Incineración de residuos, una mala idea.

La Coalición Ciudadana Anti-Incineración es una red de organizaciones y ciudadanos que, preocupados por los impactos sobre la salud y el ambiente de la incineración de residuos, busca promover soluciones sustentables. Formada en 1995, la Coalición ha logrado el cierre de numerosos hornos de incineración en funcionamiento, ha frenado proyectos de nuevos incineradores y ha promovido alternativas para la correcta gestión de residuos.

Numerosas ciudades y algunas provincias del país cuentan con normativas que prohíben la incineración. Existe un amplio abanico de argumentos que fundamentan este rechazo. En primer lugar, los incineradores no hacen desaparecer la basura, sino que la transforman en distintos tipos de salidas: emisiones al aire, cenizas y en algunos casos efluentes líquidos.

Se ha identificado una enorme lista de sustancias que liberan los incineradores, que se suelen agrupar en categorías como dioxinas, furanos, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, partículas finas y ultrafinas, etcétera. Además se han constatado los impactos de los incineradores en la salud de las poblaciones cercanas y de sus trabajadores.

La industria está vendiendo incineradores como forma de "valorización energética". Sin embargo, mucha más energía puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos. Incluso hay casos de plantas que requieren más energía para funcionar que la que pueden recuperar. La energía de un incinerador no puede considerarse renovable.

Los incineradores emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Las estrategias de reducción, reciclaje y compostaje ofrecen un gran potencial para la mitigación del cambio climático. La incineración destruye recursos que deberían ser recuperados y retornados a ciclos naturales o al sistema productivo. Quemar basura no es una alternativa a los rellenos sanitarios. La incineración produce un volumen importante de cenizas, que son mucho más peligrosas que la basura en sí y que deben ser dispuestas en forma segura.

Aunque muchas veces se cita como ejemplo a Europa, la realidad es que, si bien Europa tiene bastantes incineradores, la tendencia es restringirlos cada vez más: se está discutiendo llegar al 2020 sin incineradores que quemen materiales reciclables o compostables, los que conforman alrededor de un 80 por ciento de los residuos. Argentina es parte del Convenio de Estocolmo, que busca restringir la liberación de sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, PCB, HCB, todas ellas producidas por los incineradores. El Plan Nacional de Aplicación presentado en 2007 recomendó prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos, con o sin recuperación de energía. La crisis ambiental requiere verdaderas soluciones. La incineración es definitivamente una mala idea.

Por Mirko Moskat (Miembro del Taller Ecologista, Secretaría Pro Témpore de la Coalición Ciudadana Anti-Incineración de Argentina.)

Referencia: http://www.pagina12.com.ar

Riachuelo. Justicia multó a funcionario por no realizar controles a industrias.

Lo dispuso el juez federal de Quilmes. Se trata del director de Calidad Ambiental de la Municipalidad de Lanús. Es por no fiscalizar establecimientos radicados en su jurisdicción. La sanción es por 3000 pesos y deberá ser pagado con su propio patrimonio.

El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, impuso una multa de $3.000 al director de Calidad Ambiental de la Municipalidad de Lanús, sanción que deberá soportar con su propio patrimonio, por no llevar adelante los controles sobre las industrias radicadas en su jurisdicción.

Fue en el marco de la causa “Mendoza”, en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de esa cuenca hídrica.

Según la resolución, se han constatado tres violaciones de clausuras en establecimientos ubicados en el partido de Lanús, con posterioridad a una serie de intimaciones cursadas. Asimismo, indica que en ninguno de esos procedimientos hubo intervención por parte de la Municipalidad de Lanús, siendo que dichas infracciones fueron advertidas y denunciadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Sumado a ello, dicho municipio no ha puesto en conocimiento de esta judicatura el listado de establecimientos identificados como potencialmente contaminantes, solicitado mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2011 y 14 de febrero del corriente año, lo cual evidencia una falta total de compromiso por parte del Municipio, y por lo tanto un incumplimiento de sus mandatos específicos”, indica.

Por otro lado señala que, según un informe del intendente de Lanús, se han delegado las tareas específicas de fiscalización en una Dirección de Calidad Ambiental, por lo cual es el funcionario público titular de esa dependencia el responsable de las circunstancias advertidas.

