La Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, la Asamblea Delta
y el Movimiento en Defensa de la Pacha, presentaron un proyecto de ordenanza
para prohibir la instalación de más barrios privados en el Partido, debido a
los daños ambientales, sociales y culturales que generan.
Este lunes 17 de noviembre al mediodía, la propuesta fue
ingresada por mesa de entrada del Concejo Deliberante, con una nota dirigida a
la Dra. Alejandra Nardi (Frente Renovador), concejal a cargo del cuerpo
legislativo.
Luego, en el Palacio Municipal, se presentó una carga al
intendente Julio Zamora, donde se expresa: “Los Vecinos teníamos y tenemos
razón: la construcción de Barrios Privados sobre históricos humedales es la
principal responsable de las inundaciones en nuestros Barrios Populares. Por
esta razón la Asamblea de Vecinos Inundados y el Movimiento en Defensa de la
Pacha, en conjunto con especialistas Técnicos y Ambientales, hemos elaborado un
proyecto para solicitar una Normativa / Ordenanza que prohíba e impida la
construcción de Barrios Privados. Adjuntamos el mismo para que sea Analizado y
debatido en los lugares correspondientes”.
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| Mapa publicado en cada número de “La revista de los countries”. A pesar del impacto que genera, la imagen satelital es de hace varios años: el avance es mucho peor. |
El escrito cuestiona: “El Gobierno Municipal / Provincial
permitieron que los Barrios Privados que nos rodean construyan sus Paraísos de
privilegio al lado de nuestras casas, rellenando y elevando sus terrenos,
transformando nuestros Barrios en verdaderas piletas, donde el agua de acumula
sin encontrar salida. Ahora vemos que desde el Gobernador Scioli, el Diputado
Massa y el Intendente de Tigre admiten que los Countries tienen responsabilidad
en estas inundaciones”.
Para concluir, la carta puntualiza varios reclamos:
“Exigimos y Luchamos por: Aprobación de la Ordenanza que Prohíba la
construcción de Barrios Privados en el Municipio de Tigre. Realización YA de
las obras Hidráulicas dentro y fuera de los countries para que nuestros Barrios
no se inunden más. Entrega directa –sin punteros ni intermediarios- de los
subsidios y recursos anunciados por el Municipio de Tigre mediante un registro
público controlado por los vecinos. Exigimos repuesta inmediata, ante los
Puntos desarrollados con anterioridad, en un periodo de 20 días”.
Ambos escritos fueron presentados un día después de una
importante manifestación que tuvo lugar en el centro de Tigre, convocada por la
Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre.
Publico a continuación el proyecto de ordenanza presentado al Concejo
Deliberante, que por ahora suma varias adhesiones como Cooperativa 1 de Mayo,
Bachillerato Popular Raíces CEIP, Fundación Eco Sur, Red de Derechos Humanos de
Zona Norte, entre otras.
Es tiempo de poner un freno a los barrios privados en Tigre
La construcción de urbanizaciones cerradas en áreas de
humedales constituye una problemática ambiental, social y cultural que debe ser puesta en debate.
Debido a ello, diversas organizaciones nos hemos convocado ante este grave daño
a nuestro ambiente dentro del Municipio de Tigre. Este distrito cuenta con
grandes superficies de humedales y valles de inundación, los cuales están
protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar y, debido a su
importancia, ya en el año 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación, instó a
varios municipios ribereños a no habilitar más barrios privados (Resolución
141/10).
Por otro lado el Municipio de Tigre está atravesado por dos
cuencas: las de los ríos Reconquista y Luján. La legislatura provincial
recientemente decretó la emergencia hídrica precisamente en la Cuenca del Río
Luján debido a las crecidas e inundaciones que sufrieron y sufren sus
pobladores.
Nuestra región ha crecido de manera desigual y excluyente,
privilegiando los negociados de corto plazo por sobre un plan de ordenamiento
urbano que responda a las necesidades de las mayorías populares a una vida
digna.
Desde la década del 90 esta región fue la elegida por
sectores de alto poder adquisitivo para la compra de viviendas en
urbanizaciones cerradas, las que se ubican específicamente en zonas de
humedales y valles de inundación. Dichos espacios fueron adquiridos por las
empresas Nordelta, EIDICO y otras, a muy bajo precio o de manera ilegal, como
es el caso de las hectáreas que correspondían al Estado Nacional como las de
Radio Nacional y las del ferrocarril por donde circulaba el tren que iba desde
Ingeniero Maschwitz a Dique Luján.
