viernes, 20 de septiembre de 2013

Analizan un proyecto de ley para prohibir la exportación de peces de agua dulce.

Una década después de que Argentina habilitara la exportación del sábalo, las consecuencias llevaron a que hoy en el Consejo Provincial Pesquero estén discutiendo un proyecto de ley que apunta a prohibir la extracción de peces de río con fines de comercio exterior. El debate comenzó con la ausencia de los representantes de quienes más resistirán la iniciativa, los frigoríficos de pescado, pero con la presencia y el acuerdo "prudente" de los propios pescadores, quienes admiten graves problemas en lo inmediato si se continúa sometiendo al río al ritmo que demanda el negocio exportador. "Nadie exporta sus peces de agua dulce, así vamos a agotar el recurso", planteó el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, autor del proyecto de ley que apunta a cortar por lo sano.
La propuesta de ley declara de interés público la conservación del recurso ictícola de la cuenca parano﷓platense, con epicentro en los ríos Paraná, Paraguay, la parte baja del Uruguay y Río de la Plata. Y prohíbe "la captura de peces de río destinado a la exportación" en toda la cuenca, sus afluentes y humedales. Su autor entiende que la extracción ictícola de características mineras "ni sirvió para mejorar la calidad de vida de los pescadores, ni tampoco representa un ingreso de divisas significativo para el país".

Números. 
La exportación parte en un 93 por ciento desde los frigoríficos emplazados en Santa Fe --una docena-- y Entre Ríos, y en menor medida desde Buenos Aires. Los principales compradores son Colombia --por haber depredado un pez similar, el bocachico--, Bolivia, Brasil y Nigeria. Según datos de Aduana publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina colocó el año pasado en el exterior 14.323 toneladas, lo que significó ingresos por 17,7 millones de dólares. Si bien el menú exportador contiene en pequeñas proporciones dorado, bagre, patí, carpa, tararira, boga y armado, el rey del negocio es el prochilodus lineatus, mejor conocido como sábalo. En 2012, las ventas al extranjero de esta especie sumaron 12.148 toneladas, por 14,8 millones de dólares. En el comienzo de la cadena, los frigoríficos hoy pagan no más de 7 pesos por kilo de pescado, y de ese precio, los acopiadores que intermedian se quedan con el 20 por ciento.


"Se ha pasado de un sistema extractivo con las tradicionales técnicas de la pesca de subsistencia, basada en la calidad de los ejemplares, especies y tamaños, a un sistema basado en la cantidad. Pocos acopiadores forman el precio y concentran la rentabilidad del mismo, marginando al sector acerca del cual el Estado debería tutelar con mayor firmeza, los pescadores, que en este nuevo esquema pierden absolutamente su capacidad de negociación", argumenta el proyecto.
Según el texto de Zabalza, la exportación se liberó en 2003, aunque desde la Asociación Civil de Pescadores El Espinillo, Escolástico Aguilar sostiene que eso empezó en 1998. Y en el río ya nada fue como antes. "Hasta que se abrió la exportación, el trabajo marchaba bien, no sobraba nada, pero la pesca no faltaba. Pero hoy en Entre Ríos hay casi 2.000 pescadores en 200 kilómetros, y pescan con mallas más chicas que las que nos permiten en Santa Fe. El año pasado empezaron pagando 3 pesos el kilo, y terminaron pagando 1,20.
Para este año, el cupo de exportación en la cuenca asciende a 15.000 toneladas, pero hubo años en los que se autorizó en demasía, como en 2004, cuando se pescaron 36.000 toneladas, o en 2007, cuando el cupo llegó a 40.000 toneladas, y aún habiéndose sancionado en Santa Fe la ley 12.212, con la que se pretende regular el recurso, observó el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Ricardo Biasatti. "Hay que reformular la estrategia, porque a este ritmo el que sufre es el eslabón más débil de la cadena. De 3.000 pescadores que hay en Santa Fe, 500 son los que proveen a frigoríficos, los demás no. Por eso hay que promover canales alternativos de venta directa mediante puertos de fiscalización, y que los frigoríficos cambien la lógica de pescar cantidad por calidad, y que agreguen valor de verdad. De lo contrario, el modelo no es sustentable", advirtió.
"Santa Fe puede regular, pero Entre Ríos está enfocada en la exportación, entonces el problema sigue estando. Hace falta una ley nacional", reforzó Zabalza.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Dictamen a favor de Chevron por el caso de contaminación en Ecuador.

