lunes, 29 de abril de 2013

Tigre – Se inauguró un centro de recepción de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso.


La empresa argentina Grupo Pelco, inauguró junto al Municipio de Tigre un centro de recepción de aparatos electrónicos y eléctricos (AEE) en Benavidez. “La tarea de generación de conciencia ambiental en la comunidad, es una clara responsabilidad de los municipios y también de los vecinos, porque sin la participación de la sociedad, esto sería imposible”, destacó el Intendente Sergio Massa.

Ya funciona en Tigre, un centro donde los vecinos del distrito podrán acercar sus aparatos electrónicos y/o eléctricos en desuso, para su posterior reciclaje. La misma está ubicada en Benavidez y es impulsada por el Grupo Pelco, junto al Municipio. 
El intendente de Tigre, Sergio Massa, estuvo presente durante la inauguración de dicho centro y afirmó: “Esto tiene que ver con la puesta en marcha de esta planta de recepción de productos electrónicos y eléctricos, que busca que la gente pueda acercar todo lo que es línea blanca, heladeras, lavarropas o televisores, equipos de música y computadoras que no funcionan. 


Uno ve con mucha amargura este tipo de cosas tiradas en la calle, flotando en el río o peor aún dentro del sistema de disposición final, que se junta con dos situaciones: por un lado el daño que algunos componentes de estos productos pueden hacer al medio ambiente y por el otro, el desperdicio económico, porque muchas partes de estos aparatos son aprovechables”.
Por su parte, la directora del Grupo Pelco y presidenta de la Unión Empresaria de Tigre, Claudia Kalinec, manifestó: “Este es un proyecto que tenemos hace mucho tiempo en Pelco, el armado de una planta para el desarme de aparatos electrónicos y eléctricos como centro exclusivo, evitando que sean parte de la corriente de residuos y posibilitando que se recuperen componentes para otros procesos. En Argentina esto representa 120.000 toneladas anuales”. 
Estuvieron presentes también el presidente de Grupo Pelco, Luis Wuhl; el delegado de Benavidez, Pedro Heyde; autoridades del municipio y de la empresa, trabajadores y vecinos, entre otros.
 

viernes, 26 de abril de 2013

San Fernando – Inundaciones – Opinión de Francisco Javier de Amorrortu.


Cualquier opinión que diera, por más piadoso que fuera, sería una burda mentira. San Fernando está montada en la curva de un antiguo cordón litoral de salida tributaria al antiguo estuario. Salvo en esa estrecha porción del cordón todo lo demás es fondo de brazo interdeltario apenas por encima del fondo del mismo estuario; esto que hoy llaman planicie intermareal.
En http://www.humedal.com.ar/humedal9.html tienen oportunidad de leer las advertencias que el cura párroco del antiguo puerto de las Conchas, Doctor Manuel de San Ginés les hiciera a los pobladores de esta región hace 208 años. Querer arreglar esto con bombas y ensanche de puentes, es no querer ver más allá de la punta de la nariz. Pedirle a la DIPSyOH ayuda, es pedir milagros. Sincerar el ordenamiento territorial es la primera cuestión a demandar.


Sin embargo, hoy son los propios millonarios los que se instalan en estas planicies intermareales creyendo que el dinero y unos rellenos criminales despanzurrando el santuario Puelches, los habrán de poner a salvo. Un día serán tapa de todos los diarios del mundo y todos los millones de EIDICO y de CONSULTATIO no habrán servido para nada.
El peor enemigo de estas ocupaciones no es el agua que cae del cielo, sino las sudestadas que aquí ya conocieron 5,24 m de altura de anegamientos. A esos eventos no los paran ni con bombas, ni con mochilas sanitarias, ni con milagros.
Siga la fiesta Sr Pérez a cargo de la CIOUyT firmando visaciones de planes territoriales como las que firmó su jefe en el decreto 2741/10. Inconscientes totales sin cura, que se ahogan en su propia casa, la histórica La Plata a la que querían acercarle premio de monumento mundial; y tiene dos arroyitos, el Pérez y el Regimientos que con 21 y 26,5 Km2 de áreas de escurrimientos pretenden ser atendidos por dos tubitos de 3 m de diámetro.
Ni siquiera son capaces de confesar que el problema esta vez no fue el Gato, sino el Pérez en el mismo corazón de la ciudad. Problema de 100 años que bien merece otro premio mundial para la DIPSyOH. Francisco Javier de Amorortu

jueves, 25 de abril de 2013

San Fernando - Provincia apura dos obras para evitar que se inunde el distrito.


