El jueves 17 de junio, a las 5,30 de la madrugada, la policía desalojó a empujones, gritos, patadas y violencia verbal a 32 familias, y más de 40 niños, de un predio municipal del barrio Las Tunas. A continuación, las autoridades actuantes, prendieron fuego a todas las pertenencias de los ocupantes, que no pudieron ser retiradas sobre la marcha.
El terreno desalojado, es un predio de 80 metros por 40 metros, ubicado en la esquina de las calles Lucio Mansilla y Beaucheff, en la Circunscripción III, Sección N, Manzana 46 del barrio Las Tunas, General Pacheco.
El terreno que se encontraba en posesión municipal desde el 27 de diciembre de 1999, fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por la Ordenanza N° 2278/00. Según el Art. 6 de la dicha Ordenanza, los adjudicatarios deberían destinar el inmueble única y exclusivamente a vivienda familiar, debiendo construir la vivienda propia sobre el terreno adjudicado, en el plazo de diez años a partir de la fecha de adjudicación. Finalmente los terrenos en cuestión fueron adquiridos en el año 2005, por el municipio de Tigre.
En definitiva, el hecho trata sobre la ocupación irregular de terrenos del Estado, por 32 familias de indigentes. Ambos, terrenos y situación social de las familias, estaban y están indiscutiblemente bajo la estricta responsabilidad del municipio de Tigre. No obstante ello, todo el procedimiento de desalojo se realizó, como veremos mas adelante, sin intervención de autoridad competente alguna, del ejecutivo municipal.
El 21 de diciembre de 2009, el Secretario de Gobierno del municipio de Tigre, Eduardo Cergnul, firmó la Resolución N° 3470, por la cual designó a los Clubes MOTSA Fútbol Infantil y Héroes de Malvinas, representados por sus presidentes, Sra. Julia González y María Isabel López respectivamente, como cuidadores del predio, dejándose expresa constancia que deberían conservar el terreno abierto a la comunidad, organizando conjuntamente con la Delegación Municipal de General Pacheco, los días y horarios de uso. La resolución fue tomada en función de lo que determina el Art. 178 inciso 3 de la ley orgánica municipal, el cual determina que el Intendente tendrá como auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes:
1° A los secretarios y empleados del Departamento Ejecutivo.
2° A los organismos descentralizados.
3° A las comisiones de vecinos que se nombren para vigilar o hacer ejecutar obras o prestar servicios determinados.
4° A las autoridades policiales establecidas en la jurisdicción de la Municipalidad.
Queda claro entonces, que de la Resolución N° 3470, no surge una transferencia a título gratuito o permuta de bienes de la Municipalidad, ni se confiere tenencia precaria, derecho de uso y/o ocupación gratuita de los bienes municipales, a las Sras. Julia González y María Isabel López. Según el Art. 56 de la dicha ley, para este tipo de transferencia, se necesita contar con el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante.
En definitiva la Resolución N° 3470, nombra a las Sras. Julia González y María Isabel López, auxiliares del ejecutivo municipal, para colaborar con la Delegación municipal de General Pacheco, en el cuidado del predio.
No obstante lo dicho, en función de la resolución en cuestión, la Sra. Isabel López (Roa), realizó una denuncia por usurpación de los terrenos, la cual fue desestimada en dos oportunidades por el Juez de Garantías Ricardo José Costa, debido a la falta de legitimación de la solicitante y la falta de acreditación de delito alguno. A raíz de este fallo, el Fiscal Strauss recurrió ante la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional, la cual dio lugar a la orden de desalojo, la cual como dijimos, se cumplió el jueves 17 de junio, a las 5,30 de la madrugada.
De la manera expuesta, el ejecutivo municipal de Tigre, solucionó un estallido de los graves problemas sociales y de desarrollo urbano que padece el distrito, sin exponer, ni por un minuto, su imagen pública. La tarea sucia, se la encomendaron a una ignota y desconocida puntera política y el aguante posterior quedó en manos de la Cámara Comercial e Industrial del Partido de Tigre (C.A.C.I.T.).
Para concluir, digamos que los asentamientos irregulares generados por gente pobre como la de Las Tunas, respecto a la política urbana, en nada difieren de la ocupación clandestina e ilegal que se hizo del 35,5% del territorio continental del distrito, mediante la creación de urbanizaciones privadas piratas.