Un panel arbitral en La Haya dio a la petrolera Chevron una victoria de procedimiento en su batalla legal contra una multa de 19.000 millones de dólares que Ecuador le impuso por contaminación de la región de la cuenca del Amazonas.


Washington.-  La instancia dictaminó que la empresa estadounidense Chevron estaba protegida de acciones de demanda colectiva en el caso, debido a los acuerdos que el gobierno ecuatoriano había establecido con la ex Texaco, que presuntamente estaba detrás de la contaminación ambiental y de la cual la gigante norteamericana se hizo cargo en 2001.
En su fundamentación, el panel dijo que el acuerdo de 1995, en el que Texaco se comprometió a limpiar los residuos de sus operaciones de extracción de petróleo en la región de Lago Agrio, protege a Chevron de demandas colectivas.


Chevron argumenta que no se puede hacer responsable de los daños y perjuicios reclamados por las comunidades de Lago Agrio, debido a que el acuerdo de 1995 se produjo después de la presentación de las primeras denuncias sobre la contaminación, en 1993.
En febrero de 2011, sin embargo, un tribunal de Ecuador encontró a Chevron responsable en el caso y la condenó al pago de 9.500 millones de dólares por daños y perjuicios.


Posteriormente, otro tribunal de Ecuador duplicó la multa, en medio de acusaciones de Chevron de corrupción y fraude en el manejo del caso.

El martes, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a boicotear a Chevron.
El mandatario convocó a la prensa a uno de los lugares donde operó Texaco por casi 30 años y presentó "La mano sucia de Chevron", la campaña con la que busca hacer frente a la estrategia de "desprestigio" con la que, según el gobierno, la petrolera quiere desconocer el fallo judicial.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Identifican sustancias antibióticas en un arbusto de la Puna de Atacama.

Investigadores del CONICET usaron extractos vegetales de la tola para inhibir bacterias aisladas de infecciones de piel y partes blandas de pacientes de hospitales de San Miguel de Tucumán. El objetivo es reemplazar productos sintéticos que pueden tener efectos secundarios.
Las sociedades indígenas conservaron el uso de vegetales con efectos medicinales a través de los siglos. Considerando a las plantas como una verdadera “farmacia natural”, investigadores argentinos identificaron moléculas de alta potencia antibiótica en un arbusto espinoso que crece a más de 4.000 metros de altura en una de las regiones más áridas del planeta.
Según consta en la revista científica internacional Phytotherapy Research, un equipo de científicos del CONICET extrajo de la planta Baccharis incarum, conocida popularmente como tola, ingredientes denominados flavonoides. Y luego, con ellos, lograron eliminar in vitro bacterias Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis –resistentes a antibióticos convencionales- aisladas de infecciones de piel y partes blandas de pacientes de hospitales de San Miguel de Tucumán.



El grupo recolectó la tola en la región de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), que pertenece a la Puna de Atacama. Las especies vegetales que viven en estos ecosistemas de altura desarrollan mecanismos de adaptación para sobrevivir. Por ejemplo, producen gran cantidad de resinas que las protegen de la acción desecante de los vientos y de las condiciones de aridez, bajas temperaturas e intensa radiación ultravioleta.
“Estudiamos las sustancias de ésta y otras plantas que permitan encontrar nuevos y novedosos fármacos útiles para el tratamiento de varias enfermedades de impacto social relevante”, indicó a la Agencia CyTA la autora principal del estudio, la doctora María Inés Isla, directora del Laboratorio de Investigaciones de Productos Naturales del Instituto de Química del Noroeste Argentino (INQUINOA), que depende del CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán.
La investigadora destacó que sus líneas de trabajo apuntan a la incorporación de alternativas terapéuticas a los productos sintéticos disponibles, que muchas veces resultan tóxicos o presentan efectos secundarios nocivos. Isla agregó que están elaborando protocolos para desarrollar geles antibióticos con flavonoides de tola, los cuales podrían ser producidos por laboratorios fitoterápicos locales.

martes, 17 de septiembre de 2013

RÍO RECONQUISTA: Entre un nuevo endeudamiento, la inacción y el vacío presupuestario.

Scioli, entre la subejecución y el endeudamiento.

