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martes, 17 de junio de 2014

Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo sigue sin oxígeno.

El proceso de saneamiento del Riachuelo no se refleja en el agua: a pesar de las tareas de limpieza, sigue sin oxígeno; y lo hecho no alcanza para que se empiece a notar una mejora en la calidad del hediondo líquido.
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa bonaerense del río. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas y las discontinuas mediciones de contaminación del río.
En tanto, sobre el varias veces anunciado préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal en la margen izquierda todavía no hubo novedades. Hace más de dos años se licitó la construcción de ese ducto, del desvío bajo Costanera y del Emisario Planta Riachuelo. La función de estos tubos (similares a los que se construyeron para aliviar la carga del arroyo Maldonado) es la de transportar los millones de metros cúbicos diarios de deshechos cloacales hacia las plantas de tratamiento.
Eso sí, se sumó una consultoría para debitar de ese préstamo, por medio millón de dólares, para hacer un "relevamiento patrimonial de la cuenca". La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Ciudad mostraron preocupación por este tema y presentarán un pedido de informes en los próximos días.
"No creemos que sea un tema prioritario. Prioritario es brindar agua segura, relocalizar a las personas de Villa Inflamable, en Dock Sud, concretar los estudios epidemiológicos... Tal vez más adelante, pero no creemos que esta cuestión sea urgente", dijo Andrés Nápoli, de FARN.


Las ONG -a las que se sumó Greenpeace-, que forman parte del cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del fallo que ordena la limpieza del Riachuelo, también reclaman el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo.
"Esto afecta de manera muy directa el proceso. El cuerpo colegiado es un organismo nombrado por la Corte y el defensor es el coordinador del cuerpo; por otro lado, ante la Justicia, y por una resolución, es el único facultado para obrar en el expediente. Siendo que la defensoría es un organismo unipersonal, hoy no hay un coordinador del cuerpo. Entonces, tampoco podría la Corte pedir la opinión del defensor. A eso se agrega que no existe una persona con facultades para requerir pedidos de informes a los organismos públicos", explicó Nápoli.
La obra del colector cloacal sigue negociándose. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo el eje de la avenida Juan B. Justo. La obra del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La construcción debería estar lista en 2019.
Aunque el préstamo del Banco Mundial está aprobado, las empresas piden el mismo trato que tuvo YPF con Chevron respecto del manejo de divisas. Al parecer, sólo se destrabaría luego de nuevas redefiniciones a cargo del Ministerio de Planificación Federal.
En tanto, un informe realizado por Greenpeace sobre la calidad de agua alerta: "Los cursos de agua del Matanza-Riachuelo mantienen niveles de contaminación medios y altos en toda su extensión, tal como ocurría hace seis años".

El informe

Las mediciones incluidas en el informe, se realizaron en dos estaciones: en otoño, de los 45 puntos de monitoreo 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media. Los contaminantes que se midieron son los industriales; es decir, presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.
"No podemos decir que esté peor, pero tampoco se puede evaluar si está mejor. Algunos parámetros mejoraron un poco, aunque hay que tener en cuenta que 2012 fue un año muy malo. Por ejemplo, los puntos en donde mejoraron ya habían tenido ese resultado y luego volvieron a empeorar. Hay que avanzar para que las mejoras se sostengan en el corto, mediano y largo plazo", indicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.


Dudas sobre los contaminantes que soporta.

Los parámetros a tener en cuenta para determinar si un material es contaminante es una discusión que se generó tras el fallo del saneamiento de la Corte. Sin embargo, a casi seis años de aquella decisión judicial, todavía no se sabe qué carga contaminante soporta el Riachuelo.
Esto significa que, por ejemplo, la reconversión industrial que está en marcha podría ser insuficiente. "El sistema de reconversión está creado desde las fuentes hacia el cuerpo receptor, y con las características del Riachuelo no servirá para nada", indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Los límites se fijaron por resolución judicial, pero los estudios para saber cuánta contaminación soporta el río no están listos.
"Según la Acumar, hay 500 empresas reconvertidas en la Cuenca, pero eso no se refleja en la calidad del agua. Lo más afectado es la parte baja, donde está la mayor cantidad de industrias", dijo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.

martes, 10 de junio de 2014

Riachuelo: La Defensoría pidió ingresar a ACUMAR.

El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, se presentó ante la Justicia para incorporarse al consejo consultivo de ese organismo.
A fin de velar activamente por los derechos ambientales de los vecinos en el ámbito de la cuenca y monitorear el cumplimiento de las tareas de saneamiento a las que se ha comprometido el gobierno porteño, la Defensoría del Pueblo pidió formar parte de Consejo Consultivo de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).


Para ello, presentó un escrito en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, encargado de las relocalizaciones de las familias que ocupan el camino de sirga. A su vez, se presentó como amicus curiae en el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12 a cargo del juez Sergio Torres, cuya responsabilidad es administrar el plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura de la Cuenca.
El 5 de junio, en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente, y según se informó en un comunicado, Amor recorrió el Riachuelo acompañado por la vicepresidenta de la Asociación Vecinos de La Boca, Cristina Fins, y subrayó que “las políticas de medio ambiente son un eje central en la Defensoría del Pueblo. Hay una vulneración muy clara de muchos derechos de los vecinos y el compromiso de la institución es estar acá. Queremos participar y lo vamos a lograr. El saneamiento de la cuenca es un proceso en el que están involucrados las tres jurisdicciones: Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires”.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Ya son 442 las empresas reconvertidas de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.


