Comisión que investiga el uso de agrotóxicos desconoce cuáles se usan y la población expuesta

Existen seis grupos de trabajo pero casi nula información.

La Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) “no sabe la cantidad ni la calidad de los agroquímicos utilizados, las zonas de uso, ni conoce la población expuesta”, sostiene un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que evaluó su labor.
Desde su creación en 2009, la Comisión generó seis Grupos de Trabajo dedicados a cuestiones específicas. El Grupo uno es el que se dedica al conocimiento y la investigación, sin embargo, “nunca actualizó el mapa de uso de glifosato en la Argentina en base a las áreas cultivadas de trigo, maíz, soja y girasol”.
Tampoco se realizaron estudios sobre las 10 sustancias más significativas por su volumen de importación anual. Sobre éste último punto, los auditores destacan que “la CNIA solo elaboró informes sobre el glifosato, el endosulfán y sus formulados”.

Bajo la órbita de éste primer grupo de trabajo estaba el relevamiento de daños sobre la salud. La AGN manifestó que “los datos publicados resultan incompletos, mal sistematizados y desactualizados”. Tampoco “se realizó una base de datos sobre los factores que ocasionan las intoxicaciones agudas por agroquímicos”.

Por su parte, el Grupo de Trabajo tres se encarga de la prensa y la comunicación a través de campañas de concientización y educación sobre el uso y manipulación de químicos y agroquímicos. Al respecto la AGN señala que “el grupo se desmembró y se fusionó con el seis, cuya función es la capacitación para la prevención”. No obstante, “no se realizaron acciones para sensibilizar e informar a la población” y “no se observó una masiva difusión de la prevención en el uso de agroquímicos a lo largo el país”.
Para el programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas y Químicos de Uso Agrícola (PRECOTOX) el Ministerio de Salud de la Nación creó una red de vigilancia con un software de alcance nacional donde “obligatoriamente las provincias debían reportar todos los casos de brotes e intoxicaciones por plaguicidas”.
Sin embargo, “las reiteradas fallas” en el registro y en la notificación de casos hizo que “no haya muchos datos”. A ello se le suma la estimación que “más del 50% de los intoxicados no acude a una consulta médica o, si lo hacen, su malestar es registrado como intoxicación estomacal”.
De todas formas, “hay consultas que no están cargadas en las bases de datos” lo que vuelve “poco confiable la información volcada en el boletín oficial del Ministerio de Salud”. Entre los motivos por lo que esto ocurre se destaca “la falta de personal, los materiales insuficientes y la falta de afectación presupuestaria”.
El Grupo de Trabajo dos se encarga de las normas y la legislación. Al respecto, la Auditoría señala que “si bien en la mayoría de las provincias hay leyes y son homogéneas, existen puntos críticos en su aplicación y control y en la falta de implementación de buenas prácticas agrícolas”.
Ante esta situación se propuso la creación del Programa Federal de Fortalecimiento de Sistemas Locales de Control de Plaguicidas (PROFORPLAG) “del que no se tuvo evidencia de implementación ni avance”.
Tampoco se mejoró en el desarrollo de una normativa nacional que regule el uso de agroquímicos.
Patricio Eleisegui es periodista y autor del libro Envenenados y en diálogo con este medio explicó que “como no hay una ley nacional que regule la aplicación, hay un vacío legal que no establece ningún criterio de control. Esa es la realidad, las pocas posibilidades tienen que ver con ordenanzas municipales. Hay algunos criterios fijados pero la realidad es que no hay una competencia de un organismo real. La división política que tenemos de municipios, provincias y demás, permite un vacío enorme y al mismo tiempo libera el hecho de que se pueda utilizar de la manera que se les antoja. CASAFE es la cámara que integran los mismos productores de agroquímicos. O sea, el sector privado es el que genera la información sobre lo que se está utilizando. El sector público no regula ni mide tampoco”.
Con respecto su gestión integral, que contempla todo el ciclo de vida de los productos y sus envases, el grupo cuatro “no diseñó ni implementó un programa nacional”. Tampoco se consensuó un proyecto de ley que haga hincapié en la gestión de agroquímicos “incluyendo el transporte, depósito y disposición final tanto de la sustancia como de sus envases”.
Sobre los recipientes, la AGN observó que “no se generó una normativa que regule el etiquetado, tipo de material, uso y disposición final”
Finalmente, el Grupo de Trabajo Cinco es el encargado de llevar adelante las acciones en terreno a través del análisis y consideración de las denuncias recibidas y el seguimiento de las mismas.

Para tomar reclamos, el Ministerio de Salud habilitó el 0800-345-0044 pero “se desconoce la difusión que se le dio al mismo y si se implementó algún mecanismo de consulta sobre su funcionamiento en el interior del país”.

No hubo diagnósticos de la situación inicial ni de los lugares donde hubo demandas judiciales. Tampoco se realizó un mapa nacional con sitios contaminados ni cronogramas de remediación.
Los expedientes informados por la cartera de Salud en su sitio web y los informados a la AGN “difieren”, mientras que se tuvo a la vista 41 expedientes, figuran 76 online.
De los expedientes a los que tuvo acceso el organismo de control, se deprende “un seguimiento de los casos, entrevistas con los denunciantes y autoridades municipales o comunales y la presentación de conclusiones y recomendaciones”. No obstante, cuando los auditores viajaron a la provincia de Chaco, los denunciantes manifestaron que “no tuvieron respuestas del Organismo por sus denuncias ni saben en qué estado están”.

Con información de El Auditor