Ocurrió en Tartagal. La justicia penó al dueño de una finca
a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la
localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas
para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el
viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes
ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no
se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente
jurisprudencial directo.
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José
Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte
salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la
finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las
testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente
de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían
detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que
por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando. Para
ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las
franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la
superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la
culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica
ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el
artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión
de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario
público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le
prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación
legal".
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el
delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que
hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de
Ambiente había hecho en el lugar.
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