El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI).  Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar. 
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.

martes, 5 de noviembre de 2013

La cuenca del río Matanza-Riachuelo, está entre lugares más contaminados del mundo.

La cuenca del río Matanza-Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, está entre los diez lugares más contaminados del mundo por el alto nivel de tóxicos que contienen sus aguas, entre los que destacan compuestos orgánicos volátiles como el tolueno, según un informe de la ONG Green Cross.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, está entre los diez lugares más contaminados del mundo por el alto nivel de tóxicos que contienen sus aguas, entre los que destacan compuestos orgánicos volátiles como el tolueno, según un informe de la ONG Green Cross.
El tolueno es la materia prima a partir de la cual se obtienen derivados del benceno, ácido benzoico o fenol y se utiliza en la elaboración de medicamentos, colorantes, perfumes y detergentes.
En los 64 kilómetros de extensión de la cuenca de este río, que fluye desde el oeste de Buenos Aires hasta el estuario del río de La Plata, también se encuentran contaminantes como grafito, mercurio, cromo y otros residuos industriales.
Se trata de una zona industrial en la que se ubican curtidurías, plantas petroleras, químicas y metalúrgicas, además de unos cuarenta vertederos de basura, fuentes contaminantes que, según datos de 2007, afectan potencialmente a unos 4,5 millones de personas.


En el informe 2013 de Green Cross sobre los diez lugares más contaminados del mundo, conocido hoy, figuran también Hazaribagh (Bangladesh), el vertedero de Agbogbloshie en Ghana, el río Citarum y la región de Kalimantan en Indonesia, el delta del río Níger (Nigeria), las dos ciudades rusas de Dzershinsk y Norilsk, Kabwe en Zambia y Chernobil, en Ucrania.
En la lista de este año aparecen lugares con fuentes tóxicas a las que las personas están directamente expuestas, con prioridad a los que afectan a seres humanos por inhalación directa, ingesta a través de alimentos o contacto con la piel, como sucede con el plomo, cadmio, cromo, petróleo, pesticidas, fenoles, mercurio o sarín.
También se han tenido en cuenta lugares en los que las fuentes contaminantes afectan a gran parte de la población y, finalmente, se ha valorado la sustancia tóxica mediante la comprobación de datos sobre su toxicidad, carcinogenicidad y potenciales riesgos para la salud.
Desde Green Cross recordaron que el informe del año pasado demostró que las consecuencias para la salud de las sustancias tóxicas industriales equivalen a las que suponen tres grandes enfermedades infecciosas a nivel mundial como el sida, la tuberculosis y la malaria.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 20 % de las muertes en los países en vías de desarrollo se debe directamente a causas medioambientales y en todo el mundo la contaminación ambiental afecta a la salud de unos 200 millones de personas.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Se fijaron nuevos límites topográficos para la Cuenca Matanza Riachuelo.

La justicia aprobó el mapa de delimitación topográfica de la cuenca hidrográfica del río Matanza Riachuelo, presentado por ACUMAR, que establece el territorio que debe ser saneado.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo presentó un mapa de delimitación topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Río Matanza Riachuelo, que fue aprobado por la Justicia y publicado en el Boletín Oficial.
El juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez, en sus resoluciones de fechas 25 de febrero y 11 de marzo del 2013, requirió a la ACUMAR la confección de un mapa delimitando el territorio que debe ser saneado.


La ACUMAR elaboró un Mapa de Delimitación Topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Río Matanza Riachuelo con la información de las subcuencas. El  juez a cargo del Juzgado Federal de Morón, mediante resolución de fecha 17 de abril de 2013, ordenó se efectúe una demarcación exacta, con indicación de calles, alturas catastrales y cualquier otra referencia útil.
El documento especifica el Límite Topográfico de la Cuenca Hidrográfica del Río Matanza Riachuelo. La documentación fue presentada por la ACUMAR ante el Juzgado Federal de Morón, y luego el juez, mediante resolución de fecha 23 de septiembre de 2013, dio por establecidos los parámetros de delimitación y por cumplida la manda impuesta.
Los límites exactos pueden verse en la Resolución Nº 1113/2013, Anexo II.




miércoles, 30 de octubre de 2013

En octubre ACUMAR clausuró 9 empresas y declaró otras 25 reconvertidas.

La Coordinación de Fiscalización de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo continúa realizando clausuras a empresas que no cumplen con las normas ambientales vigentes y declarando reconvertidas a las empresas que concluyeron su Plan de Reconversión Industrial.
Durante el mes de octubre, la ACUMAR realizó clausuras de vuelco a las empresas Automóviles San Jorge S.A., Curtiembre Ángel Giordano S.R.L, Isis Cuero S.A., Patricia Elizabet Baccari, L.F.L.L SRL y Cueva Burga Marco Antonio. Araujo Giménez Edilberto y Ojeda Roberto Néstor y O Meplaq recibieron clausuras totales y Gómez Jorge Paulino clausura correspondiente a la zona de calderas.


