El gobierno de la CABA avanza con la incineración de la basura
La Ley Basura Cero, en el horno
El plan para habilitar la incineración de la basura en la Ciudad de Buenos Aires avanza a toda marcha. Días atrás el gobierno de Rodríguez Larreta presentó un proyecto para modificar la Ley Basura Cero, que actualmente prohíbe esta alternativa. Se trataría el próximo 19 o el 26 de abril. El Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad acompaña la lucha de la Federación de Cartoneros: “No a la Incineración, Sí al Reciclado”
por Silvia Ferreyra, ISEPCI
Sin
más información oficial que el propio texto de la propuesta presentada,
vemos cómo se está cumpliendo el plan que informalmente pudieron
indagar las organizaciones ambientalistas y la Federación de Cartoneros
en los últimos meses: en marzo se presenta el proyecto, en abril se
aprueba la modificación de la ley y en junio se abre la licitación para
la planta de incineración en el Complejo Norte III del CEAMSE[1].
No
es la única planta: se habla de otras cinco en la zona metropolitana
–José C. Paz ya dio un paso en ese sentido- y una en la propia Ciudad de
Buenos Aires, en la Comuna 8, integrada por los Barrios Soldati y
Lugano, actualmente en la “Zona Roja” de emergencia del saneamiento del
Riachuelo.
A
fines de diciembre del 2017 distintas organizaciones, académicos y
entidades integrantes de la Comisión Asesora de la Ley Basura Cero
alertaron sobre esta situación[2],
cuando el propio gobierno propuso discutir en ese ámbito las
tecnologías de “termovalorización energética” –la forma en que se
refiere a la incineración con obtención de energía- y la modificación de
la Ley Basura Cero.
Más
allá de los cuestionamientos presentados, el ámbito no funcionó hasta
principios de febrero de este año, cuando convocó a una reunión de
trabajo de un día para otro, mandando cinco informes “científicos”, más
de 200 páginas en inglés, sobre las “ventajas” de estas tecnologías. A
pedido de la Federación de Cartoneros y demás organizaciones, se
suspendió la reunión, por considerarla una burla a la participación.
En
esos días vimos en los principales diarios del país la crónica del
viaje de funcionarios y legisladores oficialistas por las principales
ciudades de Europa, de la mano del presidente del CEAMSE, recorriendo
las plantas de incineración, maravillados con la energía producida con
la basura[3].
Sin mencionar que en realidad, la Comunidad Europea hoy está
desalentando los subsidios a estas tecnologías, por considerar que
desalientan la reducción y el reciclado[4].
La
siguiente señal del Ejecutivo fue directamente la presentación del
proyecto de ley, el 23 de marzo. Todo un dato la decisión del gobierno
de avanzar sin debatir, sin siquiera responder los pedidos de informes
de distintas organizaciones. ¿Dónde van a poner las plantas, cuánto van a
costar, qué van a hacer con las cenizas, cómo van a controlar las
emisiones, qué va a pasar con los centros de reciclado, con los
cartoneros? Hasta el día de hoy nadie dice una palabra.
El
3 de abril, en una reunión conjunta de comisiones de ambiente y obras
públicas de la legislatura para presentar el proyecto oficial, el
secretario de Higiene Urbana de la ciudad dijo poco y nada, limitándose a
leer textuales los artículos del proyecto en respuesta a los
interrogantes señalados. En iguales términos se expresó el presidente
del CEAMSE, allí presente: “No va a haber planta, quedate tranquila”,
contestó al retirarse del recinto. No hay razones para estar tranquila:
tienen los votos para aprobarla, la oposición se manifestó en contra, la
bancada de Lousteau se mostró disconforme, la Coalición Cívica se llamó
al silencio. La Federación de Cartoneros ya inició su plan de lucha y
movilización, en defensa de la Ley Basura Cero y su fuente de trabajo.
Las razones de la oposición
El
gobierno dice que ya hizo todo lo que podía hacer para reducir la
basura de la Ciudad, por eso no le queda otra que modificar las actuales
metas de reducción, “imposibles de cumplir”, por otras “más reales”, y
habilitar la posibilidad de incinerar, siempre y cuando sea para obtener
energía. Como desde hace años sucede en Europa o Estados Unidos.
No
es cierto que en todos estos años el gobierno haya apostado a reducir y
reciclar. Según un informe reciente de la Auditoría General de la
Ciudad, los gastos totales para la recolección de la basura rondan el 7%
de los 16.400 millones de pesos -800 millones de dólares- que conforman
el presupuesto total de la CABA para 2018. Desde la Federación de
Cartoneros señalan que de ese porcentaje, la porción mayor se la llevan
las empresas recolectoras: la Dirección General de Reciclado, a cargo de
la recolección de reciclables, recibe sólo del 5 al 10% de lo abonado a
estas empresas. Y no todo lo que recibe esa dirección va a los
cartoneros: una buena parte se destina a publicidad, o a comprar
máquinas de alto costo que podrían ser reemplazadas por fuerza de
trabajo.
La
tarea que realizan los cartoneros de concientización a la comunidad
para la separación en origen y recolección de la fracción reciclable,
sigue dependiendo en gran medida de su propio esfuerzo y organización.
