La Corte Suprema de Justicia, en el marco de una nueva
audiencia pública sobre el saneamiento del Riachuelo, advirtió a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo que son de nivel "bajo" los objetivos que
se propone en la calidad del agua, por lo que "es fácil decir que se
cumplieron".
El presidente de la ACUMAR y secretario de Ambiente de la
Nación, Juan José Mussi, explicó que se fijó "objetivos que no fueron
objetados y estamos cumpliendo con ellos" y anunció que "para fin de
año, principios del año próximo", estará terminada la construcción de la
mayor planta de tratamiento de efluentes domiciliarios que se vuelcan en la
cuenca.
El cuestionamiento fue realizado por el presidente de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, quien escuchó el informe junto a los jueces del
tribunal Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen
Argibay y Raúl Zaffaroni.
Lorenzetti, interrogó al representante del organismo
integrado por la Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires sobre los trabajos
que apuntan a la calidad del agua, cuestiones sanitarias de la población de la
zona de influencia y controles presupuestarios y de ejecución de las obras.
En ese sentido, consultó a Mussi si la ACUMAR controla las
subcontrataciones de las empresas del Estado encargadas de los trabajos,
concretamente AYSA.
"No lo hacemos, porque la empresa las hace como parte
de un plan director", respondió el funcionario, y aclaró que cuando el
organismo que preside asigna un presupuesto para una obra específica, sí se
verifica el cumplimiento, ante lo que Lorenzetti replicó: "Luego lo
conversaremos con los representantes de AYSA".
Mussi sostuvo que la ACUMAR, firmó un convenio con la
Auditoría General de la Nación para que se controlen los trabajos y, en ese
contexto, enumeró que fueron retirados 100 automóviles o autopartes del cauce
hídrico y la totalidad de los buques hundidos.
En ese sentido, el funcionario recordó que la primera
demanda para la remoción de embarcaciones data de 1812 y fue formulado por
"Martin Thompson, el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson".
Además, destacó el traslado de la feria La Saladita, la
relocalización de decenas de barrios de emergencia y la erradicación de
basurales, punto sobre el cual aclaró que "falta un 32 por ciento" de
los que existían, lo que fue considerado como "mucho" por Lorenzetti.
Mussi reconoció "problemas de presupuesto" que
atraviesa la ACUMAR, lo que llevó a los jueces de la Corte a concluir que
"es importante contar con el financiamiento internacional para culminar
con esta obra".
El funcionario, afirmó que la "ciudad debía aportar 160
millones de pesos y solo aportó 25 millones. La provincia tampoco aportó sus
160 millones de pesos". "En cambio, la Nación ya giró los 320
millones de pesos correspondientes", expresó Mussi ante los jueces del
tribunal.
En la audiencia, los jueces también recibieron la exposición
del representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, y de la
Capital Federal, Julio Marcelo Conte Grand.
La convocatoria, fue realizada para evaluar el grado de
avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia
condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros").
La Corte, también cito a las empresas Agua y Saneamientos
Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones
realizadas por indicación de la ACUMAR.
Además convocó al Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría
General de la Nación, para que informen sobre las dificultades que pudieran
haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia
y sus observaciones.