Estas medidas continuarán vigentes hasta que las empresas acrediten ante el organismo que el vuelco cumple con los parámetros ambientales establecidos.
También se declararon reconvertidas a 25 empresas, entre las que se encuentran Tambores del Sur, La Fuente Combustibles, Biotenk y Nuevos Rumbos. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR. 
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar. 
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 409 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.

N de la R: Respecto al río Reconquista, cabe recordar que el COMIREC, todavía no pudo determinar las características, cantidad y ubicación de industrias que existen en esta cuenca. RAB 

lunes, 16 de septiembre de 2013

Riachuelo: El 88 por ciento del Camino de Sirga ya está liberado.

Según informó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Ya son 35.077 metros de un total de 39.813. Para liberar este camino se realizaron desalojos de industrias  que ocupaban el espacio públicos y relocalizó villas y asentamientos.
La ACUMAR liberó 35.077 metros del Camino de Sirga, lo que equivale al 88 por ciento de un total de 39.813 metros, y pavimentó el 67 por ciento. El Camino de Sirga es el área de 35 metros de ancho que se extiende desde la orilla del río y que debe ser liberado como un paso más para lograr el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Para liberar este camino, la ACUMAR realizó desalojos de industrias que ocupaban el espacio público, y relocalizó villas y asentamientos precarios que fueron reubicados no sólo como una necesidad para cumplir con la liberación de esta zona sino para mejorar la calidad de vida de la población que vivía en sectores de riesgo ambiental.


“Liberar el camino de sirga significa que el Riachuelo deja de ser el patio trasero a donde van a vivir los excluidos y donde las industrias tiran lo que no sirve, para transformarse en ese espacio público que poco a poco empezaremos a disfrutar”, indicó Juan José Mussi, presidente de la ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación, quien además señaló: “Vale aclarar que todos estos desalojos se lograron mediante el consenso, sin balas de goma, sin policías reprimiendo a vecinos sin hogar, sin utilizar la fuerza.” “Donde antes hubo abandono y contaminación, hoy hay plazas, espacios públicos y avenidas. A los que viven lejos les cuesta creer que esto sea así, pero cuando hablamos con los vecinos que viven en los alrededores, cuentan con orgullo cómo toda esta zona está cambiando”, indicó Mussi.
Sobre la zona liberada se realizaron plazas, tareas de relleno de terraplén, parquización, alumbrado público y nuevos circuitos de circulación, todas obras que logran evitar la generación de nuevos basurales.
Algunos de los espacios públicos construidos sobre el Camino de Sirga son el que se encuentra en la cabecera de la Isla Maciel, la Avenida Obreros de la Negra, el Club Regatas, ubicados en Avellaneda; la Avenida Carlos Pellegrini en Lanús.
Además, finalizó la obra correspondiente al tramo del Camino Costero comprendido entre la Ruta Provincial N°4 (Municipio de Esteban Echeverría) y el tramo correspondiente a la Ex Feria La Saladita (Municipio de Lomas de Zamora), de donde se relocalizaron 12.000 puestos.


viernes, 30 de agosto de 2013

Matanza-Riachuelo: -Clausuraron curtiembres por contaminación.

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo –ACUMAR- realizó dos allanamientos, librados por el Juzgado Federal de Morón, para proceder a la clausura total de dos curtiembres en la localidad de Lanús, luego de que las empresas se negaran en una primera instancia a colaborar.
Según informaron desde ACUMAR, los operativos fueron realizados en las firmas PETRUZZIELLO HNOS S.R.L. y DIMAURO CARLOS ALBERTO, ambas dedicas al tratamiento y acabado de cueros, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús.
Los allanamientos solicitados por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo y autorizados por el Juzgado Federal de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez se llevaron a cabo e de forma simultánea en ambas firmas con la presencia de personal de Gendarmería Nacional quien  tuvo a su cargo el operativo de seguridad.


Tal como informaron desde ACUMAR ambas empresas habrían sido inspeccionadas e intimadas a realizar adecuaciones a sus procesos productivos para poder continuar con sus labores.” En el caso de Dimauro ACUMAR había hecho efectiva la clausura preventiva y luego se constató que fueron violados los precintos y las fajas. En tanto en la curtiembre Petruzziello no pudo llevarse a cabo la clausura debido a la negativa de los empresarios a permitir el ingreso del personal de fiscalización”.
Ante esta actitud ACUMAR recurrió a la justicia quien libró una orden de allanamiento para cada empresa para poder acceder, esta vez acompañada de fuerzas de seguridad y realizar la clausura total de los establecimientos.
Para ello el personal de Fiscalización procedió a precintar la maquinara y fajar tableros eléctricos y de comandos, para asegurar que el establecimiento no vuelva a operar hasta tanto haya resuelto su situación.
El procedimiento para levantar una clausura, por parte de las empresas, consiste en presentar a la brevedad un plan de reconversión industrial (PRI) que el organismo debe aprobar para que la empresa pueda tener el visto bueno y volver a operar. Luego ACUMAR es la encargada de supervisar los avances de esos planes y corroborar que se cumpla con los planes de trabajo trazados.
A la fecha ACUMAR declaró a 1.233 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 259 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar.

En tanto 860 empresas cuentan con un PRI aprobado y 354 ya reconvirtieron sus procesos productivos y son empresas limpias en la Cuenca Matanza Riachuelo.

jueves, 20 de junio de 2013

RIACHUELO – ACUMAR - Más de 300 empresas reconvirtieron sus procesos industriales

Según datos de ACUMAR, ya hay 314 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial.