Cabe destacar que para la construcción de dichas viviendas
se han realizado grandes obras para elevar la cota natural del terreno, es
decir, rellenar espacios bajos o inundables quitándoles la función esencial que
cumplen estos suelos pantanosos, como es el filtrado de aguas dulces hacia las
napas subterráneas. A su vez, se modifica la aptitud de retener la humedad y
agua necesaria para regular los ciclos de las lluvias con los de sequía, de
esta manera, se modifican los ecosistemas y se impide el normal y natural escurrimiento
de las aguas.
Este modelo -socialmente excluyente, ambientalmente
insostenible y apropiador de costas, bienes y espacios públicos- priva de sus
beneficios al conjunto de la población y, además, es responsable de grandes
catástrofes como las inundaciones recurrentes que sufren nuestros vecinos de
Las Tunas, Ricardo Rojas, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, entre otros.
Los pobladores tradicionales o preexistentes no tienen
cabida en el nuevo modelo que se impone, y esta situación genera una dicotomía
entre el modelo comunitario, vecinal y de bienes comunes, y el paradigma
neoliberal a ultranza con la propiedad privada como único valor y la
mercantilización de la naturaleza y de
las relaciones sociales como resultado.
Es de público conocimiento el avance de estos
megaemprendimientos sobre sitios arqueológicos con enterratorios indígenas; el
country Santa Catalina fue construido por la empresa EIDICO sobre restos
humanos pertenecientes a poblaciones originarias que habitaban la región. Los
sitios Rancho Largo, Sarandí, La Bellaca, Garín, etc., son un claro ejemplo de
este atropello. Sólo Punta Querandí logró preservarse debido a la resistencia
que desde hace 5 años viene llevando a cabo el Movimiento en Defensa de la
Pacha.
Resulta imprescindible preservar de la especulación
inmobiliaria (porque hoy la fijación del precio del m2 del suelo es a partir de
esta especulación inmobiliaria), la privatización y la exclusión social, a la
escasa tierra urbanizable que queda en Tigre, y avanzar en el debate y en la
construcción de consensos acerca de qué municipio estamos construyendo,
brindando marcos generales acerca de los usos del suelo, poniendo el énfasis en
la función social de la tierra y el derecho colectivo, priorizando los valores
de lo público por sobre los intereses privados.
El saqueo del patrimonio público, las tierras y espacios
verdes configuran una ciudad cerrada para pocos; los mayores negociados son
para barrios privados que destruyen la trama urbana que identifica a nuestros
barrios.
El extractivismo ha llegado a las ciudades, pero no son los
terratenientes sojeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la
que aquí expulsa y provoca desplazamiento de población, aglutina riqueza y
territorio.
Ante la gravedad de lo expuesto, desde la Asamblea de
Vecinos Inundados de Tigre, el Movimiento en Defensa de la Pacha y la Asamblea
Delta y Río de la Plata, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE ORDENANZA
VISTO
La expansión de urbanizaciones cerradas, también conocidas
como Barrios Privados o Countries, que han crecido de manera exponencial desde
la década del 90 en el Municipio de Tigre ocupando gran parte del ejido urbano;
y
CONSIDERANDO
Que las reformas económicas de los años 90 profundizaron más
la brecha entre ricos y pobres. Estos procesos de polarización social se vieron
reflejados en una nueva redistribución espacial: cada vez más ciudadanos buscan
una organización privada y eficiente de su vecindario que les provea de los
servicios que antes eran públicos, en detrimento de la población preexistente.
Que el abandono de la gestión y control del desarrollo
urbano por parte del Estado, y su apropiación por parte de actores privados,
dio como resultado la aparición de nuevas formas urbanas comercializables,
redituables y valiosas para el mercado.
Que en el área suburbana de Buenos Aires aparecieron
complejos de viviendas unifamiliares llamados Barrios Privados, mientras que en
lugares centrales surgieron edificios altos comercializados habitualmente con
el nombre de Torres Jardín. La tendencia hacia la vivienda vigilada y segura se
convirtió en el factor determinante del crecimiento de la superficie de la
metrópolis.