Hoy están muy lejos de lo que este gobierno podría garantizar en
infraestructura, logística y fuerza de trabajo, si realmente quisiera
reducir lo enviado al CEAMSE. Tampoco se han abordado aunque sea a
escalas incipientes, otras estrategias de reducción mucho más sencillas y
económicas que la incineración, como el compostaje y la biodigestión,
como sí lo vienen haciendo distintas localidades del país como Tandil o
Bahía Blanca, con mucho menos presupuesto que esta ciudad.
Está
claro que no hay voluntad de disminuir la basura: el proyecto plantea
como “meta real” enviar al CEAMSE para el año 2021 la misma cantidad de
residuos enviados en el 2017. Se modifica además el “piso base” para
calcular la reducción, ya no es más el total en toneladas enviadas en el
año 2004 (1,5 millones) sino las 2,1 millones enviadas en el 2012.
En
cuanto a la generación de energía, desde hace tiempo la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales-FARN, viene señalando que no es correcto
considerar la incineración de residuos como energía renovable,
cuestionando a la propia empresa del Estado, ENARSA, por tomar la
iniciativa en los últimos años. No sólo se cuestiona la ecuación
energética en sí -la mayoría de los materiales combustibles permitirían
un mayor ahorro energético reciclados y no incinerados- sino también los
altos costos que se pagarían por insertar esa energía a la red. A razón
de 150 dólares el MW, contra 50 dólares que se paga hoy en promedio por
cualquier fuente renovable. Será el Estado, con nuestro dinero, el que
terminará subsidiando este precio.
Lo
que seguramente va a generar la incineración es una importante cantidad
de cenizas, mínimo un tercio del total de la basura quemada. Ya no
pueden ser considerados como residuos comunes, son peligrosos por sus
componentes, tienen por destino rellenos de seguridad, a diferencia de
los rellenos sanitarios como el CEAMSE. Hay un régimen especial para
este tipo de residuos, el gobierno lo sabe, y por eso también intenta
modificar la ley de residuos peligrosos vigente, están circulando
borradores desde el año pasado.
Silvia
Ferrer, coordinadora hasta hace pocos años del Departamento de Salud
Ambiental en el Ministerio de Salud de la CABA, recordó a legisladores
de la oposición que esta ciudad prohibió hace tiempo la incineración de
los residuos patogénicos -aquéllos generados en establecimientos
médicos, también considerados residuos peligrosos-, por el riesgo a la
salud que significan las emisiones al aire de gases y partículas mucho
más pequeñas que el hollín, difícilmente controlables aún por filtros de
última tecnología.
Hay
muchas sustancias en común resultantes de la incineración de los
patogénicos y los residuos comunes. Se trata de contaminantes altamente
persistentes en la atmósfera, como las dioxinas y furanos, que se
acumulan en el organismo y causan enfermedades crónicas, como leucemias,
y otros tipos de cáncer. Argentina tiene compromisos internacionales
firmados para la prohibición de estos tipos de contaminantes, esa
normativa también debe tenerse en cuenta al momento de dar vía libre a
la incineración de residuos.
En
los próximos días FARN presentará un informe bastante grave sobre los
rellenos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con situaciones
de vertidos clandestinos. Varios de ellos sancionados por los propios
organismos de control provincial; pagan la multa, levantan la clausura y
siguen funcionando.
¿Qué
garantías de control existen en la zona metropolitana para los residuos
peligrosos y las emisiones a la atmósfera de estas siete plantas de
incineración que se proponen? Si para el saneamiento del Riachuelo es la
propia Corte Suprema de Justicia quien controla a la autoridad de
aplicación, la ACUMAR, y así estamos sin avances concretos, ¿qué nos
queda pensar para estas plantas, con el mismo color político gobernando
la Ciudad, la Provincia y la Nación?
Lo
único que justifica la urgencia para avanzar con este plan son los
negocios posibles a futuro, en esta oportunidad llevados adelante por la
CEAMSE, una sociedad del estado conformada por la Ciudad y la Provincia
de Buenos Aires. Se calcula que una planta similar a la que el gobierno
destaca en Europa, representa un costo de 500 millones de dólares.
Según la Federación de Cartoneros, con un 4% de lo que cuesta sólo una
de esas plantas se podrían construir al menos 40 centros de reciclado en
toda la región, con la condiciones de infraestructura necesarias,
brindando muchas más fuentes de trabajo, preservando mucho más la salud y
el ambiente.
Es
importante conocer y difundir todos estos argumentos para refutar la
idea que esta propuesta del gobierno representa un paso adelante, una
mejora. No es la primera vez que se intenta avanzar con una iniciativa
de este tipo, pero ahora cuentan con los votos para hacerlo. Después
restan los siguientes pasos hasta que se lleve a la práctica, pero hay
que dar la pelea debatiendo de cara a la sociedad. Ya empezó la cuenta
regresiva.
[1] https://www.infobae.com/
[3] https://www.clarin.com/
Silvia Ferreyra Asesora Bloque Libres del Sur - HCDN
silviaferreyra@
011-4127-7241//15-5936-5072
Rivadavia 1864, Piso 13 ofic 1327, CABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
No hay comentarios:
Publicar un comentario