En ese marco, advierte, la falta de colaboración “debe ser tomada como una actitud desaprensiva y carente de compromiso por parte de dicha autoridad municipal, porque importa un menoscabo injusto en los derechos de los particulares, constituyéndose en un ejercicio irregular de las funciones que le son propias y que por tanto, generan en cabeza del mismo una responsabilidad no sólo objetiva por la propia desobediencia en sus funciones como representante del poder público, sino además, una clara responsabilidad subjetiva que se constituye -como se viene sosteniendo- en el obrar desaprensivo y carente de compromiso, hartamente demostrado por el indicado gobernante”.

“No caben dudas que la falta de colaboración y el entorpecimiento por omisión de los objetivos fijados en la presente ejecución de sentencia se enmarcan en la actitud precedentemente referida, puesto que se traducen en un incumplimiento a una orden judicial fallada por nuestro Tribunal cimero, que tiene por finalidad un objetivo pro ambiental que impacta directamente en la salud y en la calidad de vida de los pobladores de la Cuenca hídrica”, agrega.

En caso de no efectivizarse el depósito de la multa, menciona la resolución, se formarán actuaciones por la posible comisión de un delito de acción pública y se procederán a realizar medidas a efectos de realizar los embargos que pudieren corresponder.

Y añade que “en caso de verificarse nuevos incumplimientos, dicha medida será además aplicada de manera concurrente sobre la persona del Intendente Municipal”.

La Corte Suprema de Justicia revocó las cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares.

El Máximo Tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido solicitadas por empresas mineras, entre ellas Barrick. De esa manera, la ley queda vigente, por lo que deberá hacerse un inventario de glaciares

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.

Se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.

En concreto, las cautelares se referían a la definición de glaciar (art. 2), a la creación del Inventario Nacional de Glaciares (art. 3), a la realización de un inventario (art. 5), a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares (art. 6), a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental (art. 7), y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental (art. 15).

Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti,  Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.

“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’.  Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.

En efecto, indica la Corte, “el artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglaciar, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”.

Por otro lado, el tribunal dijo que no se advierte cuáles son los “efectos irreparables” en los intereses de las empresas que advirtió el juez para suspender la aplicación de un régimen jurídico que busca preservar a los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

En ese marco, la Corte advirtió que “los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada, que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico”.

“A la luz de los principios señalados, la medida precautoria dispuesta por el a quo no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia. Ello es así, no sólo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y las consecuencias de la medida dispuesta, sino también porque, en la tarea de ponderación, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia, debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido considerados en el sub lite”.

Referencia: www.cij.gov.ar

Informe de la Comisión Asesora sobre la situación del río Luján

La Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján elaboró un informe donde se detallan los distintos impactos negativos que recibe ese recurso natural desde su nacimiento en el partido de Suipacha. El trabajo reseña los inconvenientes registrados en cada uno de los distritos que atraviesa el río y, ante ese panorama, propone una serie de recomendaciones.

La mencionada comisión funciona desde fines del año pasado y está conformado por organizaciones e instituciones de Luján, Suipacha, Mercedes, Exaltación de la Cruz, Campana, Pilar y Escobar. El espacio se propone avanzar en “usos sustentables de la Cuenca del Río Luján”.

Como introducción al informe, se expone que además de dar a conocer los múltiples impactos de carácter negativo que se están produciendo sobre el río y sus humedales, se busca “poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de este ecosistema frente a alguno de estos impactos”.

Como descripción general, se menciona que se trata de un río de llanura con escasa pendiente, cuyas aguas discurren lentamente con pocas posibilidades de oxigenarse. Esa característica, sumada al bajo caudal, hace que se reduzcan las posibilidades de degradar y diluir los contaminantes en forma aeróbica y rápida. Por eso “resulta usual que se produzcan lentos procesos de degradación anaeróbicos, con desarrollo de olores nauseabundos, donde la capacidad de auto depuración del río se ve fácilmente superada”.

Por otra parte, “el relleno de sus humedales para la construcción de complejos urbanísticos atenta contra la esencia misma de este ecosistema, que basa su funcionamiento en la presencia temporaria o constante de agua”. En ese sentido, la construcción de diques y otros desvíos produce “profundas alteraciones pues modifica el movimiento de nutrientes y energía o el desplazamiento de fauna, al tiempo que aumenta el riesgo de inundación de las áreas circundantes”. A su vez, “la extracción de tierra para esos rellenos elimina el manto protector de los acuíferos, con el consiguiente riesgo de contaminación”.

