El Senado de la Nación finalmente le dio sanción a la Ley de
Protección de Humedales. A pesar de tratarse de una legislación nacional de
presupuestos mínimos de carácter federal, varios artículos fueron modificados
incluso durante la misma votación para darle una mayor injerencia a las
Provincias, con gobiernos que quieren continuar profundizando el modelo
extractivo. Algunos senadores impusieron así la posibilidad de decidir las
áreas que serán explotadas con fines productivos, con criterios laxos en el
ordenamiento territorial de humedales, y sin moratoria.
La coyuntura no resultaba favorable. A pesar de que las
organizaciones sociales y ambientales llevan trabajando tres años en la
discusión específica de la Ley, algunos senadores expresaron hasta ayer mismo
desconocer de qué se trata el proyecto. En ese marco, la semana pasada el
recinto votó que se volviera a discutir en comisiones, a pesar que sólo restaba
una sesión ordinaria. Algunas voces advirtieron que la Ley estaba "herida
de muerte", pues corría grave peligro de perder estado parlamentario. En
este contexto, debieron aceptarse negociaciones de último momento, que le
restan poder a la iniciativa legislativa como herramienta para proteger los
humedales.
Así, el futuro de estos ecosistemas que tienen gran
responsabilidad en regular los ciclos hidrológicos, incluyendo la posibilidad
de mitigar las inundaciones severas, estuvo signado por una dinámica
parlamentaria particular. En el debate previo, el senador Fernando Pino Solanas
(Proyecto Sur) -autor principal del dictamen de mayoría- intentó enfatizar que
"lo siento como un proyecto de todos". Aclaró que "promovimos un
gran debate desde mayo", convocando a dos audiencias públicas. Aun así,
"no fue suficiente" y a pedido de senadores "se hicieron 26
modificaciones", incluyendo cambios en 18 de los 20 artículos de lo que
fuera presentado como el proyecto de consenso.
En esa instancia, como en los días previos fue el senador
Alfredo De Angeli (PRO - Cambiemos) el encargado de sembrar dudas:
"Nosotros estamos muy preocupados, porque tenemos que volver a las
provincias y contarles a los productores por qué se votó la Ley de
Humedales". También advirtió que con la Ley no se podrían realizar obras
de infraestructura de defensa de las inundaciones porque se harían sobre
humedales, cuando justamente son estos ecosistemas los que naturalmente
previenen de las inundaciones severas. En los días previos, se conoció que el
Ministro Rogelio Frigerio tiene interés en construir un barrio náutico en Villa
Paranasito, sobre humedales entrerrianos. De Angeli se mostró preocupado porque "no se
podrían construir caminos".
La letra achica
A la hora de la letra chica de la Ley de Humedales, sin
embargo, fue la senadora Graciela De la Rosa (FpV), de Formosa, quien se
encargó de corregir el llamado "proyecto de consenso", incorporando
algunos cambios considerables con el argumento de defender a las provincias.
Así por caso en la discusión del artículo 5°, la senadora incluyó la potestad de las provincias como
"autoridades competentes" de la Ley, y extendió de dos a tres años el
plazo para confeccionar el Inventario de Humedales. Este último punto ya había
sido presentado por el propio gobierno nacional, cuando lanzó su iniciativa de
hacer el Inventario, expresó que "tomará al menos tres años". Resulta
un dato importante, porque recién luego de esta tarea, las Provincias tendrán
dos años más para hacer su "Ordenamiento Territorial de Humedales",
según el artículo 12.
Este punto se conecta con otra cuestión clave: el proyecto
resultante de la negociación y el consenso no incluye una cláusula precisa de
moratoria respecto al avance sobre los humedales hasta tanto no se cuente con
el inventario y el ordenamiento. Resulta así una Ley sin poder de acción
efectivo, porque habrá al menos 5 años (3 de Inventario nacional, 2 de
Ordenamiento provincial) para que se negocie la ocupación extractiva sobre los
humedales. La herramienta de la moratoria resultó fundamental en la Ley de
Bosques, sancionada en 2006, como recuerda María Eugenia Testa, ex integrante
de Greenpeace. Sin moratoria, hay riesgo de mayor "corrupción y el
otorgamiento especulativo de permisos".
Otro aspecto regresivo del debate final en el recinto fue la
exclusión explícita de los salares como ámbito de aplicación de la Ley, por
pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR) de Jujuy, con el fin confeso de no
afectar los intereses de la minería de litio. Lo había intentado desde el principio
la senadora Inés Blas (FpV), quien pidió alterar el objeto mismo de la Ley,
pero en ese momento Pino Solanas logró que no se modificara. Sin embargo, con
la excusa de que se incorporó un nuevo artículo más adelante, Giacoppo volvió a
sacar el tema y se incluyó como artículo 14 -sin correlación alguna con los
otros artículos- la excepción de los salares, agregando que "serán objeto
de una regulación específica".
¿Una cuota de
optimismo?
La sanción definitiva de la Ley de Humedales, no obstante
todas las falencias señaladas, aún puede resultar una herramienta útil para el
movimiento ambientalista. Si tomamos los casos de las Leyes de Bosques y de
Glaciares, que son antecedentes directos, como señaló la senadora Magdalena
Odarda -otra de las impulsoras de esta Ley-, entonces se debe aprender de estas
experiencias. Ninguna de esas legislaciones tuvo una aplicación efectiva en
toda su magnitud, porque tal vez se descuidó el seguimiento de la normativa
luego de conseguida la sanción. En el caso de Bosques tuvo cierta incidencia,
ayudada por la moratoria, aunque la pelea fue desigual en las distintas
provincias que hicieron su ordenamiento. En el caso de Glaciares, la tarea del
Inventario recayó en la Nación, pero todavía su avance es muy lento y sin seguir
las prioridades pautadas.
También el año pasado, cuando la Ley de Humedales corría
riesgo de no ser tratada en Diputados, existieron voces críticas desde algunas
organizaciones ambientalistas porque la legislación no representaría ningún
punto concreto. Pero otras organizaciones, sobre todo con base en el Litoral,
argumentaron la importancia de que existiera una Ley, y en ese sentido aún en
el peor de los casos obliga a los gobiernos provinciales a tener que tratar la
cuestión. De aquí entonces se abre una agenda a mediano plazo que debe seguirse
en cada territorio, además de solicitar el Inventario a nivel nacional,
pidiendo también incluso que haya legislaciones provinciales, que algunos senadores
expresaron como la solución.
Por cierto que los graves problemas ecológicos, y en
particular con el caso de las inundaciones severas, no admiten tiempos
dilatados en tomar medidas concretas. La realización efectiva del Inventario de
Humedales, en este punto, debe ser también otra herramienta para seguir
poniendo el tema en agenda, a la vez que recordando su importancia ante eventos
concretos como las inundaciones. Y mientras que la Ley les dio un lugar
relevante a los gobiernos provinciales -como puerta para seguir con el
extractivismo- debe señalarse el carácter federal e incluso interjurisdiccional
de muchos humedales. Con todo ello, los dirigentes ambientalistas -provenientes
de ONGs- involucrados en el gobierno nacional también deberían tomar partido
definitivo por los humedales en la reglamentación y aplicación de la Ley.