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, analiza a qué empresa le adjudica el ensanche del Puente Taurita, sobre el río Reconquista. Además llamaría a licitación para reponer la Bomba 8 del Zanjón Fate. Estiman que podrían iniciarse en la segunda parte del año.
Tras el reclamo del Municipio de San Fernando por las obras pendientes que ayudarían a evitar inundaciones, el área de Hidráulica bonaerense, empezó la semana pasada a analizar las propuestas presentadas en la licitación para ensanchar el Puente Taurita, que está casi en la desembocadura del Río Reconquista y provoca que el agua desborde. También se analiza la posibilidad de llamar a licitación para la reposición de una bomba, con la que se evitaría que ingrese agua del río al Zanjón Fate y lo haga desbordar.
La inundación de principios de mes afectó a unos 30 mil vecinos, de los cuales la mitad tuvo más de un metro y medio de agua en sus casas. Si bien se trató de una tormenta extraordinaria, cada vez que llueve es común que los vecinos de los barrios próximos al Reconquista y a los zanjones Fate y Villa Jardín, y a los arroyos Pavón y Cordero, tengan que quedarse en sus casas porque las calles se inundan. Según la Comuna, ese problema se solucionaría con mejoras que debería costear la Provincia.




Por tratarse de “obras previstas”, tal como argumentaron desde el área de Hidráulica, la Provincia optó por licitar el miércoles de la semana pasada el ensanche del Taurita, un puente que limita San Fernando y Tigre, y cruza el Reconquista. Esa mejora quedó inconclusa en 1996, cuando Provincia ensanchó y rectificó el canal del río, pero nunca amplió el puente, por lo que se forma un embudo que frena el agua y la desborda por Juan B. Justo, bloqueando accesos e inundando barrios aledaños. “Ahora se están evaluando las ofertas. A partir de eso, deben pasar por todos los organismos de acuerdo a los tiempos legales que se necesitan, de tres a seis meses, y después se puede adjudicar”, detallaron desde Provincia.
La otra obra clave es la reposición de la Bomba N° 8 en el Reconquista, a la altura de Malvinas Argentinas y la 202, en la desembocadura del Zanjón Fate. Hasta 2011 había una, pero ese año la robaron. Gastón D’Aquino, secretario de Obras Públicas comunal, contó que “Hidráulica abrió las cinco compuertas que tiene para que el agua de San Fernando pueda salir, pero cuando el río está muy crecido se mete en el Fate y lo desborda”. Y agregó: “Esperamos que no quede en un llamado a licitación”. Al respecto, en Provincia aseguraron que las obras están garantizadas y que prueba de ello es que empezaron a revisar propuestas en un caso, y el llamado a licitación en otro. “Una vez hecho esto, en tanto haya una oferta conveniente el proyecto estará funcionando”, precisaron en Hidráulica.
Por Agustina Heb.

martes, 23 de abril de 2013

Vicente López - Multisectorial impulsa una “Consulta Popular Vinculante” sobre construcciones en zona costera.


El miércoles 20 de marzo de 2.013, las organizaciones abajo firmantes, constituyeron una mesa multisectorial con el objetivo de impulsar una Consulta Popular Vinculante para que la Ciudadanía de Vicente López decida sobre el proyecto de construir un shopping en siete hectáreas públicas de la zona costera.
La instalación de un shopping en tierras públicas representa el corazón de una serie de grandes negociados de especulación inmobiliaria que continuarían modificando la zona costera de Vicente López en perjuicio de la identidad del partido y del uso de los espacios verdes públicos para las necesidades de recreación y esparcimiento de la población. 
También en tierras públicas se planifica instalar una Subestación Eléctrica asociada a dar energía al shopping y otros mega emprendimientos en la zona ribereña.
El proyecto de construir un shopping en tierras públicas pretende imponerse por medio de innumerables excepciones al Código de Ordenamiento Urbano que, desde el 24 de diciembre de 2.004, se realizan de espaldas a la comunidad y sin respetar las leyes que regulan el uso del espacio público.
Las siete hectáreas públicas fueron cedidas, en agosto de 2.009, por treinta años al grupo Ribera Desarrollos S.A. sin licitación previa y a precio vil. Entre las graves irregularidades cometidas también se destaca la falta de una consulta a la población para que se expida sobre proyectos de gran magnitud que tienen el agravante de desarrollarse en tierras públicas.


Las nuevas excepciones aprobadas a Ribera Desarrollos S.A. el día 20/12/2.012, que incluyen la habilitación para construir un edificio de hasta 80 metros, nuevos subsuelos en tierras privadas y la habilitación de nuevos usos (helipuerto, banco, etc.) para las tierras públicas cedidas, constituyen un nuevo punto de inflexión en el avance de los negociados inmobiliarios sin planificación urbano ambiental y sin consulta  a la ciudadanía.
Por lo expuesto anteriormente convocaron a todos los sectores de la sociedad de Vicente López a participar de esta mesa multisectorial para impulsar una Consulta Popular Vinculante que permita la expresión democrática de la Ciudadanía sobre el futuro de las siete hectáreas públicas de la zona costera ubicadas en el Vial Costero y Bartolomé Cruz antes de que se inicien las obras para la construcción de un shopping y otros negociados.

