La justicia resolvió hacer lugar a los recursos de apelación
interpuesta por la municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos
de Unzue, por lo que rechazó la acción de amparo promovida por Julio Jesús
Majul y dio el visto bueno para que siga la construcción del barrio privado que
inundará parte de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano. “Otra vez la justicia
es funcional a los grandes capitales dejando indefensos a los que no tienen
forma de protegerse”, dijo a AIM Natacha Crimella, integrante de Salvemos el
río Gualeguaychú.
El proyecto inmobiliario Amarras de Gualeguaychú, que se
erige en Pueblo Belgrano, construyó terraplenes y destruyó el humedal de la
zona.
La nefasta resolución firmada por Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Susana
Medina de Rizzo da marcha atrás en la lucha contra el emprendimiento privado
que afecta el ecosistema y generará terribles consecuencias ecológicas en la
ribera.
La decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue
rechazada por activistas, quienes consideraron que “la justicia funcional a los
grandes capitales”, ya que “deja indefensos a los que no tienen forma de
protegerse”, dijo a esta Agencia Crimella.
Amarras “es ilegal y si quieren que el pueblo se levante
contra esta ilegalidad atroz no van a tener paz”, aseguró la activista, quien
remarcó que sin licencia social no van a tener paz”, ya que el barrio privado
‘Amarras de Gualeguaychú’ que se erige en General Belgrano levanta terraplenes
que generarán constantes inundaciones la parte más baja del pueblo y en Gualeguaychú,
que llevará la crecida a zonas que antes no se inundaban de manera constante y
pondrá en riesgo el turismo en la zona y su economía.
Cabe recordar que el juez de primera instancia en lo Civil y
Comercial, Marcelo Arnolfi, hizo lugar al amparo colectivo ambiental en contra
de la firma Altos de Unzué y los gobiernos de Entre Ríos y de Pueblo Belgrano,
y ordenó “el cese definitivo de las obras civiles”, pero la empresa recurrió
porque la normativa por la que se hizo el procedimiento no estaba vigente por
lo que el STJ ordenó un nuevo proceso que ahora salió en favor de los
poderosos.
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