Los responsables del informe mencionan la existencia de especies exóticas que amenazan la biodiversidad de la zona, tal el caso de la acacia negra o la ardilla de vientre rojo.

En cuanto al impacto social que provoca el estado del río se recuerda que “mientras los beneficios económicos (de los emprendimientos urbanos, del ahorre de costes derivados de emitir efluentes sin tratar, etc.) se concentran en pocas manos, las externalidades ambientales las paga el grueso de la población, en especial las de bajos recursos que suelen ser las más vulnerables”.

Ante ese combo, el trabajo expresa que la actual situación refleja una evidente laxitud, cuando no connivencia, en el accionar del Estado “que ha permitido la caótica situación actual de la cuenca”.

En el caso puntual de Luján, el trabajo fija tres situaciones. En primer lugar se marca el impacto producido por los residuos industriales que se arrojan al río, en especial la siempre presente cuestión de la curtiembre Curtarsa. A esos líquidos se suman los residuos cloacales que terminan en el curso de agua, a la altura del barrio La Loma, sin recibir tratamiento previo desde fines de 2007.

En segundo lugar se pone la atención en las compuertas que interrumpen y alteran el caudal tanto en Jáuregui, a la altura del Club El Timón, como en la ciudad de Luján en cercanías del puente Brown. En ese caso, el informe marca la necesidad de evaluar el impacto que provocan esas construcciones en toda la cuenca del río.

En cuanto al vecino partido de Mercedes, el relevamiento enumera el impacto negativo provocado por distintas empresas que arrojan sus desechos líquidos al Canal 16. Así se menciona al frigorífico El Mercedino, la curtiembre Magromer y la textil Karavel. Sobre ese efluente que termina en el río se constató la existencia de “altísimas concentraciones de metales pesados, en particular cromo”. Por fuera de las actividades industriales aparece la mención de la existencia de sembrados hasta el borde del curso de agua, con la consiguiente utilización de agroquímicos que suman contaminación.

Por otra parte, se menciona al emprendimiento inmobiliario Altos de Mercedes, “asentado sobre planicie de inundación del río y arroyo Frías”. En tal sentido, se habla de “afectación de desagües naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos”.

RECOMENDACIONES

En la última parte del informe, la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján propone “implementar medidas que garanticen la protección de los humedales ya sea por aplicación de normativas internacionales, nacionales, provinciales y municipales existentes y/o creando las que sean necesarias”. Al respecto, el espacio inter organizaciones destaca la necesidad de lograr “a lo largo de la cuenca la unificación de ordenanzas que promuevan la protección de los humedales como prioridad”.

Por otra parte se habla de “proceder al efectivo control y fiscalización de los efluentes vertidos por industrias y plantas cloacales. Puntualmente se expresa la necesidad de incrementar las intimaciones por parte de organismos estatales como la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

A su vez, los autores del informe destacan la necesidad de “promover acciones que favorezcan y premien la optimización del uso industrial del agua a través del reciclado, la reutilización, la reconversión tecnológica, el uso de diferentes calidades de agua según el proceso de destino, etc.”.

El cuarto y último punto recomendado se refiere a la realización de programas de educación ambiental (orientados a docentes) y también de divulgación masiva con el propósito de que se conozcan los valores ecológicos, económicos y sociales de los humedales, se identifiquen los impactos reales y potenciales que reciben y se promueva una cultura de cuidado de los mismos.

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El OPDS, clausuró dos granjas avícolas en Pilar.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, dispuso la clausura temporal parcial de dos granjas avícolas en el barrio Carabassa.

La cartera ambiental provincial, acudió a los establecimientos El Monte y Doña Queta, con el objetivo de realizar un relevamiento de sus instalaciones y de las condiciones de funcionamiento de los mismos.

Ambas granjas radicadas en el Partido de Pilar, no acreditaron en el lugar la documentación relativa a la gestión de residuos y manejo del guano, como tampoco el inicio de trámite para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.

