Los proyectos en la zona costera, polémicos desde su aprobación mediante excepciones, ven peligrar su continuidad por la falta de obras complementarias ineludibles que aún no están realizadas.
La transformación de la zona costera de Vicente López en los últimos años, a partir de la modificación de Código de Ordenamiento Urbano en una polémica sesión del Concejo Deliberante, que permitió edificios en altura, podría verse detenida –una vez más- por el accionar de la justicia.
Las versiones indican que sobre la serie de obras que están proyectadas o en ejecución en la franja costera, podría recaer una impugnación judicial, en la que se hace hincapié en el daño ambiental que estarían efectuando varios de los desarrolladores.
Cabe recordar que uno de los principales cuestionamientos de distintos grupos vecinales y particulares sobre las obras se refiere a la carencia de infraestructura de servicios de la zona, sobre la cual no se ha avanzado, como la adecuación de la obsoleta red de agua y cloacas, proyectada e instalada décadas atrás, y que no preveía el crecimiento demográfico que traen aparejadas las grandes torres y superficies comerciales que se levantan en la costa de Vicente López, las cuales ya han dado muestras de colapso, y principalmente su impacto ambiental.
Ni siquiera se avanzó en la construcción de una planta depuradora, aún cuando el saliente intendente Enrique García forma parte del directorio de AySA.
El nerviosismo de ciertos desarrolladores es cada vez mayor, por el rumor acerca de una presentación a modo de amparo que -en principio- abarcaría a los emprendimientos en la zona costera, alineados en el Vial Costero, finalizado en su primer tramo, y que fuera la obsesión del intendente, al punto que avanzó con la obra a pesar de una marcada resistencia social.
El recuerdo de la paralización del emprendimiento de Libertador y Sturiza (junto al Puerto de Olivos) mediante un fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ligado esto al expropiado edificio lindero a estación Mitre (donde se pensaba mudar el palacio municipal), sumado a la reformulación de las torres de Libertador e Yrigoyen, hacen temer a los “emprendedores” nuevas dilaciones o cancelaciones de proyectos.
Por caso, el “Distribuidor Centenario”, en los primeros metros de la Avenida del Libertador, una contraprestación por la excepción a las normas constructivas que favoreció al empresario Carlos De Narváez, fue bautizado para ser habilitado en el centenario del distrito, es decir en 2007, pero sólo fue habilitado y a medias a días de las elecciones del pasado 23 de octubre.
La presentación no sólo abarcaría a los desarrollos inmobiliarios, también podría alcanzar al saliente jefe comunal, que sumaría así un nuevo expediente judicial, y a varios de sus funcionarios en diferente grado, a partir de sus actuaciones en los expedientes que se cuestionarían.
Los argumentos en parte apuntan a la falta de controles por parte del Ejecutivo municipal de Vicente López, poniendo la lupa sobre una aparente connivencia con varios de los desarrolladores inmobiliarios.
Tanto el caso de Codinsa S.A, que por el método de “contraprestación” construiría el nuevo palacio municipal a cambio de autorización para su emprendimiento, como el distribuidor de tránsito que por el mismo método construye Ribera Desarrollo S.A., son parte de una metodología que necesita de una negociación del Estado (léase el Ejecutivo municipal) con los mismos empresarios, poniendo la contraprestación como método de pago. Así lo que debiera ser una obra pública, y de interés público, es una obra que también -y en mayor medida- beneficia al privado, y que al realizarse por los mismos privados, se rige por el derecho privado, en el cual no se contempla, siendo obras millonarias, una licitación o un concurso de precios, y mucho menos la intervención de órganos de control como el tribunal de cuentas, la sindicatura general o la oficina anticorrupción.
Estas son sólo algunas de las metodologías utilizadas en los últimos años, que trajeron aparejado un crecimiento direccionado por el interés privado y escasamente planificado desde el Estado municipal en Vicente López, uno de los desafíos que deberá encarar la gestión que comenzará el próximo 10 de diciembre.
Fuente: InfoBAN