Mientras Daniel Scioli apura la firma de un crédito por U$D 280 millones para el “saneamiento” del Reconquista, proliferan las dudas por la inacción y el vaciamiento presupuestario del Comité de Cuenca que tiene a cargo la preservación del recurso.
Mientras el Gobierno bonaerense intenta reflotar una línea de crédito a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometida al saneamiento de la cuenca del Río Reconquista, la segunda más contaminada del país, crecen los cuestionamientos por la virtual inacción del Comité de Cuenca que debe velar por el recurso hídrico. 
El COMIREC, para el cual se destinan desde hace 4 años en promedio 20 millones de pesos, de los cuales se ejecutan inexorablemente menos de dos, no ejercería, según denuncias de ONG, el poder de policía que le otorga la ley. Además del "congelamiento" presupuestario, el organismo no controlaría el vuelco de químicos en las aguas, cuya continuidad pone en peligro cualquier acción tendiente a la "sanación" de los ríos que componen la cuenca. 



De acuerdo a lo votado por las cámaras legislativas, el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)  tiene para 2013 un presupuesto de 19.521.160 pesos, de los cuales lleva devengados, al 30 de abril, y según los datos de Contaduría General de la Provincia, apenas 286.190,13 pesos, es decir, el 1.45% del presupuesto anual, cuando va transcurrido el primer tercio del año.
Un análisis más detallado de la composición de ese gasto, revela que sólo la partida Gastos en personal se lleva el más del 95% de lo devengado a la fecha; el 5% restante corresponde a “Servicios no personales” ($ 8.582,10), cuyo crédito total supera los 11 millones de pesos, es decir que la partida tiene una subejecución por encima del 99%.
En rigor, estos datos no son nuevos. En 2012, con un presupuesto similar –está en franco descenso desde 2010-, la ejecución se detuvo por debajo de los 1.2 millones de pesos, es decir rondando el 5.8% de la partida original del presupuesto. Claro que esta gestión se “emprolijó”, mediante la reasignación de recursos, que terminaron vaciando el presupuesto original para que la ejecución final sea del 100%.
Prueba de ello es que, al 30 de noviembre, es decir, un mes antes del cierre del ejercicio, la ejecución mostraba el ritmo que terminó llevando hasta el final, pero los fondos disponibles eran los originales: 19.685.160,00.


En 2008, el presupuesto del Comité de Cuenca era similar al monto de la ejecución actual. Según la Ley de Presupuesto de ese año, tenía asignados para funcionar $1.275.100. Al año siguiente, con el primer Proyecto elaborado por la gestión de Scioli, trepó a 27 millones de pesos; en 2010, descendió a 24.824.700 pesos; en 2011 quedó congelado en idéntica cifra; en 2012, descendió otro escalón y totalizó 19.685.160. Para 2013, como ya fue reseñado, se estancó apenas por debajo de esa cifra: $ 19.521.160.
Ahora, pese a que destina 20 millones de pesos que luego transfiere a otras áreas, Scioli busca endeudar a la Provincia por un monto de 280 millones de dólares, de los cuales 230 son un aporte Banco Interamericano de Desarrollo, más un aporte local de 50 millones.

Detrás de los números, más dudas
El Río Reconquista es considerado el segundo más contaminado del país, sólo superado por el Riachuelo, y atraviesa los partidos de General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Las Heras, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz, que suman más de 4 millones de habitantes.


Para paliar la crisis ambiental que lo envuelve, existe en el ámbito del Ministerio de Infraestructura un “Comité de Cuenca”, creado por la ley 12.653, que tiene la responsabilidad la “planificación y ejecución del Plan de Saneamiento”. 
Entre los objetivos que se enumeran en su articulado, se encuentran los de “Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la Cuenca”, “coordinar con la Nación, otras provincias, Municipalidades y organismos no gubernamentales acciones y medidas vinculadas con su objeto”, “ejecutar las obras necesarias para la gestión integral del recurso hídrico de la Cuenca”, “formular la política ambiental tendiente a la preservación del recurso hídrico de la Cuenca, en coordinación con los órganos competentes en la materia, a cuyos efectos podrá celebrar los convenios pertinentes” y “Ejercer el poder de policía de la Cuenca, conforme lo determine la reglamentación”. 
Si bien tiene entre sus atribuciones la de clausurar empresas que contaminen, los vecinos de la cuenca, organizados en ONG’s, denuncian que no lo hace. “Todas las clausuras que hemos visto han sido parciales y en muchos casos por cosas ínfimas”, sostuvo Adriana Córdoba, titular de COEPSA.