CONVOCAN:

PARROQUIA SANTO TOMÁS MORO, CONCEJAL GRACIELA ALEÑA (PJ-FPV), CONCEJAL CARLOS ROBERTO (PS-FAP), CONCEJAL NORBERTO ANTELO (GEN–FAP), PROYECTO SUR, LA GALPONA, NUEVO ENCUENTRO,  MOVIMIENTO EVITA,  LIBRES DEL SUR, ÑANDEROGA, NEOPOLITICA, ESPACIO MULTIFORME, FORO POR LA SALUD Y EL AMBIENTE DE VL, CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA, JUVENTUD GUEVARISTA, CTA GERMÁN ABDALA, TREN CULTURAL RAÍCES, BIBLIOTECA POPULAR SUDESTADA, COMISIÓN POR LA MEMORIA Y LA JUSTICIA DE ZONA NORTE, CENTRO CULTURAL TIEMPOS MODERNOS, GRUPO SCOUT  CARAPACHAY PLURALISTAS LAICOS Y PROGRESISTAS, SPAC. SCOUT PLURALISTAS ASOCIACION CIVIL, CANAL COMUNITARIO SUDESTADA TV, UNIDAD POPULAR, UNIDOS POR EL RIO.

jueves, 18 de abril de 2013

Tigre - Isleños rechazan normativa de construcciones.


El día 7 marzo fueron votadas, en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, tres ordenanzas específicas para la Primera Sección de Islas del Delta. La “Normativa de construcción” generó el rechazo de la comunidad isleña por ser restrictiva y poner en peligro las fuentes de trabajo.

Las dos primeras ordenanzas denominadas “Plan de manejo ambiental” y de “Ordenamiento Territorial” tuvieron consenso por parte de todos los concejales e isleños. La tercera de las ordenanzas fue rechazada por la comunidad al entenderse que no se convocó a los vecinos para su redacción, ni se presentaron las instancias de participación adecuadas para tan importante reglamentación.
De esta forma la ordenanza que regula las cuestiones de construcción, tiene fines recaudatorios y presenta un gran impedimento para el desarrollo de los isleños ya asentados en las islas. Las exigencias comprometen seriamente a las fuentes de trabajo locales, que adquirieron sus conocimientos de generación en generación, interponiendo arquitectos, técnicos, pago de estudios y gran cantidad  de reglamentos a los que no estamos acostumbrados y resultan imposibles de cumplir.


De ahora en más se impiden las construcciones en cemento (se debe priorizar la madera en un 60 por ciento), las estacadas lisas para proteger las costas, la poda o desmonte siendo, sobre todo, esto último impracticable ya que a los isleños se les viene el monte encima si no es controlado. Además prohíbe las demoliciones sin previo aviso y sus escombros resultantes deben ser retirados del Partido de Tigre.  Por otra parte obliga a los residentes a iluminar los muelles, a realizar un camino costero y, para la construcción de viviendas, se exige un certificado de aptitud de la fuente de provisión de agua hecho por un técnico.
Las casas que ya se encuentran construidas deben ser sometidas a una “Revisión Técnica” periódica realizada por el municipio para controlar la seguridad de las mismas, cosa que resulta inédita. Para todos estos trámites se deberán pagar los consiguientes sellados y permisos. Éstos son algunos solamente algunos de los puntos preocupantes pero hay más.
Entendiendo que en las islas de Tigre la autoconstrucción es la actividad más común entre la gente y que la actividad regional se basa, entre otras cosas, en el trabajos de los albañiles y carpinteros, vemos con preocupación la puesta en marcha de la normativa.
Por todo esto es que los vecinos provenientes de diversos ríos y arroyos (Abra Vieja, Capitán, Santa Rosa, Angostura, Esperita, Cruz Colorada, Reyes, Carapachay, Gaviotas, Rama Negra, Sarmiento, etc.) han empezado a reunirse para redactar un pedido de audiencia al intendente Sergio Massa para que dé explicaciones acerca de cómo vamos a ser afectados por la ordenanza que viene a cambiar nuestra forma de vida que lleva más de ciento cincuenta años.  En el texto se resalta que los habitantes de las islas del Delta de Tigre no fueron consultados ni convocados en la medida de la importancia que tiene la sanción de una norma de la cual somos depositarios directos.
Prensa “Vecinos del Delta”

viernes, 12 de abril de 2013

La justicia chilena ordenó suspender el proyecto binacional Pascua Lama.


La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó frenar la iniciativa minera de la canadiense Barrick Gold por infracciones ambientales denunciadas por Diaguitas.

