Aporte para la comprensión del desarrollo urbano del distrito de Tigre.

Desde las últimas décadas del siglo XX, y sobre todo desde los años noventa, el proceso de expansión urbana en el distrito de Tigre, estuvo marcado por la consolidación y el incremento de las diferencias socio- espaciales; por el suministro de servicios públicos fragmentados y diseñados desde la lógica del mercado (por lo que se excluye parte importante de la población); y por procesos de producción urbana, con marcada intervención y planificación privada.
Gran parte de las decisiones claves que afectaron al Tigre en materia urbana, fueron dirigidas por las leyes del mercado, y más específicamente, por grandes actores económicos, entre los cuales se incorporaron capitales de origen internacional. Este es el caso de las megas urbanizaciones cerradas, que terminaron subordinando a los actores estatales, quedando claramente en evidencia la orientación de la planificación urbana hacia el interés privado.
Con el proceso de expansión de las urbanizaciones cerradas en el municipio de Tigre, los grandes proyectos terminaron canalizando parte importante de los recursos públicos, para la realización de sus intervenciones privadas, poniéndose en evidencia la contradicción entre producción pública del espacio y su apropiación privada. Asimismo, a menudo, los Planes Directores o Planes Estratégicos de estos grandes proyectos urbanos, afines con los intereses del capital, terminan siendo legitimados al ser aprobados por el Estado (a veces con participación directa de este último). Así, dichos planes se convirtieron en etiquetas de calidad, funcionales tanto a los propios proyectos urbanos de capitales privados y a la especulación inmobiliaria, como a los gobiernos que los ejecutaron como recurso para futuros comicios.

Así fue como Tigre experimentó profundas transformaciones territoriales, producidas en el contexto de una reconfiguración neoliberal que si bien ya se perfilaba en tiempos de la última dictadura militar se acentuó años después.
Ya en diciembre de 1973, el ministro de Bienestar Social, López Rega, anunciaba la puesta en marcha del plan “Venecia argentina”, que preveía la realización de un complejo turístico en las islas del Delta, que podría albergar a ocho millones de personas.
Por su parte en Tigre, en julio de 1977, el intendente municipal de facto, coronel (RE) Carlos A. Pérez Ibarra, en conferencia de prensa fijó los alcances de la “acción comunal” en la necesidad de dar una nueva fisonomía al conurbano metropolitano, dotándolo de viviendas con una capacidad para 200.000 personas, en un terreno que abarcaría 1.500 hectáreas, en la zona urbana de tigre y Benavidez.
Pero fue durante la década menemista, que se consagró la hegemonía de un paradigma basado en la desindustrialización, el debilitamiento del Estado nacional, la privatización de los servicios públicos y la apertura financiera y comercial. Esta combinación de desregulación económica y reestructuración del Estado, se tradujo en la acentuación de las desigualdades existentes y en la aparición de niveles inéditos de exclusión. La (re)producción de la ciudad, se convirtió así en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero globalizado.
Así fue como la construcción de las urbanizaciones cerradas, formó parte de las mayores inversiones vinculadas con los negocios urbanos de los años noventa, cuyos valores rondaron los 4.000 millones de dólares.

Una de las principales transformaciones en materia de producción del espacio urbano, fue la aplicación de la política del fragmento urbano, adquirida, entre otras razones, a partir de la difusión del “Modelo Barcelona” de gestión urbana. Dicha política tiene como fin iluminar determinados sectores de la ciudad, que suponen ventajas diferenciales para el despliegue de negocios urbanos, para el sector privado.
En Tigre, la producción del espacio urbano tuvo lugar en un contexto en el que el Estado, en sus diferentes niveles de gestión (nacional, provincial, y municipal), disminuyó sus acciones directas sobre el territorio y pasó a operar como acondicionador y promotor activo, con el objeto de facilitar la inversión privada. De esta manera, se puede afirmar que el Estado, ha funcionado como el principal dinamizador de los negocios sin obtener nada, o muy poco a cambio, para el conjunto de la ciudad. De esta manera, la valorización que se generó a través de las intervenciones urbanas, tendieron a la concentración de categorías socio-económicas homogéneas, en el marco de una creciente polarización social, en detrimento de un desarrollo urbano integrado del partido.