No sería éste el único incumplimiento del organismo: “Hasta el día de hoy no nos han dado el registro de las industrias que vuelcan”, asegura Córdoba, aunque reparte responsabilidades con el OPDS, organismo ante el cual, asegura, “nos hemos cansado de hacer denuncias; nunca ha contestado y los análisis que hemos visto son vergonzosos”.
Según Córdoba, esta situación, sumada a deficiencias sobre el plan presentado al BID para financiar el saneamiento del río, ha despertado preocupación de los vecinos, y ha motivado comunicaciones con esa entidad financiera. “El BID ha estado preocupado por esta situación”, relató, “llamó a una consultora para que haga un plan de manejo integral de la cuenca, para nosotros no lo hay; eso que se publica en la página es un paper, con algunas líneas de intención, pero el plan de manejo no está ahí”.
Concretamente, las dudas de COEPSA radican en que los 280 millones de dólares serán destinados a “un proyecto de urbanización”, con el “traslado de barrios”, lo cual no es, en sí, objetado por la ONG. “Lo que siempre hemos discutido es la otra mitad: ¿Dónde están las consignas que nos hagan pensar que van a actuar para hacer más sano el río? No los vemos y lo hemos planteado”, explicó.
Las respuestas que COEPSA y otras ONG esperan son, concretamente, en torno a tres ejes primordiales: qué pasa con los vuelcos industriales, con los vuelcos de deshechos cloacales y, por último, con los residuos que se vuelcan en la cuenca de manera legal y también de manera clandestina.



lunes, 16 de septiembre de 2013

Riachuelo: El 88 por ciento del Camino de Sirga ya está liberado.

Según informó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Ya son 35.077 metros de un total de 39.813. Para liberar este camino se realizaron desalojos de industrias  que ocupaban el espacio públicos y relocalizó villas y asentamientos.
La ACUMAR liberó 35.077 metros del Camino de Sirga, lo que equivale al 88 por ciento de un total de 39.813 metros, y pavimentó el 67 por ciento. El Camino de Sirga es el área de 35 metros de ancho que se extiende desde la orilla del río y que debe ser liberado como un paso más para lograr el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Para liberar este camino, la ACUMAR realizó desalojos de industrias que ocupaban el espacio público, y relocalizó villas y asentamientos precarios que fueron reubicados no sólo como una necesidad para cumplir con la liberación de esta zona sino para mejorar la calidad de vida de la población que vivía en sectores de riesgo ambiental.


“Liberar el camino de sirga significa que el Riachuelo deja de ser el patio trasero a donde van a vivir los excluidos y donde las industrias tiran lo que no sirve, para transformarse en ese espacio público que poco a poco empezaremos a disfrutar”, indicó Juan José Mussi, presidente de la ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación, quien además señaló: “Vale aclarar que todos estos desalojos se lograron mediante el consenso, sin balas de goma, sin policías reprimiendo a vecinos sin hogar, sin utilizar la fuerza.” “Donde antes hubo abandono y contaminación, hoy hay plazas, espacios públicos y avenidas. A los que viven lejos les cuesta creer que esto sea así, pero cuando hablamos con los vecinos que viven en los alrededores, cuentan con orgullo cómo toda esta zona está cambiando”, indicó Mussi.
Sobre la zona liberada se realizaron plazas, tareas de relleno de terraplén, parquización, alumbrado público y nuevos circuitos de circulación, todas obras que logran evitar la generación de nuevos basurales.
Algunos de los espacios públicos construidos sobre el Camino de Sirga son el que se encuentra en la cabecera de la Isla Maciel, la Avenida Obreros de la Negra, el Club Regatas, ubicados en Avellaneda; la Avenida Carlos Pellegrini en Lanús.
Además, finalizó la obra correspondiente al tramo del Camino Costero comprendido entre la Ruta Provincial N°4 (Municipio de Esteban Echeverría) y el tramo correspondiente a la Ex Feria La Saladita (Municipio de Lomas de Zamora), de donde se relocalizaron 12.000 puestos.


viernes, 13 de septiembre de 2013

OPDS CLAUSURÓ BASURAL EN JOSÉ C. PAZ

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) realizó la clausura preventiva total de un basural de José C. Paz a raíz de denuncias efectuadas por vecinos de dicha localidad.
El predio está ubicado en calle Hendel entre Tchaicovski y Ruta Nacional N°8. En la propiedad se constató que la gran mayoría de los residuos estaban depositados a cielo abierto e impactando directamente sobre el suelo natural.


Entre los desechos se pudo identificar residuos con características especiales como filtros de combustibles, bidones que contuvieron productos químicos sin especificación y algunos desechos asimilables a los generados en prácticas de laboratorios. Al no acreditarse una adecuada gestión de transporte y tratamiento por empresas habilitadas previo a su disposición final dentro del lugar, se imputó infracción al Art. 25 inciso “c” de la Ley 11.720.
Durante la recorrida se observaron pequeños focos de quema de la basura, lo cual podría generar entre otras cosas olores irritantes, nauseabundos y facilitar la presencia de roedores en la zona ocasionando un gran riesgo para los vecinos. Por lo cual se imputó infracción al artículo 3 inciso “b” de la ley 11.723.

