Reciclar pilas, es más barato que enterrarlas. En Tigre ¿Las incineran?

La organización ecologista Greenpeace, denunció que las diez toneladas de pilas y baterías recolectadas por el gobierno porteño son de marcas reconocidas. Exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad.

Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa SA (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que “el costo para el tratamiento de las diez toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad, rondaría los 72.600 pesos”, según se indicó en un comunicado.

En tanto, y de acuerdo con un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas diez toneladas de residuos de pilas para ser recicladas, lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos, alcanza los 64.935 pesos.

Greenpeace reclamó que “las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras, las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos”.

En Tigre, el 10 de octubre de 2002, el Ejecutivo Municipal emitió la Resolución N° 1208/02, por la cual se registra y pone en vigencia en el marco de la Ordenanza 2368/01, el convenio celebrado con el CEAMSE, y las incineradoras Borg Austral S.A., Braunco S.A., Braunco Talar S.A., y Pelco S.A., destinado a poner en vigencia el Programa Piloto de Recolección Diferenciada de Pilas, en distintos comercios que de manera habitual utilizan y desechan pilas.

La Municipalidad asumió a su cargo la dirección y coordinación general del programa. En especial, la Municipalidad se obligó al contralor general del desarrollo del plan de difusión, a realizar la provisión de contenedores para pilas, y a supervisar el transporte y retiro de pilas en los establecimientos comerciales participantes. CEAMSE tiene a su cargo el desarrollo del plan de difusión educativo, mediante el aporte exclusivo de recursos humanos y de material académico.

Las Empresas, tienen a su cargo el retiro, transporte y tratamiento de las pilas desde los comercios participantes. En especial, la incineradora BORG AUSTRAL S.A. tiene a su cargo el tratamiento de las pilas y las incineradoras Braunco S.A., Braunco Talar S.A. y Pelco S.A. se ocupan del retiro de las pilas desde los establecimientos comerciales y el transporte, hasta el domicilio de Borg Austral S.A.

En la actualidad, la Cámara Comercial e Industrial (C.A.C.I.T) de Tigre, tiene en vigencia el Plan Pilas, mediante el cual se efectúa el acopio de pilas en dos bidones aportados por el Municipio. La entidad no lleva registro de la cantidad ni peso de material receptado.

Muchas de las campañas de recolección de pilas que se realizan todos los años en nuestro país, corresponden a iniciativas de organizaciones intermedias y al interés de los particulares que se organizan porque reconocen que las pilas son altamente nocivas.

Quienes lo hagan deben ser conscientes que están manipulando residuos peligrosos y que el efecto potencial negativo de las pilas se multiplica cuando se encuentran concentradas en grandes cantidades. Por ello los expertos aconsejan no juntar pilas, si no se esta especialmente capacitado para ello. Tampoco esta aconsejada la quema o incineración de estos residuos.

Por ley Nacional N° 24.051 las pilas comerciales, por su contenido, son consideradas residuos peligrosos. Al degradarse liberan metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, litio y níquel) que son altamente contaminantes, por lo que su manipulación en grandes cantidades debe efectuarse ateniéndose a la Ley de Residuos Peligrosos.

La normativa exige la inscripción en un registro de los generadores y transportadores además de fijar las sanciones económicas y penales para quienes hayan contaminado “de modo peligroso la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el medio ambiente en general”. Dependiendo del caso, las penas incluyen desde un mes hasta 25 años de reclusión (Art. 55 y 56).