En Argentina, por la reducción a la mínima expresión que sufrió el Estado en la etapa neoliberal, los organismos de control ambiental han sufrido una profunda degradación y perdieron credibilidad y fundamentalmente eficacia. Generalmente con mucha razón, se los tilda de connivencia con empresas.
Cuando iniciamos el análisis de las responsabilidades respecto al hecho propiamente dicho de contaminar y de las responsabilidades que les caben a los responsables de controlar y sancionar este tipo de problemáticas, ingresamos en un tembladeral confuso, hermético, misterioso y contradictorio.
Analicemos algunos casos clásicos de declaración de incompetencia institucional. El Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre, Sr. Ernesto Casaretto, refiriéndose al papel que le cabe al municipio en este tipo de problemáticas ambientales, declaró que “el rol que le cabe a la Municipalidad, es el de apoyar los reclamos y acompañar a aquellos requerimientos en los que puedan ser parte”.
Es decir que el Secretario carga sobre la comunidad la responsabilidad primaria de accionar frente a problemas ambientales, desligándose y desligando a la municipalidad de los deberes que las normas le instituyen como propios. Según el Secretario, la Municipalidad ayuda, acompaña, facilita, pero no es directa responsable de asumir el control de este tipo de cuestiones.
La titular de la Secretaría de Política Ambiental de la Pcia de Buenos Aires, Silvia Suárez Arocena por su parte, declaró a la prensa que “la solución de la problemática ambiental, “no es una tarea de funcionarios, sino de la sociedad en su conjunto”, y más aún, “de los que se organizan para trabajar en mejorar el ambiente”.
Si la Secretaría y el Municipio no son responsables directos de atender los problemas ambientales ¿Quién podrá defendernos?
A este respecto podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que la gestión ambiental es netamente estatal. Las herramientas y metodologías son esencialmente de carácter preventivo y es por ello que la Administración Pública y fundamentalmente las municipalidades, juegan un rol crucial en la conformación y aplicación de tales directrices, mientras que la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, es nada menos ni nada mas, que la autoridad de aplicación de toda la normativa que regula la problemática ambiental de la provincia. Tanto las autoridades provinciales como municipales, pareciera que están más preocupadas por el desarrollo operativo y económico de las empresas, y el mantenimiento a raja tabla del actual modelo de producción, que por ejecutar la política ambiental, preservando los recursos naturales y la calidad de vida de la comunidad.
Cuando iniciamos el análisis de las responsabilidades respecto al hecho propiamente dicho de contaminar y de las responsabilidades que les caben a los responsables de controlar y sancionar este tipo de problemáticas, ingresamos en un tembladeral confuso, hermético, misterioso y contradictorio.
Analicemos algunos casos clásicos de declaración de incompetencia institucional. El Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre, Sr. Ernesto Casaretto, refiriéndose al papel que le cabe al municipio en este tipo de problemáticas ambientales, declaró que “el rol que le cabe a la Municipalidad, es el de apoyar los reclamos y acompañar a aquellos requerimientos en los que puedan ser parte”.
Es decir que el Secretario carga sobre la comunidad la responsabilidad primaria de accionar frente a problemas ambientales, desligándose y desligando a la municipalidad de los deberes que las normas le instituyen como propios. Según el Secretario, la Municipalidad ayuda, acompaña, facilita, pero no es directa responsable de asumir el control de este tipo de cuestiones.
La titular de la Secretaría de Política Ambiental de la Pcia de Buenos Aires, Silvia Suárez Arocena por su parte, declaró a la prensa que “la solución de la problemática ambiental, “no es una tarea de funcionarios, sino de la sociedad en su conjunto”, y más aún, “de los que se organizan para trabajar en mejorar el ambiente”.
Si la Secretaría y el Municipio no son responsables directos de atender los problemas ambientales ¿Quién podrá defendernos?
A este respecto podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que la gestión ambiental es netamente estatal. Las herramientas y metodologías son esencialmente de carácter preventivo y es por ello que la Administración Pública y fundamentalmente las municipalidades, juegan un rol crucial en la conformación y aplicación de tales directrices, mientras que la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, es nada menos ni nada mas, que la autoridad de aplicación de toda la normativa que regula la problemática ambiental de la provincia. Tanto las autoridades provinciales como municipales, pareciera que están más preocupadas por el desarrollo operativo y económico de las empresas, y el mantenimiento a raja tabla del actual modelo de producción, que por ejecutar la política ambiental, preservando los recursos naturales y la calidad de vida de la comunidad.
