A continuación
publico, en forma textual, la declaración de la Red de Organizaciones y Vecinos
de la Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná, que fue leía como cierre de la
concentración en defensa de los humedales, ocurrida el 30 de julio, en la
estación terminal de Tigre. Las fotografías adjuntas, corresponden a ese evento
¡SÍ A LOS HUMEDALES!
¡NO A LOS NEGOCIOS
INMOBILIARIOS QUE INUNDAN Y DESTRUYEN!
Frente al avance de emprendimientos inmobiliarios e
industriales privados, asentados sobre humedales, planicies de inundación y
costas en la cuenca del Rio Luján y Delta del Paraná, que provocan daños
calamitosos a dichos ecosistemas y gravísimas inundaciones, afectando vidas y
bienes, nos manifestamos por la detención definitiva de este Modelo de
Desarrollo de Alto Impacto Socioambiental Negativo. Los humedales y planicies
de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y
regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la
liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas
de CABA y Bs. As. nos abastecemos del agua potable proveniente de los
humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen. Es
imperioso que se respete la ley vigente así como los derechos humanos
fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos
ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para
recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la
sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la
Constitución Nacional. Por lo tanto exigimos que el Estado Nacional, el
Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan
de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se
fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del
dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas
ante la ceguera de los funcionarios. Hemos asistido en estos últimos años a un
agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido
principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos
emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables. En estas zonas sólo
se puede poblar apelando a técnicas constructivas como las palafíticas,
tradicionales en el delta, que no alteran la hidrología, y se adaptan al medio
naturalmente inundable. Lo que se levanta es la vivienda y no el suelo, y
siempre en una densidad que no afecta la preservación del ecosistema natural
que sirve de soporte. Por otro lado cabe mencionar que este proceso de desarrollo
urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de
las necesidades de toda la comunidad, conduce a una privatización de los
paisajes que promueve la segregación y marginación social y la desigualdad, una
de las fuentes que alimentan la violencia creciente en nuestra sociedad. Además
en esta región se localizan numerosos sitios arqueológicos ancestrales con
enterratorios de los pueblos originarios muchos de los cuales ya han sido
arrasados por estos megaemprendimientos. Lamentablemente el Estado, tanto en
sus niveles municipal, como provincial y nacional, no han jugado el papel que
les corresponde, tratando de velar por el bien común y la aplicación de las
leyes. Hoy vemos como la gran mayoría de estos emprendimientos
avanzan con permisos precarios muy irregulares y por hecho
consumado; luego van llenando los huecos legales con autorizaciones ad hoc o
modificaciones al uso de suelo a medida, que otorgan algunos funcionarios a
espaldas de las comunidades afectadas, que en principio incurrirían en
incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Numerosos vecinos,
organizaciones sociales, etc. hemos venido denunciando desde hace muchos años y
ante todos los medios y estamentos posibles estas problemáticas, inclusive en
la justicia. Recientemente un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro y
otro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana han ordenado la
paralización precautoria de todos estos emprendimientos y la prohibición de
otorgar permisos para nuevos proyectos, convocando a expertos para un peritaje
de impactos ambientales individuales y acumulativos para que se expidan sobre
el tema. Pedimos que dicho Comité de Peritos funcione de cara a la sociedad y
con puertas abiertas para escuchar las voces de los vecinos y especialmente los
miles de damnificados por las inundaciones y expulsión y marginalización
ocasionados por el desarrollo urbanístico privatizado. Requerimos que se
estudie si se han cumplimentado todos los requisitos legales para la
autorización de los emprendimientos privados en toda la Cuenca del Río Luján y
Delta del Paraná. Se ha comprobado en Tigre, Escobar, Pilar, etc. casos de
incumplimientos flagrantes. Los responsables de avanzar ilegalmente con obras,
deberán ser procesados y juzgados como así también los funcionarios que los
autorizaron u omitieron intervenir incumpliendo leyes vigentes y los debidos
procedimientos. Una vez más, pedimos que se sancione cuanto antes la ley de
Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales que sigue sin ser
tratada en el Parlamento, así como también la aprobación en los Concejos
Deliberantes de Tigre, Escobar y Pilar de los distintos proyectos de ordenanza
presentados los cuales se encuentran cajoneados. Exigimos por último, la
detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las
urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y
en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense.
Julio 2016
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