Este año finalizaron sus PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y se encuentran trabajando para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1.258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 314 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios.
Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.


El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI).  Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”. 
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.

martes, 21 de mayo de 2013

RIACHUELO - La Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia contra ACUMAR.


La Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia contra ACUMAR por inexistencia de delito. Para los jueces, la denuncia “se abocó a demostrar que el silencio de la Autoridad de Cuenca estaba estrechamente vinculado con la aprobación ilícita de obras peligrosas para el medio ambiente”.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, revocaron el archivo de la causa “Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo s/ archivo”, e instruyeron al juez de grado a que establezca el objeto procesal a investigar.
El juez de Instrucción había archivado la causa por inexistencia de delito, en la misma se investigaba la hipótesis de la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ante ese pronunciamiento se opuso la parte querellante.
Los hechos que denunciados refirieron que una empresa, había obtenido las habilitaciones necesarias para iniciar obras de dragado en el lecho del Riachuelo sin que se hubiera realizado un estudio serio dirigido a determinar el impacto ambiental que tal procedimiento podría acarrearle a la zona.
A propósito de ello, el denunciante había indicado que “el lodo que yace en el fondo del río –en todas sus áreas- se encuentra altamente contaminado por metales pesados y demás residuos peligrosos que, de ser removidos sin el máximo cuidado posible, podrían agravar la situación de la Cuenca y afectar otras zonas que no se encontraban contaminadas”.
Por último, sostuvo en su presentación que “se desconocía la disposición final de los mentados lodos y que existían razones para pensar que podrían ser depositados en el Río de la Plata sin tratamiento previo”.


Sobre esa base, el querellante, que actuaba en representación de la Asociación para la Protección del Medio Ambiente en Vías Navegables, Cursos de Aguas y Zonas Aledañas, se presentó ante la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) y le hizo saber “la gravedad de la situación y solicitándole, entre otras cosas, que informara las medidas adoptadas para prevenir el daño ambiental anoticiado”, que la autoridad jamás contestó.
Esa plataforma fáctica originó que la parte querellante efectuara dos denuncias, la que se estudió en este fallo consistió en que se investigara “la falta y/o retardo de la contestación de ACUMAR a las distintas presentaciones formuladas por la Asociación”.
La otra, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmas, versó sobre a la puesta en marcha del dragado del lecho del Riachuelo en la zona denominada “cuatro bocas”, cuyo objeto procesal seria la posible infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.
El fiscal, oportunamente, solicitó en el requerimiento de instrucción y pidió que se realizara “una amplia certificación de la causa sumariada en el Juzgado Federal de Quilmas”. Medida que no fue ordenada por el juez de Instrucción.
El magistrado de grado entendió que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público  no se había cometido, y circunscribió el objeto procesal de la causa, “al retardo de la mentada contestación”. 
El juez de  fundamentó  que la Autoridad de Cuenca “no tenía un plazo legalmente establecido para responder a las consultas formuladas por la sociedad y que se podía acceder a la información ingresando a la página Web de la entidad”.
El agravio del querellante se fundamentó en que la respuesta de Acumar “tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la denuncia formulada ante la Cámara. Por otro lado,  la entidad “tampoco había contestado en tiempo los informes requeridos por la Defensoría del Pueblo a pesar de que en dicho caso sí estaba obligada a responder dentro de un plazo legalmente establecido”.
La conclusión de la Cámara Federal fue tajante, “después de analizar la totalidad de los elementos de prueba recolectados en el sumario, este Tribunal considera que el archivo dispuesto por el Juez a quo debe ser revocado”.


Ello se debió a que el magistrado de grado no realizó la certificación solicitada por el Ministerio Público Fiscal, por lo que quedaba pendiente “la determinación del objeto procesal de la causa presuntamente conexa radicada en el Juzgado Federal de Quilmes”.
“Es evidente, atento a lo informado por el denunciante y la propia ACUMAR (…), que la investigación de una posible infracción a la Ley de Residuos Peligrosos con la supuesta intervención de las Autoridades de Cuenca absorbería el objeto procesal de la presente causa”, indicó el fallo.
“El alegado retardo en la contestación por parte de ACUMAR a las solicitudes de la Asociación resulta ser un recorte injustificado de una labor orientada a indagar acerca del daño ambiental producido, precisamente, por la ejecución de las obras que se intentaba desalen”, señalaron los jueces a continuación.
Para la Justicia, la ausencia de respuesta en tiempo y forma por parte de ACUMAR cobró relevancia penal “en virtud del contexto en el cual se habría producido”, debido a que la denuncia efectuada, “más que concentrarse en el plazo administrativo previsto para responder, se abocó a demostrar que el silencio de la Autoridad de Cuenca estaba estrechamente vinculado con la aprobación ilícita de obras peligrosas para el medio ambiente”
Por esos fundamentos, el Tribunal de Alzada concluyó que resultaba indispensable “establecer el objeto procesal de la causa radicada en el Juzgado Federal de Quilmes para luego, de acuerdo con lo que surja de dicha certificación, revisar la competencia del Tribunal”.
Todo ello, sin perder de vista los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios –daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo-” del 19 de diciembre de 2012

sábado, 18 de mayo de 2013

Expuso Mussi logros en la cuenca Matanza-Riachuelo.