Que hoy quienes habilitaron, desde el Estado Municipal,
todos estos emprendimientos, aparecen en un nuevo organismo autárquico
supramunicipal integrado por el ex Intendente y funcionarios que tuvieron y
siguen teniendo la responsabilidad del modelo impuesto, como los planificadores
urbanos y revisores de ordenanzas recientemente aprobadas como el Plan de
Manejo del Delta.
Que actualmente Tigre vive un proceso de concentración de la
tierra en manos de grupos monopólicos; más del 50% de los 158 km2 de la tierra
continental se encuentra dentro de barrios privados en los que vive actualmente
alrededor del 10% de nuestra población, lo que constituye un despilfarro del
territorio de nuestro Partido.
Que los barrios cerrados crecieron descontroladamente con el
lema de ofrecer mejor calidad de vida. Alrededor del 90% de esos proyectos se
extendieron sobre llanuras continentales -que deberían absorber desbordes de
ríos y arroyos- modificando el ecosistema, impidiendo el natural escurrimiento
de aguas, que amortiguaría las inundaciones.
Que en los últimos tiempos en estas planicies de inundación
se construyeron decenas de urbanizaciones de diverso tamaño, la mayoría con
viviendas de gran confort, canchas de golf, de tenis, paseos de compras,
escuelas y centros de equitación.
Que este proceso viola los derechos humanos generando el
desplazamiento de pobladores, mayores inundaciones a los vecinos, pérdida de
costas y calles públicas, y destrucción de sitios arqueológicos y cementerios
indígenas.
Que en el año 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación
exhortó al municipio de Tigre a no habilitar más emprendimientos privados en
humedales continentales vecinos al Delta del Rio Paraná por su daño ambiental,
social y cultural.
Que la Resolución emitida es la 141/10 e indica “sólo
autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en
humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de
estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.
Que en noviembre de 2013 la legislatura provincial
transformó en ley la declaración de emergencia hídrica de la cuenca del Río
Luján, debido a las inundaciones recurrentes y desmedidas. Debido a esto, tanto
los Estados Provincial y Nacional deberán realizar un examen exhaustivo del
estado del río y del valle de inundación, de las zonas de humedales y de toda
perturbación de origen antrópico y/o natural que fuere causa directa o
indirecta de comportamientos anormales del río, y posteriormente, realizar las
inversiones necesarias para evitar las destrucciones ya mencionadas.
Que la región está perdiendo su capacidad natural de alojar
y absorber agua, justo cuando las lluvias y tormentas son más intensas, sin
mencionar que todavía no se ha dado una marea extraordinaria.
Que, por otro lado, la escasez de tierra y el aumento del
precio del m2 dificulta el acceso de los sectores de medios y bajos ingresos,
profundizando el déficit habitacional.
Que tiene mucho sentido hablar de extractivismo urbano en el
Municipio de Tigre donde más del 50% de sus tierras continentales se encuentra
en manos de barrios cerrados.
Que el diseño del territorio urbano se encuentra definido
cada vez más por tomadores de decisiones sin consulta alguna a la población,
imponiendo así un proyecto de municipio hacia los demás sectores sociales.
Que entre los que deciden se hallan sectores de alto poder
económico e influencia, vinculados a la adquisición de tierras, la especulación
financiera, la industria y sector trasnacional, e incluso vinculados al propio
municipio.
Que estos sectores modelan los espacios y las relaciones
sociales que contienen mediante el fomento masivo de ciertos patrones de
consumo.
Que los pobladores tradicionales no tienen cabida en el
nuevo modelo que se impone, y esta situación genera una dicotomía entre el
modelo comunitario, vecinal y de bienes comunes, y el paradigma neoliberal a
ultranza con la propiedad privada como único valor y la mercantilización de la
naturaleza y de las relaciones sociales como resultado.
Que actualmente se da en muchos lugares de nuestro distrito,
especialmente los costeros, una expansión inmobiliaria muy agresiva, que genera
serios conflictos socio-ambientales y se caracteriza por la adquisición
legalizada o no de los últimos espacios naturales, generalmente asentados sobre
humedales, para la creación de distintos mega-emprendimientos o desarrollos
urbanísticos.
Que el fenómeno es especialmente visible en la franja
ribereña del Delta, en los valles de inundación, donde se dan emprendimientos
como Marinas Golf, Santa Mónica, Albanueva y la expansión de los countries de
Nordelta y el Complejo Villa Nueva. Todos se han apropiado del Camino de Sirga,
impidiendo lo que por ley es la servidumbre de paso.
