Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22
millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene “atribuciones que no puede cumplir
adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto genera que la actuación del
SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta de normas, sino por no
acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo
que la AGN llama “anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de
hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy,
Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta “disparidad de jurisdicciones” que deben
intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los
técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas
cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no
de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964
en la que se establece que “toda
persona física o ideal que se dedica a realizar trabajos de lucha contra las
plagas deberá inscribirse en el Registro”. Se trata, llevado a
estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y
Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y parcial”, porque
más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN que “no
hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que
contenga la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta con tres listados separados y
con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos
los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco existe una notificación de la
Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se aplican
sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia
de coordinación” entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como
una limitación del SENASA. Es que en el informe se observa que no hay un
control cruzado entre el registro nacional de empresas que aplican agrotóxicos,
y los listados elaborados en las provincias.
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se
creó por decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), para
que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas
expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud
pública.
Pero según la AGN, “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta Comisión
posteriores al año 2010”.
Paralelamente, una
Dirección del SENASA, la de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos,
participó junto a la CNIA en la coordinación de tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1”, dedicado a la investigación y
desarrollo del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de
2009, pero desde entonces no hay
constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2”, por su parte, había elaborado un “programa federal para el
fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas”. A
pesar de su título ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6”, sí había comenzado a aplicar
un plan de “capacitación en el uso
responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último registro que se
tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del
trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos
de las realidades locales para actuar preventivamente”, concluye la
Auditoría, y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su propia producción científica y no
depender de la información presentada por partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN, aprobada sobre el cierre del
año pasado, surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue cuando el ente de control
convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas
sobre las temáticas que podían ser investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La contaminación por agroquímicos
termina siendo una intoxicación silenciosa porque la exposición repetida y a
largo plazo –es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta
manera, se naturaliza una enfermedad de la que todos hablan”.
La Auditoría completa diciendo que la población expuesta a
las fumigaciones con agroquímicos asciende a 12 millones de personas, “sin contar las poblaciones de las grandes
ciudades de cada provincia” afectada.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el
hecho de que el SENASA “no pudo
refutar las observaciones” de la AGN.
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