“Mensualmente reconvertimos 40 establecimientos y se relocalizaron 439 familias”, expuso el titular de la Acumar, Juan José Mussi, en la audiencia convocada por el juez Sergio Torres, donde se trataron los avances y otros temas relacionados con el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

Al hacer un repaso sobre los avances y las acciones realizadas para sanear la cuenca, el secretario de Estado aseguró que "mensualmente reconvertimos 40 establecimientos".
Lo hizo durante la audiencia convocada por el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, que se realizó en la sala de Audiencias de la Facultad de Derecho.


También asistieron representantes de Aysa, Ceamse, Absa, Enhosa, AGN, la Defensoría del Pueblo y de los gobiernos de Ciudad y Provincia.
Mencionó además las 439 familias relocalizadas de las márgenes del río, 174 empresas reconvertidas, 186 basurales saneados, 14 EcoPuntos a inaugurarse este año, una disminución en los niveles de cromo, entre muchos otros logros.
Los representantes de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (Ceamse) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo expusieron sobre las obras y las contrataciones realizadas en el marco de la causa Riachuelo.

viernes, 3 de mayo de 2013

Riachuelo – Se aproxima nueva audiencia judicial.


El 15 de mayo se espera la nueva audiencia sobre el Riachuelo, convocada por el juez federal Sergio Torres, uno de los designados para reemplazar a Luis Armella, acusado por prácticas corruptas en la contratación de las obras que él mismo exigía que se realizasen sobre la cuenca.
Torres hizo la convocatoria con una finalidad clara: revisar todo lo actuado en la era Armella. Esto quiere decir que tanto la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) como las empresas a las que se derivaba dinero para eludir las licitaciones en la contratación de obras (Ceamse, por ejemplo), deberán explicar qué pasó en estos cinco años.
De allí, supuestamente, saldrá el veredicto acerca de la responsabilidad de cada uno (además del imprescindible inicio de una causa judicial contra Armella), y la explicación sobre por qué los avances en el proceso de saneamiento del Riachuelo no fueron tales. Armella, no obstante, sigue sin ser procesado.
En el blog “Proyecto Riachuelo” se señala que “el desplazado juez federal de Quilmes Luís Armella está muy cerca de delitos de enriquecimiento ilícito y estafas varias. La sociedad toda espera el juicio político y la destitución del magistrado. Se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna”.


Dichas empresas estaban formadas por su esposa, su suegro y otros familiares. Pese a que la Auditoría General de la Nación (AGN) comprobó  la veracidad de las acusaciones contra Armella, originadas en una nota periodística de Verbitsky, el juez parece seguir teniendo protección de la familia judicial y de la oposición política que, curiosamente, no ha pedido su destitución.
Hoy, debido a la destitución de Armella, el saneamiento del Riachuelo está detenido.
Nadie quiere firmar un papel con el riesgo de que se lo considere cómplice o partícipe necesario de los enjuagues del juez Armella. Además, el dinero comprometido para el ejercicio 2012-2013 no está en su totalidad: la provincia de Buenos Aires propuso bonos que no fueron aceptados y la ciudad rehúye de disponer de lo que se comprometió a la hora de participar de Acumar.
En este panorama, el secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi se permitió un acto de “optimismo”. En un acto en Avellaneda a fines del mes pasado, se permitió decir que: "si seguimos trabajando con todas nuestras fuerzas, y si se cumplen todos los plazos establecidos, en 2016 el Riachuelo debe estar saneado en lo que se refiere a vuelcos industriales, vuelcos cloacales y residuos sólidos domiciliarios”.
Resulta sorprendente semejante manifestación, ya que todos los plazos comprometidos en las obras según el cronograma impuesto desde la sentencia de la Corte en 2008 están vencidos y hasta debieron imponerse multas y sanciones justamente por no cumplir con lo determinado en los tiempos del proceso de saneamiento.

viernes, 12 de abril de 2013

Justicia suspendió obras de dragado en el Riachuelo.


El juez responsable de la causa del saneamiento del Riachuelo, Jorge Rodríguez, dictó una medida cautelar que frenó los trabajos de dragado en la desembocadura del Riachuelo. La misma se tomó por un recurso de amparo que indica que los barros extraídos, son arrojados al sector denominado Cuatro Bocas sin tratamiento alguno. Es sabido que desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), existen variados informes que indican que los sedimentos están contaminados con metales pesados, y representan una amenaza a la salud de la población y que esos barros no pueden ser dragados y mucho menos volcados sin tratamiento alguno en aguas abiertas del río de la Plata.
Esta obra comenzó el 4 de marzo y se estaba realizando en Cuatro Bocas, que es el punto donde se conectan la desembocadura del Riachuelo, el Río de la Plata, Dock Sud y los diques de Puerto Madero. La encargó la terminal de contenedores Exolgan, con el objetivo de que puedan ingresar barcos de más de 300 metros de eslora. Para esto hace falta recortar una de las cabeceras y mover 1.300.000 metros cúbicos de sedimentos del lecho del Riachuelo. De esta manera, se duplicaría la profundidad actual del curso de agua, que es de apenas un metro. Pese a la magnitud de la tarea no se conocen estudios complementarios de los suelos a dragar.