Que los pobladores aledaños a los barrios cerrados pierden
la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos, por
la vasta extensión de estas urbanizaciones, obligándolos a dar grandes rodeos.
Que resulta indispensable una justa distribución de la
tierra teniendo en cuenta tanto una merecida sostenibilidad económica como una
sustentabilidad social y ambientalmente consciente para el buen vivir.
Que el negocio inmobiliario, pata urbana de la acumulación
por desposesión, es una aplanadora insaciable que no se detiene ante el interés
colectivo ni ante las leyes. De hecho han violado, casi todos, la Evaluación de
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ante la autoridad de aplicación (el
OPDS), es decir no tienen Declaración de Impacto Ambiental (DIA), además de no
haber cumplido con las Audiencias Públicas, todo esto previo al movimiento de
suelos.
Que los barrios privados han sido beneficiados con la
inversión estatal más grande del municipio, particularmente en infraestructura
vial, que comunica a esta región absolutamente privada (en algunos casos se
prohíbe la circulación de transporte público y camiones, como en el Camino de
los Remeros). También son los primeros beneficiarios de las redes de agua
potable de la nueva planta de AYSA de Dique Luján.
Que este modelo instalado en varios municipios es
responsable de grandes catástrofes, como las inundaciones sucedidas en La
Plata, C.A.B.A. y otras ciudades, y las recurrentes que sufren nuestros vecinos
de Las Tunas, Ricardo Rojas, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, entre otros,
como consecuencia de la elevación del nivel de las tierras donde son
construidos los barrios cerrados.
Que el Municipio, a la hora de pensar los destinos
urbanísticos, debe priorizar los valores de lo público por sobre los intereses
privados.
Que es oportuno revalorizar a la política local, interviniendo
activamente en una variable significativa como es el urbanismo, a fin de
construir propuestas que garanticen las transformaciones necesarias para paliar
las desigualdades que nuestro municipio presenta en el acceso a la tierra.
Que es indispensable construir propuestas alternativas que
desalienten la creciente especulación inmobiliaria, modificando la situación
actual de la planificación urbana, sosteniendo políticas que privilegien el
valor social y estratégico de la tierra por sobre la especulación y la
fragmentación social.
Que debemos brindar marcos generales acerca de los usos del
suelo poniendo el énfasis en la función social de la tierra y el derecho
colectivo.
Que, ante el alarmante estado de situación en el que se
encuentra nuestro distrito, resulta imprescindible preservar de la especulación
inmobiliaria, la privatización y la exclusión social a la escasa tierra
urbanizable que queda en Tigre, y avanzar en el debate y en la construcción de
consensos acerca de qué municipio estamos construyendo.
Que no hace falta ser experto en la materia para darse
cuenta que en el distrito la tierra se agota y no hay lugar para todos,
fundamentalmente para la descendencia de nuestros vecinos históricos que
quieren seguir viviendo en el territorio que los vio nacer.
Que es preciso que preservemos el territorio para no llegar
con las propuestas cuando ya sea demasiado tarde.
PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1°.- Prohíbase en la totalidad del territorio
perteneciente al Partido de Tigre, la radicación y habilitación de
emprendimientos urbanísticos de perímetro cerrado encuadrados por las normas
vigentes en la materia como Clubes de Campo (DL 8912/77, artículos 64 al 69) y
Barrios Cerrados (Decreto 9404/86 y Decreto 27/98).
Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo remitirá dentro de
los quince (15) días de sancionada la presente la adecuación de la Ordenanza
“Código de Zonificación del Partido de Tigre”.
Artículo 3°: En los casos de expedientes en trámite en los
que se hubiere dictado la factibilidad, conforme las normas existentes al
tiempo de su inicio, y ésta se encontrare vigente, las etapas posteriores de la
tramitación podrán seguir rigiéndose por las disposiciones preexistentes si el
interesado completa totalmente la documentación requerida para obtener la aprobación
del proyecto dentro del plazo improrrogable de 90 días a partir de la vigencia
de la presente Ordenanza. La falta de cumplimiento de las condiciones exigidas
dentro del plazo fijado provocará la caducidad automática de los trámites,
permisos o aprobaciones, debiendo ordenarse sin más el archivo de los
expedientes en que fueron gestionados.
Artículo 4°: De forma.
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