El Tribunal Oral Federal 6 fijó para el 3 de junio próximo
el inicio de otro de los juicios que hay pendientes contra María Julia
Alsogaray por el delito de peculado, el cual prevé hasta 10 años de prisión en
caso de haber condena.
Esta causa es por el traspaso de unas 241 hectáreas en
Pacheco que eran propiedad de Radio Nacional a una empresa privada en 1990,
cuando Alsogaray era interventora de la estatal Entel, y fue durante el proceso
de privatización de esta última.
Al inicio del pliego, los terrenos en cuestión no eran parte
de los bienes que iban a quedar en manos privadas pero en noviembre de ese año
se cedió los mismos a Telecom. Por ello también va a juicio Guillermo Fox,
entonces gerente de Contralor y Auditoría de la ex Entel, y Gustavo Abreu,
quienes habrían intervenido en el proceso.
La causa prescribe en noviembre, y el proceso que se inicia
en junio se prevé que no tenga una duración de más de dos meses. En febrero del
año próximo prescribe otro de los casos que la tiene como acusado tras su paso
por la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que se presume que antes de llegar
a esa fecha comience otro de los tres juicios que están pendientes.
En el predio en cuestión, en forma clandestina e ilegal, la
empresa EIDICO construyó el barrio privado “Santa Bárbara”, ubicado en la ruta
197 y vías del Ferrocarril Mitre, en la ciudad de General Pacheco, distrito de
Tigre, provincia de Buenos Aires. Ocupa 230 hectáreas, de las cuales 60
hectáreas son de lagunas. Tiene cuatro islas con puentes para autos y peatones
y está dividida en 1245 lotes.
Convengamos que el fin último de toda esta estratagema, no
fue otro que el apoderamiento ilegal de las tierras fiscales que ocupaba la
planta transmisora de la radio nacional, que funciona en ese lugar desde 1955.
El predio, por esas cosas del destino quedó inserto dentro de un área
especialmente valiosa, debido a los cuantiosos barrios privados que lo
circundan, y que en su conjunto constituyen el centro de un fabuloso negocio
inmobiliario.
El truco del “hecho consumado”, es tan sencillo como
contundente. Se trata de montar un gran negocio inmobiliario, consistente en la
urbanización de predios destinados a barrios cerrados, sin otro control, límite
o regulación que el que señalan sus propios objetivos económicos.
La magnitud de las inversiones, la velocidad de ejecución de
las obras y la transformación radical de los terrenos, es de tal envergadura,
que el proceso se torna irreversible.
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| Barrio Privado Santa Bárbaro |
Ante el hecho consumado, queda sistemáticamente anulada,
cualquier pretensión de aplicar a estos emprendimientos, los criterios
normativos que surgen de los códigos de urbanización y del marco normativo
ambiental que regulan estos proyectos.
En estos casos, generalmente se termina adaptando los
códigos de desarrollo urbano al proceso, con lo cual quedan blanqueados las
múltiples, variadas y graves violaciones cometidas. Las normas ambientales, ni
siguiera se toman en cuenta, ni antes, ni durante ni después de concluidos
estos procesos. A este respecto, corresponde señalar la falta de pericia,
aptitud e idoneidad para intervenir en este tipo de asuntos, por parte de las Autoridades
competentes que terminan siendo partícipes necesarios del proceso ilegal.
A fines de abril, Alsogaray fue condenada por tercera vez.
Recibió 4 años de prisión por administración fraudulenta durante el proceso de
privatización de la ex ENTEL, y si bien la pena se deberá cumplir una vez que
el fallo quede firme, el Tribunal 6 dictó la prohibición de salida del país de
la ex funcionaria.
En 2013 Alsogaray fue condenada también a 4 años por la
contratación de personal para la entonces secretaría de Recursos Naturales, y
en 2004 recibió una condena de 3 años por enriquecimiento ilícito.
Por esta última, la Justicia ordenó el decomiso
de 3.179.207,05 pesos, tal cual una suma que fue fijada por expertos contadores
de la Corte Suprema de Justicia. Hace semanas, el Tribunal 4 dispuso el
decomiso en intereses por 341.507,81 pesos.
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