La justicia chilena paralizó la construcción del proyecto Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold en la frontera Chile y la Argentina, una de las más grandes minas de oro del mundo, al acoger un reclamo de comunidades indígenas que denunciaron infracciones medioambientales.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió un recurso judicial de las comunidades indígenas Diaguitas, que acusaba de graves irregularidades medioambientales al proyecto minero vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos.
"No hemos sido notificados por la Corte de esta medida, por lo que es imposible que comentemos su contenido o implicancias. Una vez que seamos notificados, la revisaremos en detalle y definiremos las acciones correspondientes", expresó Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold.
Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera se mostró satisfecho por la resolución judicial.


"No nos extraña para nada y nos parece bien que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua Lama cumpla efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de Medioambiente ya le había hecho", dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Mejor suspender y que ahora ellos se aboquen a reparar todas las situaciones que aún no han terminado en el proyecto Pascua Lama", agregó.
En caso de que efectivamente se suspendan las actividades por orden de la justicia chilena, Barrick Gold continuaría sus actividades del lado argentino, informaron fuentes cercanas al proyecto.
El proyecto, el más grande en marcha en el país después de la polémica por la minera brasileña Vale, representa una inversión total en torno a los 8000 millones de dólares por parte de la empresa canadiense Barrick Gold.
Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina, ubicada sobre la frontera cordillerana, entre Huasco, en Chile, y San Juan, en la Argentina. El proyecto contempla la construcción de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4000 metros de altura, en la frontera de Chile con Argentina.
El proyecto de la mina fue controvertido desde un primer momento, al provocar protestas de ambientalistas en ambas naciones. En el país, además, Barrick Gold fue uno de los blancos por las protestas contra la ley del glaciares, aprobada en 2010, y por el que fue cuestionada la presidenta, Cristina Kirchner.
En octubre pasado, la corte de Atacama había acogido a tramitación un recurso de protección presentado por cinco comunidades indígenas del Valle del Huasco contra el proyecto. Las cinco asociaciones que participan del recurso agrupan a unos 500 descendientes de la etnia diaguita.
El abogado Lorenzo Soto, quien representa a las comunidades diaguitas, explicó que ante la corte se denunció "la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera".
Soto destacó que además la contaminación "de los recursos hídricos, fruto del depósito de estériles sin que esté operativa la planta de drenajes de ácidos de roca que lo impediría".


Protestas
La suspensión se suma a los problemas de costos que ha enfrentado Barrick con el megaproyecto en las montañas entre Chile y Argentina.
La firma elevó el costo de Pascua Lama, situado en las alturas de los Andes sobre la frontera entre Chile y Argentina, entre 8000 millones y 8500 millones de dólares, desde un presupuesto previo de entre 7500 millones y 8000 millones de dólares.
Barrick ha estado desarrollando por más de una década Pascua Lama, el que requiere de un túnel de unos 4 kilómetros para transportar el mineral entre Chile y Argentina, cuyo avance sería de un 40 por ciento a febrero.
Pascua Lama está en la fase en que se saca la tierra superficial para crear el rajo que será explotado y el cronograma previsto apunta al inicio de la producción en el segundo semestre de 2014, pese a que en un momento estaba previsto para este semestre, con una producción anual de entre 750.000 y 800.000 onzas de oro durante los primeros cinco años de explotación.
Agencias AFP y Reuters.

Pcia. BUENOS AIRES - Revisarán códigos urbanos de los municipios para evitar inundaciones.


Las trágicas inundaciones en la ciudad de La Plata tendrán en, las próximas semanas, consecuencias políticas para las 135 comunas de la Provincia de Buenos Aires. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó la necesidad de “revisar conjuntamente con los municipios los Códigos de Planeamiento Urbano (COU) para que sean compatibles con el cambio climático, que exige la re-adecuación de la infraestructura y las políticas”.
La funcionaria destacó que la medida dará lugar a la participación de “todos los sectores involucrados: la federación Argentina de Municipios (FAM), Universidades, ingenieros, para que podamos planificar herramientas y prevenir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos, que afectan de manera creciente a la Provincia y al mundo”.
Álvarez Rodríguez recordó que “los municipios, según lo dispone el Decreto Ley Nº 8912/77, son los encargados de elaborar un COU para su jurisdicción, que luego debe contar con la aprobación del Concejo Deliberante por ordenanza y la misma ser convalidada por el Ejecutivo provincial”.


“En los últimos años se desarrollaron eventos naturales de magnitud, como fue la sequía y desertificación en Médanos, Bahía Blanca, el tornado ocurrido hace un año en el centro-norte del Conurbano y las intensas y extraordinarias precipitaciones que hace pocos días afectaron a La Plata”, describió la ministra.
En ese sentido, subrayó que “es oportuno instar a todas las jurisdicciones, a considerar la posibilidad de revaluar consignas o parámetros tenidos en cuenta oportunamente, ante estos fenómenos climáticos que superaron todas las previsiones y considerando que estas circunstancias pudieron no haber sido factibles de evaluar  al momento de elaborar los códigos”.
Por su parte, tras las inundaciones que afectaron durante el 2012 a los barrios aledaños al río Luján, una investigación de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Luján, indicó que Pilar y alrededores es la zona de “máximo riesgo” de inundación, ya que la llanura de inundación del río –donde el agua “escurre”- se ha reducido casi a la mitad.