Referencia: http://www.opds.gba.gov.ar

jueves, 12 de septiembre de 2013

ARBA detectó 13.000 casas en supuestos terrenos baldíos. Tigre, es uno de los distritos que mayor cantidad de casos presenta.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que detectó 13 mil viviendas de lujo que estaban sin declarar ante el Fisco provincial y su titular, Martín Di Bella prometió que la Agencia será "implacable" con quienes no regularicen la situación.
"Se trata de inmuebles emplazados en barrios residenciales, countries y modernos complejos urbanísticos que figuraban como baldíos en el catastro y tributaban como tales", dijo la Agencia en un comunicado.
"Las viviendas detectadas superan los 300 metros cuadrados de edificación y fueron construidas en amplias parcelas, con diseño arquitectónico de estilo, pileta de natación y parque; y pese a que en su mayoría están habitadas, sus propietarios nunca las declararon", preciso Di Bella.
El funcionario afirmó además que "la detección se realizó de forma satelital y presencial, en el marco de los operativos que la Agencia despliega en todo el territorio provincial".
Los datos surgieron de la recopilación de resultados de los últimos dos años y se comprobó que los distritos que tenían mayor cantidad de construcciones sin declarar eran Tigre, Mar del Plata, San Isidro, La Plata, Ensenada, Pilar, Chacabuco, Avellaneda, Presidente Perón y Esteban Echeverría.


Di Bella afirmó que "el gobernador nos encomendó trabajar con fuerza en defensa de la equidad tributaria y para ello es imperioso que avancemos contra estos sectores de evidente capacidad contributiva que registran alto nivel de incumplimiento".
Además, destacó que "en la Agencia contamos con la tecnología necesaria para detectar y punir a los infractores. Vamos a ser implacables en las sanciones sobre aquellos contribuyentes que no regularicen su situación catastral y se nieguen a corregir el monto que pagan en concepto de Impuesto Inmobiliario".
Los distritos con mayor cantidad de construcciones sin declarar eran Tigre, Mar del Plata, San Isidro, La Plata, Ensenada, Pilar, Chacabuco, Avellaneda, Presidente Perón y Esteban Echeverría
A partir de las detecciones que realiza en las viviendas, la Agencia inició un proceso administrativo que incluye, entre otras acciones, el envío de notificaciones que permiten que los contribuyentes realicen descargos.
También se prevé que quienes se encuentren en infracción puedan informar directamente las características de su propiedad vía Internet, a través de la web de ARBA: www.arba.gov.ar.
"Si luego de la notificación los propietarios no declaran de forma voluntaria la verdadera situación de su vivienda, las construcciones serán incorporadas de oficio con las sanciones e intereses previstas por la legislación, que contempla multas de hasta $30 mil", enfatizó Di Bella.


martes, 10 de septiembre de 2013

TIGRE - Delta – Isleños denuncian nuevos desalojos por parte de emprendimiento inmobiliario privado.

Isleños del bajo Delta del Río Paraná, denunciaron ante la Delegación San Isidro de la Prefectura Naval argentina, que los responsables del Emprendimiento Inmobiliario denominado FideicomisoParque de la Isla”, están intentando desalojarnos de la zona denominada: 1ra Sección de Islas del Delta del Paraná, delimitado por el Canal Vinculación, Río Luján, el Arroyo Anguila, Arroyo la Paloma, Mojarra y el Arroyo Pacú.
Afirman los isleños, que la Empresa “Parque de la Isla”, está intentando desalojarlos de sus hogares; de sus lugares de trabajo; de sus viviendas, galpones, plantaciones y cancha de juncos. Según los isleños, tratan de desalojarlos, introduciendo en sus posesiones, carteles identificatorios que dicen: Parque de La Isla - Propiedad Privada - Prohibido Pasar y exigiendo se retiren del lugar, argumentando que la Empresa es la propietaria de  la zona en cuestión. Según los presentantes, también resultan responsables de esta situación, las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal, al actuar en connivencia con los emprendimientos inmobiliarios denunciados, tanto por comisión o por comisión por omisión.


