Objetan
ante la Suprema Corte de Justicia el sistema agroindustrial. Piden que se
sancione a las compañías que los comercializan y que reparen el daño ambiental
que generaron desde 1996.
Desde
el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina
(CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el
Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos
genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos
que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde
principios de los 90.
La demanda
ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que
permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus
características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el
método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural,
la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra,
el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el
inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio
ambiente.
El reclamo
es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la
incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez
Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño
ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de
Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont,
Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y
Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz,
algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa
principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y
coadyuvantes.
La
modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la
jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que
se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin
evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de
hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de
agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes,
a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda
tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender
provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el
"etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también
la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine
científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la
biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y
la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También
solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de
presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas
a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas
dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la
fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible,
exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno
de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y
conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso
de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las
violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan
las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo
conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron
las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También
pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma
equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se
solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral
ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o
fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin
satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal
fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y
restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios
de transporte de pasajeros y carga".
Los
casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para
respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset
Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina
Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales.
También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas
afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y
se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión
judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas
Santa Fe.
- Caso
Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los
siete meses de vida. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de
agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y
utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la
madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
- Caso
Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece
leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
- Caso
Tomasi. Fabián Tomasi, de 43 años, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso,
Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la
exposición a los agroquímicos.
- Oscar
Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su
experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos
denunciantes del problema en su provincia.
- Caso
Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José
Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía cinco
años, fueron rociados en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo
después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
Reconocidos
testigos
Entre los
testigos que se proponen en el expediente figuran Gilles Séralini, investigador
de biología molecular en el Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la
Universidad de Caen (Francia); la bióloga Viviana Cousté de la UBA; el médico
rural Darío Gianfelice; el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital
de Posadas, Hugo Gómez Demaio; el profesor de embriología, investigador del
Conicet, Andrés Carrasco; el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la
Universidad del Nordeste, el bioquímico Raúl Lucero; el pediatra, Rodolfo
Páramo y el biólogo distinguido con el premio Nobel alternativo, Raúl
Montenegro.
Fuente:
La Capital de Rosario.