La Comisión Asesora está integrada por instituciones ambientalistas, académicas, de la industria y el comercio, etc. La entidad consideró “de extrema gravedad” los impactos relacionados “con cambios en el régimen hidrológico del río Luján debido a una serie de obras que han modificado, en muchos lugares, la topografía de la cuenca”.
Así, “los procesos de urbanización por especulación inmobiliaria son los principales responsables de estas modificaciones, que eludiendo las normativas existentes en materia de usos de suelos y loteos, han desarrollado barrios, countries y chacras cerradas ocupando crecientemente las márgenes de los ríos y arroyos (que son de dominio público), como así también humedales y tierras bajas por debajo de la cota mínima permitida”.
De eso, justamente, tratará la revisión de los códigos que encarará la Provincia. 

Justicia suspendió obras de dragado en el Riachuelo.


El juez responsable de la causa del saneamiento del Riachuelo, Jorge Rodríguez, dictó una medida cautelar que frenó los trabajos de dragado en la desembocadura del Riachuelo. La misma se tomó por un recurso de amparo que indica que los barros extraídos, son arrojados al sector denominado Cuatro Bocas sin tratamiento alguno. Es sabido que desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), existen variados informes que indican que los sedimentos están contaminados con metales pesados, y representan una amenaza a la salud de la población y que esos barros no pueden ser dragados y mucho menos volcados sin tratamiento alguno en aguas abiertas del río de la Plata.
Esta obra comenzó el 4 de marzo y se estaba realizando en Cuatro Bocas, que es el punto donde se conectan la desembocadura del Riachuelo, el Río de la Plata, Dock Sud y los diques de Puerto Madero. La encargó la terminal de contenedores Exolgan, con el objetivo de que puedan ingresar barcos de más de 300 metros de eslora. Para esto hace falta recortar una de las cabeceras y mover 1.300.000 metros cúbicos de sedimentos del lecho del Riachuelo. De esta manera, se duplicaría la profundidad actual del curso de agua, que es de apenas un metro. Pese a la magnitud de la tarea no se conocen estudios complementarios de los suelos a dragar.


Las empresas que impulsan la obra, son Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A. Según todas las normas internacionales que rigen en esta materia, las acciones en cuestión, se encuentran expresamente prohibidas.
El juez tomó en cuenta un informe realizado en febrero por la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA, en base a muestras de sedimentos del fondo del cauce tomados en noviembre en cinco puntos de Cuatro Bocas. El mismo revela que tienen una contaminación entre moderada y alta de cobre, cromo y plomo, que ofrecen una altísima probabilidad de tener efectos tóxicos.
En función de ello, ordenó la inmediata detención de la obra de dragado que está realizando Exolgan. Además, le pidió a la ACUMAR que haga cumplir la medida y le ordenó que inspeccione el predio cada diez días, que verifique que la empresa haya realizado un informe de impacto ambiental, y que realice un informe sobre el estado del dragado junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Desde la ACUMAR ayer dijeron que acatarán el fallo.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.

martes, 9 de abril de 2013

San Isidro – Asociación Ribera Norte, se considera apartada de la administración de la reserva municipal.


La Asociación Ribera Norte (ARN), se consideró apartada de la administración del Parque Natural Municipal Rivera Norte. En función de ello, emitió un comunicado del cual a continuación publico una síntesis.
Ricardo Barbieri.


Estimados socios, voluntarios, vecinos y amigos:
En noviembre de 2012, mediante un decreto del ejecutivo municipal, de manera unilateral y sin previo aviso, el Municipio de San Isidro dio de baja el convenio que desde el año 1994 permitía a la Asociación Ribera Norte colaborar en el Parque Natural Municipal Ribera Norte (boletín extra n° 686 http://sanisidro.gob.ar/boletin-extra-no-686/). Recibimos de parte del coordinador municipal de guardaparques el compromiso de acercarnos un nuevo convenio en el mes de enero. Sin novedades hasta principios de febrero, elevamos una nota al intendente Gustavo Posse solicitando la renovación, que sigue sin respuesta hasta el día de hoy.
Lamentables hechos ocurrieron durante el último tiempo, que derivaron en lo que está ocurriendo hoy: los programas de la ARN han dejado de funcionar dentro del Parque.
Por todo esto, y ante las versiones distorsionadas que sabemos que circulan, es necesario aclarar que la ARN no se alejó ni se fue de la reserva, sino que fue echada y su trabajo de casi 20 años ha sido usurpado o ignorado, de acuerdo a las conveniencias.


