El vicepresidente de Clarín, José Aranda, y el magnate George Soros, impulsan un proyecto que contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18 mil hectáreas de plantaciones.
Las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros inundarían 8 mil hectáreas de reservas naturales y según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán violando leyes nacionales y provinciales.
El arroyo Ayuí Grande, es uno de los más importantes afluentes del Río Miriñay. Su curso se desarrolla con características de cuenca sedimeándrica, también sobre una llanura de inundación, con escasa pendiente, lo que provoca que en algunos lugares se formen bañados. En su curso inicial bordea los esteros del Pairiri por el este y los afluentes principales los recibe del sector occidental y son los arroyos Yuquerí y Curupicay.
El gobierno provincial a cargo de Arturo Colombi (U.C.R en alianza con el P.J y otros partidos locales), acogió con beneplácito la iniciativa desde un principio. Incluso inició gestiones ante el Estado Nacional para que la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, no frenara el proyecto.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, remitió un informe a la Legislatura de la provincia de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que tendrá la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, impulsada por grandes empresas que intentan desarrollar un emprendimiento arrocero.
Por su parte, el canciller Héctor Timerman afirmó que "no va a convalidar la obra y hará las acciones legales necesarias para evitar que se avance en la construcción de una represa que viola el medio ambiente y el derecho internacional" y dijo confiar en que el gobernador Ricardo Colombi, frenará la obra.
El proyecto es inviable jurídica y ambientalmente. A pesar de ello las obras comenzarán en las próximas semanas. Es que una ley de ordenamiento de bosques hecha a medida de los intereses arroceros y arrancada a la Legislatura correntina por el lobby empresario, permite el desmonte de la cuenca del Ayuí.
Greenpeace, refiriéndose al tema, alertó respecto a que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I, entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”. Consideran que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques.
En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.
El interés de reforzar la explotación arrocera en Corrientes, se relaciona con un contexto internacional altamente rentable para los agronegocios y los llamados commodities blandos, como el trigo o el arroz o la soja. Según la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, "se apunta a consolidar a Corrientes como una de las mayores exportadoras internacionales, junto con la provincia de Entre Ríos y los vecinos países de Uruguay y Brasil". El proyecto de la represa Ayuí, no es el único en carpeta en la región, sino que incluso se trabaja en un plan intensivo y a largo plazo que prevé otras represas.
Ante semejante escenario, será el conjunto social el que deba preguntarse sobre los costos ambientales, sociales y económicos de este tipo de producciones. ¿Quiénes y cuánto ganan? ¿Quiénes y cuánto seguirán perdiendo?
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