Por lo tanto, ante las condiciones en que se encontraban funcionando y habiéndose comprobado técnica y fehacientemente la existencia de un grave peligro de daño inminente sobre el ambiente, el OPDS dispuso la Clausura Temporal Parcial de los establecimientos.

Mientras perdure la misma, las firmas tienen prohibido ingresar animales, quedando bajo la responsabilidad de las empresas los animales existentes dentro de los predios.

Cabe destacar que la fiscalización de los predios se realizó de manera conjunta con la Dirección de Zoonosis del Municipio de Pilar.

Tigre. Villa Garrote. Denuncian epidemia de parásitos.

Desde hace meses los pobladores de un asentamiento de Tigre, advirtieron la existencia de una gran cantidad de casos de “parásitos” en su comunidad estable. En función de ello denunciaron que existe una epidemia y exigen al municipio de Sergio Massa, que realice una campaña para desparasitar a una de las villas más pobre del partido.

Tigre - Villa Garrote - Vista satelital

La Villa Garrote, se encuentra enclavada en el centro de la ciudad de Tigre. La villa linda con el “Canal de San Fernando”, sin dudas uno de los cursos de agua más contaminados de la Argentina, el río Lujan y la calle Italia. Tiene una población de aproximadamente cuatro mil personas.

Como ocurre con la mitad de la población de Tigre, el barrio carece de agua potable y de cloacas. Esto último tiene como agravante, que la población de la villa, antes que recurrir a los pozos ciegos como lo ha hecho más del 80% de la población de Tigre, elimina los residuos cloacales a través de una precaria e improvisada red que desemboca directamente en el canal de San Fernando. Esta situación, provoca permanentes obstrucciones y rebalsados de de la red, hecho que convierte a la zona en una permanente bomba sanitaria. Si a lo dicho, le sumamos que el asentamiento carece de recolección diaria de la basura domiciliaria, comprobaríamos que estamos frente a una problemática ambiental y sanitaria de gravedad suma.

Villa Garrote - Fotos de Ricardo Barbieri

El asentamiento reconocido por técnicos en la materia, como uno de los más peligrosos de la zona norte, últimamente se hizo famoso porque allí se filmaron varias escenas de la serie de Canal 13 "El Puntero", que ganó el Martín Fierro de oro.

Desde hace meses los pobladores de la villa, advirtieron la existencia de una gran cantidad de casos de “parásitos” en su comunidad estable. En función de ello denunciaron que existe una epidemia y exigen al municipio de Sergio Massa que realice una campaña para desparasitar a una de las villas más pobre del partido.

El titular de Nuevo Tigre, Luis Cancelo, llevó la queja hasta el Concejo Deliberante del partido. Cancelo criticó a el municipio, por haber dado remedios sólo a los chicos y no a todo el grupo familiar: “No le podes dar sólo a los bebés, porque toda la familia está infestada. La lombriz va poniendo huevos. Vos podes matarla hoy y la semana que viene tenés el nacimiento de nuevo". Para Cancelo no hay dudas de que se trata de una epidemia.

Villa Garrote - Fotos Ricardo Barbieri

Pero Diego Morera, director general de Medicina Asistencial Tigrense, negó la posibilidad de que exista una epidemia y dijo haber “revisado encuestas sobre los problemas del barrio y no había aparecido el tema. Tuvimos el problema de que muchos de los vecinos no consultaron. Estamos dentro del rango previsto de parásitos”. “Esto no quiere decir que no haya brote de parasitosis”, reconoció, aunque consideró que “es parte del aumento en algunos momentos del año” y negó que la asistencia médica haya sido defectuosa.

Moreira, explicó que la medicación masiva “no se usa más”, según consensos de la Organización Mundial de la Salud. “El parásito cumple un proceso y se muere. Nos preocupan los más chicos porque trae aparejado otros síntomas”. “La propagación no pasa por tema de medicamentos. Viven en condiciones de precariedad entonces es lógico que se contagien mas”.

20 de Junio

Día de la Bandera Argentina

El mástil de la bandera de la foto, está emplazado en el jardín de la sede del gobierno nacional de la República Argentina.

Clausura preventiva para una planta de Coca-Cola.