A lo largo de todos estos 19 años de cooperación, la ARN brindó asesoramiento en el manejo de la reserva e invirtió todos sus fondos en el mantenimiento del área, llevando adelante sus programas de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Conservación de Flora Nativa y Educación Ambiental. Además, mientras la ARN estuvo presente en el Parque, aportó dos guardaparques - ya que el área solamente contaba con un guardaparques municipal hasta el 2012.
Toda esta tarea no hubiese sido posible sin la participación de toda la comunidad. Por eso queremos volver a agradecer a nuestros voluntarios, socios, vecinos y amigos por el apoyo y el aliento recibidos a lo largo de estos años.
La Asociación Ribera Norte sigue trabajando por los mismos objetivos y continuaremos participando en encuentros, redes y foros vecinales en defensa de la conservación de los ambientes costeros públicos y brindando educación ambiental a la comunidad, tal como lo hemos hecho a lo largo de veinte años.
Quedamos a disposición para consultas y aclaraciones ante cualquier inquietud.
Asociación Ribera Norte
Marzo 2013

miércoles, 3 de abril de 2013

La desigualdad social, ambiental y cultural en el proceso urbanístico de Tigre


Escrito por Maribel Carrasco   

Análisis. Desde este mismo medio hace siete años se publicaron una serie de notas sobre el avance de las urbanizaciones privadas en Tigre, y advertíamos sobre la forma de ocupación del territorio de este modelo, así como de sus riesgos y desafíos. Aunque los años han pasado y ha cambiado el gobierno municipal, la lógica de uso del suelo no sólo no ha cambiado sino que se ha profundizado con la incorporación de nuevas tierras al mercado inmobiliario hasta en la porción insular. La planificación urbana sigue estando a merced de los llamados “desarrolladores” y el Municipio acompaña este crecimiento asumiendo un rol de “partner”. Continúa ausente la regulación estatal que contemple la integración social y el fenómeno de la segregación social – espacial se sigue plasmando, dado por la desigual distribución de los costos y beneficios de este tipo de desarrollo, la falta de mejoramiento del hábitat de los sectores más postergados y las dificultades en el acceso a la tierra para los sectores medios por la alta valorización de la misma.

Introducción
El proceso de expansión urbanística actual que se impulsa en el Área Metropolitana de Buenos Aires rompe con el modelo tradicional basado en la gestión estatal y la consolidación de infraestructuras públicas que fue característico en nuestro país durante la mayor parte del siglo XX. A partir de los años 90, las reformas estructurales redujeron la capacidad de gestión del Estado y la lógica del libre mercado fue implementada con la mayor crudeza. Ese "laissez faire", también se hizo eco en el mercado inmobiliario que va a intervenir con un nuevo concepto de urbanización, dirigido a los sectores de altos ingresos y que estará basado en enclaves insulares y cerrados, que orientados hacia adentro, están separados del espacio público por medidas de seguridad y control. La pobreza y la marginalidad crecientes que generó el mismo modelo económico junto con el aumento de la inseguridad urbana, llevó a muchas familias a optar por trasladarse a estos emprendimientos (barrios cerrados, clubes de campo, etc.).
Por lo tanto, este proceso de urbanización se inicia en el marco de un Estado desmantelado y reducido en su rol de regulador, con insuficiente capacidad técnica, con áreas clave de su estructura cooptadas por intereses empresariales y en un proceso de descentralización que provocó la descoordinación de los distintos niveles del Estado - nacional, provincial y municipal -, a la hora de implementar políticas públicas que orienten las transformaciones territoriales. A esto hay que sumarle la insuficiencia del marco regulatorio en materia de derecho urbanístico.

Cómo se inició en Tigre
En Tigre, el crecimiento urbanístico se registra desde fines de los 80 y su impulso se debió a diversos factores. El abaratamiento de los terrenos, las grandes vías de acceso que comunican a sus distintas localidades con la Capital Federal y su ubicación geográfica privilegiada son algunos de ellos. Posee 271 km2 de tierras insulares en la Primera Sección de Islas y constituye la entrada principal al entorno natural del Delta del Paraná, lo que le añade a las urbanizaciones la posibilidad de ofrecer un importante frente costero y una amplia gama de servicios náuticos, además del valor paisajístico y natural.
Estas características, junto con el orden y la seguridad jurídica y urbana que ofrecería la actual administración local, así como la presencia de una política de marketing, hacen de Tigre uno de los distritos más apreciados para las inversiones inmobiliarias.
La gestión municipal de Ricardo Ubieto (1979-1983 / 1987-2006) tuvo una activa participación en la promoción de este tipo de desarrollo y adhirió con fervor al discurso que lo visualizaba como símbolo de progreso y, como una estrategia excluyente que impediría el surgimiento de villas miseria, tal como lo manifestaban abiertamente los funcionarios municipales. Incluso la elite municipal se vio beneficiada en forma personal por el nuevo proceso urbanístico a través de los servicios prestados en sus escribanías, empresas constructoras y por servicios profesionales. También se decía que este proceso urbanístico implicaba la ventaja de incorporar al partido una población de alto poder adquisitivo que tenía la capacidad de solucionar sus propios problemas de infraestructura, en principio, sin la necesidad del financiamiento público. (ver en este mismo número, “Se pavimenta el Boulevard de Todos los Santos”)