Las empresas que impulsan la obra, son Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A. Según todas las normas internacionales que rigen en esta materia, las acciones en cuestión, se encuentran expresamente prohibidas.
El juez tomó en cuenta un informe realizado en febrero por la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA, en base a muestras de sedimentos del fondo del cauce tomados en noviembre en cinco puntos de Cuatro Bocas. El mismo revela que tienen una contaminación entre moderada y alta de cobre, cromo y plomo, que ofrecen una altísima probabilidad de tener efectos tóxicos.
En función de ello, ordenó la inmediata detención de la obra de dragado que está realizando Exolgan. Además, le pidió a la ACUMAR que haga cumplir la medida y le ordenó que inspeccione el predio cada diez días, que verifique que la empresa haya realizado un informe de impacto ambiental, y que realice un informe sobre el estado del dragado junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Desde la ACUMAR ayer dijeron que acatarán el fallo.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.

lunes, 28 de enero de 2013

MATANZA-RIACHUELO - Recorte de pagos no prioritarios para recuperar la cuenca.


Acumar informó que decidió recortar los pagos que no considera prioritarios en pos de preservar las acciones de recuperación de la cuenca Matanza Riachuelo, debido a que la provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad sólo aportó el 15% de lo que le tocaba.

Después de una reunión de directorio, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo informó que le solicitó a la Auditoría General de la Nación que continúe con el proceso de auditoría de este organismo encomendado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero utilizando fondos propios.
Desde el organismo señalaron que “esto de ninguna manera supone, como publicó el diario La Nación, la suspensión del acuerdo de auditoría que realiza la AGN sobre la ejecución presupuestaria de la Acumar”.


Desde la Acumar afirmaron que “a causa de la falta de los fondos comprometidos por los gobiernos de la provincia y la ciudad que aún no han sido aportados a Acumar, el organismo se vio obligado a recortar montos asignados a cuestiones que no considera prioritarias para el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”.
Por otra parte, el organismo solicitó además “que no se desvirtúe el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se cumpla con lo establecido en el fallo en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”, donde se estableció que el Estado Nacional debe aportar el 50 por ciento de los fondos y que provincia y ciudad de Buenos Aires el 25 por ciento cada una para el abordaje de la problemática de la cuenca”.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

RIACHUELO: los jueces Torres y Rodríguez reemplazarán a Armella.


La Corte dispuso la división de la competencia para mejorar los controles en las labores ordenadas a la ACUMAR. Reforzó además el plan de ejecución del plan de saneamiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este miércoles una nueva serie de medidas tendientes a reforzar la ejecución del plan de saneamiento del Riachuelo tomando en cuenta aspectos planteados en las audiencias públicas.
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, el máximo Tribunal ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo   poner especial énfasis en: la relocalización de establecimientos industriales, en la implementación de sistemas de medición de calidad de aire y de agua, en la detección de conexiones clandestinos,  en la relocalización de barrios de emergencia, asentamientos poblacionales precarios, en la Planta Depuradora del Bicentenario de Berazategui, en la Planta de Tratamiento de Dock Sud, en el sistema de vigilancia epidemiológica ambiental, en la red de  servicios de salud y en el plan de reconversión industrial.


Debido al apartamiento del juez Luis Armella, investigado por realizar contrataciones irregulares que beneficiaron a familiares y allegados del magistrado, el máximo Tribunal decidió dividir la competencia de modo de mejorar los controles.
Así el control de los contratos celebrados o por celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable cloacas, del tratamiento de la basura, así como su nivel de ejecución presupuestaria quedarán bajo competencia del juzgado nacional en lo Criminal Correccional Federal n°12 a cargo del doctor Sergio Torres.
En tanto, todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008, que comprenden la cuenca baja (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), media (Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón) alta (Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz), quedarán transitoriamente bajo la competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cargo del doctor Jorge Rodríguez.
La resolución dispone además que el juez Armella ponga a disposición de los nuevos tribunales competentes “todas las actuaciones radicadas ante esa sede raíz de la competencia atribuida en la sentencia del de julio de 2008, junto con sus resoluciones complementarias”.

martes, 6 de noviembre de 2012

La Corte separó al Juez Armella de la causa por el saneamiento del Riachuelo.


El máximo tribunal, también lo denunciará ante el Consejo de la Magistratura para que se lo investigue penalmente, junto "con todos los sospechados" por presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca. La decisión fue tomada luego de que el Poder Ejecutivo nacional, solicitara la remoción del magistrado por la “posible comisión de delitos” en su función de ejecutar la sentencia que la Corte Suprema había dictado en 2008 para la limpieza del Matanza-Riachuelo.
Los cargos que el Gobierno había presentado ayer contra Armella, fueron “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, delitos con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Y el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura fue por “palmario mal desempeño”, ya que el juez “ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.


Luis Armella había sido denunciado en sendas notas publicadas entre agosto y septiembre pasados por Página/12 en las que se dio cuenta de que un grupo de cinco empresas presuntamente vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios por adjudicaciones hechas sin licitación, debido a la urgencia que demandaban las tareas de saneamiento.
Hace poco más de un mes, el máximo tribunal le pidió a Armella que dé explicaciones acerca de esas denuncias. Luego, la Auditoría General de la Nación confirmó las denuncias y confirmó que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), firmó convenios a través de las empresas estatales Ceamse y AySA. Inclusive se ofreció información que pone en evidencia que empresas que resultaban adjudicatarias, están asociadas entre ellas y cuentan en su conformación accionaria con familiares de Armella.
La AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro Francisco Alberto Groba; y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel.
Referencia: http://www.pagina12.com.ar

viernes, 2 de noviembre de 2012

RIACHUELO: la AGN confirmó vínculos entre el juez Armella y empresas contratadas para el saneamiento.

