó un proyecto de solicitud de informes al
Ejecutivo Provincial, debido a que este último es integrante de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo, para que informe sobre: “Si existen obras adjudicadas
por la ACUMAR, o las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas en
ella, o en su caso tareas tercerizadas.”
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