La Justicia ordenó el cierre preventivo de la planta embotelladora FEMSA, de Pompeya. La medida se dispuso luego de confirmar que se desechó un producto químico al Riachuelo. La empresa rechazó en un comunicado la versión difundida por el Ministerio Público.

La Fiscal de Cámara Verónica Guagnino, requirió y logró la clausura preventiva de la Planta FEMSA S.A., empresa líder embotelladora de productos Coca Cola, ubicada en el barrio de Pompeya, en Amancio Alcorta 3570, luego de probar que la firma está desechando un elemento tóxico que contamina el Riachuelo.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata de “rodamina”, elemento tóxico a través de una “conexión clandestina” a la red pluvial que vuelca a la cuenca Matanza-Riachuelo.

En un operativo de rutina de la Dirección Gral. de Control Ambiental y la Policía Metropolitana se identificó el 11 de junio, por medio de un robot subterráneo en Cachí y Rio IV, una conexión clandestina.

Este miércoles se ingresó a la planta y mediante el uso de colorantes se corroboró la procedencia de conexión clandestina. Asimismo, se comprobó que el derrame de una torre de enfriamiento se vierte en unas rejillas que desembocaban en otra conexión ilegal a la red pluvial.

Ante la evidencia colectada, la fiscal logró la clausura de la planta en virtud de la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por violación del art. 54 del Código Contravencional. La medida adoptada propende a que cese el delito que afecta al medioambiente y contamina el Riachuelo.

La clausura hasta el momento es preventiva; ahora la fiscal deberá inspeccionar la planta y, de ser necesario, solicitará una clausura prolongada.

La empresa Coca Cola difundió un comunicado de prensa en el que calificó como “inexacta” la información difundida por la Fiscalía.

La provincia de Buenos Aires, expone en la cumbre de Río+20

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), participará en la próxima Cumbre de la Tierra Río+20 -llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- que se llevará adelante entre el 16 y el 22 de junio en Río De Janeiro, Brasil.

La delegación de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, José Molina, expondrá sobre las políticas ambientales que lleva a cabo la Provincia, con las acciones que lleva adelante en materia de mitigación, en la preservación de los recursos naturales y las causas y consecuencias del cambio climático, como así las soluciones que la Provincia lleva adelante para su mitigación.

La ONU alerta de cambios “sin precedentes” en la Tierra.

Un informe previo a la cumbre de Río, avisa del retroceso ambiental. El planeta se calienta y pierde biodiversidad y bosques a un ritmo desconocido.

Dos décadas de buenas palabras y de discursos a favor del medio ambiente, no han evitado que los principales parámetros para medir la sostenibilidad de la actividad humana, hayan empeorado.

El objetivo de contener el calentamiento en dos grados para final de siglo se aleja; los océanos son cada vez más ácidos; la biodiversidad desaparece a un ritmo desconocido desde la extinción de los dinosaurios y la deforestación está alcanzando tales cotas que supondrá un coste para la economía mundial, superior a las pérdidas derivadas de la crisis financiera de 2008.

Así lo constata el informe GEO-5, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), como previa a la cumbre de Río+20 que se celebrará en Brasil dos décadas después de la primera cumbre de la Tierra. De 90 objetivos solo hay avances significativos en cuatro. La ONU recomienda a los Gobiernos que, entre otras cosas, acaben con las subvenciones a los combustibles fósiles.

Los cambios que actualmente se observan en el sistema Tierra, no tienen precedentes en la historia de la Humanidad”, arranca el documento, en el que han colaborado unos 600 expertos: “Los esfuerzos por reducir su velocidad o su magnitud, han dado resultados moderados pero no han conseguido revertir los cambios ambientales adversos”.

El informe —que alerta de que esas alteraciones de los ecosistemas no son lineales y que llegados a un punto pueden ser abruptos e irreversibles— puede agitar algo la cumbre de Río, que se presenta con un perfil bajo, menor que la de Johannesburgo en 2002 o la primera, en Río en 1992.

Córdoba. Juzgan a productores y pilotos por fumigación contaminante.

El primer juicio oral y público en Córdoba por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, cerca de zonas urbanas, comenzará este lunes contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores, informó una fuente judicial.

El debate será en la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa y, por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se unificarán dos causas similares.

A los imputados se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.

En una de las causas están imputados los productores Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.