La Auditoria General de la Nación (AGN) publicó un informe en el que confirmó las vinculaciones del juez federal Luis Armella con empresas contratadas para llevar a cabo el Plan Integral de Sanamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Según el informe presentado por la AGN ante la Corte Suprema de Justicia, seis empresas contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
"Se trata de una situación de mucha gravedad ante la posibilidad de un fraude a los bienes del Estado, a los fondos públicos destinados al programa de saneamiento", señaló a Noticias Argentinas el titular de la AGN, Leandro Despouy, y agregó que la situación de Armella "es complicada y deberá ser examinada por los canales pertinentes", no sólo en el Consejo de la Magistratura, donde ya fue denunciado, sino también por la Corte Suprema.
En el documento se menciona a las empresas San Martín 264 Bernal S.A, Gildin S.A, Tierras Provinciales S.A, Vial Rogo Constructora S.A, Compañía Constructora M&T S.A y Kartonsec S.A, todas ellas vinculadas al matrimonio de Francisco González y Graciela Pizzera y sus cinco hijos, que participan alternadamente las seis sociedades.
El dato que sobresale es que la empresa San Martín 264 Bernal S.A es presidida por Francisco Groba, "suegro del juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Luis Armella".


Además, una de las socias que forman parte de esta empresa es Marina Groba, "hija de Francisco Groba y esposa del juez Luis Armella", según detalla el informe de la AGN, organismo que preside Leandro Despouy.
El resto de la sociedad está conformado por "Gabriela Aparicio, integrante del primer directorio de Compañía Constructora M&T S.A; Lorena González, directora de Kartonsec S.A y socia de Vial Rogo Constructora S.A; y Romina González, directora suplente de Kartonsec S.A. y socia de Vial Rogo S.A".
Las empresas "se encuentran vinculadas por la composición de sus órganos de administración y fiscalización; la identidad de sus socios; la coincidencia de sus domicilios; sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí y cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano", indica el informe de la AGN.
Señala además que "ACUMAR tenía conocimiento de las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T S.A.", una empresa que -señaló Despouy- "se creó en 2008 y tenía como capital suscrito 15 mil pesos y capital integrado 3 mil, pero que logró obtener contrataciones del Estado por 130 millones de pesos en obras".
El documento remarca que, en todos los casos, "los requerimientos del juez Armella en los que AySA y CEAMSE fundan la urgencia/emergencia para las contrataciones directas" de las empresas mencionadas para realizar obras del Plan Integral de Saneamiento elaborado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.

Además, la AGN advirtió irregularidades en la ejecución del plan de saneamiento, al señalar "la falta de criterios objetivos con relación a la inclusión de gastos en el PISA (plan de saneamiento) habiéndose advertido casos donde los mismos se refieren a obras fuera del ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En este sentido, el informe reportó también que la autoridad de la cuenca ACUMAR canalizaba obras a través de las empresas estatales CEAMSE y AySA, que "los plazos contractuales de las obras presentan atrasos significativos" y que "las rendiciones de cuentas no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente".
Respecto de la responsabilidad de ACUMAR, Despouy sostuvo que "es algo que deberá determinar la Justicia", aunque remarcó que en su presentación ante la Corte el secretario de Ambiente y el titular del organismo, Juan José Mussi, "fue muy impreciso y ambiguo sobre la responsabilidad que le pudieran caber por falta de control de las contrataciones".
"Y el informe muestra que el presidente de ACUMAR tiene facultades de control que vienen de la ley y de los convenios", subrayó Despouy en diálogo con NA.
La AGN, además, señaló "inconsistencias en el armado y la documentación de los expedientes verificados" y "faltantes de documentación de respaldo (contratos de obra pública, certificados de obras, entre otros)".
La Corte Suprema encomendó a la AGN que verificara los vínculos entre las empresas contratadas y el juez Armella, quien ya fue denunciado al Consejo de la Magistratura por los representantes del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes y Carlos Moreno.
A raíz de este informe presentado por Despouy en el marco de una audiencia pública, el máximo tribunal quedó ahora en condiciones de emitir decisiones vinculadas no sólo con el desarrollo de las obras, sino también con el futuro del juez Armella.


Nota relacionada:

lunes, 15 de octubre de 2012

RIACHUELO: Suprema Corte advierte que los objetivos de ACUMAR son de nivel bajo.