Dicen los isleños en su denuncia, ser pobladores ancestrales de las islas ubicadas sobre los márgenes del denominado Arroyo Pacú y Mojarra cuyos terrenos ocupan en forma continua, pacífica e ininterrumpida desde toda la vida. Sus posesiones se denominan: "Quinta La Gerónima"; "Isla El Rulo"; "Quinta Los Amigos": "Isla Piraña";  "Isla Polenta"; "Isla El Cholo"; "Isla El Desvío"; "Isla Tortuga"; "Isla Chigete"; "Quinta del Sol"; "Quinta Alondra" y "Quinta del Deseo".
En estos sitios, cada uno de ellos tienen sus viviendas, ranchadas o refugios isleños para poder desarrollar sus actividades de pescadores, junqueros, apicultores, madera y frutales. También poseen una cancha para tender juncos de cien metros por cien metros. Tienen plantadas varias líneas de sauce americano e incluso árboles frutales.
Los isleños informaron al Oficial de la PNA, que su posesión es continua, pacífica e ininterrumpida desde que nacieron, es decir de más de 20, 50 o más años, según los casos, hasta el día que efectuaron la presentación.


Denunciaron también la presunta comisión de delito ecológico de peligro concreto y abstracto, por degradación de recursos ambientales (aire, agua, suelo, flora y fauna) interjurisdiccionales, que genera daño ambiental de efecto progresivo sobre el Río Paraná y su Delta, que perjudican su calidad de vida,
También, denunciaron la presunta comisión por parte de los  responsables del Emprendimiento Inmobiliario denominado Fideicomiso Parque de la Isla”  del delito de usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural, de usurpación de aguas entendida como cosa inmueble y daños por estrago.
En virtud de los fundamentos expuestos, los isleños solicitaron al Oficial de la PNA, que tenga a los isleños como denunciantes, elevando la novedad ante la Sra. Juez Federal de San Isidro Dra. Sandra Arroyo Salgado, que lleva adelante la instrucción de la causa Nº 8951/11, (ex N° 2843 Sec. 7) del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, Sec. 2 caratulada: “Enrique Carlos Ferreccio s/Su Denuncia.


También solicitaron se admita la denuncia y se incoen las correspondientes diligencias previas, comprobación de los hechos denunciados y se tenga presente las pruebas presentadas como testimoniales, y los registros fotográficos adjuntados.
Por último los presentantes, solicitaron que investigue la responsabilidad penal de los propietarios, tenedores o responsables de los emprendimientos inmobiliarios y en especial Parque de la Isla, donde se produjeron los hechos denunciados, en 1ra Sección de Islas del Delta del Paraná, delimitado por el Canal Vinculación, Río Lujan, el Arroyo Anguila, Arroyo Mojarra y el Arroyo Pacú; por los daños causados al ecosistema e impactos a determinar; habida cuenta de las graves consecuencias que sus actos provocan en el ecosistema y población isleña que la intentan desalojar por la fuerza.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde. 

sábado, 7 de septiembre de 2013

La Ciudad no tiene dónde tirar 3000 t de basura.

Se cayó la licitación para la construcción de tres plantas para tratamiento de residuos orgánicos
El gobierno porteño estudia qué hará con las 3000 toneladas de basura que iba a dejar de enterrar en el relleno sanitario de José León Suárez para mediados del año próximo.
El problema surgió después de que las cinco empresas que se presentaron a una licitación no superaron la oferta técnica para tratar la basura no reciclable. Ninguna cumplía con lo que establece la ley de basura cero, que prohíbe la incineración de los residuos.


La Ciudad se comprometió a dejar de enterrar en los vertederos de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) un 78% de las 6000 toneladas de basura que genera diariamente. Por el momento redujo el 36% de lo que se lleva a ese predio; sin embargo, lo más voluminoso era lo que tenía como destino esas nuevas plantas.
Aunque en las oficinas de la cartera ambiental intentan minimizar el problema, los principales funcionarios, incluido el subsecretario, Eduardo Cenzón, estudian alternativas para superar el inconveniente. De hecho el funcionario, que será quien suceda a Diego Santilli si se va al Senado en diciembre, viajó la semana pasada a Europa para evaluar técnicas de tratamiento para la basura orgánica compatibles con la ley de basura cero, que prohíbe la incineración en el distrito.
La ciudad de Buenos Aires se comprometió a reducir para el año próximo 4650 toneladas de basura. Según cifras oficiales, hoy se ha logrado disminuir 2188 toneladas por día, lo que significa 36%, cinco puntos por encima del compromiso asumido.
Dolores Duverges, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), opinó: "Es preferible que se haya caído la licitación. No lo sabíamos formalmente, pero de las cinco ofertas que hubo, cuatro no cumplían con la ley basura cero".


