La Asamblea en Defensa del Delta, integrada por un amplio frente de organizaciones sociales viene efectuando un trabajo invalorable desde que se organizara para enfrentar la malhadada Ley 10.092.
Entre las gestiones efectuadas podemos destacar como muy significativas, la mantenida con INTA, organismo que comparte plenamente la preocupación de la Asamblea ante el avance de iniciativas “industrialistas” en el santuario natural de los humedales del sur del Paraná. El organismo público está trabajando con el propósito de no introducir actividades agrícolas en este humedal, por el impacto que tendrían.
De acuerdo al mapa de suelos elaborado por la Estación de Experimentación Agrícola de Paraná, se advierte que el Delta no tiene suelo, está formado por material de transporte arrastrado por el río Paraná y anteriormente por el mar cuando ingresaba.
Está en formación en un proceso muy dinámico que aún no ha terminado.
Considera INTA que la agricultura puede ser un foco de contaminación; agravado por la posibilidad de que el sodio de los viejos materiales marinos que está en profundidad sea subido a la superficie por la actividad agrícola. Además la agricultura conlleva el uso de agroquímicos y en este caso estarían aplicándose al lado del agua.
El Dr. Luís Laferriere, docente de la UNER y a su vez uno de los voceros de la Asamblea manifestó la preocupación de la misma por los anuncios efectuados en la reunión de la Región Centro, donde se efectuaron una serie de discursos y declaraciones (tanto oficiales como privadas) donde se percibió una coincidencia muy estrecha entre el pensamiento de los empresarios y de los funcionarios de la Región para impulsar y potenciar un programa de “desarrollo y producción” con una fuerte intencionalidad extractivista, alentando la máxima explotación de las tierras y la realización de grandes obras de infraestructura.
Un millón doscientas mil hectáreas.
Aunque quizás una de las revelaciones más impactantes de las investigaciones efectuadas por la Asamblea Para la Defensa del Delta sea la obtenida en la reunión con el Director de Tierras de la Provincia, Ing. Flematti, quién informó que Entre Ríos cuenta con 1.170.000 has de islas fiscales, más correctamente de bienes de dominio público, las cuales tienen una distribución aproximada como sigue: – Victoria: 390.000 has de islas – Diamante: 103.000has – Islas del Ibicuy: 450.000 has – Lechiguanas: 217.000 has.
La inesperada confirmación de la magnitud de las tierras fiscales de Entre Ríos, considerando que solamente en la región de humedales son del orden del millón doscientas mil hectáreas, recrea nuevamente lo que hubiera sido el fenomenal atropello al patrimonio público provincial de haberse implementado la 10.092.
Un volumen equivalente a los Esteros del Iberá, que supera incluso la superficie de decenas de países a lo largo y a lo ancho del planeta. Y que aquí se lo íbamos a “regalar” a ignotos y anónimos beneficiarios de esta más que grosera exacción al Estado.
De todo lo actuado resulta evidente que la región en cuestión debe ser destinada a la producción, pero no a la agrícola sino a la producción de su propio suelo, todavía en formación, tal lo ha confirmado INTA, proceso que se vería irreversiblemente afectado si tuvieren lugar los intentos de introducir en ellos la agricultura industrial.
En FUNDAVIDA confiamos plenamente en la capacidad de la ciudadanía regional para defender estos santuarios naturales, pero debemos difundir toda la información recabada, porque su propia contundencia pone en flagrancia los intentos de apoderamiento que se vienen llevando a cabo por los enemigos de la vida, la naturaleza y el futuro regional.
Referencia: http://www.fundavida.org.ar