La Corte Suprema de Justicia, en el marco de una nueva audiencia pública sobre el saneamiento del Riachuelo, advirtió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que son de nivel "bajo" los objetivos que se propone en la calidad del agua, por lo que "es fácil decir que se cumplieron".
El presidente de la ACUMAR y secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, explicó que se fijó "objetivos que no fueron objetados y estamos cumpliendo con ellos" y anunció que "para fin de año, principios del año próximo", estará terminada la construcción de la mayor planta de tratamiento de efluentes domiciliarios que se vuelcan en la cuenca.
El cuestionamiento fue realizado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien escuchó el informe junto a los jueces del tribunal Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Lorenzetti, interrogó al representante del organismo integrado por la Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires sobre los trabajos que apuntan a la calidad del agua, cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y controles presupuestarios y de ejecución de las obras.
En ese sentido, consultó a Mussi si la ACUMAR controla las subcontrataciones de las empresas del Estado encargadas de los trabajos, concretamente AYSA.
"No lo hacemos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", respondió el funcionario, y aclaró que cuando el organismo que preside asigna un presupuesto para una obra específica, sí se verifica el cumplimiento, ante lo que Lorenzetti replicó: "Luego lo conversaremos con los representantes de AYSA".
Mussi sostuvo que la ACUMAR, firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se controlen los trabajos y, en ese contexto, enumeró que fueron retirados 100 automóviles o autopartes del cauce hídrico y la totalidad de los buques hundidos.


En ese sentido, el funcionario recordó que la primera demanda para la remoción de embarcaciones data de 1812 y fue formulado por "Martin Thompson, el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson".
Además, destacó el traslado de la feria La Saladita, la relocalización de decenas de barrios de emergencia y la erradicación de basurales, punto sobre el cual aclaró que "falta un 32 por ciento" de los que existían, lo que fue considerado como "mucho" por Lorenzetti.
Mussi reconoció "problemas de presupuesto" que atraviesa la ACUMAR, lo que llevó a los jueces de la Corte a concluir que "es importante contar con el financiamiento internacional para culminar con esta obra".
El funcionario, afirmó que la "ciudad debía aportar 160 millones de pesos y solo aportó 25 millones. La provincia tampoco aportó sus 160 millones de pesos". "En cambio, la Nación ya giró los 320 millones de pesos correspondientes", expresó Mussi ante los jueces del tribunal.
En la audiencia, los jueces también recibieron la exposición del representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, y de la Capital Federal, Julio Marcelo Conte Grand.
La convocatoria, fue realizada para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros").
La Corte, también cito a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la ACUMAR.
Además convocó al Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación, para que informen sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

La Corte pide informes por el saneamiento del Riachuelo.


La Corte Suprema, llamó a una audiencia a representantes de Nación, Ciudad, Provincia y seis municipios, que deberán dar explicaciones sobre el avance de las obras de saneamiento del Riachuelo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una nueva audiencia pública por el saneamiento del Riachuelo para que todas las partes involucradas informen sobre el avance de las medidas dispuestas por el tribunal para preservar la salud de los casi 4 millones de habitantes de la llamada cuenca Matanza-Riachuelo.


El encuentro se realizará el 11 de octubre y fueron convocados, además de la Provincia, la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y ACUMAR (el ente creado para la supervisión de las obras), los intendentes de seis partidos del GBA aledaños al Riachuelo, el defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación, presidida por el radical Leandro Despouy.
Los municipios llamados al encuentro son los de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora, que deberán enviar "a quienes asista la más alta responsabilidad" para exponer personalmente "sobre el grado de avance" respecto de lo dispuesto por la Corte el 8 de julio de 2008 en la causa "Mendoza". 

lunes, 3 de septiembre de 2012

RIACHUELO - El Juez Armella al banquillo.


Es por una denuncia que publicó Página/12, que la Corte Suprema le dio al juez de los Tribunales Federales de Quilmes, quien supervisa la limpieza del Riachuelo, un plazo de cinco días para aclarar si ordenó obras complejas en plazos tan perentorios que impidieron hacerse por licitación y fueron adjudicadas directamente a empresas vinculadas con el propio magistrado. Mientras, se colará un pedido de informes por las acciones de Acumar en el Senado Bonaerense.
La Corte Suprema de Justicia, dio intervención a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que “dentro de la brevedad posible” realice una investigación y se busquen revelar detalles de las supuestas “anomalías” que se reflejan en la nota “Nieblas del Riachuelo”, publicada en Página/12, en la que el periodista Horacio Verbitsky vincula al Juez Luis Armella, con empresas a las que se le asignan multimillonarias obras. 
Fuentes judiciales agregaron que “sólo la complejidad del expediente”, impidió que se aprobara la iniciativa de un ministro de la Corte que ayer propuso suspender a Armella en el trámite de la causa, que lo tiene como juez de ejecución del fallo del máximo tribunal desde 8 de julio de 2008.
“No podemos ignorar estas cosas y quedarnos con la incertidumbre” y, por eso, “es necesario que (el juez) explique e informe”, dijo uno de los jueces de la Corte, quien afirmó que Armella “hasta ahora llevó muy bien la causa y nunca tuvimos ninguna queja”.


En su artículo del 26 de agosto, Verbitsky sostuvo que “el enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella, para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo, ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar, muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena”.
En la misma nota, Verbitsky afirmó que “una reconstrucción incompleta, indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas, ascienden a 250 millones de pesos”.
Por su parte, el Senador Santiago Nino (UCR), presentó un proyecto en la Cámara Alta bonaerense mediante el cual reclama precisiones en torno al funcionamiento de ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo). Como argumento, el legislador elevó un proyecto de solicitud de informes al Ejecutivo Provincial, debido a que este último es integrante de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para que informe sobre: “Si existen obras adjudicadas por la ACUMAR, o las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas en ella, o en su caso tareas tercerizadas.”