El martes el gobierno y las asociaciones civiles se reunirán en el Jardín Botánico para ver cómo avanzar con el cumplimiento de la ley que obliga a reducir la cantidad de residuos que se entierran y que no se cumple.
Para disminuir el material orgánico que se genera se está trabajando en diferentes líneas como planes en zonas gastronómicas, como Las Cañitas, y proyectos de compostaje. También se evalúa un nuevo llamado a licitación de nuevas tecnologías.
La reducción de la cantidad de basura que se entierra hasta el momento fue posible gracias al tratamiento que reciben los residuos de obras de construcción en la planta de Varela y Janner, en Soldati, y la de separación que funciona en el predio de José León Suárez, inaugurada en enero.
Pero ahora queda lo más difícil. El plan oficial pretende sumar 250 toneladas que deben recuperarse en las calles y que la planta de tratamiento del sur de la ciudad sume 800 a las 1000 toneladas que hoy trata.
El primer desafío quieren cumplirlo con el plan que se acaba de lanzar y que alcanza a 84 manzanas de Palermo y Villa Crespo en donde es obligatoria la separación de basura en las casas.
Según este plan, que comenzó hace dos semanas, los vecinos pueden elegir entre tirar sus residuos reciclables en los contenedores o campanas verdes, o entregárselos a las cooperativas de cartoneros que trabajan en esa zona, que son El Álamo, Amanecer y Madreselva.


Mientras tanto, los nuevos contenedores siguen llegando a otros barrios. Según el gobierno, para fines de 2014 todos los vecinos deberán separar su basura en reciclable y no reciclable.
Paralelamente, sigue el proceso para licitar el sistema de recolección de residuos. El jueves próximo se conocerán las ofertas económicas del contrato más caro de la ciudad. El presupuesto oficial supone unos 30.000 millones de pesos por 10 años. 
La oferta técnica fue superada por los ocho oferentes. En este nuevo contrato la ciudad se dividirá en siete zonas, una testigo que atenderá el gobierno, y las otras seis, que serán adjudicadas. En pugna están las actuales prestatarias: Cliba (Grupo Roggio), Urbasur (Transportes Olivos), AESA, Integra (Grupo Impsa), Nittida (Grupo Emepa). A ellas se suman Logística Urbana SA, que presta servicios en la ciudad de Córdoba, y Covelia, empresa de recolección de residuos que trabaja en el conurbano.

viernes, 6 de septiembre de 2013

TIGRE – Se creó la “Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta”.

El 4 de septiembre de 2013, fue publicado en el Boletín Oficial de la municipalidad de Tigre el decreto que crea la "Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta"  "a fin de dar continuidad a las iniciativas contenidas en el nuevo marco normativo para la localidad del Delta"  y para "dar operatividad a lo dispuesto y atender las diversas demandas de los isleños y de los distintos actores del delta Tigrense en orden a establecer los alcances específicos de la regulación".
Este nuevo organismo, -que no será una nueva Secretaría si bien se encargará de trabajar en un territorio más grande que Tigre continental- dependerá de las Subsecretarías de Planeamiento Urbano y de Gestión Ambiental, y dependerá funcionalmente de la Secretaría de Control Urbano y Ambiental.
La nueva Unidad Ejecutora establece la creación de mecanismos participativos -tal como es el reclamo de diferentes sectores sociales y económicos del Delta- aunque afirma que para ello debe acreditarse "interés legítimo".
La ordenanza "Normativa de Construcciones para el Delta" fue suspendida hasta el 31 de diciembre para continuar con los debates que requiere para su modificación, la "Normativa de Ordenamiento territorial espera un veredicto de la Justicia Provincial por un pedido de inconstitucionalidad presentado por el ingeniero Francisco Javier de Amorrortu.


A continuación publico textualmente, el Decreto Nº 1057/13  que crea la “Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta”


TIGRE, 21 de agosto de 2013.-

VISTO:
Las Ordenanzas 3343/13, 3344/13 y 3345/13 sancionadas por Honorable
Concejo Deliberante en orden a instituir el Plan de Manejo, y;

CONSIDERANDO:
Que, a fin de dar continuidad a las iniciativas contenidas en el nuevo marco normativo para la localidad del Delta, es urgente dar operatividad a lo dispuesto y atender las diversas demandas de los isleños y de los distintos actores del delta Tigrense en orden a establecer los alcances específicos de la regulación;
Que el principal desafío presente para la administración municipal, en orden a avanzar y consolidar el Plan, es guiar la aplicación del mismo desde el punto de vista técnico y operativo, para lo cual se debe establecer un modelo de gestión y desplegar una serie de tareas prioritarias;
Que a los efectos de lograr estos cometidos, resulta necesario y conveniente conformar una Unidad Ejecutiva especial destinada a la ejecución y seguimiento de las acciones pertinentes;
Que, considerando el perfil y roles de las Subsecretarías de Planeamiento Urbano y de Gestión Ambiental, además de su compromiso con el proceso de formulación de las normas aprobadas, deben ser parte central de la nueva estructura;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Tigre en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO 1.- Créase la “Unidad Ejecutora del Plan de Manejo del Delta”, en adelante
“UE-Plan de Manejo del Delta”.