Fueron denunciados en 2002 por pulverizar con agroquímicos peligrosos campos aledaños al barrio de Ituzaingó, en la periferia sudeste de esta capital.

La otra causa se inició 2008, en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.

Se trata de una de las primeras causas de estas características a nivel nacional y la primera en esta provincia.

La ley 9164 establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.

La causa de 2002, se inició cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.

Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.

En aquella oportunidad, y a raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".

Paralelamente, y a raíz de los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.

En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.

En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.

Según lo confirmado a Télam por un vocero judicial, los productores Gabrielli y Parra están acusados como supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto lo imputan de la autoría del delito.

Respecto de la otra causa, el vocero agregó que se trata del piloto D.P.M., acusado de contaminación ambiental y del encargado del campo, V.A., por la misma figura, pero en calidad de partícipe necesario.

Asimismo, a mediados mayo pasado, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó abrir una investigación para saber si existe una relación directa entre la fumigación con plaguicidas peligrosos, tales como endosulfán y glifosato, y las muertes por cáncer registradas entre vecinos del barrio de Ituzaingó.

Para ello, resolvió imputar a los productores Gabrielli y Parra, por "contaminación dolosa", en el marco de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión.

Sin embargo, en caso de establecerse que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en los casos fatales, la figura de "contaminación dolosa" sería agravada con "resultado de muerte", que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.

Referencia: http://www.telam.com.ar

TIGRE Sumarán una delegación para mediar entre el Municipio y los barrios privados.

Una nueva delegación municipal abrirá sus puertas en Tigre. Su nombre será Nuevo Delta y estará en el complejo Riviera Park, ubicado en Agustín García 8852 (ex ruta 27), en Benavídez. Si bien su edificio aún está en plena construcción, estiman que estará funcionando a fines de junio. Allí los vecinos podrán hacer cualquier trámite municipal.

Al igual que las otras 11 delegaciones y dos subdelegaciones que hay en el distrito, su función será establecer un vínculo directo entre autoridades municipales y los vecinos. En este caso, de los que viven en los complejos Nordelta y Villanueva, y las urbanizaciones Santa Bárbara, Talar del Lago (I y II), Altamira, entre otros barrios privados de la zona de Pacheco y Benavídez.

Foto: Francisco Amorrortu

Eduardo Adelinet fue designado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, como presidente de la delegación y será el encargado de reunirse una vez por mes con una comisión vecinal. Según informaron desde la Comuna, la agrupación se fue conformando en paralelo a la creación de la delegación. Este grupo de representantes de los barrios acompañará la gestión de la delegación.

“La idea es iniciar un vínculo directo de análisis, discusión y solución de problemas entre el Municipio y la familias de los barrios privados, dándole seguimiento a cada una de las necesidades e inquietudes de los vecinos, buscar un consenso entre todos”.

Foto: Francisco Amorrortu

Los primeros temas a tratar serán el tránsito, los accesos a los barrios, transportes, seguridad, el tráfico en la zona, salud, educación, servicios, transportes internos en los barrios. La delegación tendrá autoridad para hacerlo. Pero en otros casos, deberá girar los asuntos a la intendencia.

“La expectativa de la comisión es muy buena, ya que tendrá un canal directo con la Municipalidad para tratar temas importantes, sin la intermediación de las desarrolladoras de los emprendimientos urbanísticos”, apuntó Miguel Flitt, vecino representante por Los Sauces, un barrio privado de Nordelta. Y David Rodríguez Figueroa piensa igual: “La delegación y la creación de la comisión nos servirá también para intercambiar ideas de los distintos problemas y resolverlos entre los vecinos de la comisión y la municipalidad sin ningún filtro, como viene ocurriendo en las reuniones preliminares que se vienen manteniendo desde el año pasado”.

5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente 2012

El “Día Mundial del Medio Ambiente” (World Environment Day) es un evento anual que se lleva a cabo el 5 de Junio. Fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo (Suecia), cuyo tema central fue el Medio Humano.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
Según anunció el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Brasil será este año la sede del “Día Mundial del Medioambiente y pocas semanas después se celebrará allí, la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible “Río + 20”, a la que asistirán líderes mundiales para discutir el diseño de un futuro sustentable con el medio ambiente.

