Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani,
exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que
la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la
legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al
ex intendente de Malvinas Argentinas (Córdoba), Daniel Arzani, y al ex secretario
de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas
jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso
del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera,
la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia
formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en
calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para
destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley
Provincial de Uso del Suelo.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la
Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el
exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como
autor), y los ex concejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa
Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como
coautores. La misma acusación recayó para la ex edil peronista Rosa Estela
Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación
es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque
de concejales capitalinos de Unión por Córdoba. Trascendió que cumple tareas de
coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José
Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio
también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las
imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también
abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente
o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones
administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un
planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le
imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra
causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal
Amayusco
describe cinco hechos:
El primero está enfocado en la emisión del certificado de
prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos
de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y
el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas
preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y
dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su
calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de
abuso de autoridad, los ex funcionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio
Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los ex funcionarios Jorge
Ferrari, ex director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de
Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma
repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte
reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia,
que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de
la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe
que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo,
la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
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