ARTÍCULO 2.- La UE-Plan de Manejo del Delta tendrá las siguientes funciones:
a) Redactar proyectos de normativas propias de su área de incumbencia.
b) Responder las consultas y asesoramientos que formulen las distintas dependencias municipales y/o organismos extra municipales y personas físicas, ambas con interés legítimo, respecto de los alcances de las Ordenanzas 3343/13, 3344/13 y 3345/13.
Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre Nº 693 –04 de septiembre de 2013 - Pág. 3

ARTÍCULO 3.- La UE-Plan de Manejo del Delta estará conformada por las Subsecretarías de Planeamiento Urbano y de Gestión Ambiental, y dependerá funcionalmente de la Secretaría de Control Urbano y Ambiental.

ARTICULO 4.- Establézcase la instrumentación de mecanismos participativos para la discusión de las materias a regular y reglamentar a fin de conformar los mayores consensos posibles entre los diversos actores. A tales efectos se deberá acreditar interés legítimo.

ARTICULO 5.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Gobierno y de Control Urbano y Ambiental.-

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro Municipal de Normas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre. Cúmplase por la Secretaría de Control Urbano y Ambiental.

D3381-4
BO.693
04-09-13
Firmado: Sergio Massa, Intendente Municipal. Eduardo Cergnul, Secretario de Gobierno.
Carlos Vittor, Secretario de Control Urbano y Ambiental.

Referencia: http://boletinisleno.blogspot.com.ar

martes, 3 de septiembre de 2013

La trasnacional Texaco, comprada por Chevron, se retiró de Ecuador sin cumplir contrato de reparación ambiental

La trasnacional Texaco, comprada por Chevron, se retiró de Ecuador sin cumplir un contrato de reparación ambiental, señaló hoy el diario El Telégrafo en su versión digital.
El rotativo destaca que en un informe de la Contraloría General realizado entre los años 1997 y 2000 se indica que en 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, la compañía estadounidense perforó un total de 342 pozos, 549 piscinas y registró nueve derrames de crudo. 
Del total de piscinas, debía proceder a la reparación ambiental de 225, pero solo lo hizo en 158. 
Detalla que las acciones realizadas equivalen al 69,60 por ciento y el restante 30,40 fue excluido de las labores de la compañía.



Señala que pese a esas y otras anomalías detectadas, ninguna autoridad de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio ha exigido a la compañía cumplir, al menos, con la rectificación del número de piscinas constantes.
Resalta que en el informe se señala que en la reparación ambiental de la región amazónica laboraron compañías que no fueron calificadas previamente por la Dirección Ambiental Hidrocarburífera, la Dirección de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Protección Ambiental, por lo que existen piscinas que requieren ser revisadas nuevamente de forma técnica.
Indica además que falta proceder con el tratamiento y destino final del crudo degradado almacenado en un volumen de 50 mil barriles.


Tampoco se realizó la reinyección de agua de formación en la mayoría de estaciones de producción, no se han reparado adecuadamente los derrames y la revegetación de terrenos de las piscinas se hizo de forma irregular.
La publicación refiere que el Estado ecuatoriano y Texaco (Chevron) firmaron el contrato de reparación ambiental el 4 de mayo de 1995, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén.
Añade que autoridades del gobierno de Mahuad y de la contraparte norteamericana suscribieron el Acta Final el 30 de septiembre de 1998, con la cual se procedió a liberar, absolver y descargar a las empresas petroleras involucradas de cualquier demanda o reclamación de Ecuador.


Ante la afectación al ecosistema y la salud humana, 30 mil indígenas, campesinos y colonos entablaron la respectiva acción legal contra la petrolera, la cual tuvo presencia en alrededor de cinco millones de hectáreas del nororiente amazónico.
En esas zonas se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas fueron arrojados a los suelos y ríos y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron quemados al aire. 
La compañía se niega a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares por daños ambientales y de salud de los nativos, ordenada por un juez de Sucumbíos.