La urbanización de tierras inundables y el impacto social y ambiental
En el caso de Tigre, los emprendimientos se instalaron principalmente en áreas bajas e inundables, especialmente en zonas costeras que corresponden al área de amortiguación del Delta del Paraná, y que tuvieron que ser urbanizadas con el uso de nuevas tecnologías y fuertes inversiones "... que modificaron casi totalmente la topografía del terreno y aumentaron los riesgos de inundación del entorno..." (Perahia, Raquel, 2005). La realización de lagunas de agua salobre en los planes permitió, además del valor paisajístico, extraer tierras para rellenar los lotes. Es decir, en Tigre, esta expansión hacia las zonas bajas ha cambiado el patrón de ocupación del territorio que se ubicaba habitualmente en las tierras altas. De esta manera han surgido nuevos centros urbanos distribuidos a lo largo de los corredores viales y de las zonas costeras.
Cabe preguntarse cómo el fenomenal relleno de tierras inundables y la alteración de las características físico - naturales del ecosistema va a impactar en los servicios ambientales que ofrece, sobre todo en relación a la mitigación de las inundaciones. Hay que recordar que la última inundación importante en Tigre fue la de 1.989, - en la Av. Cazón hubo un metro de agua-. Luego ha habido numerosas crecidas, pero ninguna llegó al nivel de aquélla. Por lo tanto considerando que el proceso urbanístico en Tigre se inicia a fines de la década del 80 y principios del 90, todavía no se han puesto en evidencia las consecuencias de los rellenos de miles de hectáreas en tierras de drenaje y de escurrimiento. Sin ser apocalípticos, en caso de una fuerte inundación, surge el interrogante de cuál será la altura que alcanzará la marea en los barrios tradicionales de Tigre cuando el agua no pueda escurrir con normalidad como lo hacía antes.
Por otro lado, los nuevos pobladores de Tigre que han llegado en los últimos 20 años no tienen ningún tipo de experiencia a la hora de actuar en un caso de emergencia por inundaciones como sí es el caso de los habitantes de siempre que saben cómo desenvolverse, a quién llamar, qué medidas de urgencia tomar, etc. Si bien las ventajas de las urbanizaciones privadas son exclusivas de un sector, los perjuicios que pueden generar son para toda la comunidad. Se distribuyen en forma desigual los costos y beneficios ambientales.
Hay casos en donde el avance de las urbanizaciones cerradas se ha producido sobre tierras públicas y a través de artimañas muy sofisticadas e imponiéndose con atropello y violencia además de incurrir en irregularidades y hasta en fraudes contra el Estado. El caso paradigmático es el del barrio Santa Bárbara a cargo de EIDICO en el que se han usurpado 241 hectáreas al Estado donde se construyó un barrio privado. Otro de los casos involucra nuevamente a EIDICO en Dique Luján con el Complejo Villanueva que ha adquirido tierras de Ferrocarriles Argentinos con dudosa legalidad y que ha avanzado con la construcción de varios barrios expulsando a vecinos del lugar y arrasando con numerosos cementerios indígenas que estaban asentados en toda el área (ver “Punta Querandí: atropello sobre el espacio público…”).
Otro caso ejemplar es el de Colony Park que, asentándose sobre 300 hectáreas en el frente deltaico del Río de La Plata – el área más sensible y de más reciente formación del Delta del Paraná - pretendió introducir un modelo urbano sin ningún tipo de criterio ambiental sustentable. Se realizó con la expulsión violenta de los isleños que allí vivían, destruyeron sus casas, alteraron los cursos de agua, y realizaron dragados, movimientos de suelo y rellenos artificiales, y si bien las obras fueron paralizadas, resta ver las posibilidades de remediación del daño ocasionado. Por último, el caso más actual, el de “Venice”, en las tierras de lo que fue Astarsa, y al lado de la Villa Garrote, es el símbolo más grosero de la polarización social en Tigre y de la concepción excluyente del actual modelo de ocupación del suelo: por un lado un asentamiento precario en condiciones paupérrimas y del otro lado, un barrio náutico exclusivo que se presenta como “Ciudad navegable”, pisoteando la memoria histórica de la represión de la dictadura en Astarsa.
La Villa Garrote, con una población de cuatro mil personas aproximadamente, carece de agua potable y de cloacas y “se eliminan los residuos cloacales a través de una precaria e improvisada red que desemboca directamente en el canal de San Fernando. Esta situación, provoca permanentes obstrucciones y rebalsados de la red, hecho que convierte a la zona en una permanente bomba sanitaria”. Asimismo cuando llueve o sube el río, el barrio se inunda. Por su parte, “Venice” se emplazaría sobre 32 hectáreas con un frente de 500 metros sobre el río Luján. En su página web se señala: “su planificación urbana (…)  incluye un extenso programa residencial, con locales comerciales y una marina propia. En sus áreas comunes se encuentran canales, espacios verdes, y una amplia red de servicios y amenities vinculados a un estilo de vida sustentable”. “Venice” es un desarrollo urbanístico típico de Miami o la Costa Azul mediterránea, mientras que la Villa Garrote es la estrategia de sobrevivencia que han encontrado los sectores excluidos en las grandes urbes del mundo subdesarrollado. Y la permanencia del barrio - instalado a sólo 10 minutos del Palacio Municipal - en las mismas condiciones durante los últimos 50 años indica la falta de voluntad política para brindar soluciones habitacionales y, también, el uso político que las distintas gestiones han hecho de este barrio en un Municipio considerado “rico” por los grandes medios.