Tigre. Santa Bárbara. Suspenden por cuarta vez el juicio contra María julia Alsogaray.

Por cuarta vez, fue suspendido el segundo juicio oral y público contra la ex funcionaria del Gobierno menemista María Julia Alsogaray, por presuntos hechos de corrupción en sus gestiones en ENTel (la antigua compañía estatal de teléfonos) y en la Secretaría de Recursos Naturales.

La funcionaria menemista está acusada por la presunta cesión irregular de un predio durante la privatización de ENTEL y por ilícitos en el "Plan de Manejo del Fuego".

El proceso analizará la cesión irregular en 1990 a Telecom, de un predio de de 240 hectáreas, ubicado en Pacheco y valuado en 180 millones de pesos/dólares de la época, donde funcionaba la planta de transmisión de Radio Nacional. En el sitio en cuestión, EIDICO, construyó en forma ilegal, el barrio privado Santa Bárbara.

María Julia Alsogaray

Barrio privado Santa Bárbara.

La suspensión se produjo porque Alsogaray presentó un recurso en la Corte Suprema en el que recusó a los jueces del Tribunal Oral Federal 6, quienes postergaron el juicio que debía comenzar el 15 de marzo hasta tanto se resuelva si son confirmados o no a cargo del caso.

Esta es la cuarta vez que el juicio se suspende -la última vez fue en marzo del año pasado- siempre por planteos de Alsogaray, que objetó a los jueces del tribunal. Esta vez planteó que los magistrados José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández -estos dos subrogantes- permitieron que en la causa intervenga un secretario que tuvo un ofrecimiento para trabajar en la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que es querellante en la causa, lo que para Alsogaray fue una imparcialidad de parte del tribunal.

Los jueces rechazaron el cuestionamiento, pero la ex funcionaria llevó el caso a la Corte y Mallo y Fernández entendieron que el juicio debía postergarse hasta tanto el máximo tribunal resuelva al respecto, a lo que se opuso Martínez Sobrino.

Alsogaray, fue condenada en el 21 de mayo de 2005 por el Tribunal Oral Federal 4, a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito en 622 mil pesos y 550 mil dólares, que debió devolver.

Para hacer efectivo el pago, en noviembre de 2009 se remató el petit hotel del barrio de Recoleta en el que vivía Alsogaray y que fue subastado en 3.680.000 pesos que fueron decomisados e incorporados a la cuenta del Poder Judicial.

La ex funcionaria estuvo presa un año y 10 meses, entre agosto de 2003 y mayo de 2005, por las dos causas por las que ahora será juzgada, y fue liberada cuando acusó a Menem y a otros funcionarios por el cobro y pago de sobresueldos.

Notas relacionadas:

El Caso Santa Bárbara

Tigre – Caso Santa Bárbara - María Julia Alsogaray será juzgada por ceder de manera irregular un predio en Tigre, durante la privatización de ENTEL.

Tigre – General Pacheco – Terrenos que ocupa el barrio privado Santa Bárbara, fueron usurpados al Estado Nacional.

Tigre - Megaoperativo fiscal en Santa Bárbara y Santa Catalina.

El 50% de los barrios cerrados bonaerenses no están registrados.

El Tigre Trucho

Megaoperativo impositivo en Nordelta

Agentes municipales de las Secretarias de Ingresos Públicos y Control Urbano, realizaron amplia inspección en barrios, centros comerciales, emprendimientos y amarraderos de Nordelta.

Más de 30 agentes municipales fiscalizaron comercios, barrios y embarcaciones, detectando una evasión de más de $10 millones. La inspección es consecuencia de la investigación y relevamiento satelital que lleva adelante el Municipio en materia impositiva.

Desde la Secretaria de Ingresos Públicos, se informó que la investigación comenzó hace varios meses e implicó en términos económicos, reclamos de morosidad y evasión importante, la cual supera los 10 millones de pesos.

Correspondería recordar en este punto, que en marzo del corriente año, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires inició un operativo de control impositivo en guarderías náuticas, amarraderos y barrios cerrados en la ribera de Tigre, San Fernando y San Isidro. El objetivo fue el de combatir la evasión.

El propósito de los procedimientos fue el de verificar la correcta radicación de la flota y el cumplimiento del impuesto a las Embarcaciones Deportivas.