Una década después de que Argentina habilitara la
exportación del sábalo, las consecuencias llevaron a que hoy en el Consejo
Provincial Pesquero estén discutiendo un proyecto de ley que apunta a prohibir
la extracción de peces de río con fines de comercio exterior. El debate comenzó
con la ausencia de los representantes de quienes más resistirán la iniciativa,
los frigoríficos de pescado, pero con la presencia y el acuerdo
"prudente" de los propios pescadores, quienes admiten graves problemas
en lo inmediato si se continúa sometiendo al río al ritmo que demanda el
negocio exportador. "Nadie exporta sus peces de agua dulce, así vamos a
agotar el recurso", planteó el diputado nacional Juan Carlos Zabalza,
autor del proyecto de ley que apunta a cortar por lo sano.
La propuesta de ley declara de interés público la
conservación del recurso ictícola de la cuenca paranoplatense, con epicentro en los ríos Paraná, Paraguay,
la parte baja del Uruguay y Río de la Plata. Y prohíbe "la captura de
peces de río destinado a la exportación" en toda la cuenca, sus afluentes
y humedales. Su autor entiende que la extracción ictícola de características
mineras "ni sirvió para mejorar la calidad de vida de los pescadores, ni
tampoco representa un ingreso de divisas significativo para el país".
Números.
La exportación parte en un 93 por ciento desde los
frigoríficos emplazados en Santa Fe --una docena-- y Entre Ríos, y en menor
medida desde Buenos Aires. Los principales compradores son Colombia --por haber
depredado un pez similar, el bocachico--, Bolivia, Brasil y Nigeria. Según
datos de Aduana publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Argentina colocó el año pasado en el exterior 14.323 toneladas, lo que
significó ingresos por 17,7 millones de dólares. Si bien el menú exportador
contiene en pequeñas proporciones dorado, bagre, patí, carpa, tararira, boga y
armado, el rey del negocio es el prochilodus lineatus, mejor conocido como
sábalo. En 2012, las ventas al extranjero de esta especie sumaron 12.148
toneladas, por 14,8 millones de dólares. En el comienzo de la cadena, los
frigoríficos hoy pagan no más de 7 pesos por kilo de pescado, y de ese precio,
los acopiadores que intermedian se quedan con el 20 por ciento.
"Se ha pasado de un sistema extractivo con las
tradicionales técnicas de la pesca de subsistencia, basada en la calidad de los
ejemplares, especies y tamaños, a un sistema basado en la cantidad. Pocos
acopiadores forman el precio y concentran la rentabilidad del mismo, marginando
al sector acerca del cual el Estado debería tutelar con mayor firmeza, los
pescadores, que en este nuevo esquema pierden absolutamente su capacidad de
negociación", argumenta el proyecto.
Según el texto de Zabalza, la exportación se liberó en 2003,
aunque desde la Asociación Civil de Pescadores El Espinillo, Escolástico
Aguilar sostiene que eso empezó en 1998. Y en el río ya nada fue como antes.
"Hasta que se abrió la exportación, el trabajo marchaba bien, no sobraba
nada, pero la pesca no faltaba. Pero hoy en Entre Ríos hay casi 2.000
pescadores en 200 kilómetros, y pescan con mallas más chicas que las que nos
permiten en Santa Fe. El año pasado empezaron pagando 3 pesos el kilo, y
terminaron pagando 1,20.
Para este año, el cupo de exportación en la cuenca asciende
a 15.000 toneladas, pero hubo años en los que se autorizó en demasía, como en
2004, cuando se pescaron 36.000 toneladas, o en 2007, cuando el cupo llegó a
40.000 toneladas, y aún habiéndose sancionado en Santa Fe la ley 12.212, con la
que se pretende regular el recurso, observó el subsecretario de Recursos
Naturales de la provincia, Ricardo Biasatti. "Hay que reformular la
estrategia, porque a este ritmo el que sufre es el eslabón más débil de la
cadena. De 3.000 pescadores que hay en Santa Fe, 500 son los que proveen a
frigoríficos, los demás no. Por eso hay que promover canales alternativos de
venta directa mediante puertos de fiscalización, y que los frigoríficos cambien
la lógica de pescar cantidad por calidad, y que agreguen valor de verdad. De lo
contrario, el modelo no es sustentable", advirtió.
"Santa Fe puede regular, pero Entre Ríos está enfocada en la
exportación, entonces el problema sigue estando. Hace falta una ley
nacional", reforzó Zabalza.