Consideraciones finales
A diferencia de las pautas tradicionales de la ciudad abierta, hoy la planificación urbana y el uso del suelo son ordenados por agentes privados que no tienen en sus objetivos, por su propia naturaleza, propender al bien común, sino satisfacer las demandas del mercado y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta manera se "agudiza el fenómeno de fragmentación: física, cultural, ambiental y social, incrementado por la falta de una planificación urbano territorial adecuada y por la presión ejercida por agentes del mercado inmobiliario" (Perahia, Raquel, 2005).
Por su parte, el Estado, el actor llamado a promover el bien común, ha sido cooptado en algunas de sus áreas por los propios desarrolladores urbanísticos, asumiendo un rol más cercano al de facilitador de este tipo de desarrollo desigual que de regulador del mismo. Además, éste es uno de los negocios que habilitó el modelo neoliberal y que se ha mantenido inalterable en el Conurbano Bonaerense, en donde Tigre, tan sólo superado por Pilar, es un ejemplo paradigmático, y aún más preocupante por la fragilidad del ecosistema en el que se asienta: tierras bajas e inundables. La prepotencia del negocio no respeta la funcionalidad del ecosistema del humedal el que, al fin y al cabo, terminará imponiéndose como lo saben todos aquellos que han nacido y aman estas tierras.
En medio del contexto señalado y como medidas alentadoras en función de favorecer a los sectores populares y medios, se puede mencionar la recientemente aprobada “Ley de Acceso Justo al Hábitat” en la Provincia de Buenos Aires que, impulsada por un foro de organizaciones sociales, contempla la complejidad integral del hábitat y aporta herramientas para desalentar la especulación sobre la tierra; y el Programa Procrear que, en la búsqueda de tierras públicas para su implementación, se ha encontrado con ocupaciones ilegales por parte de los barrios privados como es el caso de Santa Bárbara. Por otro lado, este hecho también indica la desidia y la ausencia de una política nacional que intervenga en la problemática del ordenamiento territorial.
Volviendo al pago, la urbanización excluyente en el Partido de Tigre no es materia de interés en la clase política local, es decir para el oficialismo, es decir para el Intendente. Este tema no ha sido problematizado no sólo porque se lo considera como algo natural e irreversible, propio de estos tiempos, sino porque este fenómeno al Intendente de Tigre le aporta vinculaciones con grandes grupos empresariales, cadenas de hoteles y una llegada a todos los actores con poder económico que giran alrededor de este gran negocio. No discrimina a nadie a la hora de acumular poder – como es su relación con O`Reilly - y actuará a favor de los sectores excluidos siempre y cuando la no intervención le pueda generar un costo político.
Es más, la problemática urbana, al implicar un abordaje complejo, no ha logrado instalarse en la agenda pública en forma integral sino que se fragmenta en reclamos puntuales (como puede ser el caso de Punta Querandí o Colony Park) y no gana adeptos más allá de los círculos académicos, blogs, ambientalistas, ONG´s y algún interesado en estas cuestiones. Este dato de la realidad y la alta intención de voto del Intendente de Tigre explican la limitada trascendencia pública y política que adquieren estas temáticas. Tal como dice el Arq. Janoschka Michael, "... la privatización del espacio público y la separación consiguiente de clases no es un tema que conmueve a la población local y menos en las áreas donde vive la población de menor ingreso. En el lenguaje político se puede afirmar que no se ganan votos por la pelea por el acceso público a espacio urbanizado"
En síntesis, la producción del espacio urbano continúa a expensas del deterioro socio-ambiental, de la destrucción del patrimonio cultural y del avance sobre espacios públicos, afectando a los sectores más humildes que, en general, se ubican en las zonas bajas del distrito y, también, a los sectores medios que viven en barrios tradicionales y a aquellos que, por la revalorización de la tierra - que genera la misma urbanización privada - no pueden acceder ni siquiera a un lote de terreno en el barrio en el que nacieron.